Clarence Thomas Vuelos en jet privado (p. ej., dos viajes en el 737 personal de Wayne Huizenga, valorados en 130.000 dólares cada uno) Vacaciones de lujo (incluido un crucero en yate por las islas griegas de 160.000 dólares) Visitas a clubes exclusivos (seis viajes confirmados a Bohemian Grove, valorados en casi 300.000 dólares) Condonación de deudas (un préstamo para autocaravana de 253.686 dólares, liquidado por el ejecutivo de la sanidad privada, Anthony Welters) Viajes internacionales (un vuelo de ida y vuelta a Trinidad de 97.666 dólares)
La ausencia de un código de ética vinculante y de cumplimiento obligatorio para la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un punto de controversia entre juristas, legisladores y el público en general. Si bien los jueces federales de todo el país están sujetos a un Código de Conducta detallado y de cumplimiento obligatorio, el máximo tribunal del país ha operado históricamente sin uno, hasta noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema adoptó un Código de Conducta formal. Sin embargo, los críticos argumentan que este código carece de mecanismos de cumplimiento y sigue siendo en gran medida simbólico, lo que genera serias preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la confianza pública.
El Código de Conducta para Jueces de los Estados Unidos, adoptado por la Conferencia Judicial en 1973, se aplica a los jueces de circuito, distrito, quiebras y magistrados. Describe cinco cánones éticos, entre ellos la obligación de defender la integridad judicial, evitar infracciones, desempeñar sus funciones con imparcialidad, participar en actividades extrajudiciales apropiadas y abstenerse de participar en política. Las infracciones pueden dar lugar a procedimientos disciplinarios en virtud de la Ley de Conducta Judicial y Discapacidad de 1980, que permite amonestaciones, inhabilitaciones e incluso el juicio político. Cabe destacar que este código está respaldado por un proceso formal de quejas y mecanismos de supervisión, lo que lo convierte en algo más que una simple aspiración.
En cambio, el Código de Conducta recientemente adoptado por la Corte Suprema, si bien refleja principios similares, no incluye disposiciones de cumplimiento. Se espera que los jueces se autorregulen, y no existe un organismo independiente que investigue o sancione las faltas de conducta. Esta deficiencia se hizo patente tras las revelaciones de que el juez Clarence Thomas aceptó generosos regalos y viajes de un donante adinerado sin revelarlos, lo que provocó amplios llamamientos a la reforma3. Los críticos argumentan que, sin un proceso de revisión externa, la Corte Suprema permanece excepcionalmente aislada del escrutinio ético que se aplica a todos los demás jueces federales.
Samuel Alito Alito aceptó un lujoso viaje de pesca a Alaska financiado por el multimillonario de fondos de cobertura Paul Singer, quien tenía asuntos pendientes ante la Corte Suprema. Según una investigación de ProPublica, el viaje incluyó: Vuelos en jet privado valorados en más de $100,000 Alojamiento en un hotel de lujo con un costo de más de $1,000 por noche Excursiones en avioneta al Parque Nacional Katmai Comidas gourmet con botellas de vino de $1,000 Singer compareció posteriormente ante la Corte en al menos 10 casos, incluyendo uno en el que Alito votó por mayoría, lo que resultó en un pago de $2,4 mil millones para la firma de Singer. Alito no reveló el viaje en sus declaraciones financieras ni se excusó de participar en los casos relacionados con Singer.John Roberts. Según el grupo de vigilancia Fix the Court, Roberts aceptó 11 obsequios fielmente documentados entre 2004 y 2023, con un valor total estimado de 49.000 dólares. Estos obsequios incluyen: membresías e invitaciones a eventos de prestigiosas reuniones legales y académicas; alojamiento para conferencias y charlas; preciadas obras de arte y artículos ceremoniales obsequiados durante visitas oficiales. A diferencia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Clarence Thomas y Samuel Alito, Roberts no ha sido vinculado a viajes de lujo no declarados ni a obsequios de donantes con intereses directos ante la Corte. Sus declaraciones, en general, han sido conformes con los requisitos federales de información.
A nivel internacional, muchos países han implementado sólidos sistemas de ética judicial para sus tribunales superiores. Por ejemplo, la Corte Suprema de Chile puede disciplinar a los jueces mediante una demanda de agravio, que aborda conductas poco éticas como el favoritismo, el abuso verbal o el incumplimiento del deber. En Senegal y Túnez, los inspectores generales supervisan la conducta judicial, proporcionando una supervisión independiente. Mientras tanto, la Corte Suprema de Misisipi aplica un Código de Conducta Judicial vinculante, donde las violaciones de las disposiciones de “no debe” pueden resultar en sanciones que van desde amonestaciones hasta la destitución del cargo.
Estos modelos globales comparten un denominador común: la exigibilidad. Ya sea a través de consejos judiciales, inspectores generales o tribunales especiales, otras naciones reconocen que la independencia judicial debe equilibrarse con la rendición de cuentas. La falta de tales mecanismos en la Corte Suprema de Estados Unidos la coloca fuera de sintonía con los estándares nacionales e internacionales. Las implicaciones son profundas. Sin normas éticas exigibles, la Corte Suprema corre el riesgo de erosionar la confianza pública en su imparcialidad e integridad. En una democracia, el poder judicial no solo debe ser justo, sino que debe ser percibido como justo. La percepción de un poder sin control socava la legitimidad de las decisiones judiciales, especialmente en casos con fuerte carga política.
En conclusión, si bien el Código de Conducta de la Corte Suprema de 2023 representa un avance simbólico, no alcanza los estándares exigibles que se aplican a otros jueces federales y a sus homólogos internacionales. Para restablecer la confianza y defender los principios democráticos, Estados Unidos debe ir más allá del cumplimiento voluntario y establecer un marco ético transparente y exigible para su máximo tribunal. Solo entonces podrá la Corte Suprema encarnar verdaderamente los ideales de justicia que fue diseñada para proteger.
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La ausencia de un código de ética vinculante y de cumplimiento obligatorio para la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un punto de controversia entre juristas, legisladores y el público en general. Si bien los jueces federales de todo el país están sujetos a un Código de Conducta detallado y de cumplimiento obligatorio, el máximo tribunal del país ha operado históricamente sin uno, hasta noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema adoptó un Código de Conducta formal. Sin embargo, los críticos argumentan que este código carece de mecanismos de cumplimiento y sigue siendo en gran medida simbólico, lo que genera serias preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la confianza pública.
El Código de Conducta para Jueces de los Estados Unidos, adoptado por la Conferencia Judicial en 1973, se aplica a los jueces de circuito, distrito, quiebras y magistrados. Describe cinco cánones éticos, entre ellos la obligación de defender la integridad judicial, evitar infracciones, desempeñar sus funciones con imparcialidad, participar en actividades extrajudiciales apropiadas y abstenerse de participar en política. Las infracciones pueden dar lugar a procedimientos disciplinarios en virtud de la Ley de Conducta Judicial y Discapacidad de 1980, que permite amonestaciones, inhabilitaciones e incluso el juicio político. Cabe destacar que este código está respaldado por un proceso formal de quejas y mecanismos de supervisión, lo que lo convierte en algo más que una simple aspiración.
En cambio, el Código de Conducta recientemente adoptado por la Corte Suprema, si bien refleja principios similares, no incluye disposiciones de cumplimiento. Se espera que los jueces se autorregulen, y no existe un organismo independiente que investigue o sancione las faltas de conducta. Esta deficiencia se hizo patente tras las revelaciones de que el juez Clarence Thomas aceptó generosos regalos y viajes de un donante adinerado sin revelarlos, lo que provocó amplios llamamientos a la reforma3. Los críticos argumentan que, sin un proceso de revisión externa, la Corte Suprema permanece excepcionalmente aislada del escrutinio ético que se aplica a todos los demás jueces federales.
A nivel internacional, muchos países han implementado sólidos sistemas de ética judicial para sus tribunales superiores. Por ejemplo, la Corte Suprema de Chile puede disciplinar a los jueces mediante una demanda de agravio, que aborda conductas poco éticas como el favoritismo, el abuso verbal o el incumplimiento del deber. En Senegal y Túnez, los inspectores generales supervisan la conducta judicial, proporcionando una supervisión independiente. Mientras tanto, la Corte Suprema de Misisipi aplica un Código de Conducta Judicial vinculante, donde las violaciones de las disposiciones de “no debe” pueden resultar en sanciones que van desde amonestaciones hasta la destitución del cargo.
Estos modelos globales comparten un denominador común: la exigibilidad. Ya sea a través de consejos judiciales, inspectores generales o tribunales especiales, otras naciones reconocen que la independencia judicial debe equilibrarse con la rendición de cuentas. La falta de tales mecanismos en la Corte Suprema de Estados Unidos la coloca fuera de sintonía con los estándares nacionales e internacionales. Las implicaciones son profundas. Sin normas éticas exigibles, la Corte Suprema corre el riesgo de erosionar la confianza pública en su imparcialidad e integridad. En una democracia, el poder judicial no solo debe ser justo, sino que debe ser percibido como justo. La percepción de un poder sin control socava la legitimidad de las decisiones judiciales, especialmente en casos con fuerte carga política.
En conclusión, si bien el Código de Conducta de la Corte Suprema de 2023 representa un avance simbólico, no alcanza los estándares exigibles que se aplican a otros jueces federales y a sus homólogos internacionales. Para restablecer la confianza y defender los principios democráticos, Estados Unidos debe ir más allá del cumplimiento voluntario y establecer un marco ético transparente y exigible para su máximo tribunal. Solo entonces podrá la Corte Suprema encarnar verdaderamente los ideales de justicia que fue diseñada para proteger.
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 11, 2025
Tags: Clarence Thomas, Corte Suprema, John Roberts, Samuel AlitoRelated Posts
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