La oleada de asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia, miembros de sus familias y de miembros de comunidades ha llegado a tal punto, que los excombatientes de las FARC se han visto obligados a fundar su propia organización de defensa de los derechos humanos.
La nueva institución, denominada Corporpaz, está liderada por 16 exguerrilleros que “en los últimos seis años se han formado como promotores de derechos humanos y trabajan en los territorios más golpeados por el conflicto armado”, tuiteó el viernes Sergio Marín, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia. Se trata de una corporación creada para garantizar los derechos de los propios firmantes del Acuerdo de Paz, detalló.
El partido Comunes, fundado en 2017 también por excombatientes, acompañó el lanzamiento de esta nueva herramienta de autoprotección. El congresista Germán Gómez planteó ante la corporación la misión de “lograr consolidar una red de promotores a nivel territorial para facilitar sistemas de alertas, espacios de denuncia y mecanismos de defensa de las garantías de seguridad ante la violencia”.
Según explicó Luis Fernando Enríquez, miembro de Corporpaz y activista del departamento de Cauca, “la corporación nace de la iniciativa de tener estos promotores de paz en los departamentos”. “Es importante también para poder prevenir y para poder actuar de manera ágil y concreta dado el recrudecimiento de la guerra en el territorio”, dijo citado por El Espectador. Sus observaciones señalan que Cauca es uno de los departamentos más golpeados por los actos violentos.
Las muertes de los excombatientes José Reinel Cano Medina, precisamente en Cauca el pasado 1 de diciembre, y de William Ferney Jiménez, en el departamento de Antioquia el 7 de diciembre, son las más recientes entre los más de 340 asesinatos de antiguos miembros de la extinta guerrilla desde 2016, cuando se firmaron los acuerdos entre los dirigentes de las FARC, el presidente Juan Manuel Santos y otros representantes del Gobierno colombiano. A este número se suman al menos 105 tentativas de homicidio, 27 desapariciones forzadas y más de 60 asesinatos de familiares de exguerrilleros, un grupo que también vive enormes riesgos a medida que sus parientes tratan de reincorporarse a la vida civil.
La oleada de asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia, miembros de sus familias y de miembros de comunidades ha llegado a tal punto, que los excombatientes de las FARC se han visto obligados a fundar su propia organización de defensa de los derechos humanos.
La nueva institución, denominada Corporpaz, está liderada por 16 exguerrilleros que “en los últimos seis años se han formado como promotores de derechos humanos y trabajan en los territorios más golpeados por el conflicto armado”, tuiteó el viernes Sergio Marín, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia.
Se trata de una corporación creada para garantizar los derechos de los propios firmantes del Acuerdo de Paz, detalló.
El partido Comunes, fundado en 2017 también por excombatientes, acompañó el lanzamiento de esta nueva herramienta de autoprotección. El congresista Germán Gómez planteó ante la corporación la misión de “lograr consolidar una red de promotores a nivel territorial para facilitar sistemas de alertas, espacios de denuncia y mecanismos de defensa de las garantías de seguridad ante la violencia”.
Según explicó Luis Fernando Enríquez, miembro de Corporpaz y activista del departamento de Cauca, “la corporación nace de la iniciativa de tener estos promotores de paz en los departamentos”. “Es importante también para poder prevenir y para poder actuar de manera ágil y concreta dado el recrudecimiento de la guerra en el territorio”, dijo citado por El Espectador. Sus observaciones señalan que Cauca es uno de los departamentos más golpeados por los actos violentos.
Las muertes de los excombatientes José Reinel Cano Medina, precisamente en Cauca el pasado 1 de diciembre, y de William Ferney Jiménez, en el departamento de Antioquia el 7 de diciembre, son las más recientes entre los más de 340 asesinatos de antiguos miembros de la extinta guerrilla desde 2016, cuando se firmaron los acuerdos entre los dirigentes de las FARC, el presidente Juan Manuel Santos y otros representantes del Gobierno colombiano. A este número se suman al menos 105 tentativas de homicidio, 27 desapariciones forzadas y más de 60 asesinatos de familiares de exguerrilleros, un grupo que también vive enormes riesgos a medida que sus parientes tratan de reincorporarse a la vida civil.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 11, 2022