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En un nuevo episodio del culebrón del juicio por la expropiación de la petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el Gobierno de EE.UU. decidió entrar al proceso y pidió a la jueza del caso no publicar aún su decisión sobre la entrega de las acciones de la compañía a los beneficiarios del fallo del caso, mientras el Departamento de Justicia se prepara para presentar una “declaración de interés”.

“El Gobierno solicita respetuosamente que el tribunal reserve la decisión sobre la moción pendiente de medida cautelar y entrega hasta que EE.UU. haya tenido la oportunidad de presentar una declaración de interés al respecto”, dice una carta firmada por Damian Williams, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

En la misiva, enviada a Loretta Preska —jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York—, se aclara que esa declaración de interés, en caso de que se autorice hacerla, sería presentada a más tardar el 6 de noviembre de 2024, un día después de los comicios presidenciales en el país norteamericano.

En estos procesos es común que los países presenten su opinión acerca de la causa cuando está involucrado un Estado soberano como una de las partes. Esto se conoce como ‘amicus curiae'(‘amigo de la corte’, en latín) y ya por este juicio sobre la expropiación de YPF, presentaron sus escritos a favor de Argentina, en febrero pasado, Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador.

Segun expertos, EE.UU. va a recomendar a la jueza Preska que no ordene la transferencia de la titularidad de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo”, puesto que “las relaciones de dos naciones amigas deben ser consideradas. EE.UU. “sabe muy bien que una nación soberana amiga”, que es Argentina, “violó las leyes de los mercados de capitales locales” y, por este motivo, no descarta que sugiera a la jueza “que nombre a un Special Master (mediador) y que ambas partes resuelvan la disputa”.

El año pasado, Preska condenó al Estado argentino a pagar una indemnización récord de 16.099 millones de dólares, al considerar que la reestatización de YPF, ocurrida en 2012, violó el estatuto de la empresa y perjudicó a los accionistas minoritarios. En el proceso, no obstante, la petrolera fue excluida de la demanda.

Los beneficiarios fueron los bufetes británicos Burford Capital y Eton Capital, dos ‘fondos buitre’ que compraron los derechos de litigio de exaccionistas minoritarios de la petrolera.

Los fondos solicitaron que Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago, mientras se lleva a cabo de manera paralela el proceso de apelación en laCorte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.La defensa del país suramericano se negó y los demandantes dieron inicio a un nuevo proceso para detectar activos que puedan ser embargados.

La semana pasada, se conoció que Preska emitió una orden, concedida a pedido de Burford Capital, para que le sean entregados correos electrónicos, chats de WhatsApp* y otro tipo de comunicaciones de altos funcionarios de Argentina, tanto de la actual administración de Javier Milei como del gobierno de Alberto Fernández (2019-2023).

Con esa solicitud se busca probar la figura del ‘alter ego’. Es decir, los fondos pretenden demostrar que hay varias compañías estatales argentinas (Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Banco Central, ARSA y Enarsa) que son un ‘alter ego’ del Estado, para así embargar activos de esas empresas y cobrar lo estipulado en la sentencia.