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Este instrumento, aprobado en 2007, tiene como principal objetivo la reinserción social de los jóvenes entre 14 y 18 años a través de programas especiales para romper las carreras delincuenciales. Bajo ese esquema, las privativas de libertad solo son “para delitos más graves”. El parlamentario sostiene en un video colgado en sus redes que su proyecto no altera en “esencia” la RPA sino que “busca hacerse cargo de aquellos problemas que tiene el sistema de persecución penal”.

Araya considera que con la mencionada ley, los jóvenes no han recibido “sanciones ejemplificadoras”, por lo que son “altamente prolíficos en la comisión de delitos”, “se pasean por los tribunales de justicia” y “no tiene temor al sistema”. Al catalogar los delitos que acarrearían sanción judicial como adultos incluye homicidios, secuestros y robos violentos de vehículos, por lo que perderían los “beneficios que tiene la RPA”.

“Frente a la crisis de seguridad que vive el país, se requieren medidas extraordinarias”, aseguró.

Esta semana, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana Chile, el índice de personas que creen que la delincuencia aumentó en el país superó el 90 % y alcanzó un máximo histórico.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, dijo en una entrevista de Radio Universo que la discusión que ha traído al debate Araya es “antigua”. Recordó que en enero de este año se creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, a través de una ley aprobada en el Parlamento, que busca la “eliminación progresiva” del Servicio Nacional de Menores (Sename), creado en 1979.

Este mecanismo, que se aplicará gradualmente en varias regiones chilenas hasta 2026, “es una apuesta por tener fiscales y jueces especializados en materia de jóvenes infractores de ley”, aseveró el titular de Justicia.

“Es una de las reformas más significativas después de la RPA”, agregó.

Cordero expresó que Araya “está reabriendo una discusión que el Congreso cerró en enero de este año” y, aunque la considera “legítima”, ya se hizo.