La verdad y la memoria, el ideal de justicia, la defensa de la integridad de la Constitución, la convicción moral en la causa democrática, fueron objeto de negociación claudicante en La Habana. Allá y en escenarios como la ONU, el expresidente Juan Manuel Santos demeritó la lucha del Estado contra las guerrillas terroristas.
Al aceptar al establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y su conformación con personas claramente favorables a la mirada izquierdista sobre la violencia política colombiana reciente, abrió campo a uno de los sueños más preciados de las guerrillas comunistas: imponer su verdad definitiva del “conflicto armado”.
La CEV trabaja en simultáneo con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), cuya misión es procesar judicialmente a responsables de graves delitos en el marco, no de la justicia internacional y de nuestra Constitución, sino en el de la justicia transicional. También funciona una Comisión de la Memoria Histórica.
Sobre esos temas se libra una intensa batalla entre quienes sostienen que en Colombia hubo una guerra civil, un conflicto armado o un levantamiento justiciero contra la dictadura civil del Frente Nacional con el trasfondo de la propiedad de la tierra y la exclusión política, de un lado, y quienes pensamos que la confrontación de las guerrillas con el Estado colombiano surgió como expresión de proyectos revolucionarios comunistas en la dinámica de la Guerra Fría, que pretendieron acceder al poder a través de la lucha armada y en dicho camino fracasaron, se criminalizaron y cometieron innumerables crímenes de lesa humanidad.
El diseño y las funciones asignadas a las comisiones creadas terminarán consolidando el control de la verdad jurídica, la verdad histórica y la memoria por parte de la narrativa guerrillera.
La jurídica, porque no tendrá como referente la normatividad vigente de la justicia humanitaria internacional ni el bloque de constitucionalidad colombiano, sino una legislación transicional benévola que tiende a la impunidad.
La histórica, porque se adopta un modelo ensayado para países en franca guerra civil o gobernados por déspotas o dictadores sanguinarios, situaciones con las que no encaja el sistema democrático colombiano.
Y la memoria, porque se privilegia el testimonio de las víctimas del Estado al que, de paso, se culpa de impulsar una política oficial de violación de los derechos humanos.
En relación con la verdad histórica, hay que añadir que se pretende deformar su carácter académico, libre de sesgos ideológicos e intereses políticos. Por los trabajos realizados hasta el presente por la comisión presidida por el sacerdote De Roux, se puede decir que está invadiendo competencias de la JEP.
Debemos reiterar que el espíritu académico riñe con comisiones. La CEV quiere hallar la verdad final, de cierre queriendo ignorar que la verdad histórica, en sentido académico, es más especulativa, puede inspirarse en diferentes enfoques, metodologías y paradigmas que, en vez de cerrar, pueden llevar a la apertura de debates no necesariamente contradictorios ni necesariamente complementarios. Los resultados en esta perspectiva son sometidos al escrutinio y la evaluación de pares, de la comunidad académica y del público crítico.
Lo explica más nítidamente el prestigioso historiador francés Maurice Agulhon cuando plantea que hablar de verdad o falsedad “corresponde a la llamada “historia del acontecer”, pues “es en relación con un hecho preciso que podemos hablar de lo verdadero o de lo falso”. Y agrega: “Pero los historiadores no se contentan con esto. Buscan alcanzar interpretaciones y conclusiones generales”. Y afirma que es dudoso que a ese nivel se pueda calificar una interpretación como verdadera o falsa.
La verdad histórica, por tanto, es del resorte de la academia, no de comisiones cuyos resultados presumen de incuestionables.
Sobre la memoria de la violencia y el terror político creo pertinente acudir a la reflexión del escritor y reportero del New York Times, David Rieff, quien advierte sobre los peligros de usarla con fines de retaliación o venganza o con intencionalidad política o ideológica: “La memoria histórica colectiva tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan… ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse a la ardua labor del perdón”.
La memoria puede llegar a ser un sentimiento colectivo unificador en la narrativa de un pueblo, una nación o una comunidad como en el caso de los judíos ante el horror nazi. Pero, también puede ser selectiva, no unificadora, como en los Balcanes o los colombianos.
Por tanto, lo deseable es que la verdad y la memoria sean abordadas con criterios profesionales y técnicos abiertos. En tal sentido, los productos de la memoria deberían ser clasificados, divulgados y puestos a disposición del público y de los académicos en su sitio adecuado: el Archivo General de la Nación. Y la verdad histórica, remitida a Colciencias como una línea macro de investigación bajo los mismos parámetros vigentes para los conflictos políticos y sociales.
Coda: La propuesta formulada por el Centro de Estudios de Justicia y la Universidad de Oxford (con el apoyo de Open Society Human Rights Initiative) a la CEV de crear una sección que investigue la “complicidad empresarial” en el “conflicto armado” con grupos paramilitares y en violaciones a los derechos humanos revela un injustificado sesgo antiempresarial en línea con la narrativa guerrillera que estigmatiza a finqueros, hacendados y ganaderos como promotores del paramilitarismo. Por coherencia deberían proponer que se haga lo mismo con intelectuales, académicos, periodistas, activistas de ONG, sindicalistas, congresistas, partidos, personalidades que apoyaron o financiaron de alguna manera las acciones criminales de las guerrillas.
Darío Acevedo Carmona, nacido en Andes, Colombia el 4 de febrero de 1951 es historiador, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y autor de varios libros.
La verdad y la memoria, el ideal de justicia, la defensa de la integridad de la Constitución, la convicción moral en la causa democrática, fueron objeto de negociación claudicante en La Habana. Allá y en escenarios como la ONU, el expresidente Juan Manuel Santos demeritó la lucha del Estado contra las guerrillas terroristas.
Al aceptar al establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y su conformación con personas claramente favorables a la mirada izquierdista sobre la
violencia política colombiana reciente, abrió campo a uno de los sueños más preciados de las guerrillas comunistas: imponer su verdad definitiva del “conflicto armado”.
La CEV trabaja en simultáneo con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), cuya misión es procesar judicialmente a responsables de graves delitos en el marco, no de la justicia internacional y de nuestra Constitución, sino en el de la justicia transicional. También funciona una Comisión de la Memoria Histórica.
Sobre esos temas se libra una intensa batalla entre quienes sostienen que en Colombia hubo una guerra civil, un conflicto armado o un levantamiento justiciero contra la dictadura civil del Frente Nacional con el trasfondo de la propiedad de la tierra y la exclusión política, de un lado, y quienes pensamos que la confrontación de las guerrillas con el Estado colombiano surgió como expresión de proyectos revolucionarios comunistas en la dinámica de la Guerra Fría, que pretendieron acceder al poder a través de la lucha armada y en dicho camino fracasaron, se criminalizaron y cometieron innumerables crímenes de lesa humanidad.
El diseño y las funciones asignadas a las comisiones creadas terminarán consolidando el control de la verdad jurídica, la verdad histórica y la memoria por parte de la narrativa guerrillera.
La jurídica, porque no tendrá como referente la normatividad vigente de la justicia humanitaria internacional ni el bloque de constitucionalidad colombiano, sino una legislación transicional benévola que tiende a la impunidad.
La histórica, porque se adopta un modelo ensayado para países en franca guerra civil o gobernados por déspotas o dictadores sanguinarios, situaciones con las que no encaja el sistema democrático colombiano.
Y la memoria, porque se privilegia el testimonio de las víctimas del Estado al que, de paso, se culpa de impulsar una política oficial de violación de los derechos humanos.
En relación con la verdad histórica, hay que añadir que se pretende deformar su carácter académico, libre de sesgos ideológicos e intereses políticos. Por los trabajos realizados
hasta el presente por la comisión presidida por el sacerdote De Roux, se puede decir que está invadiendo competencias de la JEP.
Debemos reiterar que el espíritu académico riñe con comisiones. La CEV quiere hallar la verdad final, de cierre queriendo ignorar que la verdad histórica, en sentido académico, es más especulativa, puede inspirarse en diferentes enfoques, metodologías y paradigmas que, en vez de cerrar, pueden llevar a la apertura de debates no necesariamente contradictorios ni necesariamente complementarios. Los resultados en esta perspectiva son sometidos al escrutinio y la evaluación de pares, de la comunidad académica y del público crítico.
Lo explica más nítidamente el prestigioso historiador francés Maurice Agulhon cuando plantea que hablar de verdad o falsedad “corresponde a la llamada “historia del acontecer”, pues “es en relación con un hecho preciso que podemos hablar de lo verdadero o de lo falso”. Y agrega: “Pero los historiadores no se contentan con esto. Buscan alcanzar interpretaciones y conclusiones generales”. Y afirma que es dudoso que a ese nivel se pueda calificar una interpretación como verdadera o falsa.
La verdad histórica, por tanto, es del resorte de la academia, no de comisiones cuyos resultados presumen de incuestionables.
Sobre la memoria de la violencia y el terror político creo pertinente acudir a la reflexión del escritor y reportero del New York Times, David Rieff, quien advierte sobre los peligros de usarla con fines de retaliación o venganza o con intencionalidad política o ideológica: “La memoria histórica colectiva tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan… ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse a la ardua labor del perdón”.
Por tanto, lo deseable es que la verdad y la memoria sean abordadas con criterios profesionales y técnicos abiertos. En tal sentido, los productos de la memoria deberían ser clasificados, divulgados y puestos a disposición del público y de los académicos en su sitio adecuado: el Archivo General de la Nación. Y la verdad histórica, remitida a Colciencias como una línea macro de investigación bajo los mismos parámetros vigentes para los conflictos políticos y sociales.
Coda: La propuesta formulada por el Centro de Estudios de Justicia y la Universidad de Oxford (con el apoyo de Open Society Human Rights Initiative) a la CEV de crear una sección que investigue la “complicidad empresarial” en el “conflicto armado” con grupos paramilitares y en violaciones a los derechos humanos revela un injustificado sesgo antiempresarial en línea con la narrativa guerrillera que estigmatiza a finqueros, hacendados y ganaderos como promotores del paramilitarismo. Por coherencia deberían proponer que se haga lo mismo con intelectuales, académicos, periodistas, activistas de ONG, sindicalistas, congresistas, partidos, personalidades que apoyaron o financiaron de alguna manera las acciones criminales de las guerrillas.
Darío Acevedo Carmona, nacido en Andes, Colombia el 4 de febrero de 1951 es historiador, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y autor de varios libros.
Fuente: Infobae
Colaboración: Profesor Mario Sandoval
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 20, 2018
Tags: Dario Carmona Acevedo, David Rieff, Francisco de Roux, Juan Manuel Santos, Mauricie AgulhonRelated Posts
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