Tras haber leído su artículo titulado “Presunción de doble estándar” (Infobae), me siento impelido, primeramente, a agradecerle la claridad meridiana que comparte al lector (tan preocupado como) interesado en el tema de marras. Ante el avasallamiento de la confusión en todo orden – en gran medida instada desde los mismos medios de comunicación –, la mirada que propone respecto del caso colombiano resume en un aliciente para todos aquellos que, quizás ingenuamente, seguimos creyendo y apostando por un estilo de vida conforme a los valores de república, democracia, libertad y justicia – valga la redundancia – gracias a los cuales han sabido erigirse nuestras naciones. Dicho esto, no obstante, debo tomarme el atrevimiento de realizar una curiosa observación, acaso la misma de siempre toda vez que la prensa y la intelectualidad argentinas “ponen el grito en el Cielo” por las irregularidades de este orden que ocurren en toda América latina: ¿por qué han callado, entonces, respecto de las que han tenido lugar en Argentina y por las que injusta, inconstitucional e ilegalmente cumplen pena de prisión más de dos mil militares, policías y civiles argentinos en el marco de los mal llamados “Juicios de Lesa Humanidad”? El “doble estándar” que usted, con toda razón, señala en lo que al expresidente Uribe atañe es, en rigor de verdad, apenas una fracción de lo que miles de familias argentinas sufren desde hace más de diez años y que, por cierto, condiciona de manera pérfida el devenir institucional de nuestro país, y sin que prácticamente nadie “importante” hable de ello. Al doble estándar de la Justicia argentina respecto del tratamiento que ofrece a sus imputados podríamos añadirle, por ejemplo, que para perseguirlos y juzgarlos hubo que vulnerar cuanto estamento legal y jurisprudencial exista, desde violar la irretroactividad de las leyes a desoír el mismo dictamen de la absurdamente reivindicada justicia alfosinista, la cual determinó que en los años 70 hubo una guerra contrarrevolucionaria en nuestro país para finalmente condenar a sus responsables. El sesgo (más delincuencial que) ideológico que usted señala en la justicia colombiana aquí se produjo de manera más agravada aún, de tal modo que los integrantes de las organizaciones armadas son vistos y tratados exclusivamente como víctimas, ocupan lugares de poder y, por más disparatado que parezca, han cobrado sumas millonarios en concepto de “indemnizaciones”. Mientras que allá al expresidente Uribe se lo conmina de modo ilegal a un arresto domiciliario, aquí directamente “los viejos” han sido “tirados” sin ningún miramiento en penales cuya deplorable condición habla más mal de los “buenos” que de los malos, tras lo cual se les deniega en gran proporción y sistemáticamente el pedido de prisión domiciliaria ya sea tanto por cuestiones de edad como de salud. Oportuno es mencionar que el promedio de edad de los Presos Políticos Argentinos (como tengo el derecho de llamarlos) es de 70 años de edad. (Mientras escribo esto, me entero que la “justicia” argentina, casualmente, acaba de otorgarle justamente prisión domiciliaria a Sebastián Romero, el violento que estuvo prófugo durante tres años y que buscó la misma Interpol. Se la niegan a los viejos que no se podrían escapar ni al patio y se la dan a uno que verdaderamente constituye una amenaza para el país, y que se suma a los miles de violadores y asesinos que fueron liberados o enviados a sus casas con motivo de “la pandemia”. En cuanto a los procesos llevados a cabo, la cosa no es menos escabrosa, siempre que los mismos – sin exagerar – constituyen verdaderos “circos judiciales” donde se violan absolutamente todas las garantías constitucionales, desde el fotografiado escarnio público a la puesta en escena de falsos testimonios que sería largo detallar aquí; desde el completo ninguneo a los abogados defensores (muchos de ellos agredidos inclusive) a la coercitiva participación de organismos pretendidamente de “derechos humanos” que ofician como verdaderos barras bravas – aunque usted no lo haya visto en ningún lugar en el mundo – nada menos que durante las mismas audiencias. Para su información, señor Schamis, aquí no se cumple comúnmente con la debida imparcialidad con que deben estar investidos los jueces (incluso los hay que son familiares de desaparecidos; otros con demostrada participación en las organizaciones armadas de antaño, mientras que por su parte es dable observar que fiscales, acusadores y demás intervinientes componen una suerte de “club” de amigos a los que sólo les falta compartir “un asadito” antes o después de cada audiencia.
Llegado este punto, no podemos dejar de mencionar la alevosa aportación de la mayoría de los medios de comunicación argentinos, constituidos en verdaderos antros de propaganda setentista abocados exclusivamente ya sea a desinformar como a fogonear la injusticia imperante. A esta altura sería innecesario detallar el lugar que ocupa la política en toda esta historia. Por todo esto, Sr. Schamis, y disculpe esta licencia – fruto de años de hartazgo –, asombrarse de que al expresidente Uribe lo metan preso en base a las mencionadas felonías al mismo tiempo que se soslaya el mil veces más “florido” caso argentino, es como estar alerta por la peligrosidad de un alacrán mientras se duerme rodeado de serpientes venenosas. Desde ya, no desearía adjudicarle a usted el “doble estándar” que predomina en Argentina sobre la cuestión “militares” no sólo en nuestra justicia sino, también, en la adulterada consideración ciudadana. No tome a mal, sin embargo, esta observación ya que me habilita la honestidad intelectual con que usted formuló el artículo sobre Uribe, que confío que será la misma con la que aprecie estas palabras y que, más allá del pensamiento que tengamos respecto de los diversos actores en discusión, le lleve a sostener que la política de “al enemigo, ni justicia” solo ha servido para regar el mundo de odio, muerte y venganza, tal como hace años se ve en Argentina (sin que nadie chille) y como ahora empieza a verse con la figura del expresidente colombiano, injustamente arrestado. Si tiene la osadía, pues, de servirse del “ejemplo” argentino, le aseguro que podrá incluso adelantarse en el tiempo en futuros análisis sobre la situación en Colombia. Sin dejar de valorar el peso de su análisis, por último, sólo me resta decirle que el mismo – tras estudiarlo – sería aplicable en un 90% al caso argentino (acá es más grave todavía); sólo habría que cambiar las palabras “Uribe” y “FARC” por “militares” y “Montoneros” o “ERP”. Es – casi – la misma historia, con la diferencia de que Colombia cuenta felizmente con algo de prensa local, lo que posibilita la existencia de no poca prensa internacional, un factor no menor al momento de presionar por las garantías constitucionales y el respeto a las libertades individuales que cada día son más exiguas en Argentina. Como verá, el devenir de nuestro país se presenta cada día más tenebroso por lo que a cada hora se hacen más necesarios la voz y el compromiso de periodistas, intelectuales, pensadores y quién diablos sea que pueda adelantarse a la tormenta que se nos viene ACÁ antes que en cualquier otro lugar en el mundo. En fin, no se trata de ignorar lo que ocurre en otras partes ya que ahí tenemos un buen espejo en donde mirarnos; pero sí se trata de tener bien presente que, insalvablemente, la caridad bien entendida empieza por casa.
Con la pretenciosa esperanza de haber sido de utilidad, le agradezco el tiempo dispensado y lo saludo cálidamente.
NOTA: esta carta fue originalmente escrita para el autor de la editorial «Presunción de doble estándar», Héctor Schamis, publicada en Infobae. Tras agotar todas las instancias en aras de contactar al autor a fin de hacerle llegar mi mensaje y tras no haber recibido ninguna respuesta del medio donde se publicó, procedo a publicarla.
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Rosario, domingo 9 de agosto de 2020
Sr. Héctor Schamis:
Tras haber leído su artículo titulado “Presunción de doble estándar” (Infobae), me siento impelido, primeramente, a agradecerle la claridad meridiana que comparte al lector (tan preocupado como) interesado en el tema de marras. Ante el avasallamiento de la confusión en todo orden – en gran medida instada desde los mismos medios de comunicación –, la mirada que propone respecto del caso colombiano resume en un aliciente para todos aquellos que, quizás ingenuamente, seguimos creyendo y apostando por un estilo de vida conforme a los valores de república, democracia, libertad y justicia – valga la redundancia – gracias a los cuales han sabido erigirse nuestras naciones. Dicho esto, no obstante, debo tomarme el atrevimiento de realizar una curiosa observación, acaso la misma de siempre toda vez que la prensa y la intelectualidad argentinas “ponen el grito en el Cielo” por las irregularidades de este orden que ocurren en toda América latina: ¿por qué han callado, entonces, respecto de las que han tenido lugar en Argentina y por las que injusta, inconstitucional e ilegalmente cumplen pena de prisión más de dos mil militares, policías y civiles argentinos en el marco de los mal llamados “Juicios de Lesa Humanidad”? El “doble estándar” que usted, con toda razón, señala en lo que al expresidente Uribe atañe es, en rigor de verdad, apenas una fracción de lo que miles de familias argentinas sufren desde hace más de diez años y que, por cierto, condiciona de manera pérfida el devenir institucional de nuestro país, y sin que prácticamente nadie “importante” hable de ello. Al doble estándar de la Justicia argentina respecto del tratamiento que ofrece a sus imputados podríamos añadirle, por ejemplo, que para perseguirlos y juzgarlos hubo que vulnerar cuanto estamento legal y jurisprudencial exista, desde violar la irretroactividad de las leyes a desoír el mismo dictamen de la absurdamente reivindicada justicia alfosinista, la cual determinó que en los años 70 hubo una guerra contrarrevolucionaria en nuestro país para finalmente condenar a sus responsables. El sesgo (más delincuencial que) ideológico que usted señala en la justicia colombiana aquí se produjo de manera más agravada aún, de tal modo que los integrantes de las organizaciones armadas son vistos y tratados exclusivamente como víctimas, ocupan lugares de poder y, por más disparatado que parezca, han cobrado sumas millonarios en concepto de “indemnizaciones”. Mientras que allá al expresidente Uribe se lo conmina de modo ilegal a un arresto domiciliario, aquí directamente “los viejos” han sido “tirados” sin ningún miramiento en penales cuya deplorable condición habla más mal de los “buenos” que de los malos, tras lo cual se les deniega en gran proporción y sistemáticamente el pedido de prisión domiciliaria ya sea tanto por cuestiones de edad como de salud. Oportuno es mencionar que el promedio de edad de los Presos Políticos Argentinos (como tengo el derecho de llamarlos) es de 70 años de edad. (Mientras escribo esto, me entero que la “justicia” argentina, casualmente, acaba de otorgarle justamente prisión domiciliaria a Sebastián Romero, el violento que estuvo prófugo durante tres años y que buscó la misma Interpol. Se la niegan
a los viejos que no se podrían escapar ni al patio y se la dan a uno que verdaderamente constituye una amenaza para el país, y que se suma a los miles de violadores y asesinos que fueron liberados o enviados a sus casas con motivo de “la pandemia”. En cuanto a los procesos llevados a cabo, la cosa no es menos escabrosa, siempre que los mismos – sin exagerar – constituyen verdaderos “circos judiciales” donde se violan absolutamente todas las garantías constitucionales, desde el fotografiado escarnio público a la puesta en escena de falsos testimonios que sería largo detallar aquí; desde el completo ninguneo a los abogados defensores (muchos de ellos agredidos inclusive) a la coercitiva participación de organismos pretendidamente de “derechos humanos” que ofician como verdaderos barras bravas – aunque usted no lo haya visto en ningún lugar en el mundo – nada menos que durante las mismas audiencias. Para su información, señor Schamis, aquí no se cumple comúnmente con la debida imparcialidad con que deben estar investidos los jueces (incluso los hay que son familiares de desaparecidos; otros con demostrada participación en las organizaciones armadas de antaño, mientras que por su parte es dable observar que fiscales, acusadores y demás intervinientes componen una suerte de “club” de amigos a los que sólo les falta compartir “un asadito” antes o después de cada audiencia.
Llegado este punto, no podemos dejar de mencionar la alevosa aportación de la mayoría de los medios de comunicación argentinos, constituidos en verdaderos antros de propaganda setentista abocados exclusivamente ya sea a desinformar como a fogonear la injusticia imperante. A esta altura sería innecesario detallar el lugar que ocupa la política en toda esta historia. Por todo esto, Sr. Schamis, y disculpe esta licencia – fruto de años de hartazgo –, asombrarse de que al expresidente Uribe lo metan preso en base a las mencionadas felonías al mismo tiempo que se
soslaya el mil veces más “florido” caso argentino, es como estar alerta por la peligrosidad de un alacrán mientras se duerme rodeado de serpientes venenosas. Desde ya, no desearía adjudicarle a usted el “doble estándar” que predomina en Argentina sobre la cuestión “militares” no sólo en nuestra justicia sino, también, en la adulterada consideración ciudadana. No tome a mal, sin embargo, esta observación ya que me habilita la honestidad intelectual con que usted formuló el artículo sobre Uribe, que confío que será la misma con la que aprecie estas palabras y que, más allá del pensamiento que tengamos respecto de los diversos actores en discusión, le lleve a sostener que la política de “al enemigo, ni justicia” solo ha servido para regar el mundo de odio, muerte y venganza, tal como hace años se ve en Argentina (sin que nadie chille) y como ahora empieza a verse con la figura del expresidente colombiano, injustamente arrestado. Si tiene la osadía, pues, de servirse del “ejemplo” argentino, le aseguro que podrá incluso adelantarse en el tiempo en futuros análisis sobre la situación en Colombia. Sin dejar de valorar el peso de su análisis, por último, sólo me resta decirle que el mismo – tras estudiarlo – sería aplicable en un 90% al caso argentino (acá es más grave todavía); sólo habría que cambiar las palabras “Uribe” y “FARC” por “militares” y “Montoneros” o “ERP”. Es – casi – la misma historia, con la diferencia de que Colombia cuenta felizmente con algo de prensa local, lo que posibilita la existencia de no poca prensa internacional, un factor no menor al momento de presionar por las garantías constitucionales y el respeto a las libertades individuales que cada día son más exiguas en Argentina. Como verá, el devenir de nuestro país se presenta cada día más tenebroso por lo que a cada hora se hacen más necesarios la voz y el compromiso de periodistas, intelectuales, pensadores y quién diablos sea que pueda adelantarse a la tormenta que se nos viene ACÁ antes que en cualquier otro lugar en el mundo. En fin, no se trata de ignorar lo que ocurre en otras partes ya que ahí tenemos un buen espejo en donde mirarnos; pero sí se trata de tener bien presente que, insalvablemente, la caridad bien entendida empieza por casa.
Con la pretenciosa esperanza de haber sido de utilidad, le agradezco el tiempo dispensado y lo saludo cálidamente.
NOTA: esta carta fue originalmente escrita para el autor de la editorial «Presunción de doble estándar», Héctor Schamis, publicada en Infobae. Tras agotar todas las instancias en aras de contactar al autor a fin de hacerle llegar mi mensaje y tras no haber recibido ninguna respuesta del medio donde se publicó, procedo a publicarla.
DAVID REY
Periodismo> para periodistas
COLABORACIÓN: Dr. Gonzalo Miño
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 12, 2020