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Este lunes comenzaron las audiencias en las que se revisará, en última instancia, la causa abierta en contra de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de corrupción en la asignación de una obra pública.

En la primera de las citas judiciales por el caso ‘Vialidad’, el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, pidió elevar la condena a la exmandataria de 6 a 12 años de prisión, por considerarla jefa de una asociación ilícita.   

En particular, a Fernández de Kirchner se le imputa el cargo de lavado de activos, que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría cometido al alquilar propiedades y plazas hoteleras a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, por medio de las sociedades Hotesur y Los Sauces, radicadas en la provincia de Santa Cruz.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal sentenció a la exmandataria a seis años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tras haber sido encontrada culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, si bien la decisión fue apelada por su defensa.

En el juicio se le acusó de haber encabezado una asociación ilícita —delito desestimado en el fallo—  durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), lapso en el cual habría aprobado millonarios fondos de obras públicas a favor del Báez, quien, según la imputación, se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.

La exvicepresidenta rechazó y denunció irregularidades durante todo el proceso. Según su visión, la acusación fue montada en una “feroz campaña política y mediática” para perjudicarla. Mientras que el desarrollo del juicio, de acuerdo a su postura, se trató de una “ficción” basada en un “guión falso y bastante malo”. 

Fernández afirmó incluso que la condena en su contra “ya estaba escrita”. Y remarcó que el juicio no fue contra su figura sino contra “todo el peronismo” y “los gobiernos nacionales y populares”, con el objetivo de “disciplinar a los dirigentes políticos” para que no combatan a los poderes empresariales y mediáticos.   

Por lo pronto, la Fiscalía pidió que se duplique la pena emitida por el Tribunal Oral Federal N° 2 contra Fernández de Kirchner, al considerar que cometió “asociación ilícita” con Báez y ello amerita una pena de 12 años y no de seis, como prevé la sentencia de 2023. 

Del mismo modo, se conoció que las audiencias en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal estarán a cargo de los magistrados Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes tendrán hasta abril para decidir si confirman, revocan o agravan las penas dictadas a Fernández.

El próximo 7 de marzo, la defensa de la expresidenta deberá solicitar que se revoque la condena “por administración fraudulenta” y que se la absuelva debido a la aparente falta de pruebas directas. Además, los abogados expondrán que los togados actuaron de forma “arbitraria”.

En 2021, la Justicia de Argentina sobreseyó a varios miembros de la familia Kirchner –incluida la exvicepresidenta– por el llamado caso Hotesur y Los Sauces, pero el caso se reabrió en 2023, como también ocurrió con la causa que se le sigue por la firma de un memorando de entendimiento con Irán por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de la que había sido exonerada en 2021.