Una propaganda de televisión muestra a un grupo de ladrones con la cara cubierta ingresando a un banco provistos de armas y ordenan a los que allí están a recostarse en el piso. Todos obedecen menos un guardia que solo mira lo que está sucediendo. Desde el piso, una pareja de clientes le sugiere que haga algo. El guardia se vuelve hacia ellos y les informa: No soy un guardia de seguridad. Soy un guardia de monitoreo. Solo notifico a las personas si hay un asalto -el guardia mira a su alrededor, ante la confusión de sus interlocutores, observa a los atracadores y devuelve su mirada al consternado dúo- Si, hay un asalto…
Si usted tuvo oportunidad de leer el libro de Philip Gourevitch, Deseamos informarles que mañana seremos asesinados junto a nuestras familias, sobre el genocidio ocurrido en Ruanda en 1994, habrá notado con pena ciertos detalles de lo que pudo haber sido y no fue (O lo que sucedió y pudo ser evitado), como siempre ocurre con las intervenciones o inacciones de la Naciones Unidas y sus respectivas ramas.
Los Acuerdos de Arusha, en Tanzania, se llevaron a cabo entre 1992 y 1993 para garantizar la integración política y militar de las transiciones del gobierno de Ruanda y la retirada de tropas francesas del territorio de Ruanda. Las Naciones Unidas formaron una comisión para observar el cumplimiento de los tratados y para ello nombraron al Coronel canadiense Romeo Dillaire.
Dillaire arribó a Kigali con la sola intención de supervisar la integridad de las operaciones de acuerdo al tratado firmado, pero… algo huele mal en Ruanda. El 22 de enero de 1994 un avión DC-8 francés descendió en Kigali lleno de armas y municiones a través de informantes Dillaire descubrió que las mismas serían usadas para atacar a los tutsis. Este cargamento fue proveído por Bélgica, Israel, Francia, Holanda, el Reino Unido y Egipto. De manera urgente, el Coronel Dillaire denunció la situación a las Naciones Unidas. Pese a esto, no se le permitió incautar el cargamento ya que el mismo había sido ordenado antes de la firma del tratado. Su propio Servicio de Inteligencia logró que fuentes nativas le participaran cuanto llegara a sus oídos. De esta manera el canadiense logró conocer el día en el cual la masacre iba a comenzar, que iglesias iban a albergar y luego emboscar (Iglesias encerraron a nativos en ellas para facilitar los asesinatos) a los Tutsis y las estaciones de radio que iban a ser utilizadas para anunciar datos falsos sobre refugios y llevarlos a la muerte. En medio del genocidio, los mejores hombres de Dillaire (Entrenados, capacitados y experimentados) fueron retirados de África por lo que el Coronel solo pudo dedicarse a intentar salvar cuantos Tutsis pudiera. Se cree que su asistencia salvaguardó entre 32.000 y 40.000 Tutsis. La indiferencia/complicidad de las Naciones Unidas hizo que perecieran brutalmente asesinados más de 800.000 seres humanos en menos de noventa días.
En 1995 se celebra en Nueva York el acuerdo de relación entre la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. Allí se establece la suscripción del Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de las Naciones Unidas y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos como un avance en materia de coordinación y cooperación entre los dos sistemas, además de exhortar al Consejo Permanente a promover un flujo adecuado de información relativa a las actividades relevantes que se realicen en las Naciones Unidas, a fin de fortalecer su trabajo. Como ejemplo, la asistencia conjunta en Haití, luego de la catástrofe… país que aún se está reconstruyendo y sobrevive entre aguas servidas y alimentos putrefactos.
La Organización de las Naciones Unidas y su organización hermana, la OEA, tienen una prima “ñoqui”: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad que se balanceaba entre la vida y la muerte, carente de recursos financieros. Si, una botella de Moët & Chandon Dom Perignon White Gold cuesta entre 2.500 y 3.000 dólares. ¿Cuál es la función de los directivos de la Comisión cuando no están dentro de las paredes de esta especie de Harvard Club? Monitorean…
Comenzando el 13 de setiembre de este año y por espacio de cuatro días, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo a la República Argentina. El objeto principal de la visita fue monitorear la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad y, en particular, analizar los principales avances, así como los desafíos que enfrenta el Estado argentino para reducir el uso de la prisión preventiva. ¿Sorprendente, verdad? Recapitulemos. Hay dos clases de presos. Los presos comunes -a quienes les deseo suerte con este monitoreo– y los presos políticos además de los prisioneros ilegalmente arrestados. Estos dos últimos pertenecen a la categoría de sub-hombres, por lo cual no fueron visitados por el comisionado James Cavallaro (Presidente de la Comisión y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad) y su personal. Estos sortearon a los sub-hombres con la misma animadversión que sentía el narrador de Informe sobre Ciegos hacia los no videntes. ¿Alguien entre los tantos funcionarios entrevistados habría de recordarles de la existencia de esta civilización, usted se preguntará? La CIDH se reunió con diversas autoridades, incluyendo al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Mabel Malcorra; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Carlos Garavano; el Embajador Extraordinario Plenipotenciario y Representante Especial para los Derechos Humanos), Leandro Despouy; el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Bernardo Avruj; el Jefe de Gabinete del Secretario de Derechos Humanos, Leonardo Szuchet; el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, José Brian Schapira; el Asesor Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Siro de Martini; el Coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Ramiro Cristóbal Badía; el Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministra María Gabriela Quinteros; la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich. Asimismo, el Relator se reunió con diversas autoridades penitenciarias, que incluyen al Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques; al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco; al Director de la Dirección Nacional de Readaptación Social, Matías Hugo de Sanctis, y al Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo. En la provincia de Buenos Aires, la delegación de la CIDH se reunió con el Ministro de Justicia, Gustavo Ferrari y con el Secretario de Derechos Humanos, Santiago A. Canton. En Mendoza, la CIDH sostuvo reuniones con diversas autoridades, incluyendo el Ministro de Justicia, Dalmiro Garay; el Ministro de Seguridad, Gianni Venier; el Director General del Servicio Penitenciario, Enrique Eduardo Orellana; el Director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia, Juan Ignacio Mulet; y la Directora de Derechos Humanos, Luz Amanda Faingold. En la provincia de Santa Fe, el Cavallaro y sus asistentes se reunieron con el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Julio de Olazábal; el Secretario General del Ministerio Público de la Acusación, Mario Martin Barletta; el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado, Juan Pablo Cifré; la Secretaria de Derechos Humanos, María Josefa Dal Dosso; el Subsecretario de Asuntos Penales, Lisandro Martínez Gorostiaga; el Subsecretario Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Leandro Maiarota; y la Directora Provincial de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario, Lucía Masneri Calderari. Asimismo, el Relator de la CIDH se entrevistó con el Defensor Provincial de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón. Asimismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos y en Mendoza, la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados, tales como la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek; Abogados y Abogadas del Noa en Derechos Humanos y Estudios Social; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de La Matanza; la Asociación Pensamiento Penal; la Asociación Civil de Familiares de Detenidos; el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes en Chaco; la Catedra de Criminología de la Universidad Nacional del Rosario; el Centro Angelelli; el Observatorio Internacional de Prisiones; la Comisión Provincial por la Memoria; la Plataforma Regional por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con referentes adultos privados de libertad; el CELS; Yo No Fui; la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza; la Universidad Nacional de Cuyo; la Delegación Escolar de Contexto de Encierro; el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos; Mendoza Law; la Asociación de Ex Presos, y Humanery. Finalmente, en Mendoza, la delegación de la CIDH se reunió con el Presidente del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, Fabricio Imparado. En todas estas reuniones -importantes, sin dudas- nadie incurrió en el pecado de destruir dos células cerebrales y deslizar el tema de los prisioneros políticos. Perdón, sub-hombres. El comisionado Cavallaro tampoco deslizó la pregunta que pareciera estar limitada a pertenecer exclusivamente al territorio venezolano: ¿Por casualidad, no tendrán aquí dos o tres presos políticos que les sobren? Solo se empecinaron en recordarle a nuestra “justicia” en poner mayor énfasis en el cumplimiento de las prisiones preventivas (Algo que los magistrados deben haber olvidado) como si el Estado Argentino demorara en pagar la cuota social de la biblioteca del distrito.
Entre los casos en los que se ha recurrido a la CIDH, el de Lucio César Nast -preso político con prisiones preventivas vencidas, sin respuesta de la “justicia” argentina- sobresale por las connivencias entre esta organización y el Estado Argentino (Tal vez esta afirmación es exagerada ya que la mayoría que se dirige a esta comisión obtiene resultados similares, cuidándome de no decir todos). Hace más de diez meses la CIDH solicitó a la Secretaria de Derechos Humanos de Argentina un reporte sobre la situación irregular del prisionero Nast y le otorgó treinta días para producir una contestación. La Argentina -una vez cumplido el plazo- solicitó dos meses de prorroga (tiempo final que el estatuto de la Comisión permite). Ante una nueva solicitud -quebrantando sus propios preceptos- la Comisión le concedió otros noventa días. Los esfuerzos del representante legal de Lucio Nast, el doctor Gonzalo Miño, se vieron desmoronados al cumplirse casi once meses (Ocho más de lo consentido) sin respuestas. Para el análisis quedará dilucidar si Nast es víctima de un batallón de burócratas, de una manera sutil de dejarle saber que no cuente con ellos, o presa de un escondido manejo. El 26 de agosto del corriente año 2016, la CIDH recibió una carta de la República Argentina anunciando una contribución extraordinaria de 200.000 dólares estadounidenses, los cuales se suman a los 83.000 dólares ya recibidos como colaboración anual y a 117.000 dólares anunciados en otra carta recibida previamente, a ser liquidados este año. Esto logra que la Argentina se suba a la cima del podio y se convierta en el primordial donante de la CIDH entre los países latinoamericanos en el año 2016, con un total de 400.000 dólares. ¿Casualidad, confluencia del caos u omerta?
A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Cuerpos de Paz, la Cruz Roja no son más que simples salones sociales sin tener en cuenta que el mundo sigue despedazándose. Todas estas personas pretenciosas que pasean la actitud soberbia de hacernos creer que han sido enviados a este mundo a mejorarlo mientras insultan la inteligencia de los que sabemos que no realizan ninguna diferencia. Los Presos Políticos argentinos no pueden recurrir a ellos, solo emitir un nuevo y último comunicado: Deseamos informarles que mañana seremos asesinados junto a nuestras familias.
Una propaganda de televisión muestra a un grupo de ladrones con la cara cubierta ingresando a un banco provistos de armas y ordenan a los que allí están a recostarse en el piso. Todos obedecen menos un guardia que solo mira lo que está sucediendo. Desde el piso, una pareja de clientes le sugiere que haga algo. El guardia se vuelve hacia ellos y les informa: No soy un guardia de seguridad. Soy un guardia de monitoreo. Solo notifico a las personas si hay un asalto -el guardia mira a su alrededor, ante la confusión de sus interlocutores, observa a los atracadores y devuelve su mirada al consternado dúo- Si, hay un asalto…
Si usted tuvo oportunidad de leer el libro de Philip Gourevitch, Deseamos informarles que mañana seremos asesinados junto a nuestras familias, sobre el genocidio ocurrido en Ruanda en 1994, habrá notado con pena ciertos detalles de lo que pudo haber sido y no fue (O lo que sucedió y pudo ser evitado), como siempre ocurre con las intervenciones o inacciones de la Naciones Unidas y sus respectivas ramas.
Los Acuerdos de Arusha, en Tanzania, se llevaron a cabo entre 1992 y 1993 para garantizar la integración política y militar de las transiciones del gobierno de Ruanda y la retirada de tropas francesas del territorio de Ruanda. Las Naciones Unidas formaron una comisión para observar el cumplimiento de los tratados y para ello nombraron al Coronel canadiense Romeo Dillaire.
Dillaire arribó a Kigali con la sola intención de supervisar la integridad de las operaciones de acuerdo al tratado firmado, pero… algo huele mal en Ruanda. El 22 de enero de 1994 un avión DC-8 francés descendió en Kigali lleno de armas y municiones a través de informantes Dillaire descubrió que las mismas serían usadas para atacar a los tutsis. Este cargamento fue proveído por Bélgica, Israel, Francia, Holanda, el Reino Unido y Egipto. De manera urgente, el Coronel Dillaire denunció la situación a las Naciones Unidas. Pese a esto, no se le permitió incautar el cargamento ya que el mismo había sido ordenado antes de la firma del tratado. Su propio Servicio de Inteligencia logró que fuentes nativas le participaran cuanto llegara a sus oídos. De esta manera el canadiense logró conocer el día en el cual la masacre iba a comenzar, que iglesias iban a albergar y luego emboscar (Iglesias encerraron a nativos en ellas para facilitar los asesinatos) a los Tutsis y las estaciones de radio que iban a ser utilizadas para anunciar datos falsos sobre refugios y llevarlos a la muerte. En medio del genocidio, los mejores hombres de Dillaire (Entrenados, capacitados y experimentados) fueron retirados de África por lo que el Coronel solo pudo dedicarse a intentar salvar cuantos Tutsis pudiera. Se cree que su asistencia salvaguardó entre 32.000 y 40.000 Tutsis. La indiferencia/complicidad de las Naciones Unidas hizo que perecieran brutalmente asesinados más de 800.000 seres humanos en menos de noventa días.
En 1995 se celebra en Nueva York el acuerdo de relación entre la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. Allí se establece la suscripción del Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de las Naciones Unidas y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos como un avance en materia de coordinación y cooperación entre los dos sistemas, además de exhortar al Consejo Permanente a promover un flujo adecuado de información relativa a las actividades relevantes que se realicen en las Naciones Unidas, a fin de fortalecer su trabajo. Como ejemplo, la asistencia conjunta en Haití, luego de la catástrofe… país que aún se está reconstruyendo y sobrevive entre aguas servidas y alimentos putrefactos.
La Organización de las Naciones Unidas y su organización hermana, la OEA, tienen una prima “ñoqui”: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad que se balanceaba entre la vida y la muerte, carente de recursos financieros. Si, una botella de Moët & Chandon Dom Perignon White Gold cuesta entre 2.500 y 3.000 dólares. ¿Cuál es la función de los directivos de la Comisión cuando no están dentro de las paredes de esta especie de Harvard Club? Monitorean…
Comenzando el 13 de setiembre de este año y por espacio de cuatro días, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo a la República Argentina. El objeto principal de la visita fue monitorear la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad y, en particular, analizar los principales avances, así como los desafíos que enfrenta el Estado argentino para reducir el uso de la prisión preventiva. ¿Sorprendente, verdad? Recapitulemos. Hay dos clases de presos. Los presos comunes -a quienes les deseo suerte con este monitoreo– y los presos políticos además de los prisioneros ilegalmente arrestados. Estos dos últimos pertenecen a la categoría de sub-hombres, por lo cual no fueron visitados por el comisionado James Cavallaro (Presidente de la Comisión y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad) y su personal. Estos sortearon a los sub-hombres con la misma animadversión que sentía el narrador de Informe sobre Ciegos hacia los no videntes. ¿Alguien entre los tantos funcionarios entrevistados habría de recordarles de la existencia de esta civilización, usted se preguntará? La CIDH se reunió con diversas autoridades, incluyendo al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Mabel Malcorra; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Carlos Garavano; el Embajador Extraordinario Plenipotenciario y Representante Especial para los Derechos Humanos), Leandro Despouy; el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Bernardo Avruj; el Jefe de Gabinete del Secretario de Derechos Humanos, Leonardo Szuchet; el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, José Brian Schapira; el Asesor Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Siro de Martini; el Coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Ramiro Cristóbal Badía; el Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministra María Gabriela Quinteros; la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich. Asimismo, el Relator se reunió con diversas autoridades penitenciarias, que incluyen al Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques; al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco; al Director de la Dirección Nacional de Readaptación Social, Matías Hugo de Sanctis, y al Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo. En la provincia de Buenos Aires, la delegación de la CIDH se reunió con el Ministro de Justicia, Gustavo Ferrari y con el Secretario de Derechos Humanos, Santiago A. Canton. En Mendoza, la CIDH sostuvo reuniones con diversas autoridades, incluyendo el Ministro de Justicia, Dalmiro Garay; el Ministro de Seguridad, Gianni Venier; el Director General del Servicio Penitenciario, Enrique Eduardo Orellana; el Director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia, Juan Ignacio Mulet; y la Directora de Derechos Humanos, Luz Amanda Faingold. En la provincia de Santa Fe, el Cavallaro y sus asistentes se reunieron con el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Julio de Olazábal; el Secretario General del Ministerio Público de la Acusación, Mario Martin Barletta; el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado, Juan Pablo Cifré; la Secretaria de Derechos Humanos, María Josefa Dal Dosso; el Subsecretario de Asuntos Penales, Lisandro Martínez Gorostiaga; el Subsecretario Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Leandro Maiarota; y la Directora Provincial de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario, Lucía Masneri Calderari. Asimismo, el Relator de la CIDH se entrevistó con el Defensor Provincial de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón. Asimismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos y en Mendoza, la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados, tales como la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek; Abogados y Abogadas del Noa en Derechos Humanos y Estudios Social; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de La Matanza; la Asociación Pensamiento Penal; la Asociación Civil de Familiares de Detenidos; el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes en Chaco; la Catedra de Criminología de la Universidad Nacional del Rosario; el Centro Angelelli; el Observatorio Internacional de Prisiones; la Comisión Provincial por la Memoria; la Plataforma Regional por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con referentes adultos privados de libertad; el CELS; Yo No Fui; la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza; la Universidad Nacional de Cuyo; la Delegación Escolar de Contexto de Encierro; el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos; Mendoza Law; la Asociación de Ex Presos, y Humanery. Finalmente, en Mendoza, la delegación de la CIDH se reunió con el Presidente del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, Fabricio Imparado. En todas estas reuniones -importantes, sin dudas- nadie incurrió en el pecado de destruir dos células cerebrales y deslizar el tema de los prisioneros políticos. Perdón, sub-hombres. El comisionado Cavallaro tampoco deslizó la pregunta que pareciera estar limitada a pertenecer exclusivamente al territorio venezolano: ¿Por casualidad, no tendrán aquí dos o tres presos políticos que les sobren? Solo se empecinaron en recordarle a nuestra “justicia” en poner mayor énfasis en el cumplimiento de las prisiones preventivas (Algo que los magistrados deben haber olvidado) como si el Estado Argentino demorara en pagar la cuota social de la biblioteca del distrito.
Entre los casos en los que se ha recurrido a la CIDH, el de Lucio César Nast -preso político con prisiones preventivas vencidas, sin respuesta de la “justicia” argentina- sobresale por las connivencias entre esta organización y el Estado Argentino (Tal vez esta afirmación es exagerada ya que la mayoría que se dirige a esta comisión obtiene resultados similares, cuidándome de no decir todos). Hace más de diez meses la CIDH solicitó a la Secretaria de Derechos Humanos de Argentina un reporte sobre la situación irregular del prisionero Nast y le otorgó treinta días para producir una contestación. La Argentina -una vez cumplido el plazo- solicitó dos meses de prorroga (tiempo final que el estatuto de la Comisión permite). Ante una nueva solicitud -quebrantando sus propios preceptos- la Comisión le concedió otros noventa días. Los esfuerzos del representante legal de Lucio Nast, el doctor Gonzalo Miño, se vieron desmoronados al cumplirse casi once meses (Ocho más de lo consentido) sin respuestas. Para el análisis quedará dilucidar si Nast es víctima de un batallón de burócratas, de una manera sutil de dejarle saber que no cuente con ellos, o presa de un escondido manejo. El 26 de agosto del corriente año 2016, la CIDH recibió una carta de la República Argentina anunciando una contribución extraordinaria de 200.000 dólares estadounidenses, los cuales se suman a los 83.000 dólares ya recibidos como colaboración anual y a 117.000 dólares anunciados en otra carta recibida previamente, a ser liquidados este año. Esto logra que la Argentina se suba a la cima del podio y se convierta en el primordial donante de la CIDH entre los países latinoamericanos en el año 2016, con un total de 400.000 dólares. ¿Casualidad, confluencia del caos u omerta?
A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Cuerpos de Paz, la Cruz Roja no son más que simples salones sociales sin tener en cuenta que el mundo sigue despedazándose. Todas estas personas pretenciosas que pasean la actitud soberbia de hacernos creer que han sido enviados a este mundo a mejorarlo mientras insultan la inteligencia de los que sabemos que no realizan ninguna diferencia. Los Presos Políticos argentinos no pueden recurrir a ellos, solo emitir un nuevo y último comunicado: Deseamos informarles que mañana seremos asesinados junto a nuestras familias.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 20, 2016
Tags: Argentina, Claudio Avruj, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos Humanos, Estados Americanos, Fabian Kussman, Germán Garavano, Mauricio Macri, Naciones Unidas, Presos PolíticosRelated Posts
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