Como consecuencia directa del decreto, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia, en desacuerdo con la medida y el modo en que fue tomada.
El Poder Ejecutivo nacional emitió el lunes el Decreto 81/2026, mediante el cual dispuso el traslado del Sable Corvo del Libertador General José de San Martín, una de las piezas más emblemáticas del patrimonio histórico argentino. La decisión generó un fuerte rechazo y derivó en la presentación de una medida cautelar para impedir su ejecución.
El sable fue entregado por el propio San Martín a Juan Manuel de Rosas y donado al Estado argentino en 1897 bajo una condición expresa: que fuera exhibido y preservado en el Museo Histórico Nacional. Ese criterio, sostienen los denunciantes, fue ignorado por completo en el decreto presidencial.
Según se desprende del texto oficial, el decreto no explica por qué el sable no puede permanecer en el Museo Histórico Nacional, ni detalla cuál será el nuevo lugar de destino, ni bajo qué condiciones de conservación será resguardado. Tampoco se mencionan informes técnicos, razones de seguridad o criterios museológicos que justifiquen el traslado.
Desde sectores vinculados a la preservación del patrimonio histórico señalaron que se trata de una decisión arbitraria, sin respaldo técnico ni administrativo suficiente, que pone en riesgo una pieza de valor histórico incalculable.
El Sable Corvo no es ajeno a los conflictos. Fue robado en dos oportunidades durante la década del sesenta y, por decisión del dictador Juan Carlos Onganía, quedó bajo custodia del Regimiento de Granaderos. Recién en 2015 fue restituido al Museo Histórico Nacional por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, donde volvió a exhibirse al público con custodia permanente.
Ese antecedente refuerza, según los denunciantes, la necesidad de evitar cualquier traslado innecesario que vuelva a exponer el sable a riesgos evitables.
Como consecuencia directa del decreto, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia, en desacuerdo con la medida y el modo en que fue tomada.
Frente a este escenario, los herederos de la familia de Juan Manuel de Rosas, junto al equipo jurídico de la organización Argentina Humana, presentaron una medida cautelar para frenar el traslado y garantizar la preservación del sable en su lugar histórico.
Desde los impulsores de la acción judicial advirtieron que el presidente Javier Milei busca apropiarse simbólicamente de una pieza central de la historia nacional “para sacarse una foto y montar un show”, poniendo en riesgo un símbolo de la soberanía argentina y latinoamericana.
“No lo vamos a permitir”, señalaron, al tiempo que remarcaron que el patrimonio histórico no puede quedar sujeto a decisiones unilaterales, caprichosas o de coyuntura política.
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Como consecuencia directa del decreto, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia, en desacuerdo con la medida y el modo en que fue tomada.
El Poder Ejecutivo nacional emitió el lunes el Decreto 81/2026, mediante el cual dispuso el traslado del Sable Corvo del Libertador General José de San Martín, una de las piezas más emblemáticas del patrimonio histórico argentino. La decisión generó un fuerte rechazo y derivó en la presentación de una medida cautelar para impedir su ejecución.
El sable fue entregado por el propio San Martín a Juan Manuel de Rosas y donado al Estado argentino en 1897 bajo una condición expresa: que fuera exhibido y preservado en el Museo Histórico Nacional. Ese criterio, sostienen los denunciantes, fue ignorado por completo en el decreto presidencial.
Según se desprende del texto oficial, el decreto no explica por qué el sable no puede permanecer en el Museo Histórico Nacional, ni detalla cuál será el nuevo lugar de destino, ni bajo qué condiciones de conservación será resguardado. Tampoco se mencionan informes técnicos, razones de seguridad o criterios museológicos que justifiquen el traslado.
Desde sectores vinculados a la preservación del patrimonio histórico señalaron que se trata de una decisión arbitraria, sin respaldo técnico ni administrativo suficiente, que pone en riesgo una pieza de valor histórico incalculable.
El Sable Corvo no es ajeno a los conflictos. Fue robado en dos oportunidades durante la década del sesenta y, por decisión del dictador Juan Carlos Onganía, quedó bajo custodia del Regimiento de Granaderos. Recién en 2015 fue restituido al Museo Histórico Nacional por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, donde volvió a exhibirse al público con custodia permanente.
Ese antecedente refuerza, según los denunciantes, la necesidad de evitar cualquier traslado innecesario que vuelva a exponer el sable a riesgos evitables.
Como consecuencia directa del decreto, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia, en desacuerdo con la medida y el modo en que fue tomada.
Frente a este escenario, los herederos de la familia de Juan Manuel de Rosas, junto al equipo jurídico de la organización Argentina Humana, presentaron una medida cautelar para frenar el traslado y garantizar la preservación del sable en su lugar histórico.
Desde los impulsores de la acción judicial advirtieron que el presidente Javier Milei busca apropiarse simbólicamente de una pieza central de la historia nacional “para sacarse una foto y montar un show”, poniendo en riesgo un símbolo de la soberanía argentina y latinoamericana.
“No lo vamos a permitir”, señalaron, al tiempo que remarcaron que el patrimonio histórico no puede quedar sujeto a decisiones unilaterales, caprichosas o de coyuntura política.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 4, 2026