En el comunicado adjunto de la Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad (leer informe completo aquí), se constatan preocupaciones y recomendaciones de la CIDH como también declaraciones sorprendentes de funcionarios argentinos, reconociendo violaciones a los derechos humanos de magistrados, procuradores…
Lamentablemente, durante la visita de la misión de la CIDH solamente se entrevistaron con los funcionarios oficiales y las asociaciones y las ONG próximas del gobierno. Ninguna asociación, familiares o abogados de los Prisioneros/Presos Políticos, pudieron obtener una entrevista.
Un breve resumen de las declaraciones comunicadas por la relatoría de los derechos de Personas Privadas de Libertad:
La Comisión Interamericana llama al Estado a implementar sistemas de gestión de la información judicial y penitenciaria en todos los centros de detención, a fin de que proporcionen datos actualizados y de fácil acceso sobre las causas y la situación de las personas privadas de su libertad en el país.
La Comisión observa que este aumento de población penitenciaria, ha llevado a que los centros carcelarios del país se encuentren en una situación de hacinamiento.
Respecto a la sobrepoblación: la Procuración Penitenciaria de la Nación ha señalado que ésta ha sido abordada por el Estado a través del ocultamiento de las reales dimensiones del problema y del incremento ficticio de plazas a partir del agregado de nuevos colchones.
Preocupa a esta Comisión Interamericana que aproximadamente la mitad de las personas privadas de libertad se encuentran bajo el régimen de la prisión preventiva.
Un juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal refirió a la Relatoría que “cotidianamente revocamos prisiones preventivas en las que se nota que en lugar de atender a los requisitos de aplicación de la prisión preventiva (peligro de fuga y de entorpecimiento a la investigación), se impone con criterios como el de la prevención punitiva”.
El Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, indicó que “para el juez, en la actualidad, tiene mayor costo político conceder una excarcelación que mantener una prisión preventiva, ante amenaza de un juicio político o escrache mediático”.
La Comisión recomienda al Estado de Argentina reorientar sus políticas públicas, incorporando el uso excepcional de la prisión preventiva como un eje de las políticas criminales y de seguridad ciudadana y evitar respuestas de endurecimiento de los sistemas penales que repercutan en la restricción de la libertad durante el proceso penal ante demandas de seguridad ciudadana.
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En el comunicado adjunto de la Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad (leer informe completo aquí), se constatan preocupaciones y recomendaciones de la CIDH como también declaraciones sorprendentes de funcionarios argentinos, reconociendo violaciones a los derechos humanos de magistrados, procuradores…
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Buenos Aires, 19 octubre 2016