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Los familiares de los 44 marinos argentinos fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan pidieron a la Justicia que revoque el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal durante los reclamos por la tragedia.

A su vez, el exmandatario de centro derecha (2015-2019) solicitó a la Cámara de Casación —el máximo tribunal penal del país—, que confirme su desvinculación del caso, una decisión que adoptó la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en julio del año pasado, al considerar que no existió delito. 

En la investigación también estuvieron involucrados los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes también fueron sobreseídos.  

Las querellas, conformadas por los familiares de las víctimas, apelaron la medida este miércoles en una audiencia ante los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, integrantes del tribunal de Casación.

La abogada de 31 familias afectadas por el hundimiento ocurrido en noviembre de 2017, Anabela Carreras, difundió esta jornada un video con imágenes del caso, con un mensaje en el que promete “defender su honor y derecho a la intimidad”. 

“Primero sufrieron la pérdida de un ser amado. Después fueron víctimas de espionaje ilegal. Luego las acusaron de peligrosas”, afirmó Carreras desde su cuenta de X (antes conocida como Twitter).

Por su parte, el abogado defensor de Macri, Pablo Lanusse, presentó un escrito para pedir a los jueces que ratifiquen la desvinculación del expresidente en la investigación. 

Según el texto, el dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) “jamás espió ni ordenó espiar a nadie, jamás recibió información de inteligencia alguna respecto a los familiares del ARA San Juan ni de ningún buque pesquero, jamás impartió órdenes para que se los espiara, jamás destinó recursos para tal fin”.

Lanusse añadió en el pedido que Macri, hasta que fue citado a declarar, “nunca había visto ni conocido” los informes de inteligencia realizados por la AFI durante su gestión. 

En diciembre de 2021, Macri fue imputado por el juez de Dolores, Martín Bava, como responsable del espionaje que padecieron los familiares de los tripulantes del submarino de la Armada argentina, luego de una denuncia presentada por el Gobierno de Alberto Fernández a raíz del hallazgo de pruebas en la Agencia Federal de Inteligencia. La administración peronista aportó fotos e informes de seguimiento a los familiares de las víctimas, encontrados en las oficinas de la AFI.  

En el procesamiento, el juez Bava acusó al expresidente por “acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal” sobre diversas personas, “por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban”. Entre las personas espiadas ilegalmente, estaban los familiares de víctimas del ARA San Juan. 

En julio de 2022, la Cámara Federal porteña reconoció que hubo tareas de inteligencia, pero sobreseyó a Macri al considerar que se hicieron para protegerlo, en su calidad de presidente de la República.