Políticos –opositores y oficialistas- intelectuales, periodistas y, en general, aquellos que frecuentan los medios de comunicación hace mucho que han dado por cerrado el debate sobre la legalidad los juicios por crímenes de lesa humanidad. Dan por descontado que son justos y que todo aquel que por esa época vistió uniforme debe estar necesariamente bajo sospecha de genocidio (César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani está en ese trance). Para los jueces, está probado que existió un Plan Sistemático de Aniquilamiento de la Población Civil y con eso basta para condenar a cualquiera que entre en dicha bolsa. Con la sola declaración del querellante sobra para enviar a un “represor” a cadena perpetua. Eso sí, con los avales correspondientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de las provincias. En todos los fallos de lesa humanidad (enfatizo, todos) esos señores que conforman el tribunal y que, por una cuestión de costumbre o vaya uno a saber por qué llamamos jueces, se encargan meticulosamente de advertir que ante la contradicción entre las partes el testimonio de las víctimas tiene más valor de verdad que la de los acusados. Ello porque son considerados testigos-necesarios dado que en los hechos que se juzgan, por lo general, se cometían en la clandestinidad, ocurrieron hace varias décadas y, por ello mismo, no existen pruebas. Dicho en pocas palabras, para los tres señores que ostentan el título impropio y que están sentados tras el estrado: el acusado, dice la verdad, sólo cuando sus palabras coinciden las del denunciante; éste último, a su vez, nunca miente. Esta burda, alevosa, rastrera, ignominiosa y cruel patraña (Stalin, tenía más respeto por las formas) deja en manos de cualquiera la libertad, la honra, la hacienda y la vida de los uniformados de esa época. Esta y no otra es la maloliente “justicia” que imparte el estado argentino y que tolera y hasta aplaude la sociedad en su conjunto.
La juventud maravillosa
Para los que pertenecieron a la “juventud maravillosa”, en cambio, está el goce de ser considerados víctimas-héroes. Una suerte de Bill de indemnidad que perdona, oculta y/o enaltece sus actos “revolucionarias” de antaño. “Pecados de juventud”, “travesuras de muchachos idealistas”; La prensa, políticamente correcta, prefiere referirse así a los asesinatos, secuestros extorsivos, toma de cuarteles, asaltos demás horrores. No es el caso de Nelson Castro; él dice: crímenes; pero, eso sí, siempre aclarando que los de los los militares fueron “infinitamente” más graves. Lo de “infinitamente…”, aducen, es la razón por la que -para la Justicia- unos prescriben y otros no. Nelson Castro ¿se equivoca o tiene razón? Nada mejor que ir a las cosas para averiguarlo.
Comparemos, por ejemplo, dos hechos con sus respectivas causas e imputados: 1) el traslado en el año 1976 de 90 detenidos desde de la Cárcel de Villa Gorriti de la capital jujeña hasta el aeropuerto El Cadillal y desde allí hasta la ciudad de La Plata; 2) el atentado con bomba durante el mismo año al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal.
El crimen de lesa humanidad del traslado
El 7 de octubre de 1976, el entonces Tte. 1º, Horacio Marengo, bajo el mando del Coronel Bulacio, habría sido uno más de los soldados que participó en el traslado de 90 detenidos desde de la Cárcel de Villa Gorriti de la capital jujeña hasta el aeropuerto El Cadillal (trayecto de no más de 20 km, se cubre en aproximadamente 20 minutos). Unos diez guardiacárceles de la provincia de Buenos Aires, a su vez, se hicieron cargo de la custodia de los detenidos en el avión que los llevó desde Jujuy a la ciudad de La Plata (tres horas de viaje). Todos ellos fueron condenados en primera instancia por “privación ilegítima de la libertad y tormentos” (ninguno de los trasladados murió o desapareció). Ahora bien, está más que claro en la instrucción y en la oralidad es que ni Marengo, ni los guardiacárceles fueron los que detuvieron o privaron –legítima o ilegítimamente- de la libertad a ninguna de estas personas ¡Fueron retiradas de una cárcel! Es obvio que cuando aparecen Marengo y los guardiacárceles en escena ¡ya estaban detenidos! Tan es así que, en los fundamentos de la sentencia, se consigna que se encontraban detenidos “a disposición del poder ejecutivo nacional” y el juez Gabriel Casas falla en disidencia sosteniendo que no hubo ”privación ilegítima de la libertad” de parte de los guardiacárceles. Hay que recordar que estaba vigente un decreto de Isabel Perón que disponía que las fuerzas de seguridad y los agentes penitenciarios de todo el país dependían directamente del comandante de las fuerzas armadas. De allí que, ante una orden de traslado, lo único que cabía a cualquiera de ellos era cumplirla o insubordinarse. Ni Marengo, ni los guardiacárceles tenían porqué saber que los prisioneros eran políticos. Saberlo, tampoco debería agravar su situación procesal. Para los jueces, sin embargo, para no quedar incurso en la “privación ilegítima de la libertad”, Marengo debió haberse jugado su carrera militar y su libertad favoreciendo la fuga de los detenidos apenas los sacó del penal de Villa Gorriti. Los guardiacárceles, a su vez y con idéntico fin, secuestrando y desviando el avión a Cuba. En cuanto a los “tormentos” causados durante el traslado por el que también fueron condenados, las únicas “pruebas” son las declaraciones de los testigos-necesarios-víctimas. Los guardiacárceles niegan haberlos cometidos pero, ya lo dije, lo que vale es la palabra de la querella.
El acto revolucionario de los “idealistas”
A las 13:20 Hs. del 2 de julio de 1976, un artefacto explosivo estalló en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal causando la muerte a 23 personas e hiriendo a unas 60 (mutilados, ciegos y quemados). La mayoría se encontraba almorzando. La organización terrorista Montoneros, públicamente, se hizo cargo de la masacre a través de un parte de guerra y del reportaje que concedió el montonero Mendizábal a la revista Cambio 16. La causa por el atentado la inició el señor Hugo Biazzo, uno de los heridos. Entre los sindicados como responsables, además de Firmenich, estaba el subjefe de inteligencia de Montoneros: Horacio Vertbisky. No llegó a juicio porque según, el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, está prescripta. Los jueces Juan Fégoli, Raúl Madueño y Mariano González Palazzo destacaron la “orfandad probatoria” y la escasa “seriedad” de una imputación “generalizada” (la autoría confesa de otra época de un terrorista es nada frente a la negación actual del ahora, testigo-víctima). Ningún terrorista fue a juicio por (después de la AMIA) el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Por el contrario, Horacio Vertbisky, se ufana de haber pertenecido a Montoneros y preside la principal organización de DD.HH. del país. En los juicios de lesa humanidad se desempeña, a pedido de las querellas, como “testigo de concepto” y sus dichos son palabra santa para los magistrados. También, el ascenso de militares y el nombramiento de jueces pasan por su filtro. En fin, para el poder judicial argentino se podría decir que es casi un héroe (cuando falleció Juan Gelman –teniente Pedro-, otro de los terroristas implicados en el atentado, el poder ejecutivo decretó tres días de duelo nacional).
MORALEJA
Para la “Justicia” argentina, el simple traslado de presos es un crimen “infinitamente más grave” (Nelson Castro, dixit) que asesinar a 23 personas y mutilar a otras 60 con una bomba. Los jueces que permiten este absurdo moral algún día deberán rendir cuentas. Mientras tanto, son miles los que sufren cárcel, escarnio e injusticia y millones a los que la injusticia les importa un carajo.
En el mundo hay personas sensibles que todavía sienten culpa por, cuando niños, haberle quitado, gratuitamente, la vida a un pajarito. Maldicen la hora en que tensaron la honda o apretaron el gatillo buscando un autoperdón que no consiguen ¿Sentirán algo semejante jueces y fiscales que, sin pruebas, acusan y condenan? Dictar prisión perpetua a un inocente es infinitamente más grave que enjaular un canario; es devastar irreparablemente la vida de un semejante junto a su familia.
Como bien se sabe, el más preciado valor en la vida es la vida misma; el segundo -para aquellos que no tienen alma de esclavos- es la libertad. Se arguirá, y con razón, que los magistrados son hombres y, por lo tanto, equivocarse en una sentencia es un riesgo inmanente al sistema que, si bien se trata de reducir al mínimo, es imposible erradicar. Ahora bien, condenar a prisión a una persona con plena conciencia de que no existen pruebas que lo ameriten, es cosa muy distinta que equivocarse de buena fe. Hay años luz de distancia moral entre una conducta y la otra.
Condenar sin pruebas es obrar, de hecho, con “dolo eventual”, es decir, no descuidadamente sino, por lo contrario, sabiendo lo que hace y siendo consciente del grado de peligro que su comportamiento lleva implícito para un bien jurídico como es la libertad de una persona. El Estado fue creado para impedir la injusticia y no para cometerla. La milenaria ciencia del Derecho y el método científico son la mejor guía en este sentido y, ambos, exigen pruebas! ya sea para establecer que fulano es el asesino o que la tierra gira alrededor del sol. Sin pruebas que corroboren y fundamenten las acusaciones y sentencias, no hay justicia sino “caza de brujas”.
Las sentencias condenatorias, entre otras, al padre Julio Grassi, por el supuesto abuso, y a Carlos Carrascosa, por el crimen de María Marta García Belsunce, deberían , en cátedras de Derecho Penal, ser casos emblemáticos de estudio de lo que es un pésimo procedimiento. La lectura de estos mamarrachos devenidos en causas judiciales es imprescindible para opinar con autoridad y no repetir como loros las conjeturas tendenciosas de los periodistas especializados en el chusmerío.
Grassi, Carrascosa y tantos otros son víctimas por azar y podría sucederle a cualquiera que se encuentre lejos del poder. Los acusados por delitos de “lesa humanidad”, en cambio, son víctimas de una política de Estado y, en general, de los medios masivos de comunicación. Fue el mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el que dijo: “No vamos a retroceder en los juicios de lesa humanidad. Los juicios no se van a detener. Esto va a continuar. No va a haber marcha atrás. Esto es una política de Estado y deben respetarla todos los argentinos”. Así que, entonces, es el Estado, a través de la aplicación de una política específica, el que opera para que militares, policías, ex jueces, empresarios y curas por el mero expediente de una denuncia vayan a juicio y sean condenados.
Particularmente, no le creo nada al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, ni a la política de derechos humanos “consensuada” inconstitucionalmente con los otros dos poderes. No le creo porque, sin pruebas, entre otros, encarcela a subtenientes y cabos que por la época tenían veinte años de edad y no eran dueños de decidir con qué camisa vestirse. No le creo al Dr. Ricardo Lorenzetti, ni a su libro de los Derechos Humanos, porque si, en verdad, dijera lo que dice e hiciera lo que hace por convicción y fidelidad a principios, en lugar de justificar la persecución a los últimos “orejones del tarro” (subtenientes, cabos, etcétera) debería él mismo, de oficio y para que se le aplique la “política de Estado” para los crímenes de lesa humanidad , denunciar al Dr. Eugenio Zaffaroni.
Este señor, que siendo juez juró por el Estatuto de la dictadura, que negaba hábeas corpus a los desaparecidos (reconocidos por él) tiene infinitamente más responsabilidad que muchos de los que están -entre ellos, héroes de guerra- pudriéndose en las cárceles ¿Qué espera Lorenzetti y las organizaciones de derechos humanos para llevarlo a tribunales? ¿Porqué la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al respecto, hace mutis por el foro? Y, lo más doloroso y vergonzante, ¿ porqué a esta sociedad le importa, menos que la suerte de un pajarito, que pase lo que nos pasa?
Que en este país la ley no es igual para todos es un hecho que resulta ocioso demostrar. Mas, una cosa es que ello suceda a pesar de la impotencia e indignación de la ciudadanía y, otra, que lo sea con su aval o indiferencia cómplice. Sobre todo, teniendo en cuenta que, más que las típicas diferencias entre “hijos y entenados” que se hace siempre desde el poder, lo que aquí se promueve y tolera son cosas mucho más graves. Es claro que el conjunto del Poder Judicial argentino (con las excepciones de rigor) distingue, por lo menos, tres categorías de argentinos a la hora de hacer valer la ley: los ciudadanos de primera (o los que están en el poder), los de segunda (los que no están en el poder ni cerca de él) y los de cuarta (los militares). Estos, junto a su institución (que antes era de todos los argentinos) fueron y son sometidos a un proceso sistemático de vejación y demolición a partir de la asunción a la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner. Un gesto clave, por su simbolismo, que marca el inicio de esta operación política contra las FFAA, es la humillación que Kirchner infringe al jefe del Ejército, Gral. Roberto Bendini (y al Ejército todo), cuando le ordena que suba al banquito y baje el cuadro del Gral. Videla que se exhibía en el Colegio Militar de la Nación. Humillación gratuita si las hay, porque bien podría haberlo hecho descolgar, discretamente, el día anterior al acto. Pero no, lo hizo como lo hizo porque buscaba un efecto épico. Los “progres”, por supuesto, agradecidos (tienen una efeméride “revolú” más, para evocar). Ahora bien (decía un amigo), “lo valiente hubiese sido que Kirchner (no le pidamos descolgar el cuadro) hubiese formulado por lo menos una tímida opinión contra Videla, cuando éste era presidente”. Pero nada, ni un amague. No hay una sola palabra “pinguina” registrada en siete años de dictadura. También podrían haber asistido profesionalmente (muchos abogados lo hicieron) a algún preso político (a Menem, por ejemplo). Pero, más allá de la anécdota, lo grave e inconcebible desde punto de vista estratégico-nacional es el que públicamente un jefe de Estado debilite a la Nación, al tratar como a un pelele al principal mando militar del país (Gral. Bendini). ¿Con qué autoridad moral y profesional podrá éste último, en caso de guerra, conducir a sus subordinados?
Es difícil encontrar, en el antes y en el ahora, un presidente que desprestigie así a su jefe del Ejército (según mi amigo, más difícil todavía sería encontrar un general que cumpla una orden semejante).
De todo esto, como es notorio, ha tomado atenta nota la Justicia argentina. De allí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tuviera ningún empacho en apuñalar al estado de derecho en la Argentina al posibilitar que los militares no sean sujetos de la aplicación de derechos humanos básicos, tales como irretroactividad de la ley, prescripción del delito, cosa juzgada, indulto, leyes de obediencia debida y punto final, prisión domiciliara por edad, etc. Quién hubiera imaginado que en la Argentina, en pleno siglo XXI, se podría desquiciar tan groseramente el derecho. Sin embargo, en las barbas de ciudadanos comunes, abogados y profesores de las facultades de abogacía de todo el país, así se procede. Salvo algunas honrosas excepciones (como la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia), los doctores hacen un estruendoso “mutis por el foro”.
Ciudadanos de primera son, entre otros, magistrados cuyos departamentos se alquilan a prostíbulos o funcionarios que no pueden explicar sus fortunas. Caso muy distinto es el del señor Julio Alberto Poch. Este oficial retirado de la Marina lleva años preso porque un compañero de trabajo (holandés), dijo que, en una cena de camaradas, en la isla de Bali (al este de Java), Julio Poch afirmó que desde el avión que él piloteaba se arrojaron al mar a detenidos de la ESMA. Julio Poch y siete personas que estaban junto al denunciante en la mesa negaron enfáticamente esa versión. Además, está probado que Poch nunca navegó ese tipo de aviones. No existe, absolutamente, prueba alguna que lo incrimine. No quiero dar ideas; pero que fácil es encarcelar a un militar! Uno denuncia que el fulano le contó que torturaba en la época de la dictadura y marche preso! (Torquemada, era más sutil). Poch no necesitó de trámite de extradición del Gobierno argentino. Voluntariamente accedió a ser investigado por el juez Sergio Torres. Por ello, Poch es inocente en los dos sentidos del término; por un lado, porque no hizo nada de aquello de lo que se lo acusa y, por el otro, porque no tiene aún conciencia de que, para esta justicia, su condición es la de un “ciudadano de cuarta”.
El profesor Mauricio Ortín publicó este artículo, por vez primera en el diario El Tribuno
Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, me recuerda a ese personaje siniestramente cómico de la política internacional que fuera Idi Amín Dada; presidente de Uganda del siglo pasado. El africano, una mole negra de 150 kg de peso y dos metros de altura, era un denunciador serial de conspiraciones en su contra y, “por ende”, contra Uganda. En cierta oportunidad llamó a una conferencia de prensa para acusar al Imperio Británico de estar preparando una pronta invasión a Uganda por tierra, aire y mar. Uno de los presentes le observó que, por mar, resultaba imposible dado que se trata de un país mediterráneo. A lo que el inmutable Idi Amin, contestó: “Si serán ignorantes estos británicos, querer invadirnos por mar…” Otro dato de color del presidente africano era su apetito voraz. Solía devorar pantagruélicos banquetes. Entre sus platos favoritos figuraba el hígado de ministro renunciado.
Maduro por su parte ha hechos sus méritos, mas el canibalismo no es uno de ellos . Sin embargo, su denuncia, repicada hasta el cansancio, de que los EE.UU. están desestabilizando a la moneda venezolana a través de sacarla de circulación atesorándola, es digna del humor negro del caníbal de Uganda. Porque si fuera verdad que los “cochinos” yanques están comprando bolívares con sus dólares, el gobierno venezolano estaría haciendo un pingue negocio. Pues estaría cambiando un papel sin valor por otro que si lo tiene. No existe tal fiebre del bolívar en ningún lugar del mundo. El enemigo número uno de la moneda venezolana es, como es obvio, maduro y su banda La bestia fascista de Diosdado Cabello, por ejemplo; quién no tiene ningún reparo de presentarse en su programa de televisión con un simbólico garrote. Después de una larga tradición democrática, Venezuela ha retrocedido a una forma de gobierno tribal. El mote de país bananero ya le queda chico. La vida y la hacienda de los venezolanos están en manos del jefe y el brujo de la tribu. Venezuela es Africa.
Los gauchos argentinos, por su parte, no están en condiciones de mirar por encima del hombro a los llaneros del Arauca vibrador. Doce años de kirchnerismo le bajan los humos hasta a los atenienses del Siglo de Oro. Y, si ganaba el Yoli, no quedaba otra que irse. Macri, que es mejor, no cambió una coma en la política de persecución en el “curro” de los derechos humanos. Que el poder ejecutivo nacional se presente como querellante contra los acusados de delitos de lesa humanidad es la prueba irrefutable de que el actual gobierno sigue los lineamientos vengativos de Horacio Vertbisky. El macrismo le teme al ex terrorista cuyo nombre de guerra fue: “el perro”. También, a Bonafini, Carlotto y compañía. No vaya a ser que por decir algo “políticamente incorrecto” lo cataloguen facho. Hace rato que tendría que haber retirado al embajador argentino de Venezuela pero no lo hace por esto mismo. De allí que los ancianos que sufren la injusticia de ser perseguidos por el Estado por haber, o no, combatido a la subversión nada deben esperar del actual presidente y su partido. Los de Cambiemos no quieren, no les interesa o no tienen lo que hay que tener para defender la verdad y la justicia. Es que, cuando una sociedad entra en decadencia, entra nomás…
María Marta García Belsunce (Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 24 de abril de 1952 – Pilar, Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2002). Fue socióloga argentina, tristemente célebre por ser la víctima fatal de un confuso homicidio que tuvo lugar en el barrio cerrado “El Carmel” en octubre de 2002. Crimen que hasta el día de hoy presenta un sin número de interrogantes. Hija de Horacio Adolfo García Belsunce -un prestigioso jurista argentino- y de María Blanca Luisa Galup, se dedicó los últimos años de su vida a labores sociales, principalmente en organizaciones sin fines de lucro como Red Social. Hasta el día de su muerte fue vicepresidente de la fundación Missing Children Argentina, desde donde -se supo más tarde- investigaba asuntos relacionados al tráfico de menores en la provincia de Buenos Aires, actividad por la cual habría recibido amenazas reiteradas. Actualmente toda su familia está condenada sin una sola prueba, y hay tres perfiles genéticos que no corresponden a ninguno de ellos; no obstante, la justicia no siguió investigando.
10 de julio 2011
La injusticia de la justicia
Por Mauricio Ortín
La novela policial, desde su misma aparición y en adelante, ha conquistado a millones de lectores. Lo propio sucede con las series televisivas y las películas del género. “El secreto de sus ojos”, esa gran película de Juan José Campanella, o “Las crónicas de Bustos Domecq”, escritas por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, -por citar a autores argentinos- se destacan por atrapar al espectador-lector en una trama misteriosa que mezcla la lógica con el suspenso y la emoción. Mas, no solo la ficción posee ese poder. También los casos reales de crímenes complejos no resueltos despiertan la atención del ciudadano común. Los medios masivos de comunicación, que no ignoran el poder hechizante del hecho enigmático y escandaloso, le dan una gran cobertura. La de Policiales es, tal vez, la más leída del diario. Ahora bien, que las cosas sucedan de tal manera (es decir, que los periodistas se ocupen de los casos en una suerte de juicio paralelo) no implica, necesariamente, una garantía para que se haga justicia. A menudo sucede lo contrario y por diferentes razones. Una de ellas, sin duda, es que mientras más escandalosa la noticia sea vende mejor. No tiene, por ejemplo, el mismo valor periodístico el asesinato de una joven catarmaqueña por su novio, que si tal crimen fuera perpetrado por “los hijos del poder” de Catamarca. Claro que, para poner las cosas en su lugar, están los jueces; aunque estos tampoco son de fierro ante la presión de la opinión pública y la publicada. Un sonado caso, en el que distintos factores han “embarrado la cancha” de la Justicia, es el caso sobre el crimen de María Marta García Belsunce. Esta señora fue hallada muerta en su casa el 27 de octubre de 2002. Al principio se pensó que se había tratado de un accidente; luego, en la autopsia (dos meses después), se descubrió que había sido asesinada de cinco disparos en la cabeza. El fiscal Molina Pico acusó al marido, Carlos Carrascosa, por el encubrimiento y/o homicidio de su esposa. También, por encubrimiento, a cinco personas más. Llegado a este punto, conviene aclarar que no soy experto en derecho alguno. Ahora bien, sí tengo formación en Filosofía de la Ciencia y disciplinas afines y es por ello que, habiéndome informado sobre el caso a través de las dos sentencias que emanaron de dos tribunales distintos, encuentro una suerte de aberración inicial que, a mi criterio, debió haber sido motivo suficiente para rechazar la acusación del fiscal Molina Pico. La hipótesis sobre lo sucedido a MMGB, por más original, imaginativa o inteligente que parezca, debe ser corroborada con pruebas o evidencias empíricas. El fiscal no ha presentado siquiera una sola prueba que abone la hipótesis del encubrimiento. Para ello debería demostrar que Carrascosa, Bártoli, Irene Hurtig, Horacio García Belsunce, John Hurtig, la masajista Michelini, el médico Gauvry Gordon y todos los que asistieron o revisaron a MMGB no pudieron no darse cuenta de que había sido asesinada y además que, con el fin de encubrir el crimen, se complotaron para que pareciera un accidente. Pues bien, tal suposición fue categóricamente refutada por el informe de la autopsia que hicieron los médicos forenses. El siguiente es un párrafo crucial de dicho informe: “La persona común, no médico, pudo no haberse dado cuenta tranquilamente de que esas lesiones eran producto de disparos de arma de fuego y en cuanto a un médico no especializado en prácticas forenses, también pudo no haberse dado cuenta”. Téngase en cuenta que el fiscal no objetó ninguna de las afirmaciones de los forenses. De allí que, refutado el soporte principal de la hipótesis acusadora y (aceptado, de hecho, por el fiscal), el complot de Carrascosa con sus familiares, con extraños a los que ve por vez primera (Gauvry Gordon, por ejemplo) y con la masajista Michelini, es nulo o no tiene peso incriminatorio. Tampoco existe en la causa declaración, prueba o indicio alguno (descubierta por el fiscal) que indique tal complot. La cuestión del “pituto” y otras por el estilo, al ser aportadas espontáneamente por los procesados, sugieren más bien la inexistencia de tal complot. Además, a ninguno de los “complotados” los pudo situar en la escena del crimen. Tampoco pudo encontrar un móvil. En suma, el fiscal Molina Pico no tiene nada. Sin embargo, Carrascosa ha sido condenado a cadena perpetua y ahora van por los otros. En manos de quiénes estamos! Es para espantarse! Como, nobleza obliga, hay que reconocer que los fundamentos del juez Luis María Rizzi para votar por la absolución de Carrascosa están expuestos de manera brillante y con impecable lógica. Mas, “una golondrina no hace verano”.
10 de septiembre de 2011
Jueces… se necesitan
Por Mauricio Ortín
La calidad de la Justicia en un país, más que con la voluntad de impartirla de sus jueces, tiene que ver con la dosis de injusticia que están dispuestos a soportar sus habitantes. El sistema nunca es perfecto, por ello, uno debe resignarse a lo que se estima como una razonable administración de justicia para un momento y lugar determinado.
Las personas, es un hecho, tienen disímiles posibilidades de obtener justicia; ya sea, cuando acuden a solicitarla o cuando son llamados a rendir cuentas. El tener dinero, fama, influencias o poder es (no siempre) una ventaja; pero, el pertenecer a un país civilizado en el que rige, plenamente, el estado de derecho es, sin duda, la mejor garantía. Mas, no se debe confundir (como es habitual) estado de derecho, con gobierno elegido por el voto popular. No siempre suelen darse juntos. Menos aún, como es obvio, separados.
En la Argentina tenemos un gobierno elegido por el voto popular y jueces designados con arreglo a los dictados de las constituciones nacionales y provinciales.
Ahora bien ¿Tenemos calidad de justicia a la altura de estos tiempos? Poseemos quizás, la que nos merecemos o la que se nos parece; pero, seguramente, no la que debiéramos, si consideramos el gasto que el conjunto de la población hace para mantenerla.
El costo de una justicia del Primer Mundo con el servicio de una del Tercer Mundo. Esta afirmación, que puede parecer exagerada, para mí también lo era hasta que conocí la “africana” sentencia por encubrimiento en el caso por el homicidio de María Marta García Belsunce. Se trata, en mi opinión, del mejor diagnóstico del calamitoso estado en que se encuentra la justicia argentina. Digo esto porque, luego de haber leído y releído sus cuatrocientas y pico de páginas, todavía no entra en mi cabeza como, mamarracho semejante, no haya despertado la indignación y la repulsa espontánea en los argentinos.
Sucede que. aún cuando no es su obligación, los sentenciados (ahora detenidos) han demostrado con creces su inocencia; y, por el contrario, el alegato de la fiscalía y la monstruosa sentencia no han conseguido presentar una sola prueba que demuestre la culpabilidad. Para muestra, un botón.
La sentencia hace suya la absurda y principal teoría de la fiscalía que afirma (en contradicción con las declaraciones de Ortiz, Carrascosa, y otros dos guardias del country) que, el vigilador Ortiz, se encontró con Carlos Carrascosa alrededor de las 19.20 hs. (Carrascosa y Ortiz sostienen que fue, a más tardar, a las 19.00).
Pero resulta que la sentencia, también, da por hecho, que desde su casa Carrascosa hizo un llamado telefónico a las 19.07.58 a OSDE, con el objeto de solicitar asistencia médica (llamado, registrado por la empresa telefónica y cuya conversación fue grabada por la obra social).
Hay que agregar además el llamado del Dr. Zancolli a las-19:16 horas- y dos llamados de OSDE a la casa de Carlos Carrascosa de las 19:13:49 a las 19:15:11 horas (todos atendidos según los registros telefónicos y los testimonios de los que se comunicaron).
De lo que se deduce, necesariamente, que Carlos Carrascosa, Irene Hurtig y Guillermo Bártoli primero, descubrieron su presencia en la casa a través de los llamados telefónicos (a partir del llamado a Osde 19.07.58 hs.) y, luego, de manera incomprensible, abandonaron la escena del crimen (porque según Ortiz en la casa no había ni vehículos ni gente antes que llegara Carrascosa) para luego aparecer Carlos Carrascosa como recién llegando a su casa las 19.20.
Es estúpido pensar que Carrascosa, llegando a esa hora y aparentando que no sabía que su esposa estaba muerta, buscaba instalar una coartada que lo desincrimine ¡Acaso no había llamado a OSDE a las 19.07.58! La versión de los jueces es un insulto a la inteligencia, pues esta dicotomía, planteada en un mismo escrito, es incompatible e irreconciliable con el razonamiento lógico más elemental. Y ésta es sólo una, de las múltiples inconsistencias en las que se incurre.
Sin embargo, ello no ha sido óbice para que un batracio de porte semejante sea tragado, en seco, por los argentinos
¿Dónde están, sino, las decenas de miles de estudiantes y docentes de abogacía, de comunicaciones sociales, de filosofía, etc.?
¿Dónde están los profesionales del derecho con sus colegios, sus congresos y sus bibliotecas?
¿Acaso, no advierten como magistrados y periodistas meten presos a inocentes de la manera más desfachatada y burda?
¿No sienten, siquiera, un poquito de náuseas? No hay nada que repugne más a la conciencia que un inocente preso; tanto que debiera tener el status de delito de Lesa Humanidad.
Por otro lado, la desaprensión y la impiedad con que la prensa tira a los perros a esa familia, es tenebrosa. No es noticia, ni tiene rating, el que la sentencia sea un mamarracho. Salvo excepciones (Pablo Duggan y Raúl Kollman y, seguramente, algún otro que no conozco) los periodistas y los medios no han perseguido esclarecer la muerte de María Marta García Belsunce, sino, más bien, el impacto mediático que los distinga y los proyecte.
Faltan jueces en la Argentina; pero, más todavía, ciudadanos justos.
El grado de decadencia de una sociedad debería valorarse por la cantidad y la calidad de falsedades que sea capaz de tolerar. En los últimos días, por fin y porque no tenía otro remedio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación blanqueó el número de desaparecidos y muertos en la guerra contra la subversión. La cifra, calculada desde la asunción de Cámpora hasta la de Alfonsín, asciende a 7010. Muy lejos de los 30.000 que Pérez Esquivel, Carlotto, Bonafini y casi toda la clase política argentina anuncian dogmáticamente como número axiomático. Hace tan solo menos de un año que Darío Lopérfido, Secretario de Cultura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, debió renunciar a su cargo presionado por sostener que no eran 30.000. Al respecto, el mismísimo Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (sic) de la Nación, Claudio Avruj, expresó su desacuerdo con Lopérfido: aludió a que se trataba de una cifra emblemática y simbólica. En tanto, Malher, el funcionario que reemplazó a Lopérfido, sostuvo que el número de 30.000 había sido adoptado por el pueblo y, por tanto, lo respetaba. No hubo ni un solo político del partido radical o del de Macri que saliera a respaldarlo. Una de dos, o la verdad en la Argentina no es políticamente correcta o no se tiene lo que hay que tener para, siquiera, murmurarla. Porque hay que ser un pusilánime de quinta para soportar impávido que la señora de Carlotto acuse al gobierno de “quererla mostrar como mentirosa ante la sociedad” justamente por mentir de manera escandalosa. ¿Qué es lo que les impide decir que Carlotto MIENTE y Bonafini es una LADRONA? Un tal Daniel Lipovetzky, diputado macrista, se arrugó frente a Rossi y el periodista Silvestre cuando estos le refregaron la “infamia” de no mantener el símbolo emblemático (de la mentira) de los 30.000. Lipovetzky, con cara de “yo no fui”, hizo la defensa del blanqueo mientras, al mismo tiempo, defendía la bandera de los 30.000. Al final, chorizo. Prefiero la actitud cínica y perversa de los que mantienen su mentira a la pusilánime que ni lo uno ni lo otro.
A esta hora de la soirée (cuarenta años han pasado), la defensa sobreactuada de la mentira de los 30.000 huele a podrido. Sobre todo porque Carlotto, Bonafini, Vertbisky, con el apoyo incondicional de los Kirchner durante doce años, no pudieron estirar la cantidad ni a diez mil. De las treinta mil placas del Parque de la Memoria sólo pudieron llenar un tercio. Luego, no es pecar de precipitado el presumir que se quiere tapar un chanchullo mayúsculo. Miles de millones de dólares se destinaron para indemnizar a familiares de desaparecidos ¿Por qué habría de pasar inadvertido a los Kchorros semejante boccato di cardinali?
Ante la evidencia, arguyen que un desaparecido o 30.000 es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay que ser discapacitado moral para entenderlo así. Inmoral también es atribuir muertes que no fueron tales a quienes no las cometieron. Pero es que, si fueron tantas, entonces los culpables serán tantos también. La ecuación es: a más muertos, mas “genocidas” a perseguir.
Con la mentira de los 30.000 se infecta el alma de los niños argentinos en las escuelas; las dirigidas por la iglesia católica, incluidas. Se le atribuye a Hitler la frase: “Mientras más grande es la mentira más gente la cree”. No comparto. Más acertado sería: “Mientras más grande es la mentira más gente teme contrariarla”. Y, de estos últimos, en la Argentina, hay cantidad como para hacer dulce.
Aun cuando, que yo sepa, nadie haya hecho el cálculo, estoy convencido de que la Argentina ostenta el índice más alto del mundo per cápita de reparticiones y empleados públicos de derechos humanos. La nación, las provincias y los municipios capitalinos e importantes cuentan, cada uno, con su propia “oficina de derechos humanos” y el necesario presupuesto. Una mochila muy pesada como para no tener en cuenta si el sacrificio vale la pena o es excesivo. Lo que nos lleva a examinar directamente, más que las intenciones, las actitudes y los resultados de la política pública argentina sobre los derechos humanos. Puestos en tarea, lo que inmediatamente salta a la vista es que, por lejos, la principal actividad a la que está abocada es, por un lado, la persecución de los militares y policías que actuaron en la guerra contra el terrorismo y, por el otro, la vindicación y reparación económica del bando contrario de los subversivos que se alzaron contra el Estado argentino. Un costoso aparato dirigido a continuar la guerra de hace cuarenta años por otros y muy poco a ocuparse de cuestiones que urgen en el presente. Que se haga con la complicidad del Poder Judicial sólo agrava la calificación del despropósito. No es menor el hecho de que los principales cargos hayan sido ocupados por personas que tienen una visión contaminada por el dolor, la venganza o la ideología (familiares de terroristas desaparecidos, ex terroristas, perseguidos por el gobierno militar, etcétera). Haber sufrido cárcel, exilio, o tortura por pertenecer al ERP o a Montoneros, las bandas que pretendían llegar al poder violando los derechos de los que se interponían en su camino no extiende de suyo el título de idóneo en derechos humanos. Ni Luis Duhalde ni Rodolfo Mattarollo, dos conspicuos terroristas de los ’70 que ocuparon cargos de la Secretaría en cuestión, expresaron acto de arrepentimiento alguno. Es posible concluir, entonces, que la concepción subversiva setentista ejecutada al pie de la letra, respecto de que había que eliminar a los empresarios y a las FF.AA., sigue aún vigente en ellos. Así las cosas, a nadie debería extrañar que la Secretaría de Derechos Humanos, en lugar de la piadosa tarea de velar por los derechos humanos de todos, se presente como querellante solamente contra algunos. Una cosa es denunciar y otra es querellar. ¿A quién acude un individuo que entiende que el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, le viola esos mismos derechos? ¿Y qué cobertura le brinda dicha Secretaría a este individuo que la acusa? Procedente sería, tal vez, querellar al Estado que viola en el presente los derechos humanos el doble y contradictorio rol de querellar y asistir al imputado de lesa humanidad no resiste el menor análisis teórico y, lo que es más grave, los hechos corroboran que se trata de absurdo que oculta el avasallamiento del individuo por parte del Estado. Por ejemplo, es claro cómo, cuándo, dónde y quiénes, desde la Secretaría, se ocupan de perseguir a los acusados de lesa humanidad; no así, en cambio, cómo, cuándo, dónde y quiénes, desde la Secretaría, se los asiste en los cientos de denuncias por violación de los derechos humanos que estos cometen. Una legión de letrados y psicólogos, entre otros, remunerados por el Estado y distribuidos en todo el país con la función perseguir. A los perseguidos, ni agua. Peor todavía, los alegatos de los que representantes de la Secretaría en los juicios tienen el cruel objetivo común de solicitar condenas sin pruebas y prisión efectiva en cárcel a los condenados mayores de setenta años. No hay un solo Secretario de Derechos Humanos de la Nación, de las provincias o de los Municipios que haya usado un minuto de su gestión en visitar a los presos de lesa humanidad, denunciado prisiones preventivas ilegales y protestadas por la violación del principio de legalidad. Por otro lado, ¿cómo se explica que a pesar de que el Estatuto de Roma incontrovertiblemente así las tipifica, la Secretaría no denunció un solo caso de las miles de violaciones de derechos humanos perpetradas por las bandas subversivas? Para la Secretaría, el que Horacio Vertbisky haya puesto una bomba que asesinó veintitrés personas no constituye un desmérito sobre su más importante asesor de la última década y, menos aún, para querellarlo por crimen de lesa humanidad. Blaquier, Levin, Aleman y otros, aunque no estén acusados de crímenes equivalentes a los del “Perro”, la Secretaria los tilda de genocidas.
En pleno aniquilamiento de la oposición rusa por parte del gobierno bolchevique un revolucionario escandalizado por el terror desplegado, dijo a Lenin:
-¿Por qué nos molestamos en tener una Comisaría de Justicia? ¡Llamémosla la Comisaría para el Exterminio Social y que actúe de esa manera!
Lenín , contestó-¡Bien dicho, así es como debería llamarse, pero no podemos decirlo!
NELSON CASTRO: ENTRE EL TTE 1º MARENGO Y HORACIO VERTBISKY
Políticos –opositores y oficialistas- intelectuales, periodistas y, en general, aquellos que frecuentan los medios de comunicación hace mucho que han dado por cerrado el debate sobre la legalidad los juicios por crímenes de lesa humanidad. Dan por descontado que son justos y que todo aquel que por esa época vistió uniforme debe
estar necesariamente bajo sospecha de genocidio (César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani está en ese trance). Para los jueces, está probado que existió un Plan Sistemático de Aniquilamiento de la Población Civil y con eso basta para condenar a cualquiera que entre en dicha bolsa. Con la sola declaración del querellante sobra para enviar a un “represor” a cadena perpetua. Eso sí, con los avales correspondientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de las provincias. En todos los fallos de lesa humanidad (enfatizo, todos) esos señores que conforman el tribunal y que, por una cuestión de costumbre o vaya uno a saber por qué llamamos jueces, se encargan meticulosamente de advertir que ante la contradicción entre las partes el testimonio de las víctimas tiene más valor de verdad que la de los acusados. Ello porque son considerados testigos-necesarios dado que en los hechos que se juzgan, por lo general, se cometían en la clandestinidad, ocurrieron hace varias décadas y, por ello mismo, no existen pruebas. Dicho en pocas palabras, para los tres señores que ostentan el título impropio y que están sentados tras el estrado: el acusado, dice la verdad, sólo cuando sus palabras coinciden las del denunciante; éste último, a su vez, nunca miente. Esta burda, alevosa, rastrera, ignominiosa y cruel patraña (Stalin, tenía más respeto por las formas) deja en manos de cualquiera la libertad, la honra, la hacienda y la vida de los uniformados de esa época. Esta y no otra es la maloliente “justicia” que imparte el estado argentino y que tolera y hasta aplaude la sociedad en su conjunto.
La juventud maravillosa
Para los que pertenecieron a la “juventud maravillosa”, en cambio, está el goce de ser considerados víctimas-héroes. Una suerte de Bill de indemnidad que perdona,
oculta y/o enaltece sus actos “revolucionarias” de antaño. “Pecados de juventud”, “travesuras de muchachos idealistas”; La prensa, políticamente correcta, prefiere referirse así a los asesinatos, secuestros extorsivos, toma de cuarteles, asaltos demás horrores. No es el caso de Nelson Castro; él dice: crímenes; pero, eso sí, siempre aclarando que los de los los militares fueron “infinitamente” más graves. Lo de “infinitamente…”, aducen, es la razón por la que -para la Justicia- unos prescriben y otros no. Nelson Castro ¿se equivoca o tiene razón? Nada mejor que ir a las cosas para averiguarlo.
Comparemos, por ejemplo, dos hechos con sus respectivas causas e imputados: 1) el traslado en el año 1976 de 90 detenidos desde de la Cárcel de Villa Gorriti de la capital jujeña hasta el aeropuerto El Cadillal y desde allí hasta la ciudad de La Plata; 2) el atentado con bomba durante el mismo año al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal.
El crimen de lesa humanidad del traslado
El 7 de octubre de 1976, el entonces Tte. 1º, Horacio Marengo, bajo el mando del Coronel Bulacio, habría sido uno más de los soldados que participó en el traslado de 90 detenidos desde de la Cárcel de Villa Gorriti de la capital jujeña hasta el aeropuerto El Cadillal (trayecto de no más de 20 km, se cubre en aproximadamente 20
minutos). Unos diez guardiacárceles de la provincia de Buenos Aires, a su vez, se hicieron cargo de la custodia de los detenidos en el avión que los llevó desde Jujuy a la ciudad de La Plata (tres horas de viaje). Todos ellos fueron condenados en primera instancia por “privación ilegítima de la libertad y tormentos” (ninguno de los trasladados murió o desapareció). Ahora bien, está más que claro en la instrucción y en la oralidad es que ni Marengo, ni los guardiacárceles fueron los que detuvieron o privaron –legítima o ilegítimamente- de la libertad a ninguna de estas personas ¡Fueron retiradas de una cárcel! Es obvio que cuando aparecen Marengo y los guardiacárceles en escena ¡ya estaban detenidos! Tan es así que, en los fundamentos de la sentencia, se consigna que se encontraban detenidos “a disposición del poder ejecutivo nacional” y el juez Gabriel Casas falla en disidencia sosteniendo que no hubo ”privación ilegítima de la libertad” de parte de los guardiacárceles. Hay que recordar que estaba vigente un decreto de Isabel Perón que disponía que las fuerzas de seguridad y los agentes penitenciarios de todo el país dependían directamente del comandante de las fuerzas armadas. De allí que, ante una orden de traslado, lo único que cabía a cualquiera de ellos era cumplirla o insubordinarse. Ni Marengo, ni los guardiacárceles tenían porqué saber que los prisioneros eran políticos. Saberlo, tampoco debería agravar su situación procesal. Para los jueces, sin embargo, para no quedar incurso en la “privación ilegítima de la libertad”, Marengo debió haberse jugado su carrera militar y su libertad favoreciendo la fuga de los detenidos apenas los sacó del penal de Villa Gorriti. Los guardiacárceles, a su vez y con idéntico fin, secuestrando y desviando el avión a Cuba. En cuanto a los “tormentos” causados durante el traslado por el que también fueron condenados, las únicas “pruebas” son las declaraciones de los testigos-necesarios-víctimas. Los guardiacárceles niegan haberlos cometidos pero, ya lo dije, lo que vale es la palabra de la querella.
El acto revolucionario de los “idealistas”
A las 13:20 Hs. del 2 de julio de 1976, un artefacto explosivo estalló en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal causando la muerte a 23 personas e
hiriendo a unas 60 (mutilados, ciegos y quemados). La mayoría se encontraba almorzando. La organización terrorista Montoneros, públicamente, se hizo cargo de la masacre a través de un parte de guerra y del reportaje que concedió el montonero Mendizábal a la revista Cambio 16. La causa por el atentado la inició el señor Hugo Biazzo, uno de los heridos. Entre los sindicados como responsables, además de Firmenich, estaba el subjefe de inteligencia de Montoneros: Horacio Vertbisky. No llegó a juicio porque según, el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, está prescripta. Los jueces Juan Fégoli, Raúl Madueño y Mariano González Palazzo destacaron la “orfandad probatoria” y la escasa “seriedad” de una imputación “generalizada” (la autoría confesa de otra época de un terrorista es nada frente a la negación actual del ahora, testigo-víctima). Ningún terrorista fue a juicio por (después de la AMIA) el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Por el contrario, Horacio Vertbisky, se ufana de haber pertenecido a Montoneros y preside la principal organización de DD.HH. del país. En los juicios de lesa humanidad se desempeña, a pedido de las querellas, como “testigo de concepto” y sus dichos son palabra santa para los magistrados. También, el ascenso de militares y el nombramiento de jueces pasan por su filtro. En fin, para el poder judicial argentino se podría decir que es casi un héroe (cuando falleció Juan Gelman –teniente Pedro-, otro de los terroristas implicados en el atentado, el poder ejecutivo decretó tres días de duelo nacional).
MORALEJA
Para la “Justicia” argentina, el simple traslado de presos es un crimen “infinitamente más grave” (Nelson Castro, dixit) que asesinar a 23 personas y mutilar a otras 60 con una bomba. Los jueces que permiten este absurdo moral algún día deberán rendir cuentas. Mientras tanto, son miles los que sufren cárcel, escarnio e injusticia y millones a los que la injusticia les importa un carajo.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 6, 2017
La suerte de un pajarito
En el mundo hay personas sensibles que todavía sienten culpa por, cuando niños, haberle quitado, gratuitamente, la vida a un pajarito. Maldicen la hora en que tensaron la honda o apretaron el gatillo buscando un autoperdón que no consiguen ¿Sentirán algo semejante jueces y fiscales que, sin pruebas, acusan y condenan? Dictar prisión perpetua a un inocente es infinitamente más grave que enjaular un canario; es devastar irreparablemente la vida de un semejante junto a su familia.
Como bien se sabe, el más preciado valor en la vida es la vida misma; el segundo -para aquellos que no tienen alma de esclavos- es la libertad. Se arguirá, y con razón, que los magistrados son hombres y, por lo tanto, equivocarse en una sentencia es un riesgo inmanente al sistema que, si bien se trata de reducir al mínimo, es imposible erradicar. Ahora bien, condenar a prisión a una persona con plena conciencia de que no existen pruebas que lo ameriten, es cosa muy distinta que equivocarse de buena fe. Hay años luz de distancia moral entre una conducta y la otra.
Condenar sin pruebas es obrar, de hecho, con “dolo eventual”, es decir, no descuidadamente sino, por lo contrario, sabiendo lo que hace y siendo consciente del grado de peligro que su comportamiento lleva implícito para un bien jurídico como es la libertad de una persona. El Estado fue creado para impedir la injusticia y no para cometerla. La milenaria ciencia del
Derecho y el método científico son la mejor guía en este sentido y, ambos, exigen pruebas! ya sea para establecer que fulano es el asesino o que la tierra gira alrededor del sol. Sin pruebas que corroboren y fundamenten las acusaciones y sentencias, no hay justicia sino “caza de brujas”.
Las sentencias condenatorias, entre otras, al padre Julio Grassi, por el supuesto abuso, y a Carlos Carrascosa, por el crimen de María Marta García Belsunce, deberían , en cátedras de Derecho Penal, ser casos emblemáticos de estudio de lo que es un pésimo procedimiento. La lectura de estos mamarrachos devenidos en causas judiciales es imprescindible para opinar con autoridad y no repetir como loros las conjeturas tendenciosas de los periodistas especializados en el chusmerío.
Grassi, Carrascosa y tantos otros son víctimas por azar y podría sucederle a cualquiera que se encuentre lejos del poder. Los
acusados por delitos de “lesa humanidad”, en cambio, son víctimas de una política de Estado y, en general, de los medios masivos de comunicación. Fue el mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el que dijo: “No vamos a retroceder en los juicios de lesa humanidad. Los juicios no se van a detener. Esto va a continuar. No va a haber marcha atrás. Esto es una política de Estado y deben respetarla todos los argentinos”. Así que, entonces, es el Estado, a través de la aplicación de una política específica, el que opera para que militares, policías, ex jueces, empresarios y curas por el mero expediente de una denuncia vayan a juicio y sean condenados.
Particularmente, no le creo nada al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, ni a la política de derechos humanos “consensuada” inconstitucionalmente con los otros dos poderes. No le creo porque, sin pruebas, entre otros, encarcela a
subtenientes y cabos que por la época tenían veinte años de edad y no eran dueños de decidir con qué camisa vestirse. No le creo al Dr. Ricardo Lorenzetti, ni a su libro de los Derechos Humanos, porque si, en verdad, dijera lo que dice e hiciera lo que hace por convicción y fidelidad a principios, en lugar de justificar la persecución a los últimos “orejones del tarro” (subtenientes, cabos, etcétera) debería él mismo, de oficio y para que se le aplique la “política de Estado” para los crímenes de lesa humanidad , denunciar al Dr. Eugenio Zaffaroni.
Este señor, que siendo juez juró por el Estatuto de la dictadura, que negaba hábeas corpus a los desaparecidos (reconocidos
por él) tiene infinitamente más responsabilidad que muchos de los que están -entre ellos, héroes de guerra- pudriéndose en las cárceles ¿Qué espera Lorenzetti y las organizaciones de derechos humanos para llevarlo a tribunales? ¿Porqué la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al respecto, hace mutis por el foro? Y, lo más doloroso y vergonzante, ¿ porqué a esta sociedad le importa, menos que la suerte de un pajarito, que pase lo que nos pasa?
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 28, 2017
Argentinos de cuarta
Que en este país la ley no es igual para todos es un hecho que resulta ocioso demostrar. Mas, una cosa es que ello suceda a pesar de la impotencia e indignación de la ciudadanía y, otra, que lo sea con su aval o indiferencia cómplice. Sobre todo, teniendo en cuenta que, más que las típicas diferencias entre “hijos y entenados” que se hace siempre desde el poder, lo que aquí se promueve y tolera son cosas mucho más graves. Es claro
que el conjunto del Poder Judicial argentino (con las excepciones de rigor) distingue, por lo menos, tres categorías de argentinos a la hora de hacer valer la ley: los ciudadanos de primera (o los que están en el poder), los de segunda (los que no están en el poder ni cerca de él) y los de cuarta (los militares). Estos, junto a su institución (que antes era de todos los argentinos) fueron y son sometidos a un proceso sistemático de vejación y demolición a partir de la asunción a la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner. Un gesto clave, por su simbolismo, que marca el inicio de esta operación política contra las FFAA, es la humillación que Kirchner infringe al jefe del Ejército, Gral. Roberto Bendini (y al Ejército todo), cuando le ordena que suba al banquito y baje el cuadro del Gral. Videla que se exhibía en el Colegio Militar de la Nación. Humillación gratuita si las hay, porque bien podría haberlo hecho descolgar, discretamente, el día anterior al acto. Pero no, lo hizo como lo hizo porque buscaba un efecto épico. Los “progres”, por supuesto, agradecidos (tienen una efeméride “revolú” más, para evocar). Ahora bien (decía un amigo), “lo valiente hubiese sido que Kirchner (no le pidamos descolgar el cuadro) hubiese formulado por lo menos una tímida opinión contra Videla, cuando éste era presidente”. Pero nada, ni un amague. No hay una sola palabra “pinguina” registrada en siete años de dictadura. También podrían haber asistido profesionalmente (muchos abogados lo hicieron) a algún preso político (a Menem, por ejemplo). Pero, más allá de la anécdota, lo grave e inconcebible desde punto de vista estratégico-nacional es el que públicamente un jefe de Estado debilite a la Nación, al tratar como a un pelele al principal mando militar del país (Gral. Bendini). ¿Con qué autoridad moral y profesional podrá éste último, en caso de guerra, conducir a sus subordinados?
Es difícil encontrar, en el antes y en el ahora, un presidente que desprestigie así a su jefe del Ejército (según mi amigo, más difícil todavía sería encontrar un general que cumpla una orden semejante).
De todo esto, como es notorio, ha tomado atenta nota la Justicia argentina. De allí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tuviera ningún empacho en apuñalar al estado de derecho en la Argentina al posibilitar que los militares no sean sujetos de la aplicación de derechos humanos básicos, tales como irretroactividad de la ley, prescripción del delito, cosa juzgada, indulto, leyes de obediencia debida y punto final, prisión domiciliara por edad, etc. Quién hubiera imaginado que en la Argentina, en pleno siglo XXI, se podría desquiciar tan groseramente el derecho. Sin embargo, en las barbas de ciudadanos comunes, abogados y profesores de las facultades de abogacía de todo el país, así se procede. Salvo algunas honrosas excepciones (como la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia), los doctores hacen un estruendoso “mutis por el foro”.
El profesor Mauricio Ortín publicó este artículo, por vez primera en el diario El Tribuno
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Febrero 26, 2017
IDI AMIN, MADURO Y LA DECADENCIA ARGENTINA
Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, me recuerda a ese personaje siniestramente cómico de la política internacional que fuera Idi Amín
Dada; presidente de Uganda del siglo pasado. El africano, una mole negra de 150 kg de peso y dos metros de altura, era un denunciador serial de conspiraciones en su contra y, “por ende”, contra Uganda. En cierta oportunidad llamó a una conferencia de prensa para acusar al Imperio Británico de estar preparando una pronta invasión a Uganda por tierra, aire y mar. Uno de los presentes le observó que, por mar, resultaba imposible dado que se trata de un país mediterráneo. A lo que el inmutable Idi Amin, contestó: “Si serán ignorantes estos británicos, querer invadirnos por mar…” Otro dato de color del presidente africano era su apetito voraz. Solía devorar pantagruélicos banquetes. Entre sus platos favoritos figuraba el hígado de ministro renunciado.
Maduro por su parte ha hechos sus méritos, mas el canibalismo no es uno de ellos . Sin embargo, su denuncia, repicada hasta el cansancio, de que los EE.UU. están desestabilizando a la moneda venezolana a través de sacarla de circulación atesorándola, es digna del humor negro del caníbal de Uganda. Porque si fuera verdad que los “cochinos” yanques están comprando bolívares con sus dólares, el gobierno venezolano estaría haciendo un pingue negocio. Pues estaría cambiando un papel sin valor por otro que si lo tiene. No existe tal fiebre del bolívar en ningún lugar del mundo. El enemigo número uno de la moneda venezolana es, como es obvio, maduro y su banda La
bestia fascista de Diosdado Cabello, por ejemplo; quién no tiene ningún reparo de presentarse en su programa de televisión con un simbólico garrote. Después de una larga tradición democrática, Venezuela ha retrocedido a una forma de gobierno tribal. El mote de país bananero ya le queda chico. La vida y la hacienda de los venezolanos están en manos del jefe y el brujo de la tribu. Venezuela es Africa.
Los gauchos argentinos, por su parte, no están en condiciones de mirar por encima del hombro a los llaneros del Arauca vibrador. Doce años de kirchnerismo le bajan los humos hasta a los atenienses del Siglo de Oro. Y, si ganaba el Yoli, no quedaba otra que irse. Macri, que es mejor, no cambió una coma en la política de persecución en el “curro” de los derechos humanos. Que el poder ejecutivo nacional se presente como querellante contra los acusados de delitos de lesa humanidad es la prueba irrefutable de que el actual gobierno sigue los lineamientos vengativos de Horacio Vertbisky. El macrismo le teme al ex terrorista cuyo nombre de guerra fue: “el perro”. También, a Bonafini, Carlotto y compañía. No vaya a ser que por decir algo “políticamente incorrecto” lo cataloguen facho. Hace rato que tendría que haber retirado al embajador argentino de Venezuela pero no lo hace por esto mismo. De allí que los ancianos que sufren la injusticia de ser perseguidos por el Estado por haber, o no, combatido a la subversión nada deben esperar del actual presidente y su partido. Los de Cambiemos no quieren, no les interesa o no tienen lo que hay que tener para defender la verdad y la justicia. Es que, cuando una sociedad entra en decadencia, entra nomás…
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Diciembre 27, 2016
EL CASO GARCIA BELSUNCE: Escritos de Mauricio Ortín
María Marta García Belsunce (Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 24 de abril de 1952 – Pilar, Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2002). Fue socióloga argentina, tristemente célebre por ser la víctima fatal de un confuso homicidio que tuvo lugar en el barrio cerrado “El Carmel” en octubre de 2002. Crimen que hasta el día de hoy presenta un sin número de interrogantes. Hija de Horacio Adolfo García Belsunce -un prestigioso jurista argentino- y de María Blanca Luisa Galup, se dedicó los últimos años de su vida a labores sociales, principalmente en organizaciones sin fines de lucro como Red Social. Hasta el día de su muerte fue vicepresidente de la fundación Missing Children Argentina, desde donde -se supo más tarde- investigaba asuntos relacionados al tráfico de menores en la provincia de Buenos Aires, actividad por la cual habría recibido amenazas reiteradas. Actualmente toda su familia está condenada sin una sola prueba, y hay tres perfiles genéticos que no corresponden a ninguno de ellos; no obstante, la justicia no siguió investigando.
10 de julio 2011
La injusticia de la justicia
Por Mauricio Ortín
La novela policial, desde su misma aparición y en adelante, ha conquistado a millones de lectores. Lo propio sucede con las series televisivas y las películas del género. “El secreto de sus ojos”, esa gran película de Juan José Campanella, o “Las crónicas de Bustos Domecq”, escritas por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, -por citar a autores argentinos- se destacan por atrapar al espectador-lector en una trama misteriosa que mezcla la lógica con el suspenso y la emoción. Mas, no solo la ficción posee ese poder. También los casos reales de crímenes complejos no resueltos despiertan la atención del ciudadano común. Los medios masivos de comunicación, que no ignoran el poder hechizante del hecho enigmático y escandaloso, le dan una gran cobertura. La de Policiales es, tal vez, la más leída del diario. Ahora bien, que las cosas sucedan de tal manera (es decir, que los periodistas se ocupen de los casos en una suerte de juicio paralelo) no implica, necesariamente, una garantía para que se haga justicia. A menudo sucede lo contrario y por diferentes razones. Una de ellas, sin duda, es que mientras más escandalosa la noticia sea vende mejor. No tiene, por ejemplo, el mismo valor periodístico el asesinato de una joven catarmaqueña por su novio, que si tal crimen fuera perpetrado por “los hijos del poder” de Catamarca. Claro que, para poner las cosas en su lugar, están los jueces; aunque estos tampoco son de fierro ante la presión de la opinión pública y la publicada. Un sonado caso, en el que distintos factores han “embarrado la cancha” de la Justicia, es el caso sobre el crimen de María Marta García Belsunce. Esta señora fue hallada muerta en su casa el 27 de octubre de 2002. Al principio se pensó que se había tratado de un accidente; luego, en la autopsia (dos meses después), se descubrió que había sido asesinada de cinco disparos en la cabeza. El fiscal Molina Pico acusó al marido, Carlos Carrascosa, por el encubrimiento y/o homicidio de su esposa. También, por encubrimiento, a cinco personas más. Llegado a este punto, conviene aclarar que no soy experto en derecho alguno. Ahora bien, sí tengo formación en Filosofía de la Ciencia y disciplinas afines y es por ello que, habiéndome informado sobre el caso a través de las dos sentencias que emanaron de dos tribunales distintos, encuentro una suerte de aberración inicial que, a mi criterio, debió haber sido motivo suficiente para rechazar la acusación del fiscal Molina Pico. La hipótesis sobre lo sucedido a MMGB, por más original, imaginativa o inteligente que parezca, debe ser corroborada con pruebas o evidencias empíricas. El fiscal no ha presentado siquiera una sola prueba que abone la hipótesis del encubrimiento. Para ello debería demostrar que Carrascosa, Bártoli, Irene Hurtig, Horacio García Belsunce, John Hurtig, la masajista Michelini, el médico Gauvry Gordon y todos los que asistieron o revisaron a MMGB no pudieron no darse cuenta de que había sido asesinada y además que, con el fin de encubrir el crimen, se complotaron para que pareciera un accidente. Pues bien, tal suposición fue categóricamente refutada por el informe de la autopsia que hicieron los médicos forenses. El siguiente es un párrafo crucial de dicho informe: “La persona común, no médico, pudo no haberse dado cuenta tranquilamente de que esas lesiones eran producto de disparos de arma de fuego y en cuanto a un médico no especializado en prácticas forenses, también pudo no haberse dado cuenta”. Téngase en cuenta que el fiscal no objetó ninguna de las afirmaciones de los forenses. De allí que, refutado el soporte principal de la hipótesis acusadora y (aceptado, de hecho, por el fiscal), el complot de Carrascosa con sus familiares, con extraños a los que ve por vez primera (Gauvry Gordon, por ejemplo) y con la masajista Michelini, es nulo o no tiene peso incriminatorio. Tampoco existe en la causa declaración, prueba o indicio alguno (descubierta por el fiscal) que indique tal complot. La cuestión del “pituto” y otras por el estilo, al ser aportadas espontáneamente por los procesados, sugieren más bien la inexistencia de tal complot. Además, a ninguno de los “complotados” los pudo situar en la escena del crimen. Tampoco pudo encontrar un móvil. En suma, el fiscal Molina Pico no tiene nada. Sin embargo, Carrascosa ha sido condenado a cadena perpetua y ahora van por los otros. En manos de quiénes estamos! Es para espantarse! Como, nobleza obliga, hay que reconocer que los fundamentos del juez Luis María Rizzi para votar por la absolución de Carrascosa están expuestos de manera brillante y con impecable lógica. Mas, “una golondrina no hace verano”.
10 de septiembre de 2011
Jueces… se necesitan
Por Mauricio Ortín
La calidad de la Justicia en un país, más que con la voluntad de impartirla de sus jueces, tiene que ver con la dosis de injusticia que están dispuestos a soportar sus habitantes. El sistema nunca es perfecto, por ello, uno debe resignarse a lo que se estima como una razonable administración de justicia para un momento y lugar determinado.
Las personas, es un hecho, tienen disímiles posibilidades de obtener justicia; ya sea, cuando acuden a solicitarla o cuando son llamados a rendir cuentas. El tener dinero, fama, influencias o poder es (no siempre) una ventaja; pero, el pertenecer a un país civilizado en el que rige, plenamente, el estado de derecho es, sin duda, la mejor garantía. Mas, no se debe confundir (como es habitual) estado de derecho, con gobierno elegido por el voto popular. No siempre suelen darse juntos. Menos aún, como es obvio, separados.
En la Argentina tenemos un gobierno elegido por el voto popular y jueces designados con arreglo a los dictados de las constituciones nacionales y provinciales.
Ahora bien ¿Tenemos calidad de justicia a la altura de estos tiempos? Poseemos quizás, la que nos merecemos o la que se nos parece; pero, seguramente, no la que debiéramos, si consideramos el gasto que el conjunto de la población hace para mantenerla.
El costo de una justicia del Primer Mundo con el servicio de una del Tercer Mundo. Esta afirmación, que puede parecer exagerada, para mí también lo era hasta que conocí la “africana” sentencia por encubrimiento en el caso por el homicidio de María Marta García Belsunce. Se trata, en mi opinión, del mejor diagnóstico del calamitoso estado en que se encuentra la justicia argentina. Digo esto porque, luego de haber leído y releído sus cuatrocientas y pico de páginas, todavía no entra en mi cabeza como, mamarracho semejante, no haya despertado la indignación y la repulsa espontánea en los argentinos.
Sucede que. aún cuando no es su obligación, los sentenciados (ahora detenidos) han demostrado con creces su inocencia; y, por el contrario, el alegato de la fiscalía y la monstruosa sentencia no han conseguido presentar una sola prueba que demuestre la culpabilidad. Para muestra, un botón.
La sentencia hace suya la absurda y principal teoría de la fiscalía que afirma (en contradicción con las declaraciones de Ortiz, Carrascosa, y otros dos guardias del country) que, el vigilador Ortiz, se encontró con Carlos Carrascosa alrededor de las 19.20 hs. (Carrascosa y Ortiz sostienen que fue, a más tardar, a las 19.00).
Pero resulta que la sentencia, también, da por hecho, que desde su casa Carrascosa hizo un llamado telefónico a las 19.07.58 a OSDE, con el objeto de solicitar asistencia médica (llamado, registrado por la empresa telefónica y cuya conversación fue grabada por la obra social).
Hay que agregar además el llamado del Dr. Zancolli a las-19:16 horas- y dos llamados de OSDE a la casa de Carlos Carrascosa de las 19:13:49 a las 19:15:11 horas (todos atendidos según los registros telefónicos y los testimonios de los que se comunicaron).
De lo que se deduce, necesariamente, que Carlos Carrascosa, Irene Hurtig y Guillermo Bártoli primero, descubrieron su presencia en la casa a través de los llamados telefónicos (a partir del llamado a Osde 19.07.58 hs.) y, luego, de manera incomprensible, abandonaron la escena del crimen (porque según Ortiz en la casa no había ni vehículos ni gente antes que llegara Carrascosa) para luego aparecer Carlos Carrascosa como recién llegando a su casa las 19.20.
Es estúpido pensar que Carrascosa, llegando a esa hora y aparentando que no sabía que su esposa estaba muerta, buscaba instalar una coartada que lo desincrimine ¡Acaso no había llamado a OSDE a las 19.07.58! La versión de los jueces es un insulto a la inteligencia, pues esta dicotomía, planteada en un mismo escrito, es incompatible e irreconciliable con el razonamiento lógico más elemental. Y ésta es sólo una, de las múltiples inconsistencias en las que se incurre.
Sin embargo, ello no ha sido óbice para que un batracio de porte semejante sea tragado, en seco, por los argentinos
¿Dónde están, sino, las decenas de miles de estudiantes y docentes de abogacía, de comunicaciones sociales, de filosofía, etc.?
¿Dónde están los profesionales del derecho con sus colegios, sus congresos y sus bibliotecas?
¿Acaso, no advierten como magistrados y periodistas meten presos a inocentes de la manera más desfachatada y burda?
¿No sienten, siquiera, un poquito de náuseas? No hay nada que repugne más a la conciencia que un inocente preso; tanto que debiera tener el status de delito de Lesa Humanidad.
Por otro lado, la desaprensión y la impiedad con que la prensa tira a los perros a esa familia, es tenebrosa. No es noticia, ni tiene rating, el que la sentencia sea un mamarracho. Salvo excepciones (Pablo Duggan y Raúl Kollman y, seguramente, algún otro que no conozco) los periodistas y los medios no han perseguido esclarecer la muerte de María Marta García Belsunce, sino, más bien, el impacto mediático que los distinga y los proyecte.
Faltan jueces en la Argentina; pero, más todavía, ciudadanos justos.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 26, 2016
COMO PARA HACER DULCE
El grado de decadencia de una sociedad debería valorarse por la cantidad y la calidad de falsedades que sea capaz de tolerar. En los últimos días, por fin y porque no tenía otro remedio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación blanqueó el número de desaparecidos y muertos en la guerra contra la subversión. La cifra, calculada desde la asunción de Cámpora hasta la de Alfonsín, asciende a 7010. Muy lejos de los 30.000 que Pérez Esquivel, Carlotto, Bonafini y casi toda la clase política argentina anuncian dogmáticamente como número axiomático. Hace tan solo menos de un año que Darío Lopérfido, Secretario de Cultura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, debió renunciar a su cargo presionado por sostener que no eran 30.000. Al respecto, el mismísimo Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (sic) de la Nación, Claudio Avruj, expresó su desacuerdo con Lopérfido: aludió a que se trataba de una cifra emblemática y simbólica. En tanto, Malher, el funcionario que reemplazó a Lopérfido, sostuvo que el número de 30.000 había sido adoptado por el pueblo y, por tanto, lo respetaba. No hubo ni un solo político del partido radical o del de Macri que saliera a respaldarlo. Una de dos, o la verdad en la Argentina no es políticamente correcta o no se tiene lo que hay que tener para, siquiera, murmurarla. Porque hay que ser un pusilánime de quinta para soportar impávido que la señora de Carlotto acuse al gobierno de “quererla mostrar como mentirosa ante la sociedad” justamente por mentir de manera escandalosa. ¿Qué es lo que les impide decir que Carlotto MIENTE y Bonafini es una LADRONA? Un tal Daniel Lipovetzky, diputado macrista, se arrugó frente a Rossi y el periodista Silvestre cuando estos le refregaron la “infamia” de no mantener el símbolo emblemático (de la mentira) de los 30.000. Lipovetzky, con cara de “yo no fui”, hizo la defensa del blanqueo mientras, al mismo tiempo, defendía la bandera de los 30.000. Al final, chorizo. Prefiero la actitud cínica y perversa de los que mantienen su mentira a la pusilánime que ni lo uno ni lo otro.
A esta hora de la soirée (cuarenta años han pasado), la defensa sobreactuada de la mentira de los 30.000 huele a podrido. Sobre todo porque Carlotto, Bonafini, Vertbisky, con el apoyo incondicional de los Kirchner durante doce años, no pudieron estirar la cantidad ni a diez mil. De las treinta mil placas del Parque de la Memoria sólo pudieron llenar un tercio. Luego, no es pecar de precipitado el presumir que se quiere tapar un chanchullo mayúsculo. Miles de millones de dólares se destinaron para indemnizar a familiares de desaparecidos ¿Por qué habría de pasar inadvertido a los Kchorros semejante boccato di cardinali?
Ante la evidencia, arguyen que un desaparecido o 30.000 es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay que ser discapacitado moral para entenderlo así. Inmoral también es atribuir muertes que no fueron tales a quienes no las cometieron. Pero es que, si fueron tantas, entonces los culpables serán tantos también. La ecuación es: a más muertos, mas “genocidas” a perseguir.
Con la mentira de los 30.000 se infecta el alma de los niños argentinos en las escuelas; las dirigidas por la iglesia católica, incluidas. Se le atribuye a Hitler la frase: “Mientras más grande es la mentira más gente la cree”. No comparto. Más acertado sería: “Mientras más grande es la mentira más gente teme contrariarla”. Y, de estos últimos, en la Argentina, hay cantidad como para hacer dulce.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 13, 2016
La Comisaría de los Derechos Humanos
Escribe: Mauricio Ortín
Aun cuando, que yo sepa, nadie haya hecho el cálculo, estoy convencido de que la Argentina ostenta el índice más alto del mundo per cápita de reparticiones y empleados públicos de derechos humanos. La nación, las provincias y los municipios capitalinos e importantes cuentan, cada uno, con su propia “oficina de derechos humanos” y el necesario presupuesto. Una mochila muy pesada como para no tener en cuenta si el sacrificio vale la pena o es excesivo. Lo que nos lleva a examinar directamente, más que las intenciones, las actitudes y los resultados de la política pública argentina sobre los derechos humanos. Puestos en tarea, lo que inmediatamente salta a la vista es que, por lejos, la principal actividad a la que está abocada es, por un lado, la persecución de los militares y policías que actuaron en la guerra contra el terrorismo y, por el otro, la vindicación y reparación económica del bando contrario de los subversivos que se alzaron contra el Estado argentino. Un costoso aparato dirigido a continuar la guerra de hace cuarenta años por otros y muy poco a ocuparse de cuestiones que urgen en el presente. Que se haga con la complicidad del Poder Judicial sólo agrava la calificación del despropósito. No es menor el hecho de que los principales cargos hayan sido ocupados por personas que tienen una visión contaminada por el dolor, la venganza o la ideología (familiares de terroristas desaparecidos, ex terroristas, perseguidos por el gobierno militar, etcétera). Haber sufrido cárcel, exilio, o tortura por pertenecer al ERP o a Montoneros, las bandas que pretendían llegar al poder violando los derechos de los que se interponían en su camino no extiende de suyo el título de idóneo en derechos humanos. Ni Luis Duhalde ni Rodolfo Mattarollo, dos conspicuos terroristas de los ’70 que ocuparon cargos de la Secretaría en cuestión, expresaron acto de arrepentimiento alguno. Es posible concluir, entonces, que la concepción subversiva setentista ejecutada al pie de la letra, respecto de que había que eliminar a los empresarios y a las FF.AA., sigue aún vigente en ellos. Así las cosas, a nadie debería extrañar que la Secretaría de Derechos Humanos, en lugar de la piadosa tarea de velar por los derechos humanos de todos, se presente como querellante solamente contra algunos. Una cosa es denunciar y otra es querellar. ¿A quién acude un individuo que entiende que el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, le viola esos mismos derechos? ¿Y qué cobertura le brinda dicha Secretaría a este individuo que la acusa? Procedente sería, tal vez, querellar al Estado que viola en el presente los derechos humanos el doble y contradictorio rol de querellar y asistir al imputado de lesa humanidad no resiste el menor análisis teórico y, lo que es más grave, los hechos corroboran que se trata de absurdo que oculta el avasallamiento del individuo por parte del Estado. Por ejemplo, es claro cómo, cuándo, dónde y quiénes, desde la Secretaría, se ocupan de perseguir a los acusados de lesa humanidad; no así, en cambio, cómo, cuándo, dónde y quiénes, desde la Secretaría, se los asiste en los cientos de denuncias por violación de los derechos humanos que estos cometen. Una legión de letrados y psicólogos, entre otros, remunerados por el Estado y distribuidos en todo el país con la función perseguir. A los perseguidos, ni agua. Peor todavía, los alegatos de los que representantes de la Secretaría en los juicios tienen el cruel objetivo común de solicitar condenas sin pruebas y prisión efectiva en cárcel a los condenados mayores de setenta años. No hay un solo Secretario de Derechos Humanos de la Nación, de las provincias o de los Municipios que haya usado un minuto de su gestión en visitar a los presos de lesa humanidad, denunciado prisiones preventivas ilegales y protestadas por la violación del principio de legalidad. Por otro lado, ¿cómo se explica que a pesar de que el Estatuto de
Roma incontrovertiblemente así las tipifica, la Secretaría no denunció un solo caso de las miles de violaciones de derechos humanos perpetradas por las bandas subversivas? Para la Secretaría, el que Horacio Vertbisky haya puesto una bomba que asesinó veintitrés personas no constituye un desmérito sobre su más importante asesor de la última década y, menos aún, para querellarlo por crimen de lesa humanidad. Blaquier, Levin, Aleman y otros, aunque no estén acusados de crímenes equivalentes a los del “Perro”, la Secretaria los tilda de genocidas.
En pleno aniquilamiento de la oposición rusa por parte del gobierno bolchevique un revolucionario escandalizado por el terror desplegado, dijo a Lenin:
-¿Por qué nos molestamos en tener una Comisaría de Justicia? ¡Llamémosla la Comisaría para el Exterminio Social y que actúe de esa manera!
Lenín , contestó-¡Bien dicho, así es como debería llamarse, pero no podemos decirlo!
Por Mauricio Ortín