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Los votantes del estado estadounidense de Colorado, de tendencia republicana, han aprobado en referéndum una disposición que destinaría 350 millones de dólares del presupuesto estatal a financiar el cuerpo de Policía, cuyas filas han disminuido considerablemente en los últimos años.

La Proposición 130, aprobada con el 53 % de los votos, fue uno de los varios puntos de la papeleta electoral centrados en el cumplimiento de la ley. Según se informa, la financiación de la iniciativa procederá de otros servicios estatales dentro del fondo general del estado y no supondrá un aumento de impuestos para los residentes.

La decisión llega cuatro años después de los recortes de financiación a los departamentos de Policía de todo el país, durante los cuales se ha visto asolado por una ola de delincuencia masiva. En los últimos años, por ejemplo, varias ciudades de Colorado han registrado un récord de homicidios y se ha extendido la influencia de las bandas criminales.

Los recortes de presupuesto, entre otros motivos, vaciaron las comisarías de varias ciudades del país norteamericano. En algunas de ellas, el cuerpo policial renunció en pleno debido a problemas con los pagos y el bajo monto de sus salarios. Después de que la muerte durante la detención del afroamericano George Floyd en 2020 desencadenara potentes protestas del movimiento ‘Black Lives Matter’, los legisladores de Minneapolis recortaron drásticamente la financiación de la Policía local e incluso propusieron desmantelarla.

En este sentido, Joe Gamaldi, vicepresidente nacional de la Orden Fraternal de Policía, criticó la decisión de Denver de principios de año de recortar 8 millones de dólares del gasto de su departamento de policía para ayudar a financiar programas destinados al creciente número de inmigrantes que llegan a la ciudad y declaró que “nada en nuestras comunidades funciona a menos que contemos con una plataforma fundamental de seguridad pública”.

Los residentes de Colorado también apoyaron otras iniciativas, entre ellas el restablecimiento del derecho de los jueces estatales a revocar la libertad bajo fianza de los acusados de asesinato en primer grado, que se eliminó en 2020. Además, los condenados por delitos violentos tendrán que cumplir ahora el 85 % de su condena antes de poder optar a la libertad condicional.