El economista Enrique Sáenz opina que hay tres grandes ganadores: un grupo de “mafiosos” que estaría aprovechando esa actividad lícita para lavar dinero, a los que supone necesariamente coludido con las altas esferas del régimen. En segundo lugar, a “los que viven de las coimas y de la participación soterrada en el negocio”. En tercero, a las empresas internacionales que integran esa industria. Sáenz señala como “perdedores”, a los trabajadores del sector minero, así como al medio ambiente. Amaru Ruiz, presidente de la ilegalizada Fundación del Río, añade a los indígenas, cuyos territorios han sido invadidos por mineros artesanales (güiriseros), cuya presencia ha significado la muerte de decenas de integrantes de los pueblos originarios.

2011 fue el primer año en que el país exportó más de trescientos millones de dólares (USD 352.3 millones) y aunque en 2012 y 2013, los ingresos por exportaciones del dorado metal superaron los cuatrocientos millones, la cifra se moderó entre 2014 y 2018, cuando regresó al rango de los 300 millones, hasta que algo pasó en 2019, —quedó al borde de los 500 millones—, llegando a 665, 867 y 927 millones en los tres años siguientes, hasta romper —y superar con creces— la barrera de los mil millones en 2023. Según el economista, la explicación no hay que buscarla en un aumento febril de la actividad de exploración y explotación minera, sino que todo se reduce a que “la mafia en el poder” está exportando más onzas de oro, que las que las minas extraen de la tierra, y reportan al Banco Central. Su tesis —presentada en 2021 por el investigador Douglas Farah— es que ese oro que no se produce en Nicaragua, en realidad llegó al país de forma ilegal, y se exporta como oro nicaragüense, con lo que se estarían cometiendo —al menos— dos delitos a la vez: contrabando y lavado de activos, operación que solo en 2022 habría generado ganancias ilícitas que rondan los 300 millones de dólares. Sáenz destaca que, pese a que las estadísticas oficiales reflejan esa millonaria discrepancia entre la cantidad de onzas troy de oro producido y el número de onzas troy exportadas, ni la Unidad de Análisis Financiero, ni el BCN, ni el Ministerio Público, ni la Contraloría General de la República se han dado por enteradas, pese a que “ya deberían haber actuado”. Recalca que la comisión de este tipo de ilícitos repercute de manera directa en la reputación y la imagen del país, y se traduce en menor inversión, menor generación de empleos y pago de salarios, y por consiguiente, más pobreza.

Mil cien millones de dólares son más de tres millones de dólares por día. Llueve, truene, o relampaguee; y a pesar de la ingente cantidad de dinero que eso significa, tanto Sáenz como Ruiz destacan que eso no se refleja en una alta generación de empleo. A noviembre de 2023, las empresas del sector minero tenían afiliados a 5855 trabajadores al Seguro Social —dato que se usa como indicativo del empleo formal que genera cada sector—, superando en apenas 229 personas (3.9%), el dato a noviembre de 2022.

El también economista Juan Sebastián Chamorro lo explica recordando que “la minería es una industria con poca intensidad en mano de obra, y mucha intensidad en capital. Esto significa que no desparrama en muchos trabajadores, ni en muchas familias, los beneficios de estas exportaciones récord”. Una fuente de la industria dijo citando un estudio elaborado en 2017 por el economista Néstor Avendaño, que “de cada dólar generado por la industria minera, 66 centavos se quedan en Nicaragua a través de salarios, inversión social, compras locales e impuestos”. “Extraer oro es carísimo, montar plantas para procesarlo como se debe, también. La industria minera formal implementa métodos de trabajo que son caros y complicados. Las empresas responsables dotan a sus mineros con botas de seguridad que pueden costar, mínimo, 50 dólares, —y todo eso es inversión que suma—, mientras que no es raro encontrar a un güirisero trabajando en chinelas”, alegó. Chamorro reconoce las buenas condiciones de seguridad de las empresas mineras formales, porque “sus respectivas sedes cotizan en bolsa, y están sujetas a regulaciones ambientales y laborales bastante estrictas. Hacerlo de otra forma conlleva un castigo en términos del valor de sus acciones en el mercado bursátil”.

A la par, señala que los salarios de algunos operarios es significativamente mayor que el salario promedio que paga la economía. “El problema es que es una industria tan intensiva en capital, que la cantidad de empleo que genera es relativamente poca”, destacando que los beneficios podrían ser mayores, “sobre todo si se tomaran las medidas ambientales apropiadas”. Amaru Ruiz considera que pese a que entre 2010 y noviembre de 2023 se han reportado ingresos por 7162.9 millones de dólares en concepto de exportación de oro, “en el país no hay ningún territorio que podamos decir que… salió de la pobreza o que su desarrollo o sus indicadores de calidad de vida, han subido gracias a la minería”. Al señalar que “no hay una retribución por la ganancia obtenida, ni hay correspondencia entre esa ganancia con el desarrollo de las comunidades y territorios de donde se extrae”, Ruiz destaca cómo se descartan los impactos ambientales y sociales que conlleva la actividad minera, y cómo las mayoría de las empresas no asume su responsabilidad frente a los impactos que generan, ni el Estado se los reclama.

Como ejemplo, cita que luego del derrame de cianuro en Hemco, “no hubo un proceso administrativo para que pagara los daños ambientales… y ni siquiera se conoció el último informe de Hemco sobre su proceso técnico de revisión alrededor de lo sucedido y el impacto generado; ni el Estado ni la Comisión Interinstitucional que se formó, estableció ningún procedimiento administrativo que de oficio, según la legislación, debió establecerse para que la empresa pague los daños y perjuicios, y los pasivos ambientales que generó”. Otros efectos asociados al aumento de la minería son el tráfico de mercurio; los impactos ambientales y sociales en áreas protegidas y en territorio indígena, incluyendo su desplazamiento forzado; el aumento de la conflictividad en zonas de territorio indígena para que mineros artesanales invadan esos territorios y luego los comercialicen a cooperativa o a planteles industriales para que procesen y comercialicen el mineral. “Es una serie de impactos en la dinámica económica que también perjudica a la población, sobre todo la más vulnerable que se encuentra en esos territorios. Por ejemplo: el territorio Tuahka, un territorio miskitu en el Caribe Norte, está 100% concesionado para la minería, sin que todas las comunidades se den cuenta que todo su territorio está concesionado. Eso te demuestra que hay un avance agresivo de la minería”, recalca el ambientalista.