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El gobierno de Cuba anunció medidas de ahorro energético y restricciones, tras anunciar que en las próximas semanas volverá a escasear el combustible por dificultades financieras para su importación.

El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, informó en una comparecencia televisiva que en este momento hay “un nivel más reducido de combustibles”, lo que tendrá un “impacto real” en la situación económica del país, que atraviesa una grave crisis económica.

En este sentido Gil dijo que el gobierno ha realizado “una proyección” y se está “planificando al detalle” para el uso “más racional” del combustible en las próximas dos semanas. “La vida es dura, pero la única salida es la revolución y el socialismo”, argumentó el funcionario.

Indicó que las medidas de ahorro energético estarán dirigidas a asegurar “la vitalidad” de las principales actividades de la población y la economía como la agricultura, y áreas prioritarias como salud y turismo.

Reconoció que el transporte público sufrirá los efectos de las limitaciones de combustible y que se disminuirán y aplazarán algunas actividades sin carácter de urgencia.

No obstante, afirmó que Cuba no se encuentra en un escenario de “cero combustibles” y que la actual contingencia se va a conducir de manera “coherente” para que la afectación sea “más manejable”.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, explicó que Cuba consume unas 120.000 a 130.000 toneladas de combustible diésel mensualmente.

Advirtió que hay una situación “muy apretada” y “tensa” en estos días, y pronosticó que se producirán apagones diarios porque “no vamos a tener el nivel de combustible que necesitamos ni el que teníamos en meses anteriores”. Pero estimó que se prevé una mejoría para el próximo octubre.

En las últimas semanas los cortes en el suministro eléctrica se han incrementado, con apagones que llegan a afectar por momentos hasta el 27 % del país.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cubano se encuentra en una precaria situación, con sistemas de generación y distribución obsoletos y un déficit crónico de mantenimientos e inversiones.

Son frecuentes los fallos y los paros en las siete centrales termoeléctricas del país, infraestructuras con una media de unos 40 años de funcionamiento (por encima de su vida programada).

A esas contingencias se suman los problemas financieros del país para adquirir combustible y recursos en el extranjero en medio una situación de crisis económica que las autoridades califican de “muy compleja”.