Es preocupante y sorprendente que el juzgado federal n°12 que destina considerables recursos y medios en capturar los ilegales acusados de lesa humanidad, no logra obtener la detención del Sr. Sebastián Rodrigo Romero (DNI 31.390.547, nacido el 29 enero 1985) autor de graves delitos contra el orden constitucional, la seguridad del Estado, aterrorizando la sociedad y otros ilícitos. Públicamente con un arma larga, ante las cámaras de televisión, atacó los agentes del Estado a cargo del orden público.
El juzgado federal n°12, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y otros organismos del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de proceder a la detención del Sr. Romero, sin duda (como en los casos de los peligrosos ex agentes del Estado acusados ilegalmente de lesa humanida) realizan escuchas telefónicas, seguimientos, vigilancias domiciliarias personal (de familias y amigos), investigaron movimientos bancarios, se ordena la captura nacional e internacional (la notificación roja no figura en el sitio público de la OIPC). Recordando que la responsabilidad del prófugo no se limita a estar imputado por supuesta intimidación publica, daño, lesiones y resistencia a la autoridad.
Disparar ciegamente con un arma de fuego contra una multitud con la voluntad de crear víctimas mortales, sin importarle las consecuencias, no solo es despreciable, sino que recuerda los atentados de los grupos terroristas de los 70 cuyos autores nunca se preocuparon por las personas inocentes las cuales no buscaron ser asesinadas o heridas por estos militantes de la lucha armada.
Si el prófugo fuese un ex agente del Estado de los años 70, acusado ilegalmente de lesa humanidad, sistemáticamente sería objeto de una prensa negativa por parte de periodistas, asociaciones de derechos humanos, expertos, militantes de la verdad y la justicia. Los ministerios de seguridad, defensa y justicia aplicarían preventivamente dispositivos contra su persona, su familia, violando los derechos humanos. Jamás los abogados defensores tendrían acceso a los medios de comunicación para expresar su verdad, serian injuriados, calumniados. Pero, en este caso parte de la sociedad, los periodistas, los políticos, los defensores de Derechos Humanos, legitiman por acción u omisión el acto ilícito cometido por el Sr Romero, como una situación normal, hasta de justificación y protección del prófugo. Cuando en realidad es un individuo que cometió públicamente una infracción penal contra las instituciones del Estado, el orden público, utilizando armas, violencia, sin respetar la constitución ni las convenciones internacionales. Levantarse en armas contra el estado.
La conducta criminal del Sr. Romero, militante y ex-candidato a diputado nacional por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU), es contraria al derecho constitucional a manifestar libre y pacíficamente. No puede argumentar que se violó su libertad de expresión y aún menos que es un perseguido político por participar en una manifestación pública o que busca un mundo mejor. Tampoco el autor de los disparos puede negar que en realidad no es él que está en las imágenes de las TV y medios del mundo entero, atacando los agentes del Estado.
Es extraño que las llamadas asociaciones de defensa de los derechos humanos, radios y medios de comunicación afines, no denuncian, ni alertan la sociedad y la comunidad internacional sobre la actitud criminal del Sr. Romero, ni tampoco se preocupan del orden republicano. Están en juego los derechos humanos de la sociedad, garantías constitucionales, la seguridad y protección de las instituciones públicas, de los agentes del Estado. ¿Para esos militantes de los derechos humanos el ataque armado del Sr. Romero es un buen acto ciudadano? Paris, 04 septiembre 2019. CasppaFrance
Es preocupante y sorprendente que el juzgado federal n°12 que destina considerables recursos y medios en capturar los ilegales acusados de lesa humanidad, no logra obtener la detención del Sr. Sebastián Rodrigo Romero (DNI 31.390.547, nacido el 29 enero 1985) autor de graves delitos contra el orden constitucional, la seguridad del Estado, aterrorizando la sociedad y otros ilícitos. Públicamente con un arma larga, ante las cámaras de televisión, atacó los agentes del Estado a cargo del orden público.
El juzgado federal n°12, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y otros organismos del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de proceder a la detención del Sr. Romero, sin duda (como en los casos de los peligrosos ex agentes del Estado acusados ilegalmente de lesa humanida) realizan escuchas telefónicas, seguimientos, vigilancias domiciliarias personal (de familias y amigos), investigaron movimientos bancarios, se ordena la captura nacional e internacional (la notificación roja no figura en el sitio público de la OIPC). Recordando que la responsabilidad del prófugo no se limita a estar imputado por supuesta intimidación publica, daño, lesiones y resistencia a la autoridad.
Disparar ciegamente con un arma de fuego contra una multitud con la voluntad de crear víctimas mortales, sin importarle las consecuencias, no solo es despreciable, sino que recuerda los atentados de los grupos terroristas de los 70 cuyos autores nunca se preocuparon por las personas inocentes las cuales no buscaron ser asesinadas o heridas por estos militantes de la lucha armada.
Si el prófugo fuese un ex agente del Estado de los años 70, acusado ilegalmente de lesa humanidad, sistemáticamente sería objeto de una prensa negativa por parte de periodistas, asociaciones de derechos humanos, expertos, militantes de la verdad y la justicia. Los ministerios de seguridad, defensa y justicia aplicarían preventivamente dispositivos contra su persona, su familia, violando los derechos humanos. Jamás los abogados defensores tendrían acceso a los medios de comunicación para expresar su verdad, serian injuriados, calumniados. Pero, en este caso parte de la sociedad, los periodistas, los políticos, los defensores de Derechos Humanos, legitiman por acción u omisión el acto ilícito cometido por el Sr Romero, como una situación normal, hasta de justificación y protección del prófugo. Cuando en realidad es un individuo que cometió públicamente una infracción penal contra las instituciones del Estado, el orden público, utilizando armas, violencia, sin respetar la constitución ni las convenciones internacionales. Levantarse en armas contra el estado.
La conducta criminal del Sr. Romero, militante y ex-candidato a diputado nacional por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU), es contraria al derecho constitucional a manifestar libre y pacíficamente. No puede argumentar que se violó su libertad de expresión y aún menos que es un perseguido político por participar en una manifestación pública o que busca un mundo mejor. Tampoco el autor de los disparos puede negar que en realidad no es él que está en las imágenes de las TV y medios del mundo entero, atacando los agentes del Estado.
Es extraño que las llamadas asociaciones de defensa de los derechos humanos, radios y medios de comunicación afines, no denuncian, ni alertan la sociedad y la comunidad internacional sobre la actitud criminal del Sr. Romero, ni tampoco se preocupan del orden republicano. Están en juego los derechos humanos de la sociedad, garantías constitucionales, la seguridad y protección de las instituciones públicas, de los agentes del Estado. ¿Para esos militantes de los derechos humanos el ataque armado del Sr. Romero es un buen acto ciudadano? Paris, 04 septiembre 2019. CasppaFrance
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 4, 2019
Tags: Patricia BullrichRelated Posts
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