Espionaje y ataque a la Justicia

◙

Mediante el Decreto 359 del 4 del mes en curso, el presidente Alberto Fernández prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), extendiendo por 180 días el cargo de interventora de la doctora Cristina Liliana Caamaño. Esta designación carece del acuerdo parlamentario que requiere. Por la vía de insistir con la intervención se elude el tratamiento parlamentario para la cobertura de un cargo que implica acceso a la información reservada del servicio de inteligencia más importante del Estado nacional.

La interventora Caamaño fue Fiscal y dirigió el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones de la Procuración General en la época de Alejandra Gils Carbó. Desde el año 2019 preside la Asociación Civil “Justicia Legitima”, cuyos integrantes, no obstante su condición de funcionarios del Poder Judicial, operan como militantes políticos con la finalidad principal de ideologizar la gestión de justicia y preservar la impunidad de quienes enfrentan los más importantes cargos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Las declaraciones y opiniones de Caamaño están siempre teñidas con fuertes colores ideológicos. Se declara “atea militante”. Creer o no en Dios queda reservado al ámbito íntimo. Pero si Dios no existe no puede obviamente lucharse contra El. La militancia es una expresión idiomática que refleja su vocación. Caamaño expone también sus relaciones de amistad solidaria con personas y organizaciones acusadas públicamente de corrupción. Estas actitudes reflejan fehacientemente la misión político ideológica de Justicia Legítima

La reunión de estas dos actividades o funciones en una misma persona, supone una manifiesta incompatibilidad e implica la posibilidad de utilizar la información reservada – que debe ser limitada a la defensa de los intereses del Estado – con fines partidarios, para ponerla al servicio de una entidad privada y de reconocida tendencia política en la línea del “vamos por todo”. PrisioneroEnArgentina.com

Esa información reservada tiene una importancia vital y debe ser preservada, ya que sus referentes carecen de la posibilidad de desmentirla. Su uso debe estar absolutamente limitado a la defensa de los más altos intereses del Estado. ¿Cómo hará la presidente de Justicia Legítima para deslindar su desempeño militante como titular de Justicia Legítima de la información que como interventora en la AFI debe mantener en reserva? No se requiere mucha imaginación para vislumbrar el peligro que entraña para la República este doble carácter de la interventora en la agencia de inteligencia. ¿Podemos sentirnos seguros de que esta doble función no favorecerá la impunidad ni facilitará el ataque a los jueces independientes bajo la amenaza velada o explícita de la utilización de datos obtenidos subrepticiamente? Difícil es no pensarlo cuando el oficialismo encabezado por la dupla Fernández está involucrado en una campaña de cooptación del Poder Judicial, cambiando o destituyendo a los jueces que demuestren independencia de criterio frente a la corrupción y otros desmanes.

En la historia del país y desde su creación, el Servicio de Inteligencia nunca tuvo un jefe que ejerciera otras funciones con influencia directa sobre el Poder Judicial. Tampoco los jefes de inteligencia desempeñaron simultáneamente funciones en asociaciones civiles, por encomiables que ellas fueran. Estamos pues frente a un caso único de injerencia de un poder en otro poder del Estado.

La Justicia no puede ni debe tener un discurso. Los jueces hablan por sus sentencias, sean o no equivocadas. Son públicas, por definición no son herméticas. Se debaten libremente en los medios y en los tribunales superiores. En cuanto al carácter endogámico y corporativo que Justicia Legítima –y, por ende, la Dra. Caamaño – achaca a la judicatura, basta con recordar que el poder político ha designado a los jueces de todas las jerarquías mediante concurso.

La renovación de la intervención de la AFI bajo la dirección de la abogada Caamaño es otra vuelta de tuerca que se agrega al plan en marcha que tiene como objetivo lograr la impunidad de quienes se enriquecieron escandalosamente desde el poder y hoy han retornado a él.