El robo en la vivienda de Maya Fernández, ministra de Defensa de Chile, y el asalto a un escolta presidencial, que además fue secuestrado y baleado, ha obligado al Ejecutivo a analizar las medidas de seguridad para proteger a los miembros del gabinete del mandatario Gabriel Boric, en un contexto de aumento de la violencia y de hechos delictivos contra la población.
Maya Fernández
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, informó que este lunes se discutiría dentro del Comité Político el tema de la seguridad, “que está dentro de las preocupaciones” para garantizar la protección tanto de los miembros del tren ministerial como de la ciudadanía. Jackson aseveró que “el foco” de todas las “acciones y esfuerzos” se centran en los ciudadanos para garantizarles que “no van a ser violentados en la calle” y que “no van a sufrir robos”.
Según el ministro de la Secretaría, la propuesta de seguridad dirigida a la población también pasa por la defensa de sus derechos ante las empresas, al acceso a la salud, a la educación y a una pensión digna.
La noche del viernes dos sucesos aparentemente relacionados con la delincuencia, y que aún son investigados, afectaron al entorno cercano del mandatario chileno. Uno de ellos fue el robo en el domicilio de la ministra Maya Fernández, según se informó en un comunicado de esa cartera, que aclaró que la familia de la funcionaria se encontraba en “buenas condiciones de salud” tras el suceso.
Cuando ocurrió el asalto, Fernández no estaba en su residencia, situada en la comuna de Ñuñoa, mientras que su esposo y su hijo sí. Ambos fueron sometidos por los desconocidos, que huyeron del lugar a bordo de un vehículo de propiedad familiar.
Al sitió acudió el fiscal de flagrancia del Ministerio Público, que entregó la diligencias del caso a Carabineros para que trabaje de manera conjunta con la Policía de Investigaciones. Posteriormente, el carro sustraído del domicilio de la ministra fue hallado en la comuna de Peñalolén por integrantes del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV).
El otro hecho violento ocurrió cuando un sargento de Carabineros, que iba en auto desde la comuna de San Miguel al Palacio de la Moneda, fue abordado por tres desconocidos que lo retuvieron y lo trasladaron hasta la comuna Colina, a 30 kilómetros. El funcionario policial recibió un disparo en el brazo y fue despojado del vehículo. Según un reporte, lo llevaron al hospital y se encuentra fuera de riesgo vital.
La preocupación que ha mostrado el secretario de la Presidencia por la ciudadanía se relaciona con actos violentos que han afectado a la población. Hace una semana, por ejemplo, se reportó la muerte de una niña de 13 años que recibió un impacto de bala en la cabeza mientras viajaba en un automóvil en la región de Ñuble, en el centro del país. Ahora ahora las autoridades investigan lo ocurrido.
Este deceso se unió al de la periodista Francisca Sandoval, quien el pasado jueves falleció después de que fuera baleada el 1 de mayo durante una marcha por el Día del Trabajador, en la que ocurrieron enfrentamientos entre manifestantes y vendedores ambulantes.
Boric
Sobre el incremento de los incidentes violentos, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, escribió en un trino que era “el momento en que todas las instituciones” del país redoblaran “los esfuerzos para prevenir el delito y enfrentar la inseguridad”. Vergara recalcó que desde el Ejecutivo se ha pedido ir a las “poblaciones, barrios y comunas” para garantizar la seguridad y “enfrentar la criminalidad y delincuencia sin distinción”
“No puede ser que en Chile hablemos de seguridad, y llegue a ser sinónimo de desigualdad”, agregó. En su opinión, es una equivocación pensar que los problemas pueden solucionarse con más funcionarios policiales porque “el fenómeno es mucho más complejo”. Vergara ha sido enfático al afirmar que este es “sin duda el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia”.
Del mismo modo, Boric apuntó al estallido social como causa de la violencia y cuestionó lo expresado por el expresidente Sebastián Piñera, quien aseguró que su país era un ‘oasis’ en América Latina. “Esta idea que Chile era una excepción y no teníamos los problemas del resto, yo creo que era falsa”, sostuvo. Al hablar del estallido social, los analistas se refieren al descontento y la deuda social en materia de educación, salud, pensiones, vivienda y servicios. Sin embargo, el tema transversal que se intensificó con la pandemia fue la exigencia de una respuesta estatal ante el aumento de la pobreza y la desigualdad.
Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el índice de pobreza llegó a 10,8 % de la población en 2020, más de dos puntos porcentuales por encima de 2017. Esto indica que en el país suramericano la cifra pasó de 1.528.284 personas en esa situación de precariedad, a 2.112.185. En cuanto a la desigualdad, tan solo 1 % de los hogares posee un cuarto de la riqueza de ese país, mientras que el 50 % de las familias más pobres posee el 2,1 %.
Al centrar la atención en otros indicadores como los homicidios, se percibe que, aunque no es la más alta de la región, la incidencia de hechos con armas de fuego preocupa a las autoridades. En 2021 hubo 695 procedimientos policiales por homicidios en el país, según la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Unidad de Investigación. Con respecto a la circulación de armas, Carabineros reportó que hasta principios de mayo de este año se decomisaron 1.008 artefactos de este tipo, se desarticularon 284 bandas de crimen organizado y se incautaron 7.586 kilos de droga.
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El robo en la vivienda de Maya Fernández, ministra de Defensa de Chile, y el asalto a un escolta presidencial, que además fue secuestrado y baleado, ha obligado al Ejecutivo a analizar las medidas de seguridad para proteger a los miembros del gabinete del mandatario Gabriel Boric, en un contexto de aumento de la violencia y de hechos delictivos contra la población.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, informó que este lunes se discutiría dentro del Comité Político el tema de la seguridad, “que está dentro de las preocupaciones” para garantizar la protección tanto de los miembros del tren ministerial como de la ciudadanía. Jackson aseveró que “el foco” de todas las “acciones y esfuerzos” se centran en los ciudadanos para garantizarles que “no van a ser violentados en la calle” y que “no van a sufrir robos”.
Según el ministro de la Secretaría, la propuesta de seguridad dirigida a la población también pasa por la defensa de sus derechos ante las empresas, al acceso a la salud, a la educación y a una pensión digna.
La noche del viernes dos sucesos aparentemente relacionados con la delincuencia, y que aún son investigados, afectaron al entorno cercano del mandatario chileno. Uno de ellos fue el robo en el domicilio de la ministra Maya Fernández, según se informó en un comunicado de esa cartera, que aclaró que la familia de la funcionaria se encontraba en “buenas condiciones de salud” tras el suceso.
Cuando ocurrió el asalto, Fernández no estaba en su residencia, situada en la comuna de Ñuñoa, mientras que su esposo y su hijo sí. Ambos fueron sometidos por los desconocidos, que huyeron del lugar a bordo de un vehículo de propiedad familiar.
Al sitió acudió el fiscal de flagrancia del Ministerio Público, que entregó la diligencias del caso a Carabineros para que trabaje de manera conjunta con la Policía de Investigaciones. Posteriormente, el carro sustraído del domicilio de la ministra fue hallado en la comuna de Peñalolén por integrantes del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV).
El otro hecho violento ocurrió cuando un sargento de Carabineros, que iba en auto desde la comuna de San Miguel al Palacio de la Moneda, fue abordado por tres desconocidos que lo retuvieron y lo trasladaron hasta la comuna Colina, a 30 kilómetros. El funcionario policial recibió un disparo en el brazo y fue despojado del vehículo. Según un reporte, lo llevaron al hospital y se encuentra fuera de riesgo vital.
La preocupación que ha mostrado el secretario de la Presidencia por la ciudadanía se relaciona con actos violentos que han afectado a la población. Hace una semana, por ejemplo, se reportó la muerte de una niña de 13 años que recibió un impacto de bala en la cabeza mientras viajaba en un automóvil en la región de Ñuble, en el centro del país. Ahora ahora las autoridades investigan lo ocurrido.
Este deceso se unió al de la periodista Francisca Sandoval, quien el pasado jueves falleció después de que fuera baleada el 1 de mayo durante una marcha por el Día del Trabajador, en la que ocurrieron enfrentamientos entre manifestantes y vendedores ambulantes.
Sobre el incremento de los incidentes violentos, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, escribió en un trino que era “el momento en que todas las instituciones” del país redoblaran “los esfuerzos para prevenir el delito y enfrentar la inseguridad”. Vergara recalcó que desde el Ejecutivo se ha pedido ir a las “poblaciones, barrios y comunas” para garantizar la seguridad y “enfrentar la criminalidad y delincuencia sin distinción”
“No puede ser que en Chile hablemos de seguridad, y llegue a ser sinónimo de desigualdad”, agregó. En su opinión, es una equivocación pensar que los problemas pueden solucionarse con más funcionarios policiales porque “el fenómeno es mucho más complejo”. Vergara ha sido enfático al afirmar que este es “sin duda el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia”.
Del mismo modo, Boric apuntó al estallido social como causa de la violencia y cuestionó lo expresado por el expresidente Sebastián Piñera, quien aseguró que su país era un ‘oasis’ en América Latina. “Esta idea que Chile era una excepción y no teníamos los problemas del resto, yo creo que era falsa”, sostuvo. Al hablar del estallido social, los analistas se refieren al descontento y la deuda social en materia de educación, salud, pensiones, vivienda y servicios. Sin embargo, el tema transversal que se intensificó con la pandemia fue la exigencia de una respuesta estatal ante el aumento de la pobreza y la desigualdad.
Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el índice de pobreza llegó a 10,8 % de la población en 2020, más de dos puntos porcentuales por encima de 2017. Esto indica que en el país suramericano la cifra pasó de 1.528.284 personas en esa situación de precariedad, a 2.112.185. En cuanto a la desigualdad, tan solo 1 % de los hogares posee un cuarto de la riqueza de ese país, mientras que el 50 % de las familias más pobres posee el 2,1 %.
Al centrar la atención en otros indicadores como los homicidios, se percibe que, aunque no es la más alta de la región, la incidencia de hechos con armas de fuego preocupa a las autoridades. En 2021 hubo 695 procedimientos policiales por homicidios en el país, según la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Unidad de Investigación. Con respecto a la circulación de armas, Carabineros reportó que hasta principios de mayo de este año se decomisaron 1.008 artefactos de este tipo, se desarticularon 284 bandas de crimen organizado y se incautaron 7.586 kilos de droga.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 17, 2022