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Este lunes, el Gobierno de España ha dado luz verde al proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como ‘ley trans’, que ahora pasará a debatirse en el Congreso de los Diputados.

La nueva legislación, impulsada por el Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero, recoge como medida estrella la autodeterminación de género sin necesidad de informes médicos a partir de los 16 años.

El proceso de doble comparecencia durará cuatro meses. Se deberá solicitar el cambio en el Registro Civil, a donde habrá que acudir nuevamente tres meses después para reafirmar la decisión. En un plazo máximo de un mes el encargado del Registro Civil deberá dictar una resolución final.

Ese procedimiento será valido para los mayores de 16 años sin restricción. Entre los 14 y los 16 se deberá contar con el consentimiento de los representantes legales y entre los 12 y los 14 con tutela judicial. Los menores de 12 años podrán cambiar su nombre, aunque no así su sexo registral.

Además, se prohíben las terapias de conversión, que pueden acarrear multas administrativas de una cuantía aún por determinar, pero que podrían alcanzar los 150.000 euros.

El camino de esta norma ha estado plagado de obstáculos y desencuentros. Estos últimos se han traducido en roces entre los socios del Gobierno, el mayoritario es el Partido Socialista y el minoritario Unidas Podemos, al que pertenece Montero, la titular de Igualdad.

Además, la normativa estuvo unos meses parada a la espera del preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que resultó especialmente crítico al considerar que discriminaba a las mujeres en diferentes ámbitos y que recomendó que se elevara la edad para la autodeterminación de género hasta los 18 años.