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La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este martes el proyecto que prohíbe las corridas de toros en todo el país.

La decisión del cuerpo legislativo en su último debate sobre la iniciativa fue celebrada por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien felicitó a “quienes por fin lograron que no sea un espectáculo la muerte”.  

El mandatario se pronunció desde su cuenta de la red social X apenas se conoció la aprobación del proyecto que prohíbe no solo las corridas de toros, sino también las novilladas, el rejoneo y otras actividades relacionadas a la tauromaquia.

La votación en el pleno del Parlamento resultó con 93 votos positivos y solo dos en rechazo. Ahora la ley pasará a conciliación porque los textos aprobados en el Senadoy en la Cámara son diferentes. Si se concreta ese trámite, el proyecto quedará en manos del Poder Ejecutivo para su sanción definitiva.

“Quienes se divierten con la muerte de animales terminarán divirtiéndose con la muerte de seres humanos; como los que queman libros terminarán quemando seres humanos”, analizó Petro.

Por su parte, la legisladora María Fernanda Carrascal Rojas (Partido Colombia Humana), coautora del proyecto de ley, recordó que la Corte Constitucional considera que las corridas de toros solo se pueden hacer en municipios donde son tradición ininterrumpida y solo en época de la festividad”, algo que ocurre de manera esporádica y “no es decisivo para la economía de esas regiones ni para el país”.

Asimismo, recordó que no existe una medición oficial de los ingresos generados en esos municipios, y que “como todo ser vivo, el toro es un animal sintiente”.

También celebró el avance de la normativa Alejo García Ríos, representante del Partido Verde: “Este proyecto se ha caído 14 veces y hoy podemos decir que es real y que valió la pena”, señaló.  

El documento presentado en 2023 contempla además la transformación de las plazas de toros en espacios culturales y la ocupación laboral de las personas que subsisten de la cultura taurina. Para este proceso, establece un período de tres años. 

El proyecto causó controversia entre el sector de trabajadores relacionados a la actividad y los grupos animalistas, que reclamaban su aprobación. 

“Hoy miles de familias quedan sin empleo, hoy dejan sin trabajo a miles de personas que ni siquiera han identificado”, señaló la representante Ana Rogelia Monsalve, del partido Demócrata Colombiano.

A partir de la sanción de la ley, el Gobierno colombiano deberá resolver sobre el futuro de los establecimientos, que deberán ser readaptados, con los animales, y con las familias que resultarán afectadas en sus ingresos por la prohibición de la actividad cultural.