“Una sociedad en la que se veía prosperar el vicio mientras
que la virtud no recibía recompensa, quedaba herida de
gravedad antes, incluso, de que el enemigo abriera fuego”.
Max Hasting
Al negar estar avanzando en camino a Venezuela e innecesariamente decir, refiriéndose a la intervención de Vicentín y el propósito de expropiarla, que la idea había sido exclusivamente suya, Alberto Fernández confirmó que la orden había emanado de la Vicepresidente, lo cual fue además ratificado por la llamativa presencia, entre los anunciadores, de la Senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las primeras espadas de La Cámpora. Así, el disfraz usado para ganar las elecciones cayó y el Presidente quedó desnudo, mostrando en su piel la marca a fuego de Cristina Fernández; sólo faltó que se le viera, en la oreja, la caravana que permite identificar y controlar al ganado. No voy a opinar sobre la gestión de la compañía ni acerca de su endeudamiento pero, como abogado, reitero que la única habilitada para intervenir a una empresa en concurso preventivo de acreedores es la Justicia, encarnada en el Juez comercial Fabián Lorenzini; a pedido de cualquiera de los interesados –los administradores, los síndicos o algún acreedor- debiera fulminar el decreto presidencial declarándolo nulo e inconstitucional. Y tampoco me extenderé sobre las pretendidas y absurdas razones invocadas –la “soberanía alimentaria”, la necesidad de un “testigo” en el mercado, etc.- para intentar justificar el brutal manotazo sobre la propiedad privada, ya que mucho se ha escrito sobre el tema y, sobre todo, porque motivó la fuerte reacción ciudadana en Reconquista y Avellaneda, en el norte de Santa Fe, y un monumental cacerolazo en la noche del miércoles. Pero me detendré en la reunión con los directivos de Vicentín que tuvo lugar en la residencia de Olivos el jueves, en la cual el Presidente aceptó analizar otras “alternativas superadoras”, según hizo saber el Gobernador Omar Perotti, preocupado por su propia interna, que fungió como vocero del evento. Sin embargo, el viernes por la mañana nos enteramos que, mientras conversaban, la UIF pedía en Comodoro Py la inhibición general de bienes de los interlocutores de Alberto, de los directivos del Banco de la Nación y de Mauricio Macri y, más aún, la Casa Rosada insistió en que se avanzará con la expropiación. Obviamente, toda negociación fue vetada por Cristina.
Se reeditará así la política de que el kirchnerismo ejecutó con Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, y tantas otras empresas privatizadas por Carlos Menem y que tanto dinero nos ha costado. En el caso de YPF, por ejemplo, no sólo se pagó por las acciones de Repsol un disparate (el entonces Ministro de Economía, Axel Kiciloff, había dicho que los españoles debían a la Argentina mucho dinero), sino que nos enfrentamos a un monumental juicio en Nueva York por un monto que podría llegar a muchos miles de millones; hace dos años, describí ese proceso en una nota a la que titulé “Cristinita, ¿otros US$ 5.000 millones?” (1), en la cual sostuve que, detrás de los reclamantes, estaba la familia Kirchner. El episodio Vicentín golpeó fuerte y nuevamente a la seguridad jurídica nacional y, con ello, no solamente se justificó el pánico que los inversores tienen a nuestro país, sino que se dieron nuevos y negativos argumentos a la Juez Loretta Preska, precisamente quien tiene a su cargo ese juicio, para rechazar el pedido de trasladar el pleito a la jurisdicción argentina. Además, repercutió sobre la renegociación de la deuda que, según el Ministro de Economía, Martín Guzmán, está tan cerca del éxito. Lo extemporáneo e irracional de la medida contra Vicentín, dado que el Estado debería hacerse cargo de los pasivos de la empresa, hará que los acreedores extranjeros exijan una sensible mejora a los funcionarios argentinos y, probablemente, transforme todo el proceso en un fracaso. Hace algunas semanas sugerí que Cristina Fernández no vería con malos ojos que quedara firme el default de nuestro país, ya que confía en recibir un fuerte apoyo financiero de China que, de concretarse, requerirá de mayores concesiones comerciales y hasta de soberanía. Otro hecho importante sucederá en el Honorable Aguantadero (Congreso) en los próximos días, con un tema rutilante en la agenda del oficialismo: la postulación del actual Juez Daniel Rafecas como Procurador General. Si bien la oposición ha demostrado que conserva músculo para frenar los descarados avances del ladri-populismo gobernante, está sufriendo carancheo sobre sus legisladores y, si algunos de ellos cediera a las tentaciones o a las necesidades crematísticas de los gobernadores de sus provincias, el kirchnerismo tendría allanado el camino. Pero no vaya a ser que Rafecas sea nada más que un señuelo y ocupe hoy el rol que, años atrás, tuvo Daniel Reposo, aquel candidato para el mismo cargo que había falseado su curriculum; cuando todo el arco político opositor consiguió bloquear la iniciativa, la “abogada exitosa” propuso a Alejandra ¡Giles! Carbó, cuya nominación fue aprobada casi por unanimidad, y la jefatura de todos los fiscales pasó a manos de esa aguerrida militante.
Bs.As., 13 Jun 20
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Junio 13, 2020