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El Gobierno de Argentina anunció este lunes una serie de medidas para reforzar el control migratorio en la provincia de Salta, en la frontera norte con Bolivia.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó un acto en la localidad de Aguas Blancas junto al gobernador local, Gustavo Sáenz. En su discurso, la funcionaria de la gestión libertaria presentó los lineamientos de lo que llamó el ‘Plan Güemes’, un operativo que apunta a combatir el narcotráfico, el sicariato, el contrabando y la trata de personas. 

Para ello, la administración nacional pondrá a disposición fuerzas federales como la Gendarmería y la Prefectura Naval, a fin de profundizar la vigilancia en el departamento de Orán, en uno de los pasos fronterizos más frecuentados desde y hacia Bolivia.

Según aseguró Bullrich, la primera etapa del plan será desde ahora hasta marzo de 2025, período en el que se sumarán 310 efectivos. “Vamos a ir fortaleciendo los controles fronterizos y estableciendo un control vecinal para que haya una verdadera administración aduanera”, sostuvo. 

Y añadió que con esto se le dará un “golpe certero al narcotráfico”. 

“Hemos venido a decirle basta al narcotráfico, al sicariato, a las calles tomadas, a los caminos fronterizos sin control. Sabemos del dolor de las madres que ven a sus hijos tomados como soldaditos desde pequeños, y les hacen creer que van a ganar dinero y que es la única manera de hacerlo bajo la bandera de la violencia y la droga”, dijo Bullrich. 

Previo al acto, la titular de Seguridad afirmó desde su cuenta de X que el paquete de medidas que se aplicará junto al Gobierno de Salta irá “a fondo para erradicar el narcotráfico” y terminar con la supuesta “invasión de extranjeros ilegales”, que, según su criterio, se “roban el futuro y la libertad”.

Por su parte, el gobernador Sáenz calificó el programa de “histórico” y coincidió con la ministra Bullrich en cuanto a la migración irregular. Además, se refirió a las medidas que anunció recientemente el Gobierno de Javier Milei para aplicar una serie de modificaciones legales, particularmente en lo que respecta a las autorizaciones de ingreso y egreso del país.

“Es una aberración que un condenado extranjero no pueda ser devuelto a su país de origen. Los extranjeros que vienen a delinquir deben volver a su país”, apuntó Sáenz.