La señora Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, fue juzgada respetando estrictamente las garantías del debido proceso, los pilares del Estado de Derecho, el principio de legalidad y el conjunto de garantías constitucionales y convencionales. Fue condenada, con sentencia firme, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por hechos de corrupción que deberían encuadrarse conforme al artículo 29 de la Constitución Nacional. Sin embargo, no ha pasado un solo día en una unidad penitenciaria.
Ninguna autoridad judicial, policial ni penitenciaria se atrevió a tratar a la Sra. Fernández como lo que jurídicamente es: una condenada penal. Esos funcionarios —por órdenes superiores o intereses personales— tomaron sus huellas dactilares y le colocaron una pulsera electrónica en secreto, sin registros públicos ni control efectivo alguno.
Muy lejos de padecer alguna restricción concreta, CFK conserva una custodia policial personalizada, mantiene una vida social activa y un protagonismo político constante. Difunde comunicados, se expresa en redes sociales, organiza actos, recibe visitas cotidianas. Vive con absoluta libertad pese a su condena, construyendo la imagen de víctima política, mientras ignora abiertamente lo que la justicia le impuso.
Además, cuenta con el respaldo sistemático de funcionarios, legisladores, sindicalistas, organismos de derechos humanos, periodistas, académicos e incluso figuras extranjeras que reclaman la nulidad de su juicio. Lo que fue una sentencia judicial, se transformó en un hecho político. El sistema judicial no sólo tolera esta desobediencia, sino que con su silencio cómplice legitima la impunidad. ¿Quién supervisa efectivamente su condena? ¿Qué poder controla su inhabilitación perpetua?
Hoy, la presencia de CFK en los medios es masiva. Su situación judicial atraviesa todos los debates políticos. Su condena divide la opinión pública, mientras el discurso de la victimización se impone. Sus seguidores presionan al Poder Judicial, al gobierno y a organismos internacionales. Actúan como traficantes de ideas, ladrones de palabras, e intentan constituirse en una élite intelectual que determine la metafísica de la sociedad.
Mientras tanto, adultos mayores de 70, 80 y hasta más años, con graves enfermedades crónicas, muchos con movilidad reducida, son arbitrariamente procesados y condenados por presuntos delitos de lesa humanidad. A ellos, el Estado les niega todas las garantías que se respetaron para CFK. Se violaron principios de legalidad, debido proceso y equidad. La regla jurídica fue la excepción permanente. Se ignoraron pactos internacionales como el PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), la Convención de Viena, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional fue abiertamente despreciado.
La imparcialidad, objetividad e independencia judicial fueron reemplazadas por procesos espectaculares, acusaciones infundadas y sentencias prescritas. Los jueces federales emitieron decisiones políticas sobre asuntos jurídicos. Nada de esto ocurrió en el caso de CFK, donde los jueces eran presentados como sus enemigos. Esos mismos jueces son ovacionados si condenan a un adulto mayor, militar retirado y vulnerable.
Muchos de estos ex agentes estatales hoy están recluidos sin la atención médica adecuada. Otros, en prisión domiciliaria, son vigilados con pulseras electrónicas que limitan drásticamente su vida familiar y personal. Si uno de ellos recibe visitas, habla con un vecino, escucha música o tiene un retraso médico, se activa el aparato represivo: revocación inmediata de la domiciliaria y reclusión carcelaria. Se les prohíbe expresarse públicamente, participar en redes sociales o tener voz política. Todo es considerado “una amenaza social”. En estos casos, la justicia actúa con una severidad implacable, sabiendo que no enfrentará protestas, marchas, ONG, ni comunicados de figuras influyentes.
Los adultos mayores acusados o condenados por lesa humanidad son, de hecho, presos políticos. Pero la justicia, los medios y los organismos de derechos humanos se niegan a reconocerlo. Se les niega el principio de igualdad ante la ley. No hay campañas globales, ni Amnistía Internacional, ni editoriales de prensa que condenen este trato inhumano y discriminatorio. La justicia se vuelve arbitraria cuando, bajo apariencia de legalidad, impone regímenes de excepción para unos y beneficios plenos para otros.
Nosotros, adultos mayores detenidos en la Unidad 34 y bajo prisión domiciliaria, exigimos igualdad ante la ley. Exigimos el retiro inmediato de las pulseras electrónicas, instrumentos de control inhumanos y degradantes. Exigimos el derecho a expresarnos libremente, a recibir visitas sin restricciones, a participar en la vida política, a vivir con la misma libertad que hoy disfruta impunemente la señora Cristina Fernández de Kirchner.
Nosotros, sí, somos las verdaderas víctimas del poder judicial. No somos enemigos de la justicia; luchamos contra la injusticia de nuestro encierro, nuestro silencio forzado y nuestra invisibilizarían sistemática.
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La señora Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, fue juzgada respetando estrictamente las garantías del debido proceso, los pilares del Estado de Derecho, el principio de legalidad y el conjunto de garantías constitucionales y convencionales. Fue condenada, con sentencia firme, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por hechos de corrupción que deberían encuadrarse conforme al artículo 29 de la Constitución Nacional. Sin embargo, no ha pasado un solo día en una unidad penitenciaria.
Ninguna autoridad judicial, policial ni penitenciaria se atrevió a tratar a la Sra. Fernández como lo que jurídicamente es: una condenada penal. Esos funcionarios —por órdenes superiores o intereses personales—
tomaron sus huellas dactilares y le colocaron una pulsera electrónica en secreto, sin registros públicos ni control efectivo alguno.
Muy lejos de padecer alguna restricción concreta, CFK conserva una custodia policial personalizada, mantiene una vida social activa y un protagonismo político constante. Difunde comunicados, se expresa en redes sociales, organiza actos, recibe visitas cotidianas. Vive con absoluta libertad pese a su condena, construyendo la imagen de víctima política, mientras ignora abiertamente lo que la justicia le impuso.
Además, cuenta con el respaldo sistemático de funcionarios, legisladores, sindicalistas, organismos de derechos humanos, periodistas, académicos e incluso figuras extranjeras que reclaman la nulidad de su juicio. Lo que fue una sentencia judicial, se transformó en un hecho político. El sistema judicial no sólo tolera esta desobediencia, sino que con su silencio cómplice legitima la impunidad. ¿Quién supervisa efectivamente su condena? ¿Qué poder controla su inhabilitación perpetua?
Hoy, la presencia de CFK en los medios es masiva. Su situación judicial atraviesa todos los debates políticos. Su condena divide la opinión pública, mientras el discurso de la victimización se impone. Sus seguidores presionan al Poder Judicial, al gobierno y a organismos internacionales. Actúan como traficantes de ideas, ladrones de palabras, e intentan constituirse en una élite intelectual que determine la metafísica de la sociedad.
Mientras tanto, adultos mayores de 70, 80 y hasta más años, con graves enfermedades crónicas, muchos con movilidad reducida, son arbitrariamente procesados y condenados por presuntos delitos de lesa humanidad. A ellos, el Estado les niega todas las garantías que se respetaron para CFK. Se violaron principios de legalidad, debido proceso y equidad. La regla jurídica fue la excepción permanente. Se ignoraron pactos internacionales como el PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), la Convención de Viena, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional fue abiertamente despreciado.
La imparcialidad, objetividad e independencia judicial fueron reemplazadas por procesos espectaculares, acusaciones infundadas y sentencias prescritas. Los jueces federales emitieron decisiones políticas sobre asuntos jurídicos. Nada de esto ocurrió en el caso de CFK, donde los jueces eran presentados como sus enemigos. Esos mismos jueces son ovacionados si condenan a un adulto mayor, militar retirado y vulnerable.
Muchos de estos ex agentes estatales hoy están recluidos sin la atención médica adecuada. Otros, en prisión domiciliaria, son vigilados con pulseras electrónicas que limitan drásticamente su vida familiar y personal. Si uno de ellos recibe visitas, habla con un vecino, escucha música o tiene un retraso médico, se activa el aparato represivo: revocación inmediata de la domiciliaria y reclusión carcelaria. Se les prohíbe expresarse públicamente, participar en redes sociales o tener voz política. Todo es considerado “una amenaza social”. En
estos casos, la justicia actúa con una severidad implacable, sabiendo que no enfrentará protestas, marchas, ONG, ni comunicados de figuras influyentes.
Los adultos mayores acusados o condenados por lesa humanidad son, de hecho, presos políticos. Pero la justicia, los medios y los organismos de derechos humanos se niegan a reconocerlo. Se les niega el principio de igualdad ante la ley. No hay campañas globales, ni Amnistía Internacional, ni editoriales de prensa que condenen este trato inhumano y discriminatorio. La justicia se vuelve arbitraria cuando, bajo apariencia de legalidad, impone regímenes de excepción para unos y beneficios plenos para otros.
Nosotros, adultos mayores detenidos en la Unidad 34 y bajo prisión domiciliaria, exigimos igualdad ante la ley. Exigimos el retiro inmediato de las pulseras electrónicas, instrumentos de control inhumanos y degradantes. Exigimos el derecho a expresarnos libremente, a recibir visitas sin restricciones, a participar en la vida política, a vivir con la misma libertad que hoy disfruta impunemente la señora Cristina Fernández de Kirchner.
Nosotros, sí, somos las verdaderas víctimas del poder judicial. No somos enemigos de la justicia; luchamos contra la injusticia de nuestro encierro, nuestro silencio forzado y nuestra invisibilizarían sistemática.
Hasta la libertad final.
Campo de Mayo, ARGENTINA
Los Muertos Vivos
@MuertosVivosU34
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 14, 2025
Tags: Cristina Elisabet Fernández de KirchnerRelated Posts
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Way to go, humans!
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Y hay muchos que mueren ahorcados porque se les enrolla en el cuello y cuando crecen se estrangulan
Estan terminando con la especie humana, miren si nos vamos a asombrar por los camellos.
We are the real beasts
Ya no nos alcanza con tirar cosas al mar
parece que lo hacemos a proposito