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Durante la antesala del lanzamiento oficial de su precandidatura presidencial, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no solo se dedicó a hacer campaña por todo el país, disimulada como una gira para promocionar un libro.

También trabajó en una estrategia legislativa que busca neutralizar las leyes de transparencia informativa en el estado, acompañada de una serie de obstáculos y negativas para compartir algunos registros públicos.

Hasta la llegada de DeSantis a la gobernación en 2019, Florida era considerada como el estado con mayor transparencia de la nación, una reputación respaldada por un cuerpo de leyes y regulaciones formado alrededor de una ley de registros accesibles de 1909 y ampliada por una ley de reuniones abiertas al público de 1967.

Estas leyes adquirieron respaldo en la constitución del estado en 1992, cuando los votantes de Florida aprobaron una enmienda que garantiza el derecho público a acceder a registros y reuniones.

La Legislatura estatal de mayoría republicana ha ayudado a DeSantis a hacer realidad su visión. Cuando comenzó su sesión anual en marzo, los legisladores presentaron docenas de proyectos de ley que se agregarían a la ya larga lista de excepciones de gobierno abierto del estado.

“El estado del sol está en peligro”, advirtió en declaraciones Barbara Petersen, directora ejecutiva del Florida Center for Government Accountability, quien ha estado rastreando las leyes de acceso público durante tres décadas.

Este año, ya se presentaron aproximadamente cinco docenas de proyectos de ley que proponen más exenciones de gobierno abierto, dijo Petersen.

La estrategia de DeSantis, no solo ha debilitado a las leyes de transparencia informativa del estado, sino que también ha energizado a los activistas conservadores en todo el país al mostrarse como un luchador contra uno de los adversarios políticos percibidos del Partido Republicano: los medios de comunicación.

La base conservadora ve a los medios como aliados a los intereses del Partido Demócrata y su agenda gracias, en gran parte, a los esfuerzos del expresidente Donald Trump, quien constantemente los calificó de “enemigos del pueblo” durante su gobierno a fin de neutralizar las críticas de la prensa.

Sin embargo, esta visión contrasta con la reputación histórica de Florida como un lugar donde los reporteros, y los miembros curiosos del público, pueden descubrir datos y documentos del gobierno que arrojan luz sobre las decisiones tomadas por los funcionarios electos.

Varios esfuerzos legislativos para socavar el acceso público a la información gubernamental resultaron exitosos.

La Legislatura de Florida creó 23 exenciones al acceso de registros públicos en la sesión y restableció otras nueve que estaban por caducar.

Una de ellas prohíbe la divulgación de los registros de viaje del gobernador y los registros de visitantes a la mansión del gobernador, la cual fue aplicada de forma retroactiva, manteniendo ocultos los detalles de viajes anteriores de DeSantis

Aunque los republicanos de Florida alegaron que la medida había sido tomada por cuestiones de seguridad, lo cual no explica la retroactividad, los críticos de la misma dicen que podrían haber adaptado reglas para redactar detalles riesgosos para la seguridad del gobernador.

La exención total creada mantiene secreto detalles como el destino del gobernador, con quién se reunió, el motivo de su viaje y cuánto costó, precisamente el tipo de información que ha ayudado en el pasado a identificar abusos del dinero de los contribuyentes.

DeSantis buscó incluso la aprobación de legislación para un plan para facilitar la presentación de demandas por difamación contra los medios, periodistas y las personas que publican información en Internet sobre funcionarios públicos.

El proyecto de ley buscaba socavar una decisión de la Corte Suprema de 1964 que estableció que, para probar difamación en un debate público, hay que demostrar que los supuestos comentarios difamatorios fueron hechos con “malicia real”, es decir, sabiendo que algo era falso o actuando con “desprecio imprudente” sobre si era cierto.

La legislación de Florida, que no logró ser aprobada, hacía innecesario probar la “malicia real” y establecía que las declaraciones de fuentes anónimas serían consideradas falsas a los efectos de las demandas por difamación y tratarían las acusaciones de discriminación racial, sexual o de género como “intrínsecamente difamatorias”.

Según expertos en la materia, DeSantis es el primer gobernador en la historia de Florida en invocar el “privilegio ejecutivo” para mantener registros públicos fuera del alcance del público.

Ni la Constitución de Florida ni la de EEUU contienen menciones específicas del “privilegio ejecutivo”. Sin embargo, los tribunales han confirmado la prerrogativa a nivel presidencial para proteger la confidencialidad de los consejos recibidos por el presidente en el proceso de toma de decisiones.

A principios de este año, un juez de primera instancia de Florida confirmó la invocación de DeSantis de “privilegio ejecutivo” al negarse a entregar la información solicitada en virtud de la ley de registros públicos del estado sobre las personas que lo asesoraron en la selección de posibles candidatos a la Corte Suprema del estado.

El gobierno de DeSantis ha obstaculizado el acceso a los medios de algunos registros públicos, alegando que las solicitudes de los mismos a algunas agencias estatales deben ser enviadas primero a la oficina del gobernador, lo que retrasa el cumplimiento de los pedidos por semanas y hasta meses.

DeSantis también ha limitado las protestas públicas en el Capitolio estableciendo que las mismas solo serán permitidas al aire libre y que las solicitudes para el uso del espacio en el Complejo del Capitolio deben provenir de agencias estatales, la Legislatura o el poder judicial.

Este no es un esfuerzo reciente. En el primer año del gobierno de DeSantis, la Legislatura amplió la lista de datos personales prohibidos de divulgar sobre varios funcionarios públicos y en 2022 el gobernador firmó una ley que protege la información sobre los candidatos a presidentes de colegios y universidades.

El efecto acumulativo es que “las leyes de gobierno abierto y registros públicos están bajo presión en este momento”, dijo Bobby Block, director ejecutivo de la Fundación Primera Enmienda, una organización sin fines de lucro de Florida que aboga por el derecho del público a un gobierno abierto.

“Todos los años, vemos cómo se va cincelando la gran extensión de la intención original, a veces poco a poco, otras veces a grandes pedazos”, dijo Block, “y definitivamente ya no es como solía ser”.