‍‍

El estado de California, EE.UU., está intentando encontrar a alrededor de 600 víctimas de las esterilizaciones forzadas realizadas décadas atrás para pagarles una indemnización de al menos 15.000 dólares a cada una.

Hay dos grupos de personas que pueden recibir la compensación: aquellas esterilizadas por el Gobierno en el pasado durante el llamado movimiento eugenésico y un grupo más pequeño y reciente de las víctimas que se encontraban presas.

Aunque Carolina del Norte y Virginia ya cuentan con programas similares, California se convirtió en el primer estado en incluir a las víctimas de su sistema penitenciario.

Moonlight Pulido, que cumplía cadena perpetua por intento de asesinato premeditado, es una de las afectadas. Así, reveló que en 2005 un médico de la cárcel le dijo que tenía que extirparle dos “bultos” que, según él, podían ser cáncer. Como resultado, la mujer firmó un formulario y fue operada.

Al sentirse incómoda tras la intervención, consultó a una enfermera, quien le confirmó que le habían practicado una histerectomía total, procedimiento en el que extirpan el útero y el cuello uterino y, a veces, otras partes del aparato reproductor.

En total, entre 2005 y 2013, 144 mujeres fueron esterilizadas en las prisiones, lo que llevó a los legisladores estatales en 2014 a aprobar una ley para prohibir tal procedimiento con fines anticonceptivos en las cárceles y a distribuir folletos en los centros de reclusión anunciando el programa de asistencia a las víctimas.

El movimiento eugenésico estadounidense pretendía garantizar que algunas personas con enfermedades mentales o discapacidades físicas no pudieran tener hijos y alcanzó su punto álgido en la década de 1930. California fue el estado más afectado por esa práctica y tuvo el mayor programa de esterilización forzada de EE.UU., que perjudicó a unas 20.000 personas a partir de 1909. 

La mayoría de las personas esterilizadas de esta época ya han muerto. Para encontrar quienes siguen vivas, las autoridades estatales enviaron carteles y boletines informativos a 1.000 residencias de ancianos y 500 bibliotecas.

Sin embargo, tras un año de búsqueda, el Estado solo ha aprobado pagos para 51 de 310 solicitantes. Mientras tanto, el programa de 4,5 millones de dólares está a un año de cerrarse.

Ya se ha rechazado a 103 personas y se están tramitando y verificando muchas otras solicitudes. De todos modos, las autoridades locales afirman que es un proceso que lleva mucho tiempo, ya que gran parte de los registros se han perdido o se han destruido.

“Tratamos de encontrar toda la información que podemos y a veces solo tenemos que esperar que alguien tal vez pueda encontrar información más detallada por su cuenta”, comentó Lynda Gledhill, funcionaria de la Junta de Compensación de Víctimas de California que supervisa el programa. Wendy Carrillo, miembro demócrata de la Asamblea Estatal de California que impulsó la aprobación del proyecto, declaró que pedirá a los legisladores que amplíen el plazo de solicitud más allá de 2023.