El kirchnerismo ha aprovechado el confinamiento extremo para avanzar con prisa y sin pausa sobre los derechos constitucionales y las instituciones, sobre todo aquéllas vinculadas a la disposición de fondos y al control del proceder del Ejecutivo y de las personas que ocupan cargos públicos. La ciudadanía, aún sometida a la campaña de terror iniciada por la prensa internacional y aprovechada por los populismos de todo signo, ha reaccionado a esas movidas con tolerancia bovina. Sin embargo, la semana deparó una luz de esperanza frente a la degradación que este anómalo presente ha permitido: el jueves, la bancada opositora en el Senado, indignada por una arbitraria modificación de las reglas pactadas para las sesiones virtuales, hizo valer su número y evitó que Cristina Kirchner obtuviera la aprobación del anacrónico proyecto de ley de alquileres que, al imponer nuevas regulaciones estatales, paralizaría al mercado inmobiliario y lo haría retroceder casi siete décadas. Lo relevante fue que esa actitud contó con el apoyo de los veintinueve senadores que integran el bloque encabezado por Luis Petcoff Naidenoff. Ese número, de mantenerse, constituiría una insuperable barrera para la intención de designar Procurador General de la Nación, es decir, jefe de todos los fiscales federales, al Juez Daniel Rafecas. Ya que será extendida a todo el país la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, los subordinados del Procurador pasarán a decidir la apertura –o no- de las causas judiciales por corrupción y otros delitos federales y a conducir la etapa de instrucción de las mismas, limitando a los jueces a controlar la legalidad de los procedimientos. Si recordamos que Rafecas fue quien dispuso, sin investigación, el archivo de la denuncia que costó la vida al Fiscal Alberto Nisman contra la actual Vicepresidente por la firma del memorándum con Irán, podremos tener una verdadera dimensión acerca del triunfo que ese nombramiento significaría para Cristina Fernández en su bastarda guerra contra la Justicia. Basta sumarla a la que ya obtuvo con la designación de Carlos “Chino” Zaninni como Procurador del Tesoro, aun cuando se encuentra procesado por corrupción. Este caso es aún más grave, desde el punto de vista económico, porque se ha convertido en una enorme piedra en el zapato de la Juez Loretta Prieska, que tiene a su cargo el monumental juicio que inició en 2015 el fondo Burford Capital (¿estará Cristina Fernández detrás?) contra la Argentina por el incumplimiento del contrato social de YPF cuando se estatizó el 51% de la empresa ignorando al 25% de los Eskenazy/Kirchner, cuyos derechos compró; la magistrada rechazó ayer la posibilidad de que la acción fuera juzgada en nuestro país precisamente porque Zaninni, jefe de los abogados del Estado, podía influir en nuestra Justicia. La sociedad entera debiera estar alerta y vigilante frente a la probabilidad de que algunos de los senadores que esta semana obedecieron la decisión colectiva del bloque opositor acompañe el proyecto kirchnerista, sea votando a favor de esa cuestionada designación, sea ausentándose de la sesión. Porque algunos gobernadores de Cambiemos, de quienes dependen los legisladores, pueden sentirse obligados por sus necesidades a acompañar la propuesta, dado que sus provincias dependen mucho de los dineros que llegan desde la Casa Rosada. El otro punto destacable de lo sucedido esta semana está vinculada a la publicación, en el sitio “Cohete a la luna”, de Horacio “Perro” Verbitsky, de la lista de quienes sacaron dólares –calificado como “fuga” por el oficialismo, pese a ser legal- del circuito bancario. La pretensión era demostrar que los empresarios vinculados a Mauricio Macri eran los malos de la película, pero, sorprendentemente, el listado estuvo encabezado por testaferros y amigos de los Kirchner, en especial por los miembros de la familia Eskenazy, quienes prestaron su nombre para la costosísima apropiación del 25% de YPF. Puede adjudicarse ese tiro en el pie a una de dos razones: a) una nueva demostración de la torpeza con que se maneja el kirchnerismo, algo que se confirma con sólo mirar a las formas en que ha negociado la deuda y en que ha conducido las relaciones internacionales, o b) a una complicada movida interna dentro del oficialismo, también habitual como lo demuestran las contradicciones entre los ministros y sus subordinados, debidos al “loteo” que Alberto Fernández ha implementado para dar cabida a los fieles del Instituto Patria y de la Cámpora y a los jerarcas de los movimientos sociales, que se han adueñado de los fondos de ayuda a los necesitados. Por ahora, nos mantendrán encerrados otras tres semanas. Mientras tanto, la economía continuará hundiéndose en una miseria sin fondo.
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prensa internacional y aprovechada por los populismos de todo signo, ha reaccionado a esas movidas con tolerancia bovina. Sin embargo, la semana deparó una luz de esperanza frente a la degradación que este anómalo presente ha permitido: el jueves, la bancada opositora en el Senado, indignada por una arbitraria modificación de las reglas pactadas para las sesiones virtuales, hizo valer su número y evitó que Cristina Kirchner obtuviera la aprobación del anacrónico proyecto de ley de alquileres que, al imponer nuevas regulaciones estatales, paralizaría al mercado inmobiliario y lo haría retroceder casi siete décadas. Lo relevante fue que esa actitud contó con el apoyo de los veintinueve senadores que integran el bloque encabezado por Luis Petcoff Naidenoff. Ese número, de mantenerse, constituiría una insuperable barrera para la intención de designar Procurador General de la Nación, es decir, jefe de todos los fiscales federales, al Juez Daniel Rafecas. Ya que será extendida a todo el país la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, los subordinados del Procurador pasarán a decidir la apertura –o no- de las causas judiciales por corrupción y otros delitos federales y a conducir la etapa de instrucción de las mismas, limitando a los jueces a controlar la legalidad de los procedimientos. Si recordamos que Rafecas fue quien dispuso, sin investigación, el archivo de la denuncia que costó la vida al Fiscal Alberto Nisman contra la actual Vicepresidente por la firma del memorándum con Irán, 
podremos tener una verdadera dimensión acerca del triunfo que ese nombramiento significaría para Cristina Fernández en su bastarda guerra contra la Justicia. Basta sumarla a la que ya obtuvo con la designación de Carlos “Chino” Zaninni como Procurador del Tesoro, aun cuando se encuentra procesado por corrupción. Este caso es aún más grave, desde el punto de vista económico, porque se ha convertido en una enorme piedra en el zapato de la Juez Loretta Prieska, que tiene a su cargo el monumental juicio que inició en 2015 el fondo Burford Capital (¿estará Cristina Fernández detrás?) contra la Argentina por el incumplimiento del contrato social de YPF cuando se estatizó el 51% de la empresa ignorando al 25% de los Eskenazy/Kirchner, cuyos derechos compró; la magistrada rechazó ayer la posibilidad de que la acción fuera juzgada en nuestro país precisamente porque Zaninni, jefe de los abogados del Estado, podía influir en nuestra Justicia. La sociedad entera debiera estar alerta y vigilante frente a la probabilidad de que algunos de los senadores que esta semana obedecieron la decisión colectiva del bloque opositor acompañe el proyecto kirchnerista, sea votando a favor de esa cuestionada designación, sea ausentándose de la sesión. Porque algunos gobernadores de Cambiemos, de quienes dependen los legisladores, pueden sentirse obligados por sus necesidades a acompañar la propuesta, dado que sus provincias dependen mucho de los dineros que llegan desde la Casa Rosada. El otro punto destacable 
de lo sucedido esta semana está vinculada a la publicación, en el sitio “Cohete a la luna”, de Horacio “Perro” Verbitsky, de la lista de quienes sacaron dólares –calificado como “fuga” por el oficialismo, pese a ser legal- del circuito bancario. La pretensión era demostrar que los empresarios vinculados a Mauricio Macri eran los malos de la película, pero, sorprendentemente, el listado estuvo encabezado por testaferros y amigos de los Kirchner, en especial por los miembros de la familia Eskenazy, quienes prestaron su nombre para la costosísima apropiación del 25% de YPF. Puede adjudicarse ese tiro en el pie a una de dos razones: a) una nueva demostración de la torpeza con que se maneja el kirchnerismo, algo que se confirma con sólo mirar a las formas en que ha negociado la deuda y en que ha conducido las relaciones internacionales, o b) a una complicada movida interna dentro del oficialismo, también habitual como lo demuestran las contradicciones entre los ministros y sus subordinados, debidos al “loteo” que Alberto Fernández ha implementado para dar cabida a los fieles del Instituto Patria y de la Cámpora y a los jerarcas de los movimientos sociales, que se han adueñado de los fondos de ayuda a los necesitados. Por ahora, nos mantendrán encerrados otras tres semanas. Mientras tanto, la economía continuará hundiéndose en una miseria sin fondo.
Bs.As., 6 Jun 20
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Junio 6, 2020