Ha sido un día brutalmente intenso en Venezuela, donde se profundizó la crisis institucional que vive el país.
El Tribunal Supremo de Justicia anunció el miércoles en la noche que asumirá las competencias del parlamento de mayoría opositora, al que declaró en “desacato” que el año pasado el tribunal le impuso al organismo, al que acusa del incumplimiento de varias sentencias.
La medida la tomó el tribunal después de que cuatro abogadas presentaran un recurso de interpretación para que esa corte analizara un artículo de la Constitución y el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos sobre la creación de empresas mixtas sin la aprobación del legislativo.
El tribunal limitó la inmunidad parlamentaria y amplió los poderes del presidente para actuar bajo estados de excepción, que le permitirán, incluso, acudir a la justicia militar para demandar a sus contrarios.
El TSJ ha dicho que en tanto siga el desacato, todo lo que haga la Asamblea Nacional será inválido y sus decisiones consideradas nulas.
La respuesta del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, no se hizo esperar. En una conferencia de prensa, escoltado por varios legisladores opositores, afirmó que la decision del tribunal es un claro que ejemplo que Venezuela esta en dictadura. Borges rompió el documento con resolución de la TSJ durante un discurso en donde pidió que el mundo ayude a Venezuela para seguir firmes con el voto a cambiar al país por una democracia.
Además, Borges dijo que no van acatar las órdenes del TSJ. ““Esta es la primera vez que sentencias (del TSJ) le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana”, señaló el diputado.
El diputado oficialista Diosdado Cabello, por su parte, dijo en su programa televisivo que “no podemos estar con una Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran, pues. Cuando ellos hagan oficial el acto de desincorporación de los señores que dicen que son diputados, entonces comenzaremos a hablar. Si el orgullo no les da para eso, eso es problema suyo, camaradas”. Cabello se refiere a los diputados opositores cuya elección fue impugnada por el TSJ.
Reacciones de condena en el continente
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció un “autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional”.
“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, dijo el secretario general. “Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”.
Almagro pidió convocar un Consejo Permanente de la OEA en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática de Venezuela.
Para activar la Carta Democrática ante una situación como la de Venezuela, en la que el Gobierno se opone frontalmente a esa medida, el Consejo Permanente de la OEA debe decidir por mayoría (18 votos) que hay una alteración del orden democrático.
Por su parte, el Gobierno de Perú rechazó lo que llamó una “ruptura del orden democrático en Venezuela” y retiró de forma definitiva a su embajador en ese país.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo que la decisión del TSJ de Venezuela es una “arbitraria medida que violenta el Estado de derecho”.
El Departamento de Estado de EE.UU. dijo en un comunicado que la decisión del TSJ “socava enormemente las instituciones democráticas” y que Estados Unidos condena la medida. “Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela”, dice la declaración de Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado.
Además, la portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo que “las recientes sentencias de la Corte Suprema de Venezuela están poniendo en tela de juicio los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y restringiendo la inmunidad parlamentaria de sus miembros, elegidos democráticamente por el pueblo venezolano”.
El expresidente y candidato presidencial de Chile, Sebastián Piñera, señaló que “el Tribunal Chavista de Justicia ha arrebatado todas sus atribuciones al Congreso de Venezuela. Es un paso inaceptable hacia una dictadura” y llamó a invocar la cláusula democrática de la OEA.
En tanto, la Cancillería de Argentina emitió un comunicado en el que dice que el gobierno “ve con gran preocupación la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que limita las facultades de la Asamblea Legislativa y restringe la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular”.
En un tono similar se expresó el Gobierno de México, al manifestar que “preocupa el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del poder legislativo de ese país, así como la decisión de limitar las facultades de dicha Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular, lo que atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes”.
Colombia destacó “la importancia del respeto por la separación de poderes”. La canciller María Ángela Holguín dijo que “acá nosotros hemos insistido, lo insistimos en el debate de la OEA hace dos días, de la importancia del respeto y de la separación de los poderes como pilar fundamental para la democracia”.
¿Qué es la Carta Democrática y qué puede pasar con Venezuela en la OEA?
La Carta Democrática Interamericana fue aprobada en 2001 como herramienta para fortalecer la democracia.
Otorga a los Estados miembro y al secretario general mecanismos para actuar cuando lo consideren necesario con medidas que pueden desembocar en la suspensión temporal de un país.
Si el Consejo Permanente determina que existe una alteración del orden democrático, entonces puede aprobar medidas diplomáticas.
Si eso fracasa, el Consejo tiene la potestad de convocar una Asamblea General Extraordinaria con cancilleres, lo que requeriría la aprobación de dos tercios de los países.
En caso de que se active la Carta Democrática y se concluya que —como dicen los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática— en Venezuela hay de hecho una ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional, ese país no podría seguir participando en las sesiones de la Asamblea General, reuniones y comisiones de la OEA.
Las decisiones del TSJ contra la Asamblea
Al menos 50 son las sentencias que ha dictaminado en un año y medio el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan o limitan las funciones legislativas de un parlamento con mayoría opositora.
Estas son algunas de las más polémicas:
Antes de inaugurar las sesiones parlamentarias en 2016, el TSJ ordenó suspender temporalmente los resultados electorales correspondientes a tres diputados opositores elegidos en el estado Amazonas, al sur del país.
Luego el 11 de enero de 2016, una sentencia declaró el desacato de la junta directiva del legislativo por haber juramentado a estos parlamentarios.
Aunque al parlamento venezolano le corresponde designar y remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el primero de marzo de 2016 una sentencia determinó que, sin embargo, no puede revisar o anular anteriores designaciones. Esto ocurrió mientras la Asamblea Nacional discutía la designación de 13 magistrados durante la gestión parlamentaria anterior.
El 31 de marzo de 2016 se declaró la inconstucionalidad de la reforma parcial a la ley del Banco Central de Venezuela, sancionada días antes por el parlamento. La justicia consideró que el poder legislativo se había extralimitado en sus funciones.
El 19 de mayo de 2016 el tribunal reiteró la vigencia del estado de emergencia emitido por el presidente Nicolás Maduro y dejó sin validez el rechazo que sobre esta medida había acordado el parlamento.
El 15 de julio de 2016 el TSJ ratificó que la inmunidad parlamentaria solo le corresponde a los diputados activos en el cargo, no a los suplentes. En las elecciones de diciembre de 2015, tres jóvenes opositores detenidos por presunta comisión de delitos, fueron elegidos diputados suplentes. La oposición solicitó su liberación para ejercer sus labores legislativas, pero uno de ellos continúa detenido.
Ha sido un día brutalmente intenso en Venezuela, donde se profundizó la crisis institucional que vive el país.
El Tribunal Supremo de Justicia anunció el miércoles en la noche que asumirá las competencias del parlamento de mayoría opositora, al que declaró en “desacato” que el año pasado el tribunal le impuso al organismo, al que acusa del incumplimiento de varias sentencias.
La medida la tomó el tribunal después de que cuatro abogadas presentaran un recurso de interpretación para que esa corte analizara un artículo de la Constitución y el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos sobre la creación de empresas mixtas sin la aprobación del legislativo.
El tribunal limitó la inmunidad parlamentaria y amplió los poderes del presidente para actuar bajo estados de excepción, que le permitirán, incluso, acudir a la justicia militar para demandar a sus contrarios.
El TSJ ha dicho que en tanto siga el desacato, todo lo que haga la Asamblea Nacional será inválido y sus decisiones consideradas nulas.
La respuesta del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, no se hizo esperar. En una conferencia de prensa, escoltado por varios legisladores opositores, afirmó que la decision del tribunal es un claro que ejemplo que Venezuela esta en dictadura. Borges rompió el documento con resolución de la TSJ durante un discurso en donde pidió que el mundo ayude a Venezuela para seguir firmes con el voto a cambiar al país por una democracia.
El diputado oficialista Diosdado Cabello, por su parte, dijo en su programa televisivo que “no podemos estar con una Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran, pues. Cuando ellos hagan oficial el acto de desincorporación de los señores que dicen que son diputados, entonces comenzaremos a hablar. Si el orgullo no les da para eso, eso es problema suyo, camaradas”. Cabello se refiere a los diputados opositores cuya elección fue impugnada por el TSJ.
Reacciones de condena en el continente
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció un “autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional”.
“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, dijo el secretario general. “Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”.
Almagro pidió convocar un Consejo Permanente de la OEA en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática de Venezuela.
Para activar la Carta Democrática ante una situación como la de Venezuela, en la que el Gobierno se opone frontalmente a esa medida, el Consejo Permanente de la OEA debe decidir por mayoría (18 votos) que hay una alteración del orden democrático.
Por su parte, el Gobierno de Perú rechazó lo que llamó una “ruptura del orden democrático en Venezuela” y retiró de forma definitiva a su embajador en ese país.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo que la decisión del TSJ de Venezuela es una “arbitraria medida que violenta el Estado de derecho”.
Además, la portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo que “las recientes sentencias de la Corte Suprema de Venezuela están poniendo en tela de juicio los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y restringiendo la inmunidad parlamentaria de sus miembros, elegidos democráticamente por el pueblo venezolano”.
El expresidente y candidato presidencial de Chile, Sebastián Piñera, señaló que “el Tribunal Chavista de Justicia ha arrebatado todas sus atribuciones al Congreso de Venezuela. Es un paso inaceptable hacia una dictadura” y llamó a invocar la cláusula democrática de la OEA.
En tanto, la Cancillería de Argentina emitió un comunicado en el que dice que el gobierno “ve con gran preocupación la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que limita las facultades de la Asamblea Legislativa y restringe la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular”.
En un tono similar se expresó el Gobierno de México, al manifestar que “preocupa el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del poder legislativo de ese país, así como la decisión de limitar las facultades de dicha Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular, lo que atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes”.
Colombia destacó “la importancia del respeto por la separación de poderes”. La canciller María Ángela Holguín dijo que “acá nosotros hemos insistido, lo insistimos en el debate de la OEA hace dos días, de la importancia del respeto y de la separación de los poderes como pilar fundamental para la democracia”.
¿Qué es la Carta Democrática y qué puede pasar con Venezuela en la OEA?
La Carta Democrática Interamericana fue aprobada en 2001 como herramienta para fortalecer la democracia.
Otorga a los Estados miembro y al secretario general mecanismos para actuar cuando lo consideren necesario con medidas que pueden desembocar en la suspensión temporal de un país.
Si el Consejo Permanente determina que existe una alteración del orden democrático, entonces puede aprobar medidas diplomáticas.
Si eso fracasa, el Consejo tiene la potestad de convocar una Asamblea General Extraordinaria con cancilleres, lo que requeriría la aprobación de dos tercios de los países.
En caso de que se active la Carta Democrática y se concluya que —como dicen los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática— en Venezuela hay de hecho una ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional, ese país no podría seguir participando en las sesiones de la Asamblea General, reuniones y comisiones de la OEA.
Las decisiones del TSJ contra la Asamblea
Al menos 50 son las sentencias que ha dictaminado en un año y medio el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan o limitan las funciones legislativas de un parlamento con mayoría opositora.
Estas son algunas de las más polémicas:
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 30, 2017
Tags: Corrupción en Venezuela, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, Julio Borges, Nicolás MaduroRelated Posts
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