La presentación realizada por el episcopado sobre la apertura de esos archivos abre muchas esperanzas pero también numerosas inquietudes. Si bien podrán tener acceso las “víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus Superiores mayores”, en ese mismo acto la Iglesia ignora a otras personas que fueron víctimas de las organizaciones terroristas en los períodos 70’. Esas “otras víctimas”, olvidadas y silenciosas, no son reconocidas ni por la justicia, ni por el gobierno argentino, ni por la Iglesia Católica. La declaración “No hay que tenerle miedo a los archivos de la dictadura” debe hacerse realidad porque lo contrario significaría que verdad, paz y justicia no tienen el mismo valor o no son iguales para todos los ciudadanos ante las autoridades religiosas.
La preocupación mayor es que las informaciones parciales, selectivas, determinadas en un espacio preciso[1], de imposible validación, pueden contribuir aún más a dividir la sociedad. Para algunos confortará su comprensión cristina, humanista, y para otros aumentará la idea de injusticia y de revancha. Es un futuro incierto y nadie puede asegurar lo contrario. Numerosas fueron las reservas, críticas [U3] negativas y hasta acusaciones[U4] de representantes de las ONG autodenominadas de derechos humanos con la apertura de esos archivos.
La agencia Aica, precisa que Monseñor Malfa, puntualizó: “Hemos privilegiado la relación entre la documentación que se dispone, el material de archivo, con las víctimas, con un sentido de reparación. Esto tiene un alto sentido de reparación, para la búsqueda de su verdad y de su historia, además de la historia nacional”. ¿Cuál es el significado de esas afirmaciones? Sabiendo que las personas a quien están destinados estos archivos, ya se beneficiaron de reparaciones económicas, se les reconoció socialmente su historia y hasta su verdad judicial, sin las exigencias que requieren las ciencias jurídicas y sociales. ¿Es una deuda que la Iglesia tiene únicamente con un sector de la sociedad argentina?
Si bien esa metodología, determina un tratamiento de diferenciación con las “otras víctimas” que no están integradas como beneficiarias en esta apertura de los archivos, la Iglesia Católica (CEA/Vaticano), puede unilateralmente reconocerlas como víctimas para que sus historias, sus vidas, puedan encontrar un sentimiento de justicia, que tendrá un valor mucho más profundo, que las indemnizaciones que los beneficiarios de estos archivos de la dictadura, recibieron por parte del gobierno. Ese reconocimiento, sería hacer realidad las palabras de Monseñor Arancedo: “Es una historia que está por hacerse”, fijemos los primeros pilares, pasando al acto.
El comunicado CEA-Vaticano, dice: “Se desea subrayar que este trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino”. En ese documento los firmantes reconocen un contexto conocido por todos pero que los gobiernos sucesivos niegan: existe un desencuentro del pueblo argentino por una situación jurídica y política de mentira, de injusticia y de conflicto social. La división de la sociedad es una realidad, entre el poder judicial, el gobierno nacional y numerosos prisioneros políticos (agentes del estado, sacerdotes, magistrados, profesiones liberales, esposas…) representando la sociedad y las instituciones del Estado de los años 70’ a quienes se les violan sus derechos humanos y son ilegalmente perseguidas por la justicia. El silencio de la iglesia es preocupante porque también conciernen valores de justicia, que contribuirán a la verdad de la historia.
Además, el comunicado declara un deseo, porque no se puede afirmar de continuar con algo que jamás se inició. No existe públicamente con la CEA-Vaticano un diálogo que involucre todas las partes del conflicto (incluyendo los prisioneros políticos), que se reúnan para conversaciones directas, sin condiciones, con el objetivo verdadero de pacificar la sociedad argentina y así poner en práctica la cultura del diálogo y del encuentro.
Monseñor Arancedo declaró que no se puede hablar de “complicidad” de la Iglesia con la dictadura militar, pero reconoce que “la Iglesia no hizo todo lo que pudo y, eso es cierto, y pedimos perdón”. Nadie puede poner en duda la acción pastoral de la Iglesia, el aporte de valores humanos, morales, educativos…en la construcción del Estado-Nación, y del pueblo argentino. Pero, tampoco se puede afirmar la ausencia de una complicidad pasiva, involuntaria o por omisión. Además, fuera de un análisis bíblico, filosófico o jurídico, el auto-perdón no exculpa de responsabilidades, ni es causalidad en un proceso de falta-justicia. Si perdonar tiene un significado de disculpar a alguien que nos ofendió, el perdón viene del otro, que deja pasar una ofensa ¿A quién la Iglesia solicita el perdón y cuáles son las faltas o actos cometidos? Hacemos votos para que las víctimas en general otorguen el perdón solicitado.
Finalmente, si la verdad es un camino a la justicia y a la reconciliación:
Porque los archivos no pueden ser públicos, generales, que incluyan períodos de gobiernos democráticos de los 60-70, donde se ponga a disposición la documentación correspondiente a la relación de la CEA, de las autoridades eclesiásticas, con el gobierno militar del período que menciona los archivos.
Así como la iglesia tuvo muchas heridas,muchas muertes dentro de la propia Iglesia que la sociedad y la historia debe conocer, también en nombre de “un servicio a la Patria, para la reconciliación de los argentinos“, se debe conocer los miembros de la iglesia católica que participaron en la lucha armada o apoyando a organizaciones armadas clandestinas. En otros países de América Latina muchos fueron los casos conocidos.
Que impide a la CEA/Vaticano, la iglesia católica, desde sus valores éticos, morales, reconocer como víctimas a las personas que fueron el blanco de las organizaciones terroristas de los años 70’. No sería ni un reconocimiento jurídico ni político.
Porque si el Vaticano y las autoridades de la iglesia católica en sus respectivos países, intervienen en los conflictos internos, por ejemplo Venezuela, el acercamiento de Cuba con USA, esas mismas autoridades no tienen análogas voluntades en el caso argentino.
“…la verdad siempre ilumina, aunque duela” siguiendo las palabras del Cardenal Poli.
[1] Se ignora por ejemplo los archivos de la CEA/Vaticano en relaciona a las victimas que dejó la violencia armada durante los diversos gobiernos (de facto y constitucionales) de los 70’.
En dos documentos, que asignan a la información el carácter de oficial, la Conferencia Episcopal Argentina y de la Santa Sede, hacen mención de la apertura de los archivos relacionados con la última dictadura militar. Uno es el Comunicado conjunto Santa Sede – Conferencia Episcopal Argentina[U1] y el otro, el artículo publicado por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), titulado: Archivos de la dictadura: la CEA asegura que servirá para la reconciliación[U2]
La presentación realizada por el episcopado sobre la apertura de esos archivos abre muchas esperanzas pero también numerosas inquietudes. Si bien podrán tener acceso las “víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus Superiores mayores”, en ese mismo acto la Iglesia ignora a otras personas que fueron víctimas de las organizaciones terroristas en los períodos 70’. Esas “otras víctimas”, olvidadas y silenciosas, no son reconocidas ni por la justicia, ni por el gobierno argentino, ni por la Iglesia Católica. La declaración “No hay que tenerle miedo a los archivos de la dictadura” debe hacerse realidad porque lo contrario significaría que verdad, paz y justicia no tienen el mismo valor o no son iguales para todos los ciudadanos ante las autoridades religiosas.
La preocupación mayor es que las informaciones parciales, selectivas, determinadas en un espacio preciso[1], de imposible validación, pueden contribuir aún más a dividir la sociedad. Para algunos confortará su comprensión cristina, humanista, y para otros aumentará la idea de injusticia y de revancha. Es un futuro incierto y nadie puede asegurar lo contrario. Numerosas fueron las reservas, críticas [U3] negativas y hasta acusaciones[U4] de representantes de las ONG autodenominadas de derechos humanos con la apertura de esos archivos.
La agencia Aica, precisa que Monseñor Malfa, puntualizó: “Hemos privilegiado la relación entre la documentación que se dispone, el material de archivo, con las víctimas, con un sentido de reparación. Esto tiene un alto sentido de reparación, para la búsqueda de su verdad y de su historia, además de la historia nacional”. ¿Cuál es el significado de esas afirmaciones? Sabiendo que las personas a quien están destinados estos archivos, ya se beneficiaron de reparaciones económicas, se les reconoció socialmente su historia y hasta su verdad judicial, sin las exigencias que requieren las ciencias jurídicas y sociales. ¿Es una deuda que la Iglesia tiene únicamente con un sector de la sociedad argentina?
Si bien esa metodología, determina un tratamiento de diferenciación con las “otras víctimas” que no están integradas como beneficiarias en esta apertura de los archivos, la Iglesia Católica (CEA/Vaticano), puede unilateralmente reconocerlas como víctimas para que sus historias, sus vidas, puedan encontrar un sentimiento de justicia, que tendrá un valor mucho más profundo, que las indemnizaciones que los beneficiarios de estos archivos de la dictadura, recibieron por parte del gobierno. Ese reconocimiento, sería hacer realidad las palabras de Monseñor Arancedo: “Es una historia que está por hacerse”, fijemos los primeros pilares, pasando al acto.
El comunicado CEA-Vaticano, dice: “Se desea subrayar que este trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino”. En ese documento los firmantes reconocen un contexto conocido por todos pero que los gobiernos sucesivos niegan: existe un desencuentro del pueblo argentino por una situación jurídica y política de mentira, de injusticia y de conflicto social. La división de la sociedad es una realidad, entre el poder judicial, el gobierno nacional y numerosos prisioneros políticos (agentes del estado, sacerdotes, magistrados, profesiones liberales, esposas…) representando la sociedad y las instituciones del Estado de los años 70’ a quienes se les violan sus derechos humanos y son ilegalmente perseguidas por la justicia. El silencio de la iglesia es preocupante porque también conciernen valores de justicia, que contribuirán a la verdad de la historia.
Además, el comunicado declara un deseo, porque no se puede afirmar de continuar con algo que jamás se inició. No existe públicamente con la CEA-Vaticano un diálogo que involucre todas las partes del conflicto (incluyendo los prisioneros políticos), que se reúnan para conversaciones directas, sin condiciones, con el objetivo verdadero de pacificar la sociedad argentina y así poner en práctica la cultura del diálogo y del encuentro.
Monseñor Arancedo declaró que no se puede hablar de “complicidad” de la Iglesia con la dictadura militar, pero reconoce que “la Iglesia no hizo todo lo que pudo y, eso es cierto, y pedimos perdón”. Nadie puede poner en duda la acción pastoral de la Iglesia, el aporte de valores humanos, morales, educativos…en la construcción del Estado-Nación, y del pueblo argentino. Pero, tampoco se puede afirmar la ausencia de una complicidad pasiva, involuntaria o por omisión. Además, fuera de un análisis bíblico, filosófico o jurídico, el auto-perdón no exculpa de responsabilidades, ni es causalidad en un proceso de falta-justicia. Si perdonar tiene un significado de disculpar a alguien que nos ofendió, el perdón viene del otro, que deja pasar una ofensa ¿A quién la Iglesia solicita el perdón y cuáles son las faltas o actos cometidos? Hacemos votos para que las víctimas en general otorguen el perdón solicitado.
Finalmente, si la verdad es un camino a la justicia y a la reconciliación:
Porque los archivos no pueden ser públicos, generales, que incluyan períodos de gobiernos democráticos de los 60-70, donde se ponga a disposición la documentación correspondiente a la relación de la CEA, de las autoridades eclesiásticas, con el gobierno militar del período que menciona los archivos.
Así como la iglesia tuvo muchas heridas, muchas muertes dentro de la propia Iglesia que la sociedad y la historia debe conocer, también en nombre de “un servicio a la Patria, para la reconciliación de los argentinos“, se debe conocer los miembros de la iglesia católica que participaron en la lucha armada o apoyando a organizaciones armadas clandestinas. En otros países de América Latina muchos fueron los casos conocidos.
Que impide a la CEA/Vaticano, la iglesia católica, desde sus valores éticos, morales, reconocer como víctimas a las personas que fueron el blanco de las organizaciones terroristas de los años 70’. No sería ni un reconocimiento jurídico ni político.
Porque si el Vaticano y las autoridades de la iglesia católica en sus respectivos países, intervienen en los conflictos internos, por ejemplo Venezuela, el acercamiento de Cuba con USA, esas mismas autoridades no tienen análogas voluntades en el caso argentino.
“…la verdad siempre ilumina, aunque duela” siguiendo las palabras del Cardenal Poli.
Buenos días, 27 octubre 2016
Colectivo por la defensa de los Derechos Humanos de las personas Privadas de la Libertad y Acceso a la Justicia
www.ddhhpp.org