Escuela de Cadetes de Policía de Tucumán  

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 Escibe Jorge B. Lobo Aragón.

 

 

Si  hubiera denuncias contra el poder administrador debiera ser éste el que se apure a poner la uña para que baile el trompo.  Si ante las irregularidades el poder administrador va a esquivar el bulto, pretendiendo que sólo se han de corregir delitos verificados por el Poder Judicial, no las simples corrupciones, entonces, por supuesto, la inmoralidad ha de proliferar al amparo de esta protección oficial.

 

 Opinión:

 

Que delitos, inmoralidades e irregularidades (Denuncias por torturas en la Escuela de Policía de Tucumán), se denuncien, se verifiquen, y que el Estado dé vuelta la cara como diciendo “Nada tengo que ver con esto”, es en la práctica, lo mismo que patrocinar, promover, apadrinar la inmoralidad, que queda expuesta ante la  sociedad sin que nada la evite, la corrija ni, menos aún, la castigue. Encontrar el modo de afianzar la moral, difundirla, prestigiarla, seguramente es difícil. Y aceptar, que el mal es general, no lleva a la solución de nada. Pero para luchar contra la delincuencia se precisa de una base moral. Entonces hay que comenzar por combatir la corrupción de la moral, acreditarla, esclarecerla, y recién estaremos en condiciones de encararnos con la delincuencia. Y justamente es en el Instituto de enseñanza superior donde se forman los cadetes de policía donde se debe plasmar y acentuar la lucha contra la delincuencia y la inmoralidad. El Estado no sólo ha de investigar y sancionar conductas desviadas, procedimientos antijurídicos, prácticas delictivas. Si no también la inmoralidad.   Más aun creo que de manera imperiosa, si  hubiera denuncias contra el poder administrador debiera ser éste el que se apure a poner la uña para que baile el trompo, y no esperar que le acumulen pruebas de delitos graves  para indagar, sino que él mismo, con las herramientas que tiene en la propia administración (Policía), averigüe, corrija y escarmiente toda inmoralidad. Y entonces, si de la investigación surgiese, además, la comisión de delitos, se dé intervención, por supuesto, a la justicia para que haga lo que deba hacer. El Estado debe aceptar su deber de comportarse con moralidad. Si ante  graves denuncias de torturas y apremios el poder administrador va a esquivar el bulto, pretendiendo que sólo se han de corregir delitos verificados por el Poder Judicial, por supuesto, la inmoralidad ha de proliferar al amparo de esta protección oficial. Hoy es imprescindible y vital que  las autoridades – Poder Ejecutivo – a través de su Ministro, Jefe de policía o autoridades que correspondan ante hechos de tormentos y amenazas en una Escuela de formación de futuros oficiales de policía  nada digan es extraño e inaceptable.

 

Dr. Jorge B. Lobo Aragón


PrisioneroEnArgentina.com

Mayo 10, 2017


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