El gobierno boliviano, a través de su ministro Arturo Murillo, declaró ayer su “preocupación” y su “asombro” por el papel desempeñado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país y puso en acción duda de su imparcialidad. El ministro se sorprendió en una conferencia de prensa de que “solo hay derechos humanos para algunos y no para el resto de los bolivianos”. Esta declaración se refiere al trabajo reciente realizado por la CIDH, que publicó una declaración sobre varios casos bajo el gobierno derechista de Jeanine Áñez, ante el casi silencio durante los 14 años de gestión de la izquierda bajo Evo Morales (2006-2019) .
Y Murillo para enumerar los supuestos casos de violaciones de derechos humanos que no han sido examinados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como “la represión policial contra los pueblos indígenas de la Amazonía en 2011 o los enfrentamientos durante la aprobación de la nueva Constitución en 2007, o la situación de varios medios de prensa, acosados bajo su gobierno y considerados opositores “.
Los argentinos están familiarizados con este problema de derechos humanos “a la carta” para unos pocos, y no para todos: la CIDH ha influido profundamente en el mal llamado proceso nacional de “justicia y verdad”, reconociendo un ” derecho a la verdad “, que permitió a las autoridades argentinas iniciar un procedimiento de transición en primer lugar, luego afirmando que las leyes de punto final y obediencia debida violaban los compromisos internacionales de derechos humanos de Argentina hombre.
Fue esta cancelación en 2003 por el Congreso la que permitió la judicialización de los llamados “crímenes de lesa humanidad”, cuando este crimen aún no existe en la legislación argentina. ¿Quién puede dudar de la parcialidad de la CIDH en este caso? De hecho, fue su decisión de 1992 la que sirvió como “base para el reconocimiento legal” a nivel nacional de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, y abrió la voz a todos los excesos que hoy conocemos. : inseguridad jurídica, aplicación retroactiva del derecho penal, responsabilidad penal colectiva, principio de analogía penal, prisión provisional ilimitada sin juicio, imprescriptibilidad de la acción pública y incumplimiento del plazo razonable (que el TEDH ha establecido en un máximo de 3 años con respecto a casos de terrorismo o crímenes de lesa humanidad).
Pero cuando hablamos del “derecho a la verdad”, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿La de poder reescribir la historia? ¿Negar a las víctimas de actos terroristas, cuyas familias nunca conocerán el menor reconocimiento o la menor compensación, el menor perdón de sus perpetradores, convertidos en activistas de derechos humanos? ¿La de continuar extendiendo el odio y la división? ¿La de judicializar un concepto tan vago y ambivalente de manera arbitraria, que pretende ser llamado “justicia y verdad”?
La doctrina de estos derechos humanos asimétricos no puede ser una respuesta aceptable desde un punto de vista legal cuando en realidad es similar a la manipulación del derecho internacional por parte de las llamadas asociaciones de “derechos humanos”. de venganza Es hora de poner fin a estos graves abusos hoy: 983 personas mayores de 70 años han sido condenadas ilegalmente hasta la fecha por crímenes contra la humanidad que no existen en la ley argentina, en parodias de justicia que no son nada como un juicio justo. 847 han estado en progreso durante años, 553 personas han muerto en prisión, 93 han estado en prisión preventiva durante más de 10 años desafiando todas las garantías procesales y en condiciones de prisión indignas.
Hoy, las máscaras están cayendo: estas mismas asociaciones llamadas “derechos humanos” piden toda vergüenza al nuevo presidente de la República que salga de la cárcel a todos los miembros del antiguo gobierno de Kirchner acusados de corrupción. Atreviéndose a dar este paso cuando el enriquecimiento ilícito de estos políticos y su lujoso estilo de vida son conocidos por todos en una Argentina diezmada nuevamente por la crisis económica y la pobreza puede sonar a muerte por las pocas consideraciones que aún podrían otorgarse a estas asociaciones …
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El gobierno boliviano, a través de su ministro Arturo Murillo, declaró ayer su “preocupación” y su “asombro” por el papel desempeñado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país y puso en acción duda de su imparcialidad. El ministro se sorprendió en una conferencia de prensa de que “solo hay derechos humanos para algunos y no para el resto de los bolivianos”. Esta declaración se refiere al trabajo reciente realizado por la CIDH, que publicó una declaración sobre varios casos bajo el gobierno derechista de Jeanine Áñez, ante el casi silencio durante los 14 años de gestión de la izquierda bajo Evo Morales (2006-2019) .
Y Murillo para enumerar los supuestos casos de violaciones de derechos humanos que no han sido examinados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como “la represión policial contra los pueblos indígenas de la Amazonía en 2011 o los enfrentamientos durante la aprobación de la nueva Constitución en 2007, o la situación de varios medios de prensa, acosados bajo su gobierno y considerados opositores “.
Fue esta cancelación en 2003 por el Congreso la que permitió la judicialización de los llamados “crímenes de lesa humanidad”, cuando este crimen aún no existe en la legislación argentina. ¿Quién puede dudar de la parcialidad de la CIDH en este caso? De hecho, fue su decisión de 1992 la que sirvió como “base para el reconocimiento legal” a nivel nacional de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, y abrió la voz a todos los excesos que hoy conocemos. : inseguridad jurídica, aplicación retroactiva del derecho penal, responsabilidad penal colectiva, principio de analogía penal, prisión provisional ilimitada sin juicio, imprescriptibilidad de la acción pública y incumplimiento del plazo razonable (que el TEDH ha establecido en un máximo de 3 años con respecto a casos de terrorismo o crímenes de lesa humanidad).
Pero cuando hablamos del “derecho a la verdad”, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿La de poder reescribir la historia? ¿Negar a las víctimas de actos terroristas, cuyas familias nunca conocerán el menor reconocimiento o la menor compensación, el menor perdón de sus perpetradores, convertidos en activistas de derechos humanos? ¿La de continuar extendiendo el odio y la división? ¿La de judicializar un concepto tan vago y ambivalente de manera arbitraria, que pretende ser llamado “justicia y verdad”?
La doctrina de estos derechos humanos asimétricos no puede ser una respuesta aceptable desde un punto de vista legal cuando en realidad es similar a la manipulación del derecho internacional por parte de las llamadas asociaciones de “derechos humanos”. de venganza Es hora de poner fin a estos graves abusos hoy: 983 personas mayores de 70 años han sido condenadas ilegalmente hasta la fecha por crímenes contra la humanidad que no existen en la ley argentina, en parodias de justicia que no son nada como un juicio justo. 847 han estado en progreso durante años, 553 personas han muerto en prisión, 93 han estado en prisión preventiva durante más de 10 años desafiando todas las garantías procesales y en condiciones de prisión indignas.
Hoy, las máscaras están cayendo: estas mismas asociaciones llamadas “derechos humanos” piden toda vergüenza al nuevo presidente de la República que salga de la cárcel a todos los miembros del antiguo gobierno de Kirchner acusados de corrupción. Atreviéndose a dar este paso cuando el enriquecimiento ilícito de estos políticos y su lujoso estilo de vida son conocidos por todos en una Argentina diezmada nuevamente por la crisis económica y la pobreza puede sonar a muerte por las pocas consideraciones que aún podrían otorgarse a estas asociaciones …
CasppaFrance
PrtisioneroEnArgentina.com
Enero 18, 2020