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La edificacción del Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias en la provincia de Neuquén, bajo la dirección y el financiamiento del Comando Sur de EE.UU. (‘US Southern Command’, en inglés) está a punto de llegar a su fin.

Integrantes del colectivo ‘Multisectorial NO a la base yanqui en Neuquén’ aseguran que se trata de un proyecto que pretende legitimar la presencia de Washington en la zona bajo el argumento de que el gobierno local es incapaz de hacer frente a las contingencias medioambientales.

Y es que, aunque desde Washington se insiste que se trata de un “regalo”, las dudas sobre cuál es el verdadero objetivo del proyecto no terminan de despejarse frente a la oposición del gobierno local para dar a conocer los detalles de su pacto con la Embajada norteamericana.

Ante la exigencia de los vecinos de Neuquén de dar a conocer todos los detalles de la obra financiada por la Administración estadounidense, el gobierno de la provincia ha optado por guardar silencio.

Más allá de los datos obtenidos por la multisectorial vía judicial, ninguna información oficial se ha hecho pública sobre los costos de su construcción, así como la fecha precisa en la que la Embajada norteamericana pretende entregarla a autoridades locales.

Los contratos de la obra permanecen en la opacidad. No se conocen los pormenores de las contrataciones que hicieron posible llevar adelante el proyecto de infraestructura, el personal que estuvo a cargo, etc.

En medio de este vacío de información, sin embargo, los trabajos nunca se detuvieron. Por el contrario, en los últimos meses se apretó el paso.

Al corte de caja de hoy, son notables los avances del proyecto si se compara con el progreso hasta diciembre del año pasado.

En esa fecha, integrantes de la ‘Multisectorial NO a la Base yanqui en Neuquén’ proporcionaron material fotográfico de la obra que daba muestra de su progreso.

El material gráfico recopilado en julio de este año revela, por su parte, que varias de las edificaciones que integran el proyecto ya están prácticamente concluidas.

De hecho, de acuerdo con la versión del gobierno local, en el almacén ya se está guardando equipo y material que, se asegura, servirá para poder hacer frente a contingencias medioambientales.

Martín Giusti, subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de la provincia, precisó en julio pasado que únicamente faltaba terminar las instalaciones eléctrica y electrónica, mismas que sufrieron retrasos por robos de material.

Fue a partir de esos robos, explicó Giusti, que el gobierno de la provincia tomó la decisión de hacer uso del almacén, en lugar de seguir rentando galpones con recursos públicos.

En declaraciones a la prensa local, el funcionario refirió en aquel momento que en el almacén se tenían guardadas camionetas, camiones, una lancha y un automóvil para el traslado de víveres en caso de urgencias.

Cuestionado sobre la participación de EE.UU. en el proyecto, Giusti puntualizó que todos los bienes guardados en el almacén, que a su vez forman parte del polémico Centro de Emergencias, son propiedad de la provincia. 

Paradójicamente, aunque el almacén en la actualidad se encuentra bajo el mando del personal de la subsecretaría a su cargo, la obra en su totalidad, además de no estar concluida, aún no ha sido entregada formalmente por la Embajada estadounidense.

Hay que recordar que este proyecto comenzó como una iniciativa promovida por el Comando Sur de EE.UU. bajo los auspicios de la Embajada norteamericana, que terminó negociando con el gobierno provincial.

Y de acuerdo con las declaraciones del propio embajador norteamericano en Argentina, Marc R. Stanley, tan pronto se concluyera el proyecto de infraestructura, se realizaría una “entrega de llave” a las autoridades locales.

Un regalo que sería otorgado en el marco de los programas de “ayuda humanitaria” que Washington promueve en el hemisferio, que lo mismo sirven para combatir a los grupos del crimen organizado y poner un alto al tráfico de drogas, que para fortalecer la capacidad de respuesta frente a desastres naturales.

En este contexto, llama la atención que la obra todavía no haya sido entregada y, sin embargo, varios de los gastos operativos ya corran a cargo del gobierno provincial, entre ellos, los servicios de luz y agua. De la vigilancia del lugar, según Giusti, se encargan elementos de la Guardia Nacional.

Para Giusti, los señalamientos de los miembros de la multisectorial en torno a la existencia de una base militar operada por el Gobierno de EE.UU., no se fundamentan.

Según el funcionario, se trata únicamente de facilitar a EE.UU. una plataforma para apoyar al gobierno de la provincia ante una catástrofe medioambiental de forma inmediata. De esta manera, asegura, “se ahorran el viaje”.

Para integrantes de la multisectorial, en cambio, lejos de representar una iniciativa para socorrer a la provincia localizada en la región norte de la Patagonia argentina, constituye una violación de la soberanía que despeja el camino para una mayor injerencia.

La consideran una plataforma, en efecto, pero no para prestar “ayuda humanitaria” como asegura Giusti, sino que servirá para vigilar, muy de cerca, los vastos recursos de carácter estratégico localizados en la zona.

Persiste el apetito de Washington por apropiarse (o por lo menos gestionar) los recursos naturales que abundan en Argentina, asegura en entrevista con RT, Lucas Arias, uno de los miembros de la ‘Multisectorial NO a la base yanqui en Neuquén’.

Arias explica que esta provincia, localizada en la zona norte de la Patagonia, posee pletóricos yacimientos de gas y petróleo, además de abundantes reservas de agua, situación que la vuelve muy codiciada para las grandes potencias.

En esta región, comenta, se localiza una joya geopolítica sin parangón sobre la Tierra: el yacimiento de Vaca Muerta, una promesa de ganancias multimillonarias para las grandes corporaciones que tienen sus sedes en Europa y EE.UU.

Además, según estimaciones preliminares de empresas extranjeras, la provincia podría ser también poseedora de importantes yacimientos de litio, el mineral estratégico que será clave para la transición energética de este siglo.

Por donde se la mire, sostiene Arias, la provincia de Neuquén tiene una relevancia geopolítica de primer orden para EE.UU.

Por este motivo, advierte, desde hace varios años se ha buscado hacer convertir en realidad la presencia norteamericana en la zona bajo el amparo del gobierno local.

Adelanta que quienes integran la multisectorial estarán atentos al desarrollo de las obras. Una vez que sean concluidas, y, puestas a disposición del gobierno de la provincia, reitera que seguirán exigiendo que se revele a cambio de qué se permitió la construcción del proyecto.

La batalla por la vía judicial no se ha perdido, explica, sino que el colectivo se ha visto impedido de continuarla por falta de fondos.

Presentar recursos de inconformidad a través de la vía judicial requiere de una importante suma de dinero, situación que ha complicado dar respuesta a los recursos que se han presentado desde el gobierno de la provincia, según comenta. 

Arias insiste que los integrantes de la multisectorial están convencidos que se trata de un acto de injerencia. Enfrentar desastres naturales, asegura, no es el verdadero objetivo del proyecto.

Recuerda que el mes pasado, cuando apretaron las lluvias y varios ríos de la provincia vieron incrementado su cauce, provocando que varias tomas de agua fueran arrastradas, ni siquiera fue necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas argentinas.

El gobierno provincial, explica, pudo hacerse cargo de las reparaciones, perfectamente. Por lo tanto, no existe razón alguna para abrir la puerta a una potencia extranjera como EE.UU.