Por Michael R. Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos
Hoy, Estados Unidos anuncia nuevas sanciones financieras contra el hijo de Daniel Ortega, Rafael Ortega, y tres compañías nicaragüenses. Esta nueva acción promueve el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas para responsabilizar al gobierno de Daniel Ortega por actos de corrupción y violaciones desmedidas de los derechos humanos, y para apoyar la lucha del pueblo nicaragüense por un retorno a la democracia.
Rafael Ortega
La acción de hoy, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 (“Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”), congela sus activos estadounidenses y, en general, prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con Rafael Ortega, Inversiones Zanzíbar, Servicio de Protección y Vigilancia, y DNP. Rafael Ortega es un administrador de dinero clave para la familia Ortega, que trabaja junto a la Vicepresidenta de Nicaragua previamente sancionada y la Primera Dama Rosario Murillo. Rafael Ortega utiliza al menos dos compañías bajo su control, Inversiones Zanzíbar, S.A y Servicio de Protección y Vigilancia, S.A., para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega. Él usa Inversiones Zanzíbar para ocultar la transferencia de ganancias del Distribuidor Nicaraguense de Petróleo, también designado hoy, y como una compañía principal para adquirir estaciones de combustible en un intento de ocultar la propiedad de DNP de tales estaciones de combustible. Servicio De Protección Y Vigilancia es una firma de seguridad que ha recibido millones en contratos del gobierno nicaragüense. DNP es una cadena de estaciones de servicio controladas por la familia Ortega. DNP fue comprado con dinero público y luego transferido a la familia Ortega, y se beneficia de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales.
Estados Unidos insta al régimen de Ortega a reanudar el diálogo con la oposición y restablecer la democracia en el país, cumpliendo así sus obligaciones bajo la Carta Democrática Interamericana. La dolorosa crisis política de Nicaragua solo puede resolverse mediante elecciones libres y justas que reflejen de manera creíble la voluntad del pueblo nicaragüense y con pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
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Hoy, Estados Unidos anuncia nuevas sanciones financieras contra el hijo de Daniel Ortega, Rafael Ortega, y tres compañías nicaragüenses. Esta nueva acción promueve el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas para responsabilizar al gobierno de Daniel Ortega por actos de corrupción y violaciones desmedidas de los derechos humanos, y para apoyar la lucha del pueblo nicaragüense por un retorno a la democracia.
La acción de hoy, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 (“Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”), congela sus activos estadounidenses y, en general, prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con Rafael Ortega, Inversiones Zanzíbar, Servicio de Protección y Vigilancia, y DNP. Rafael Ortega es un administrador de dinero clave para la familia Ortega, que trabaja junto a la Vicepresidenta de Nicaragua previamente sancionada y la Primera Dama Rosario Murillo. Rafael Ortega utiliza al menos dos compañías bajo su control, Inversiones Zanzíbar, S.A y Servicio de Protección y Vigilancia, S.A., para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega. Él usa Inversiones Zanzíbar para ocultar la transferencia de ganancias del Distribuidor Nicaraguense de Petróleo, también designado hoy, y como una compañía principal para adquirir estaciones de combustible en un intento de ocultar la propiedad de DNP de tales estaciones de combustible. Servicio De Protección Y Vigilancia es una firma de seguridad que ha recibido millones en contratos del gobierno nicaragüense. DNP es una cadena de estaciones de servicio controladas por la familia Ortega. DNP fue comprado con dinero público y luego transferido a la familia Ortega, y se beneficia de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales.
Estados Unidos insta al régimen de Ortega a reanudar el diálogo con la oposición y restablecer la democracia en el país, cumpliendo así sus obligaciones bajo la Carta Democrática Interamericana. La dolorosa crisis política de Nicaragua solo puede resolverse mediante elecciones libres y justas que reflejen de manera creíble la voluntad del pueblo nicaragüense y con pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 13, 2019