El primer juicio en contra de la autoproclamada expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, comenzó este jueves en medio de una amplia expectativa política, ya que se le imputan delitos por los cuales la Fiscalía ha solicitado la pena máxima de 10 años.
Se trata del juicio bautizado en el país sudamericano como ‘Golpe de Estado II’, y en el que la exsenadora es acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que el expresidente Evo Morales fuera obligado a dimitir.
Entre las múltiples anomalías citadas por la Fiscalía, destaca el hecho de que Áñez se colocó la banda presidencial en una sesión del Senado que no contaba con el quórum necesario para validar la ceremonia.
Además, ante la forzada dimisión de Morales, la presidencia interina debía recaer en un legislador o legisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), ya que tenían mayoría de escaños, y no en el bloque opositor del que Áñez formaba parte.
Durante el juicio también se analizará la participación de políticos, policías, militares y personas de la sociedad civil que organizaron una sucesión presidencial irregular.
Por eso, junto con Áñez serán juzgados el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; y los excomandantes Pastor Mendieta (Ejército), Gonzalo Terceros (Fuerza Aérea) y Palmiro Jarjury (Fuerzas Armadas).
A ellos se suman dos prófugos: el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.
Áñez, quien gobernó durante una año a partir de noviembre de 2019, fue detenida en marzo de 2021, solo cinco meses después de que Luis Arce, el candidato del MAS, ganara la presidencia en unas elecciones que representaron el regreso de la democracia en Bolivia.
Desde entonces hay dos grandes causas judiciales en su contra. Una es la llamada ‘Golpe de Estado I’, en la que se le imputan los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y que está en curso pero todavía sin llegar a juicio; y ‘Golpe de Estado II’.
Junto con su participación en el derrocamiento de Morales y su anómala asunción como presidenta, también se investigan otras causas por delitos de lesa humanidad referidas a las masacres de Sacaba y Senkata que llevaron a cabo las fuerzas de Seguridad y militares a su cargo durante los primeros días de su gobierno, y que dejaron un saldo de por lo menos 38 personas asesinadas y cientos más heridas.
Morales
Desde que fue detenida en la cárcel de Miraflores, ubicada en La Paz, Áñez se autoproclamó como presa política y exigió en varias ocasiones la prisión domiciliaria al considerar que era víctima de violencia institucional. Sin embargo, las autoridades bolivianas rechazaron sus peticiones.
Tampoco fue apoyada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que a fines del año pasado rechazó las medidas cautelares interpuestas por la expresidenta.
Con miras al inicio del juicio, unos de sus abogados, Alain de Canedo Ostria, ya anticipó seis observaciones para impugnar el proceso, por ejemplo, porque solo uno de los tres jueces que conforman el tribunal firmaron la orden para comenzar un proceso que la acusada considera inusualmente acelerado.
“Es una acusación apresurada, es una investigación apresurada, con solo los elementos de cargo a favor del Gobierno”, dijo su abogado.
También impugnó que funcionarios se hayan intervenido indebidamente en el caso, ya que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue quien anunció el inicio del juicio, lo que correspondía a un tribunal; en tanto que el ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que podría ser condenada a 12 años de prisión. Ambos anticiparon, además, que el juicio sería breve.
CalderónAznarPastrana
Áñez ha desacreditado de manera directa las investigaciones. Sin reconocer jamás el golpe de Estado, insistió en que solo se pretende “borrar la historia” del “fraude” de Morales para llevar a cabo un “juicio ilegal” en contra de “defensores de la democracia, de la justicia y de la libertad”.
“El jueves 10 de febrero de 2022 a las 9 horas se dará inicio al juicio oral contra Jeanine Añez, violando todos sus derechos y garantías, obedeciendo al anuncio público del Gobierno sobre la duración del mismo y la condena anticipada”, señaló la acusada en mensajes que sus familiares postearon en las redes sociales.
Áñez escribió una carta en la que aseguró que asumió la presidencia “sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo”.
FoxUribeMacri
Agregó que lo que sucede actualmente en Bolivia parece de “una época medieval y totalitaria” y con “presos políticos”, condición que no le ha sido reconocida por ningún organismo nacional ni internacional.
Más allá de las declaraciones, el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó que la comisión de fiscales presentó la acusación formal en contra de Áñez con base en más de 70 pruebas y más de 20 testigos.
Por otra parte, 21 expresidentes de derecha de América Latina y España reiteraron su apoyo a Áñez al considerar que su detención es arbitraria.
“La expresidenta tiene derecho a gozar de un juicio en libertad, del debido proceso y de una tutela judicial efectiva”, señalaron en una misiva que está firmada, entre otros, por los expresidentes Mauricio Macri (Argentina); Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), José María Aznar (España); y Vicente Fox y Felipe Calderón (México).
El primer juicio en contra de la autoproclamada expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, comenzó este jueves en medio de una amplia expectativa política, ya que se le imputan delitos por los cuales la Fiscalía ha solicitado la pena máxima de 10 años.
Entre las múltiples anomalías citadas por la Fiscalía, destaca el hecho de que Áñez se colocó la banda presidencial en una sesión del Senado que no contaba con el quórum necesario para validar la ceremonia.
Además, ante la forzada dimisión de Morales, la presidencia interina debía recaer en un legislador o legisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), ya que tenían mayoría de escaños, y no en el bloque opositor del que Áñez formaba parte.
Durante el juicio también se analizará la participación de políticos, policías, militares y personas de la sociedad civil que organizaron una sucesión presidencial irregular.
Por eso, junto con Áñez serán juzgados el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; y los excomandantes Pastor Mendieta (Ejército), Gonzalo Terceros (Fuerza Aérea) y Palmiro Jarjury (Fuerzas Armadas).
A ellos se suman dos prófugos: el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.
Áñez, quien gobernó durante una año a partir de noviembre de 2019, fue detenida en marzo de 2021, solo cinco meses después de que Luis Arce, el candidato del MAS, ganara la presidencia en unas elecciones que representaron el regreso de la democracia en Bolivia.
Desde entonces hay dos grandes causas judiciales en su contra. Una es la llamada ‘Golpe de Estado I’, en la que se le imputan los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y que está en curso pero todavía sin llegar a juicio; y ‘Golpe de Estado II’.
Junto con su participación en el derrocamiento de Morales y su anómala asunción como presidenta, también se investigan otras causas por delitos de lesa humanidad referidas a las masacres de Sacaba y Senkata que llevaron a cabo las fuerzas de Seguridad y militares a su cargo durante los primeros días de su gobierno, y que dejaron un saldo de por lo menos 38 personas asesinadas y cientos más heridas.
Desde que fue detenida en la cárcel de Miraflores, ubicada en La Paz, Áñez se autoproclamó como presa política y exigió en varias ocasiones la prisión domiciliaria al considerar que era víctima de violencia institucional. Sin embargo, las autoridades bolivianas rechazaron sus peticiones.
Tampoco fue apoyada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que a fines del año pasado rechazó las medidas cautelares interpuestas por la expresidenta.
Con miras al inicio del juicio, unos de sus abogados, Alain de Canedo Ostria, ya anticipó seis observaciones para impugnar el proceso, por ejemplo, porque solo uno de los tres jueces que conforman el tribunal firmaron la orden para comenzar un proceso que la acusada considera inusualmente acelerado.
“Es una acusación apresurada, es una investigación apresurada, con solo los elementos de cargo a favor del Gobierno”, dijo su abogado.
También impugnó que funcionarios se hayan intervenido indebidamente en el caso, ya que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue quien anunció el inicio del juicio, lo que correspondía a un tribunal; en tanto que el ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que podría ser condenada a 12 años de prisión. Ambos anticiparon, además, que el juicio sería breve.
Áñez ha desacreditado de manera directa las investigaciones. Sin reconocer jamás el golpe de Estado, insistió en que solo se pretende “borrar la historia” del “fraude” de Morales para llevar a cabo un “juicio ilegal” en contra de “defensores de la democracia, de la justicia y de la libertad”.
“El jueves 10 de febrero de 2022 a las 9 horas se dará inicio al juicio oral contra Jeanine Añez, violando todos sus derechos y garantías, obedeciendo al anuncio público del Gobierno sobre la duración del mismo y la condena anticipada”, señaló la acusada en mensajes que sus familiares postearon en las redes sociales.
Áñez escribió una carta en la que aseguró que asumió la presidencia “sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo”.
Agregó que lo que sucede actualmente en Bolivia parece de “una época medieval y totalitaria” y con “presos políticos”, condición que no le ha sido reconocida por ningún organismo nacional ni internacional.
Más allá de las declaraciones, el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó que la comisión de fiscales presentó la acusación formal en contra de Áñez con base en más de 70 pruebas y más de 20 testigos.
Por otra parte, 21 expresidentes de derecha de América Latina y España reiteraron su apoyo a Áñez al considerar que su detención es arbitraria.
“La expresidenta tiene derecho a gozar de un juicio en libertad, del debido proceso y de una tutela judicial efectiva”, señalaron en una misiva que está firmada, entre otros, por los expresidentes Mauricio Macri (Argentina); Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), José María Aznar (España); y Vicente Fox y Felipe Calderón (México).
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 12, 2022