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La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile rechazó destituir al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien este miércoles fue sometido a una acusación constitucional debido principalmente a su interés en promover la educación sexual integral. La decisión se saldó con 69 votos a favor y 78 en contra.

“Hoy la Sala de la Cámara de Diputados ha dado una terrible señal, ha dado una señal de impunidad y no una señal de probidad”, afirmó el legislador Guillermo Ramírez en la primera reacción.

Durante el debate, el parlamentario de la Unión Demócrata Independiente había anticipado que probablemente perderían la votación. Sin embargo, “no vamos a cejar en nuestro esfuerzo por llegar al fondo de todos los actos de corrupción que han habido durante este gobierno”, avanzó.

Mientras que entrevistado por el canal de la Cámara, el diputado independiente Héctor Ulloa aseguró que se impuso la justicia y enfatizó que “en ningún caso existían vicios, existían irregularidades y sobre todo no existía ninguna infracción a la Constitución o a la ley”.

“Tenemos una situación crítica en la educación pública, pero no la vamos a solucionar con ‘shows’ políticos, los problemas de la educación pública los vamos a solucionar con grandes acuerdos”, manifestó por su parte el legislador socialista Daniel Manouchehri.

El proceso se llevó a cabo en medio del escándalo que la víspera desató la diputada ultraconservadora María Luisa Cordero, al insultar al ministro por ser homosexual.

“Yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil”, señaló la legisladora del partido Renovación Nacional, durante un programa de radio.

“Es insólito, inadmisible, nauseabundo y asqueroso que el ministro, que debería estar llorando porque niños de cuarto básico no saben leer, está preocupado de tener activo y reactivo el clítoris”, agregó Cordero, lo que desató una controversia inmediata.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) de Chile, Camila Vallejo, advirtió que los dichos de la diputada opositora demostraban que la acusación constitucional contra Ávila no tenía un sustento real, sino que se debía a prejuicios por su orientación sexual.

“La irresponsabilidad es muy grande, los parlamentarios tienen derecho a presentar la acusación, sin embargo, carece de rigurosidad, de profesionalismo, de argumentos y de sustento político, más bien se basa en un acto de homofobia y discriminación”, denunció.

Manouchehri, jefe de bancada del Partido Socialista, advirtió que no se pueden utilizar instrumentos jurídicos para perseguir a un ministro por su orientación sexual.

“Esta acusación claramente tiene un tinte homofóbico (…) nos distrae de las reales necesidades hoy día de la gente. Por la homofobia de algunos, este Congreso va a perder tiempo en que podría estar legislando en contra de la delincuencia, a favor de la economía de las familias”, expresó.

La comisión parlamentaria designada para este caso sesionó el martes y determinó, por mayoría de tres votos contra dos, que la acusación constitucional en contra de Ávila no procedía.

Los diputados Miguel Ángel Becker y Gloria Naveillan fueron los únicos que votaron a favor de la destitución con el argumento de que se debe “proteger” a los niños.

Por el contrario, los diputados Tomás Hirsch, Juan Santana y Héctor Ulloa consideraron que no había ningún hecho jurídicamente reprochable que justificara la acusación. También coincidieron en que el proceso se basó en “fanatismos”, que fue “bochornosa” e “irrelevante”.

De cualquier forma, el dictamen fue enviado al pleno de la Cámara de Diputados, que lo debatió este miércoles y en el que la oposición insistió en su rechazo a la educación sexual integral.

La diputada Francesca Muñoz González fue la encargada de leer la acusación.

A lo largo de dos horas y media, denostó las jornadas nacionales de educación sexual que ha impulsado Ávila por considerar que violenta el derecho preferente de los padres a elegir la formación que, en este sentido, les quieren dar a sus hijos.

También aseguró que estas jornadas responden a una “agenda altamente ideologizada”, que tiene más de “propaganda de la ideología de género” que de una política estatal porque ignora “puntos de vista de índole moral” y pretende “imponer” una educación laica.