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La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, presentó este jueves la estrategia del Gobierno de Javier Milei para controlar las manifestaciones en la vía pública, en momentos de zozobra social por el ajuste de la economía anunciado esta semana. “Sepan que si se toman las calles, va a haber consecuencias”, advirtió Bullrich. 

La funcionaria anunció que, ante un delito “en flagrancia” vinculado al bloqueo de las calles, podrán intervenir “de manera inmediata las fuerzas federales”, de acuerdo con “los códigos procesales vigentes”. 

“Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal (SPF), van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple”, declaró Bullrich desde la sede del Ministerio de Seguridad, en Buenos Aires.

Las cuatro fuerzas federales a las que hizo mención la ministra son: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Además, anticipó que se presentará un proyecto de ley para establecer nuevas penas, de acuerdo al artículo 194 del Código Penal, que establece un castigo de prisión de 3 meses a 2 años a quien “estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire”. 

En la rueda de prensa, la excandidata a presidenta por Juntos por el Cambio afirmó que el propósito del protocolo es “cumplir la ley”. Y remarcó que el Gobierno tiene “una decisión tomada” de que “la forma de pedir o buscar un beneficio social” ya no es “por la vía del corte”.

“Sin orden no hay libertad”, añadió.

Bullrich aclaró que las fuerzas de seguridad tendrán el objetivo de “dejar liberado el espacio de circulación”, ya sea una vía principal o aledañas. Según dijo la ministra, “se va a poder manifestar en la vereda”.

Además, indicó que quienes lleven niños a las protestas serán duramente sancionados. “No queremos que usen a los niños como escudos”, señaló y agregó que los menores “tienen que estar en la escuela”. También, aseguró que quienes impidan la libre circulación serán identificados, y los buses que transporten manifestantes, así como sus conductores, serán retenidos por la Policía.

La titular de Seguridad informó además que “se va a trabajar” de forma preventiva en las estaciones de tren ante aquellas personas que “vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos”. A su vez, “los costos de la seguridad los pagarán las organizaciones” políticas, sociales o sindicales que convoquen la manifestación. 

Para la liberación de las vías bloqueadas, los cuerpos del orden emplearán “la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”, sostuvo Bullrich. 

Por otro lado, se establece un protocolo de actuación “que proteja en su accionar a las fuerzas federales”, con la intención de “cuidar a quienes nos cuidan”, expresó la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). 

El nuevo “protocolo del orden público” responde a una promesa de campaña del presidente Milei, quien aseguró que no se permitirían más bloqueos en las call

es.

Bullrich, quien también fue candidata presidencial, había coincidido con el compromiso de “orden” de Milei, ya que es una de las premisas de los partidos de derecha y ultraderecha que ambos representan.

Por la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó parte de la iniciativa, que representa un endurecimiento de las políticas estatales con respecto a la protesta social.

“Habrá sanciones severas a todos los que impidan libre circulación de los argentinos. Esto alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”, dijo el funcionario en una rueda de prensa.

Los anuncios impactan en el clima social del país sudamericano, ya que se suman al histórico ajuste económico que fue confirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el martes por la noche, y que previsiblemente provocará movilizaciones callejeras.

Las nuevas medidas afectan de manera particular a “los piqueteros”, como se conoce a determinadas organizaciones populares que suelen manifestarse y cortar calles en reclamo de programas sociales. Si bien se mantienen los planes de asistencia vigente, la actualización de los montos detallada por Caputo quedará por debajo del nivel de inflación (160,9 % anual) tras la brusca devaluación del peso a la mitad de su valor. 

Por otra parte, los controles y sanciones se confirmaron en vísperas de que se lleven a cabo las marchas masivas que cada año recuerdan el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, que terminó con la renuncia anticipada del fallecido presidente Fernando de la Rúa.

Luego de la presentación del protocolo, el líder de la organización de izquierda Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, ratificó una movilización pautada para el próximo 20 de diciembre, y aclaró que tal vez se produzca otra antes. 

“La gente está aterrorizada por el plan de Caputo”, dijo Belliboni. Y desafió las políticas represivas de la protesta social anunciadas por Bullrich, a las que calificó como un “estado de sitio” que debería ser avalado por el Congreso.

“Tal vez sean 40.000 personas (en la marcha), va a ser imposible ir por la vereda con esa cantidad de gente. Nos sacarán de la calle e iremos a un juicio”, señaló el dirigente.  

Además, Belliboni afirmó que las organizaciones no quieren que haya “represión ni muertos”. Y adjudicó cualquier situación de violencia que se genere a la ministra Bullrich. “Si quiere hacer una carnicería en la calle, entonces el problema lo tiene la ministra, no la gente”.   

Por su parte, la excandidata a presidenta por el Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, dijo que la medida sancionada por Bullrich es “absolutamente inconstitucional”, y también confirmó su participación en las próximas movilizaciones de diciembre.

“La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella (Bullrich). El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo”, expresó la abogada.