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Por Mario Sandoval[1]

 

En el escenario político argentino reciente, los slogans “El que las hace, las paga” y “¡Viva la libertad, carajo!” se han convertido emblemas discursivos del gobierno, de sus seguidores y de voceros ad-hoc, que proclaman -con altisonancia- la defensa de supuestos valores morales absolutos: la justicia y la libertad. Estas frases, en apariencia contundentes, se han presentado como síntesis de un nuevo orden político que promete justicia, honestidad y emancipación.

Sin embargo, lejos de representar principios filosóficos, jurídicos o humanistas, estos lemas son paradigmas tradicionales de la propaganda, diseñadas para instrumentalizar el lenguaje político y manipular emocionalmente la sociedad. Su único propósito es consolidar el poder, legitimar la exclusión y normalizar el castigo sin derecho.

Ambos discursos no solamente ocultan una profunda incoherencia política- filosófica real. Operan en el plano simbólico para galvanizar a sectores desorientados, pero no proponen un modelo político coherente, justo ni incluyente. Peor aún, encubren prácticas sistemáticas de vulneración de derechos, en particular hacia sectores que el poder decide excluir, como los detenidos por causas de lesa humanidad, adultos mayores, enfermos, olvidados por el sistema judicial y político.

El gobierno actual, lejos de corregir este panorama, ha profundizado la lógica de venganza disfrazada de justicia, dando continuidad a la política de los gobiernos kirchneristas al permitir, es decir legalizar, la politización de la justicia federal y otorgar, nuevamente, vía libre a procesos judiciales arbitrarios.

Desde una perspectiva de la filosofía política, ambos lemas constituyen construcciones ideológicas desprovistas de sustento jurídico, humanista o democrático. En lugar de establecer un marco de derechos universales, refuerzan prácticas de exclusión, persecución política y castigo ejemplificador. Los adultos mayores, ex agentes del Estado de los 70, son quienes sufren con mayor crudeza las consecuencias de este discurso vacío, sometidos a procesos judiciales arbitrarios por causas de lesa humanidad, en flagrante violación del derecho internacional, del principio de legalidad y de los estándares humanitarios mínimos.

I- “El que las hace, las paga”

Este slogan, que en apariencia reivindica la responsabilidad penal individual, en la práctica actúa como un instrumento de venganza política. Se proclama como principio ético universal, pero se aplica de forma selectiva, oportunista y retroactiva, con dureza y sin garantías contra un grupo (demonizado) históricamente condenado de antemano, los acusados de haber pertenecido a las fuerzas armadas o de seguridad en los años 70. Estos hombres y mujeres, hoy adultos mayores con graves afecciones de salud, son sometidos a procesos judiciales prolongados, arbitrarios y carentes de garantías efectivas, juzgados no por hechos probados, sino por su identidad institucional.

La justicia, (jueces y justicia federal) lejos de ser imparcial, se ha politizado y transformada en una maquinaria de castigo político. La violación de los DDHH, de garantías convencionales, constitucionales, legislativas y procesales, se ha naturalizado como doctrina implícita: se juzga por la identidad del imputado (por lo que fue), no por lo que hizo. En este contexto, “el que las hace, las paga” se convierte en “el que fue declarado enemigo, paga”, aún sin pruebas, con leyes retroactivas, sin atención médica, ni derechos básicos. Los ex agentes del Estado que defendieron el Estado y la Sociedad de los ataques terroristas en los 70, son acusados arbitrariamente de lesa humanidad, condenados y encarcelados hasta sus últimos días de vida en las prisiones federales. El gobierno, los funcionarios y parte de la sociedad guardan un silencio cómplice. 

El slogan “El que las hace, las paga” es un acto de propaganda que encubre la decadencia de la justicia como institución. No sólo deshumaniza al destinatario de la condena, sino que oculta la responsabilidad institucional de quienes debieran garantizar imparcialidad y legalidad. En lugar de un ideal de justicia, se nos impone un juicio de poder. Es castigo sin justicia, juicio sin derecho.

Filosofía política del castigo

Immanuel Kant, en La Metafísica de las costumbres (1797), sostuvo que quien infringe la ley debe recibir un castigo proporcional, pero siempre subordinada a la legalidad y la autonomía racional, es decir bajo el imperio de la razón jurídica y del respeto a la dignidad humana. Cuando el castigo se transforma en herramienta de revancha ideológica, pierde su valor jurídico y moral, deja de ser justicia.

Michel Foucault, en Vigilar y Castigar (1975), analizó cómo el castigo moderno puede ocultar mecanismos de poder que, bajo la fachada de legalidad, reproducen formas de represión y control. Lo que se presenta como castigo justo es, en verdad, una forma de represión selectiva disfrazada.

En Argentina, el uso sistemático del derecho penal contra adultos mayores acusados por hechos de hace medio siglo, sin acceso a justicia imparcial, constituye un castigo simbólico, es un espectáculo político más que jurídico. Se castiga a unos para encubrir la impunidad de otros.

Impacto concreto

Actualmente, personas con enfermedades avanzadas permanecen encarceladas, víctimas de una prisión preventiva perpetuada de hecho, en violación del principio de inocencia, de la prohibición de tratos crueles y del derecho a un juicio justo. Se los persigue con leyes retroactivas, sin igualdad de armas procesales. El slogan “el que las hace, las paga” se utiliza como justificación ideológica de esta excepción judicializada, institucionalizando un derecho penal del enemigo, donde no se castigan hechos sino identidades.

La supuesta aplicación de este principio no se basa en la universalidad del derecho ni en la objetividad judicial, sino en la conveniencia del momento. Se consolida así una estructura de impunidad hacia el presente, y de castigo ejemplificador hacia el pasado, violando el principio de legalidad, la irretroactividad penal y el derecho al juez imparcial.

II- “¡Viva la libertad, carajo!”.

Este lema, que se presenta como un grito de rebeldía y de emancipación, ha sido apropiado por el Presidente Milei y sus seguidores, como expresión de ruptura con lo anterior, como bandera contra el estatismo y la opresión ideológica. Esta consigna, lejos de articular un proyecto filosófico-político coherente, es otra expresión de marketing ideológico, con más potencia emocional que fundamento racional. No representa una ampliación de derechos, sino la imposición de una libertad ficticia. Es la libertad sin derechos, la opresión sin límites.

En nombre de esa supuesta libertad (carajo), se politiza la justicia, se viola los derechos humanos de los ex agentes del Estado que defendieron el Estado y la sociedad de los que querian asumir el Poder por la violencia armada, se los juzga, condena y encarcela de manera arbitraria, se los abandona a morir en las cárceles federales. El Estado, el gobierno y sus asociados se identifican por su pasividad.

Mientras se proclama “esa libertad” se debilitan las instituciones del Estado de derecho, se restringe derechos fundamentales. La libertad invocada no se traduce en derechos concretos para todos, ya que se priva cotidianamente de la libertad real a quienes el poder decide marginar, como los adultos mayores, detenidos en la U34, en general sin sentencia firme. En su aplicación práctica, ha servido para justificar privaciones de derechos y negación del pluralismo social.

Filosofía política de la libertad

Simone Weil, en Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social (1934), sostuvo que la libertad no consiste en actuar sin restricciones, sino en actuar racionalmente conforme a un juicio consciente sobre fines y medios, en un marco de estructuras sociales que la hagan posible. “La acción verdaderamente libre no es arbitraria, sino lúcida y responsable”. La libertad real se sustenta en estructuras sociales que la posibiliten: salud, justicia, dignidad.

Isaiah Berlín, en Dos Conceptos de Libertad (1958), distinguía entre la libertad negativa (ausencia de interferencia) y la positiva (capacidad de autodeterminación). Advertía que una visión puramente negativa puede volverse autoritaria si ignora las condiciones sociales y políticas que hacen posible la libertad real. Hoy, ese peligro se materializa en un gobierno que proclama libertad, pero reprime derechos, encubre el sufrimiento y naturaliza la desigualdad estructural.

Impacto sobre los detenidos mayores

No hay mayor hipocresía que gritar “¡Viva la libertad!” mientras se sostiene un sistema carcelario que priva de libertad a los adultos mayores (ex agentes del Estado de los 70), privados de libertad sin garantías, muchas veces enfermas, juzgadas sin imparcialidad. ¿Cómo puede hablarse de libertad mientras se priva a estos individuos del derecho al debido proceso, al tratamiento médico digno, al reconocimiento de su humanidad?

La sistemática violación del derecho humanitario, de convenciones internacionales, del debido proceso, sobre adultos mayores, expone la falsedad de este grito. Esta contradicción revela que la libertad invocada no es la de todos, sino la de unos pocos: es una excusa discursiva para justificar exclusión, impunidad selectiva y violencia institucional. Se asiste así a una inversión perversa: se grita libertad mientras se practica la opresión.

III- Para ir más lejos:

Ambos slogans, “El que las hace, las paga” y “¡Viva la libertad, carajo!”, son expresiones de un proyecto político que vacía de contenido los conceptos fundamentales del derecho y la ética política. Lo que se presenta como justicia es castigo arbitrario; lo que se proclama como libertad es abandono institucional.

Pero la práctica revela una contradicción sistemática: aquellos que detentan poder (y que “las hacen”), no sólo no las pagan, sino que gozan de impunidad material y simbólica. Mientras, los adultos mayores, acusados por delitos de lesa humanidad, detenidos de manera arbitraria, son perseguidos, condenados (sin juicio justo, ni garantías) y privados de libertad hasta la muerte.

Este doble estándar jurídico y moral expone la falsedad del slogan: no se trata de que “el que las hace las paga”, sino de que “pagan los que el poder decide que deben pagar”. Una justicia selectiva y retrospectiva, más motivada por la lógica de la revancha histórica que por el imperio de la ley.

Los filósofos políticos que pensaron en la libertad, la justicia y el derecho nos recuerdan que el lenguaje político no puede disociarse de la coherencia moral, la universalidad jurídica y el respeto por la dignidad humana. Cuando un Estado encarcela a ancianos enfermos en nombre de la justicia politizada y proclama libertad mientras los priva de libertad, ha perdido su legitimidad ética.

Argentina no puede permitir slogans que reemplazan principios. Las consignas no pueden reemplazar a la Constitución, ni la propaganda a los derechos. Si el Estado de derecho no es para todos, incluso para aquellos a quienes se acusa, entonces no existe Estado de derecho. Lo demás es simulacro.

Los que transmiten esos slogans saben perfectamente que no dicen la verdad, mienten por razones políticas, pero mienten al fin. En Argentina, el que las hace no las paga. Numerosos actores políticos están en ese sistema de protección. Los jueces federales, nos son imparciales ni objetivos, violan impunemente los DDHH de los adultos mayores, ex agentes de los 70, encarcelados, es decir las hacen y no la pagan con la complicidad del gobierno de turno y sus ministros.

IV. Interpelación al poder político

Señor Presidente Milei:

Usted avala las decisiones arbitrarias de la justicia federal, protege a los magistrados que violan los derechos humanos de adultos mayores enfermos y privados de libertad. Negar esta realidad es mentirle a la sociedad y tomar por tontos a quienes padecen estos atropellos.

¿Quién asumirá la responsabilidad por estas violaciones a la dignidad y los derechos humanos de los ex agentes del Estado de los 70? ¿Quién responderá por estos ciudadanos arbitrariamente acusados, privados de libertad por decisión política e ideológica, humillados y abandonados por el Estado y las instituciones a las que sirvieron?

Si así se trata a quienes defendieron las instituciones del Estado y la sociedad en el pasado, ¿cómo defenderá usted a los actuales agentes de las fuerzas armadas, de seguridad o penitenciarias que, en el futuro, podrían ser juzgados por cumplir órdenes ilegales de su propio gobierno y de la justicia federal contra los adultos mayores acusados arbitrariamente de lesa humanidad?

Ponga fin a esta sistemática y organizada violación de los derechos humanos de los adultos mayores encarcelados, ex agentes del Estado de los 70. ¿Cuándo exigirá la intervención del Consejo de la Magistratura para investigar a los jueces federales, su accionar y su patrimonio? ¿Cuándo se juzgará a los magistrados que violan impunemente los derechos fundamentales de estos ciudadanos?

¡Su responsabilidad jurídica, moral y política están en juego!

Yo elegí defender la Libertad, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos de todos por igual. El Gobierno actual, sus operadores, los Jueces Federales, no.

Prof. Mario Sandoval                                                                                           

Presidente de Casppa France

 

1- Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Detenido arbitrariamente por la Argentina, actualmente privado de libertad en la prisión de alta seguridad de la U34 del SPF. Presidente de Casppa-France.

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Junio 25, 2025

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