El gobierno holandés acaba de anunciar su dimisión en pleno a raíz del escándalo en torno a los abusos administrativos en la gestión de las prestaciones sociales en el cuidado infantil. El escándalo estalló con la publicación de un informe a finales del 2020 después de una investigación parlamentaria en el que se dice que los ministros, los funcionarios, el Parlamento e incluso los jueces actuaron mal en este asunto que dejó a miles de padres sin poder defenderse cuando se les acusaba injustamente de fraude.
Una abogada de nacionalidad española, Eva González Pérez, es la que ha destapado el mayor escándalo político y administrativo de la década de gobierno de Mark Rutte: la ilegalidad institucional en la aprobación de ayudas a 20.000 padres, en su mayoría de origen extranjero, para los cuidados de sus hijos.
AsscherGonzález PérezRutte
Después de la dimisión ayer del líder del Partido Laborista (en la oposición), Lodewijk Asscher, había pocas opciones para el Gobierno de no seguir el mismo camino teniendo en cuenta que faltan dos meses para las elecciones generales. Asscher era ministro de Asuntos Sociales en el momento en el que se produjeron los hechos, cuando miles de familias desfavorecidas fueron acusadas injustamente de defraudar a la oficina de impuestos y se les ordenó devolver los beneficios, lo que provocó casos dramáticos de ruina financiera.
La maquinaria administrativa aplicó con un exceso de rigor una reglamentación mal diseñada que pretendía luchar contra el fraude, pero que tuvo efectos dramáticos en muchos casos y en otros incluso se ha acusado a los funcionarios de discriminar a ciertos sectores sociales al aplicarla.
El primer ministro Mark Rutte, (del VVD, liberal), prefería mantener al Gobierno en su puesto teniendo en cuenta la situación creada por la pandemia, pero otros miembros de la coalición, como Sigrid Kaag, de D66, dijeron que las consecuencias políticas del informe son inevitables. Los ministros permanecerán en funciones hasta las elecciones generales del 17 de marzo. Esto significa que no podrán tomar decisiones que las cámaras alta y baja del Parlamento consideren controvertidas.
El informe de la comisión parlamentaria, encabezada por el diputado del CDA (democristiano) Chris van Dam, afirma que se cometió un daño sin precedentes a los padres acusados de defraudar al sistema de prestaciones de cuidado infantil, es decir, las subvenciones que el Gobierno concede a los padres o madres solteras para que puedan pagar una guardería o tener a alguien que cuide a los niños mientras van a trabajar. El actual ministro de Asuntos Económicos, Eric Wiebes (del partido de Rute), era entonces el viceministro de Finanzas con responsabilidad directa en la gestión de las prestaciones.
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El gobierno holandés acaba de anunciar su dimisión en pleno a raíz del escándalo en torno a los abusos administrativos en la gestión de las prestaciones sociales en el cuidado infantil. El escándalo estalló con la publicación de un informe a finales del 2020 después de una investigación parlamentaria en el que se dice que los ministros, los funcionarios, el Parlamento e incluso los jueces actuaron mal en este asunto que dejó a miles de padres sin poder defenderse cuando se les acusaba injustamente de fraude.
Una abogada de nacionalidad española, Eva González Pérez, es la que ha destapado el mayor escándalo político y administrativo de la década de gobierno de Mark Rutte: la ilegalidad institucional en la aprobación de ayudas a 20.000 padres, en su mayoría de origen extranjero, para los cuidados de sus hijos.
Después de la dimisión ayer del líder del Partido Laborista (en la oposición), Lodewijk Asscher, había pocas opciones para el Gobierno de no seguir el mismo camino teniendo en cuenta que faltan dos meses para las elecciones generales. Asscher era ministro de Asuntos Sociales en el momento en el que se produjeron los hechos, cuando miles de familias desfavorecidas fueron acusadas injustamente de defraudar a la oficina de impuestos y se les ordenó devolver los beneficios, lo que provocó casos dramáticos de ruina financiera.
La maquinaria administrativa aplicó con un exceso de rigor una reglamentación mal diseñada que pretendía luchar contra el fraude, pero que tuvo efectos dramáticos en muchos casos y en otros incluso se ha acusado a los funcionarios de discriminar a ciertos sectores sociales al aplicarla.
El primer ministro Mark Rutte, (del VVD, liberal), prefería mantener al Gobierno en su puesto teniendo en cuenta la situación creada por la pandemia, pero otros miembros de la coalición, como Sigrid Kaag, de D66, dijeron que las consecuencias políticas del informe son inevitables. Los ministros permanecerán en funciones hasta las elecciones generales del 17 de marzo. Esto significa que no podrán tomar decisiones que las cámaras alta y baja del Parlamento consideren controvertidas.
El informe de la comisión parlamentaria, encabezada por el diputado del CDA (democristiano) Chris van Dam, afirma que se cometió un daño sin precedentes a los padres acusados de defraudar al sistema de prestaciones de cuidado infantil, es decir, las subvenciones que el Gobierno concede a los padres o madres solteras para que puedan pagar una guardería o tener a alguien que cuide a los niños mientras van a trabajar. El actual ministro de Asuntos Económicos, Eric Wiebes (del partido de Rute), era entonces el viceministro de Finanzas con responsabilidad directa en la gestión de las prestaciones.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 15, 2021