Buenos Aires, 24 de marzo de 2026. Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe cívico militar de 1976, el Foro Argentino de Defensa desea expresar su indignación ante la indiferencia, la cobardía e hipocresía, de gran parte de la dirigencia argentina frente al tratamiento al que siguen siendo sometidos compatriotas que integraron nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad durante los años más violentos de nuestra historia reciente.
Nos referimos especialmente a sectores del periodismo, del Poder Judicial y de la política profesional, incluidos tantos personajes permanentes del sistema que todavía hoy conservan tribunas, influencia y micrófonos como si no tuvieran nada que explicar.
Se cumple un nuevo aniversario de aquel 24 de marzo y la Argentina sigue sosteniendo una herida abierta, no por falta de memoria sino por el uso sectario, ideologizado y deshonesto que se hizo de nuestra historia. Mientras se consolidó un relato funcional a la revancha, centenares de hombres envejecieron, enfermaron y murieron sometidos a procesos interminables, prisiones arbitrarias y criterios de excepción incompatibles con una república seria.
Las cifras nos deben interpelar a todos los argentinos de bien. Ya son 969 los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad fallecidos en cautiverio o bajo proceso judicial. Las edades van de los 60 a los 103 años, la edad promedio de los detenidos en la actualidad es de 81 años y 95 de los encarcelados superan hoy los 70 años de edad. En más de 400 casos, la prisión preventiva se excedió del máximo de 2 años que indica la ley, registrando un promedio de 10,7 años y llegando a superar los 16 años de prisión preventiva en 33 casos.
Estas cifras no son simbólicas ni producto de la fantasía. Son las que, en democracia, consiguieron imponer los organismos y asociaciones que desnaturalizaron la causa de los derechos humanos, presionando y condicionando a la Justicia, de la mano de numerosos dirigentes políticos, varios de ellos recientemente condenados por corrupción, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner.
A partir de 2003, lo que siguió no fue justicia, sino una profunda degradación política, jurídica y moral. Se torció el derecho hasta vaciarlo de sentido, se demolieron garantías básicas y se consolidó una maquinaria de persecución selectiva. En torno de esa tragedia, además, se construyó un sistema de reconocimientos indebidos, indemnizaciones sumamente cuestionables en algunos casos, manipulación política y corrupción. Esto no solo degradó a la Justicia, sino que también desnaturalizó reclamos que pudieron haber tenido legitimidad en su punto de partida.
“Esta no es la forma de honrar a las 8.961 víctimas registradas por la CONADEP, ni a los millones de argentinos víctimas del terror sembrado por los ejércitos revolucionarios impulsados desde la dictadura cubana. No se los honra persiguiendo ancianos de más de 80 años, mientras sonríen en libertad criminales como Firmenich que llenaron de sangre, bombas y miedo a toda la Argentina”, señaló Santiago Lucero Torres, presidente del Foro Argentino de Defensa. “Convocamos a la conciencia de los argentinos, de nuestros dirigentes y autoridades, incluyendo también a aquellos familiares de quienes fueron muertos o desaparecidos durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, así como en los sucesivos gobiernos militares, y que, aun desde el dolor más profundo, comprendan que el cierre dado hasta hoy a esta tragedia no constituye una solución justa ni ofrece una verdad completa para buena parte de la sociedad argentina. Nuestro país todavía está a tiempo de elegir entre seguir profundizando esta hipocresía o animarse, de una vez, a cerrar esta etapa con verdad, justicia igual para todos y la estatura moral necesaria para mirar hacia el futuro sin mentiras, sin privilegios y sin odios heredados”, agregó Lucero Torres.
Persistir en esta farsa sería una muestra más de cobardía moral, política e institucional. La Argentina necesita comenzar a cerrar sus heridas sobre bases firmes y honestas, no sobre relatos parciales, venganzas disfrazadas de justicia ni silencios convenientes. Remediar tanta injusticia mientras todavía se está a tiempo no implica olvidar ni negar el dolor de nadie, sino asumir con grandeza que no puede haber reconciliación verdadera sin verdad completa ni paz duradera sin una justicia que alcance a todos por igual.
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Buenos Aires, 24 de marzo de 2026. Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe cívico militar de 1976, el Foro Argentino de Defensa desea expresar su indignación ante la indiferencia, la cobardía e hipocresía, de gran parte de la dirigencia argentina frente al tratamiento al que siguen siendo sometidos compatriotas que integraron nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad durante los años más violentos de nuestra historia reciente.
Nos referimos especialmente a sectores del periodismo, del Poder Judicial y de la política profesional, incluidos tantos personajes permanentes del sistema que todavía hoy conservan tribunas, influencia y micrófonos como si no tuvieran nada que explicar.
Se cumple un nuevo aniversario de aquel 24 de marzo y la Argentina sigue sosteniendo una herida abierta, no por falta de memoria sino por el uso sectario, ideologizado y deshonesto que se hizo de nuestra historia. Mientras se consolidó un relato funcional a la revancha, centenares de hombres envejecieron, enfermaron y murieron sometidos a procesos interminables, prisiones arbitrarias y criterios de excepción incompatibles con una república seria.
Las cifras nos deben interpelar a todos los argentinos de bien. Ya son 969 los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad fallecidos en cautiverio o bajo proceso judicial. Las edades van de los 60 a los 103 años, la edad promedio de los detenidos en la actualidad es de 81 años y 95 de los encarcelados superan hoy los 70 años de edad. En más de 400 casos, la prisión preventiva se excedió del máximo de 2 años que indica la ley, registrando un promedio de 10,7 años y llegando a superar los 16 años de prisión preventiva en 33 casos.
Estas cifras no son simbólicas ni producto de la fantasía. Son las que, en democracia, consiguieron imponer los organismos y asociaciones que desnaturalizaron la causa de los derechos humanos, presionando y
condicionando a la Justicia, de la mano de numerosos dirigentes políticos, varios de ellos recientemente condenados por corrupción, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner.
A partir de 2003, lo que siguió no fue justicia, sino una profunda degradación política, jurídica y moral. Se torció el derecho hasta vaciarlo de sentido, se demolieron garantías básicas y se consolidó una maquinaria de persecución selectiva. En torno de esa tragedia, además, se construyó un sistema de reconocimientos indebidos, indemnizaciones sumamente cuestionables en algunos casos, manipulación política y corrupción. Esto no solo degradó a la Justicia, sino que también desnaturalizó reclamos que pudieron haber tenido legitimidad en su punto de partida.
“Esta no es la forma de honrar a las 8.961 víctimas registradas por la CONADEP, ni a los millones de argentinos víctimas del terror sembrado por los ejércitos revolucionarios impulsados desde la dictadura cubana. No se los honra persiguiendo ancianos de más de 80 años, mientras sonríen en libertad criminales como Firmenich que llenaron de sangre, bombas y miedo a toda la Argentina”, señaló Santiago Lucero Torres, presidente del Foro Argentino de Defensa. “Convocamos a la conciencia de los argentinos, de nuestros dirigentes y autoridades, incluyendo también a aquellos familiares de quienes fueron muertos o desaparecidos durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, así como en los sucesivos gobiernos militares, y que, aun desde el dolor más profundo, comprendan que el cierre dado hasta hoy a esta tragedia no constituye una solución justa ni ofrece una verdad completa para buena parte de la sociedad argentina. Nuestro país todavía está a tiempo de elegir entre seguir profundizando esta hipocresía o animarse, de una vez, a cerrar esta etapa con verdad, justicia igual para todos y la estatura moral necesaria para mirar hacia el futuro sin mentiras, sin privilegios y sin odios heredados”, agregó Lucero Torres.
Persistir en esta farsa sería una muestra más de cobardía moral, política e institucional. La Argentina necesita comenzar a cerrar sus heridas sobre bases firmes y honestas, no sobre relatos parciales, venganzas disfrazadas de justicia ni silencios convenientes. Remediar tanta injusticia mientras todavía se está a tiempo no implica olvidar ni negar el dolor de nadie, sino asumir con grandeza que no puede haber reconciliación verdadera sin verdad completa ni paz duradera sin una justicia que alcance a todos por igual.
Foro Argentino de Defensa
Asociación Civil
www.fadefensa.com.ar
ENVIADO POR LA UNIÓN DE PROMOCIONES
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 23, 2026