Cándido Cuña fue un panadero gallego que fue asesinado por ETA en Rentería, Guipúzcoa, el 20 de octubre de 1983. Su único “delito” fue vender pan a los agentes de la Guardia Civil que estaban destinados en el cuartel de Intxaurrondo. Por este motivo, la banda terrorista le consideró un “colaborador” de las “fuerzas de ocupación” y le disparó dos veces en la cabeza cuando salía de un bar cerca de su casa.
Cándido ya había sobrevivido a otro atentado de ETA cuatro años antes, cuando recibió ocho tiros en el cuerpo al salir de su domicilio. A pesar de las graves heridas, logró recuperarse y seguir con su trabajo y su familia. No quiso abandonar Rentería ni ceder a la presión terrorista. Su viuda jamás recibió la pensión a la que tenía derecho y sus hijos tuvieron que vivir con el dolor y el silencio.
Cándido Cuña fue una de las muchas víctimas inocentes del terrorismo etarra, que durante décadas sembró el miedo y la violencia en el País Vasco y en toda España. Su historia merece ser recordada y honrada, como la de todos los que sufrieron la barbarie de ETA.
El número de víctimas mortales de ETA oscila entre 845 y 856 personas, en casi 50 años de actividad terrorista. La mayoría de los asesinatos se produjeron en el País Vasco, especialmente en Gipuzkoa y Bizkaia. El atentado más sangriento fue el de Hipercor en Barcelona, en 1987, que causó 21 muertos y 45 heridos. El secuestro más largo fue el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que estuvo 532 días en manos de ETA. Casi la mitad de los crímenes de ETA siguen sin resolver.
ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011, tras haber cometido su último asesinato en marzo de 2010, en Francia. En mayo de 2018, la banda terrorista se disolvió oficialmente y pidió perdón a las víctimas. Sin embargo, muchas de ellas siguen reclamando justicia, memoria y dignidad.
El gobierno español ha adoptado diversas medidas para combatir a ETA y su entorno, tanto desde el ámbito policial y judicial como desde el político y social. Algunas de estas medidas son:
La aplicación de la Ley de Partidos Políticos de 2002, que permitió la ilegalización de las formaciones políticas que apoyaran o justificaran la violencia terrorista, como Herri Batasuna o Batasuna.
La dispersión de los presos de ETA en cárceles alejadas del País Vasco, para dificultar su comunicación y coordinación, así como para presionarles a colaborar con la justicia y a desvincularse de la banda.
La colaboración internacional con Francia y otros países, para detener a los dirigentes y miembros de ETA, desarticular sus infraestructuras y evitar su refugio en el extranjero.
El refuerzo de las medidas de seguridad y protección de las posibles víctimas, especialmente los representantes políticos, los jueces, los periodistas y los empresarios, mediante escoltas, blindajes y dispositivos especiales.
El apoyo a las víctimas del terrorismo, reconociendo su dignidad y su memoria, ofreciéndoles asistencia jurídica, psicológica y económica, y promoviendo su participación en la vida pública.
El diálogo con ETA en varias ocasiones, bajo la condición previa del cese de la violencia, para explorar las posibilidades de una solución pacífica y democrática al conflicto. Sin embargo, estos procesos de paz fracasaron por la falta de voluntad real de ETA de abandonar las armas.
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Cándido Cuña fue un panadero gallego que fue asesinado por ETA en Rentería, Guipúzcoa, el 20 de octubre de 1983. Su único “delito” fue vender pan a los agentes de la Guardia Civil que estaban destinados en el cuartel de Intxaurrondo. Por este motivo, la banda terrorista le consideró un “colaborador” de las “fuerzas de ocupación” y le disparó dos veces en la cabeza cuando salía de un bar cerca de su casa.
Cándido ya había sobrevivido a otro atentado de ETA cuatro años antes, cuando recibió ocho tiros en el cuerpo al salir de su domicilio. A pesar de las graves heridas, logró recuperarse y seguir con su trabajo y su familia. No quiso abandonar Rentería ni ceder a la presión terrorista. Su viuda jamás recibió la pensión a la que tenía derecho y sus hijos tuvieron que vivir con el dolor y el silencio.
Cándido Cuña fue una de las muchas víctimas inocentes del terrorismo etarra, que durante décadas sembró el miedo y la violencia en el País Vasco y en toda España. Su historia merece ser recordada y honrada, como la de todos los que sufrieron la barbarie de ETA.
El número de víctimas mortales de ETA oscila entre 845 y 856 personas, en casi 50 años de actividad terrorista. La mayoría de los asesinatos se produjeron en el País Vasco, especialmente en Gipuzkoa y Bizkaia. El atentado más sangriento fue el de Hipercor en Barcelona, en 1987, que causó 21 muertos y 45 heridos. El secuestro más largo fue el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que estuvo 532 días en manos de ETA. Casi la mitad de los crímenes de ETA siguen sin resolver.
ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011, tras haber cometido su último asesinato en marzo de 2010, en Francia. En mayo de 2018, la banda terrorista se disolvió oficialmente y pidió perdón a las víctimas. Sin embargo, muchas de ellas siguen reclamando justicia, memoria y dignidad.
El gobierno español ha adoptado diversas medidas para combatir a ETA y su entorno, tanto desde el ámbito policial y judicial como desde el político y social. Algunas de estas medidas son:
La aplicación de la Ley de Partidos Políticos de 2002, que permitió la ilegalización de las formaciones políticas que apoyaran o justificaran la violencia terrorista, como Herri Batasuna o Batasuna.
La dispersión de los presos de ETA en cárceles alejadas del País Vasco, para dificultar su comunicación y coordinación, así como para presionarles a colaborar con la justicia y a desvincularse de la banda.
La colaboración internacional con Francia y otros países, para detener a los dirigentes y miembros de ETA, desarticular sus infraestructuras y evitar su refugio en el extranjero.
El refuerzo de las medidas de seguridad y protección de las posibles víctimas, especialmente los representantes políticos, los jueces, los periodistas y los empresarios, mediante escoltas, blindajes y dispositivos especiales.
El apoyo a las víctimas del terrorismo, reconociendo su dignidad y su memoria, ofreciéndoles asistencia jurídica, psicológica y económica, y promoviendo su participación en la vida pública.
El diálogo con ETA en varias ocasiones, bajo la condición previa del cese de la violencia, para explorar las posibilidades de una solución pacífica y democrática al conflicto. Sin embargo, estos procesos de paz fracasaron por la falta de voluntad real de ETA de abandonar las armas.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 5, 2023