“Algunas derrotas tienen más dignidad que una victoria”.
Jorge Luis Borges
Los argentinos estamos acostumbrados a devaluar las palabras, inclusive en la economía: nos preguntamos cuánto subió el dólar, en lugar de cuánto bajó nuestro peso. Y decimos que la imagen positiva del pseudo Presidente es aún muy fuerte, sin averiguar cuántos de los que apoyan esta “cuarentena” son empleados públicos o, aun siendo privados, reciben su salario sin quita alguna mientras están confinados. Pero Alberto Fernández, como ya todos sabemos, bate todos los records, a punto tal que seguramente ingresará al Guiness. No solamente se pasó diez años despotricando contra su actual jefa – ¡cuánto lamentará tantos archivos! – sino que, desde las PASO de 2019, se ha contradicho tantas veces que cuesta imaginar cuánto vale hoy su palabra. Los extremos a los que llegó fueron mentir en su calidad de profesor de la UBA y los argumentos que utilizó para negarse a renunciar como presidente de una sociedad y a dar a conocer el listado de los clientes de su estudio profesional, como le reclamó su propia Oficina Anticorrupción. Sin embargo, y como cualquier embaucador, pretende que creamos en sus disparates. Esta semana puso en la balanza su palabra y la de Mauricio Macri y, obviamente, no pudo cosechar éxito alguno en la medición. Muy suelto de cuerpo, atribuyó al ex Presidente haber dicho, en una conversación que mantuvieron ¡hace seis meses!, que debían morirse los que fuera necesario para no cerrar la economía. Si esto hubiera sido cierto, y dado que debería estar grabado, hace tiempo que lo hubiera dado a conocer, puesto que el Gobierno pretende replicar ahora la bastarda elección de Cristina Fernández como sparring que hizo Cambiemos durante su propio mandato. Pero el ángulo en que más se percibe el fracaso de su gestión es, precisamente, en el de la pandemia y en el método elegido para frenarla. Después de criticar a otras naciones, y generar los naturales conflictos diplomáticos con sus gobiernos, como Chile, Brasil, Suecia, etc., hoy está palmariamente demostrado que no somos un buen ejemplo, en especial porque ya sabemos que no ha servido para poner a punto el sistema de salud y, muchísimo menos, para frenar la expansión del virus. Sobre un total de 215 países que exhiben sus datos, Argentina está 11° en casos totales, 4° en nuevos casos, 18° en muertos totales, 6° en nuevas muertes, 10° en casos aún activos, 7° en casos aún críticos, 32° en casos por habitantes, 36° en muertos por habitantes y 124° en tests por habitantes. Mientras tanto, el confinamiento obligatorio, el más prolongado del mundo, nos ha puesto primeros en caída del PBI, y ha dejado a la economía en ruinas, tan destruida que ya ha superado los efectos que sufriera cuando estalló la convertibilidad, en 2001. Se han perdido millones de puestos de trabajo, registrado e informal, y cientos de miles de empresas han cerrado definitivamente sus puertas. Pero el fracaso no termina allí. El cambio permanente de las reglas de juego y la obvia preferencia por los peores sindicatos ha hecho que, desde que asumió la dupla Fernández, no solamente se paralizara Vaca Muerta, sino que han comenzado a abandonar el país decenas de empresas de todo tipo (autopartistas, aerolíneas low cost, fábricas de pinturas especiales, etc.) y varias líneas aéreas internacionales han cancelado a la Argentina como destino. Y los monumentales broches de oro de esa intencionada política aislacionista lo constituyen la absurda ley de regulación del teletrabajo, el congelamiento de las tarifas y, esta misma semana, la intervención en el mercado de las telecomunicaciones (televisión por cable, Internet, etc.), todo lo cual derivará en la necesidad de importar combustibles, en la pérdida de calidad en la transmisión de datos y en el incremento en el corte de los servicios; volveremos a la edad de piedra. El jueves, a medianoche, el Senado dio media sanción a un proyecto de reforma judicial que, una vez más, constituyó un atropello a la oposición, ya que el dictamen que había sido aprobado en comisiones, sufrió nuevas modificaciones en una nueva violación al reglamento de la propia Cámara. El más notorio rasgo de esas modificaciones son las cámaras de apelación, juzgados y fiscalías que se crearían, generando así 500 cargos a cubrir, que servirán para el “plan canje” con gobernadores y diputados tránsfugas. Eduardo Duhalde regaló titulares anunciando que no habrá elecciones y sí un golpe de estado que, en teoría, llevarían a cabo oficiales jóvenes de las fuerzas armadas; en realidad, el experto político nos notificó que estamos en anarquía y que ese golpe la dará el propio Gobierno suspendiendo el acto electoral, aún a riesgo de una guerra civil. Ello no obsta a que el ataque de Cristina continúe, con prisa y sin pausa, contra los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, el Juez Germán Castelli –todos han fallado en su contra- y contra el Procurador, Eduardo Casal. Quien puede frenarla es la Corte Suprema, a quien le bastaría con resolver la inconstitucionalidad de la modificación en la composición del Consejo de la Magistratura, que tiene en consideración hace cuatro años, o haciendo lugar al recurso per saltum que han interpuesto los damnificados.
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Los argentinos estamos acostumbrados a devaluar las palabras, inclusive en la economía: nos preguntamos cuánto subió el dólar, en lugar de cuánto bajó nuestro peso. Y decimos que la imagen positiva del pseudo Presidente es aún muy fuerte, sin averiguar cuántos de los que apoyan esta “cuarentena” son empleados públicos o, aun siendo privados, reciben su salario sin quita alguna mientras están confinados. Pero Alberto Fernández, como ya todos sabemos, bate todos los records, a punto tal que seguramente ingresará al Guiness. No solamente se pasó diez años despotricando contra su actual jefa – ¡cuánto lamentará tantos archivos! – sino que, desde las PASO de 2019, se ha contradicho tantas veces que cuesta imaginar cuánto vale hoy su palabra. Los extremos a los que llegó fueron mentir en su calidad de profesor de la UBA y los argumentos que
utilizó para negarse a renunciar como presidente de una sociedad y a dar a conocer el listado de los clientes de su estudio profesional, como le reclamó su propia Oficina Anticorrupción. Sin embargo, y como cualquier embaucador, pretende que creamos en sus disparates. Esta semana puso en la balanza su palabra y la de Mauricio Macri y, obviamente, no pudo cosechar éxito alguno en la medición. Muy suelto de cuerpo, atribuyó al ex Presidente haber dicho, en una conversación que mantuvieron ¡hace seis meses!, que debían morirse los que fuera necesario para no cerrar la economía. Si esto hubiera sido cierto, y dado que debería estar grabado, hace tiempo que lo hubiera dado a conocer, puesto que el Gobierno pretende replicar ahora la bastarda elección de Cristina Fernández como sparring que hizo Cambiemos durante su propio mandato. Pero el ángulo en que más se percibe el fracaso de su gestión es, precisamente, en el de la pandemia y en el método elegido para frenarla. Después de criticar a otras naciones, y generar los naturales conflictos diplomáticos con sus gobiernos, como Chile, Brasil, Suecia, etc., hoy está palmariamente demostrado que no somos un buen ejemplo, en especial porque ya sabemos que no ha servido para poner a punto el sistema de salud y, muchísimo menos, para frenar la expansión del virus. Sobre un total de 215 países que exhiben sus datos, Argentina está 11° en casos totales, 4° en nuevos casos, 18° en muertos totales, 6° en nuevas muertes, 10° en casos aún activos, 7° en casos aún críticos, 32° en casos por habitantes, 36° en muertos por habitantes y 124° en tests por habitantes. Mientras tanto, el confinamiento obligatorio, el más prolongado del mundo, nos ha puesto primeros en caída del PBI, y ha dejado a la economía en ruinas, tan destruida que ya ha superado los efectos que sufriera cuando estalló la convertibilidad, en 2001. Se han perdido millones de puestos de trabajo, registrado e informal, y cientos de miles de empresas han cerrado definitivamente sus puertas. Pero el fracaso no termina allí. El cambio permanente de las reglas de juego y la obvia preferencia por los peores sindicatos ha hecho que, desde que asumió la dupla Fernández, no solamente se paralizara Vaca Muerta, sino que han comenzado a abandonar el país decenas de empresas de todo tipo (autopartistas, aerolíneas low cost, fábricas de pinturas especiales, etc.) y varias líneas aéreas internacionales han cancelado a la Argentina como destino. Y los monumentales broches de oro de esa intencionada política aislacionista lo constituyen la absurda ley de regulación del teletrabajo, el congelamiento de las tarifas y, esta misma semana, la intervención en el mercado de las telecomunicaciones (televisión por cable, Internet, etc.), todo lo cual derivará en la necesidad de importar combustibles, en la pérdida de calidad en la transmisión de datos y en el incremento en el corte de los servicios; volveremos a la edad de piedra. El jueves, a medianoche, el Senado dio media sanción a un proyecto de reforma judicial que, una vez más, constituyó un atropello a la oposición, ya que el dictamen que había sido aprobado en comisiones, sufrió nuevas modificaciones en una nueva violación al reglamento de la propia Cámara. El más notorio rasgo de esas modificaciones son las cámaras de apelación, juzgados y fiscalías que se crearían, generando así 500 cargos a cubrir, que servirán para el “plan canje” con gobernadores y diputados tránsfugas. Eduardo Duhalde regaló titulares anunciando que no habrá elecciones y sí un golpe de estado que, en teoría, llevarían a cabo oficiales jóvenes de las fuerzas armadas; en realidad, el experto político nos notificó que estamos en anarquía y que ese golpe la dará el propio Gobierno suspendiendo el acto electoral, aún a riesgo de una guerra civil. Ello no obsta a que el ataque de Cristina continúe, con prisa y sin pausa, contra los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, el Juez Germán Castelli –todos han fallado en su contra- y contra el Procurador, Eduardo Casal. Quien puede frenarla es la Corte Suprema, a quien le bastaría con resolver la inconstitucionalidad de la modificación en la composición del Consejo de la Magistratura, que tiene en consideración hace cuatro años, o haciendo lugar al recurso per saltum que han interpuesto los damnificados.
Buenos Aires., Agosto 29, 2020
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Agosto 29, 2020