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El tremendo estado de violencia que padece la ciudad argentina de Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe, provocó un intenso debate sobre la participación que deben tener, o no, las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico, lo que actualmente está prohibido por ley.

El presidente Javier Milei confirmó este martes que está elaborando un proyecto de ley para modificar las facultades de los militares con respecto a tareas internas de seguridad, aunque no ofreció mayores precisiones.

“Estamos evaluando una nueva ley que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar acciones adicionales, la vamos a mandar al Congreso, lo estuvimos discutiendo hoy en la reunión de Gabinete”, señaló en una entrevista televisiva.

Los sectores más radicales promueven una reforma legal que permita que la lucha contra el narcotráfico se militarice.

En el otro extremo están quienes advierten que el ingreso de soldados o marinos a la lucha antinarco está destinado al fracaso, como ya ocurrió en los países donde se intentó esta estrategia y en los que el resultado fue que los efectivos se corrompieron. Esa dinámica solo acrecentó la violencia.

El debate estalló luego de que la semana pasada las bandas ejecutaran a cuatro ciudadanos al azar en Rosario, lo que paralizó a una ciudad atemorizada y obligó al presidente Javier Milei a respaldar a maximiliano Pullaro,  gobernador de la provincia de Santa Fe.

El Gobierno nacional y el provincial crearon un comité de crisis que, a partir de esta semana, incluirá el envío de elementos de las fuerzas de Seguridad nacionales.

En el caso de la participación militar, la Ley de Seguridad Interior solo permite que aporten equipamiento, pero no efectivos. Por ello, ya comenzaron a ser trasladados a Rosario vehículos militares que reforzarán la logística en los operativos.

Un factor de peso en esta discusión es el papel que desempeñaron los Fuerzas Armadas durante el último gobierno  militar (1976-1983), que al combatir al terrorismo ahora enfrentan juicios de lesa humanidad.

Agustín Laje, un político ultraderechista aliado al presidente Javier Milei, sugirió una amnistía para los militares condenados, ya que consideró que el Ejército no querrá sumarse al combate contra el narcotráfico ante el temor de que en el futuro sus acciones sean juzgadas penalmente, como ya ocurrió.

“Es difícil pedirle a las Fuerzas Armadas que nos defiendan de los narcos cuando la última vez que nos defendieron de la agresión guerrillera terminaron todos presos”, dijo el dirigente que reivindica el golpe de Estado y la represión de los años 70.

Algunas versiones periodísiticas apuntan a que son los propios militares los que se resisten y no quieren que se modifiquen sus funciones porque los obligarían a participar en tareas de seguridad para las que no están capacitados.

Del mismo modo, en la prensa se han ventilado supuestas molestias en materia salarial, ya que hasta ahora Milei no ha equiparado los sueldos de las fuerzas de seguridad. El periodista oficialista Eduardo Feinmann incluso advirtió que hubo peleas entre generales que tienen posiciones divididas sobre la pertinencia de que el Gobierno promueva cambios legales para que cumplan con otras funciones.