Muy frecuentemente, los fiscales proceden bajo una gran presión para declarar la convicción de los acusados, particularmente cuando han ocurrido delitos violentos o de alto perfil. En combinación con esas presiones, la carga abrumadora de trabajo y un honrado deseo de hacer justicia, los fiscales a veces actúan sin pausa en relación con delitos que ellos procesan. Esto, claro, en un mundo ideal, pero ahora, bienvenidos al universo de Lesa Humanidad en Argentina. Como resultado de lo anterior, personas han resultado “erróneamente” sentenciados.
En el país sudamericano no ha habido escasez de casos en que los tribunales, siguiendo “políticas de estado”, han sentenciado convicciones con base en actos inapropiados del fiscal. Aunque a veces los errores cometidos por los fiscales son de buena fe, la conducta errónea del fiscal puede ocurrir cuando un fiscal se enfoca en un sospechoso que le sea conveniente en vez del sospechoso real, cuando un fiscal suprime, oculta o aun fabrica cierta evidencia, o cuando inapropiadamente se basa en testigos no confiables. Todos estos incidentes de la conducta equivocada del fiscal pueden llevar a la revocación de la convicción en la apelación.
El incidente más común de la conducta inapropiada de la fiscalía involucra la supresión o fabricación de una prueba exculpatoria, o de una evidencia que puede llevar a la exoneración de la persona sospechosa del delito, o las mentiras fácilmente comprobables e identificables de un testigo. Una vez que un fiscal identifica y arresta a un sospechoso viable de un delito grave, para satisfacer el clamor popular, puede resistirse a tratar sobre cualquier prueba o información que no sostenga su caso contra el sospechoso. Esta situación acentúa la tensión entre el deseo de un fiscal de obtener una convicción y su deber de divulgar a la defensa una prueba exculpatoria. Como mínimo, un fiscal puede minimizar o simplemente ignorar una prueba exculpatoria.
En el otro extremo, puede dar pasos para ocultar activamente tales pruebas a la mirada del abogado defensor del sospechoso, destruir las pruebas, y/o fabricar otras pruebas que apoyen su caso. Obviamente, tales acciones de los fiscales involucran un grave comportamiento profesional reprochable que puede dar lugar a que la persona equivocada resulte convicta del delito. Cuando la evidencia es manipulada de tal manera, el sistema judicial, elogiado por su capacidad para declarar convicto al culpable y exonerar al inocente, simplemente no puede funcionar normalmente, dando lugar así a convicciones equivocadas.
En la Mega Causa Zona 5 de Bahía Blanca, el Doctor Gonzalo Miño señalo caballerosa y puntualmente a ciertos testigos (Carlos Paschetta y Eduardo Quartucci), direccionados por los fiscales. En representación de estos últimos, el Doctor Pablo Fermento argumentó que el Doctor Miño (abogado defensor) pretendía amedrentar a los testigos y que estos, luego de cuatro décadas podían tener problemas para recordar algunos eventos. Es por ello por lo que se equivocan, es decir, un argumento para otorgar licencia para mentir y enviar ilegalmente al procesado a una cárcel federal hasta el día de su muerte.
Los fiscales desempeñan un papel fundamental en la administración de justicia, y que las normas que rigen el desempeño de sus importantes funciones deben fomentar el respeto y el cumplimiento de sus actos basados en los principios legales y contribuir de esa manera a un sistema penal justo y equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos.
Los fiscales, de conformidad con la ley, deben ejercen sus funciones con independencia y autonomía, bajo los principios de legalidad y objetividad, respetando y protegiendo la dignidad humana defendiendo los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal. Pero en Argentina 2022, esto se estrella contra los muros de las ideologías radicalizadas.
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Muy frecuentemente, los fiscales proceden bajo una gran presión para declarar la convicción de los acusados, particularmente cuando han ocurrido delitos violentos o de alto perfil. En combinación con esas presiones, la carga abrumadora de trabajo y un honrado deseo de hacer justicia, los fiscales a veces actúan sin pausa en relación con delitos que ellos procesan. Esto, claro, en un mundo ideal, pero ahora, bienvenidos al universo de Lesa Humanidad en Argentina. Como resultado de lo anterior, personas han resultado “erróneamente” sentenciados.
En el país sudamericano no ha habido escasez de casos en que los tribunales, siguiendo “políticas de estado”, han sentenciado convicciones con base en actos inapropiados del fiscal. Aunque a veces los errores cometidos por los fiscales son de buena fe, la conducta errónea del fiscal puede ocurrir cuando un fiscal se enfoca en un sospechoso que le sea conveniente en vez del sospechoso real, cuando un fiscal suprime, oculta o aun fabrica cierta evidencia, o cuando inapropiadamente se basa en testigos no confiables. Todos estos incidentes de la conducta equivocada del fiscal pueden llevar a la revocación de la convicción en la apelación.
El incidente más común de la conducta inapropiada de la fiscalía involucra la supresión o fabricación de una prueba exculpatoria, o de una evidencia que puede llevar a la exoneración de la persona sospechosa del delito, o las mentiras fácilmente comprobables e identificables de un testigo. Una vez que un fiscal identifica y
arresta a un sospechoso viable de un delito grave, para satisfacer el clamor popular, puede resistirse a tratar sobre cualquier prueba o información que no sostenga su caso contra el sospechoso. Esta situación acentúa la tensión entre el deseo de un fiscal de obtener una convicción y su deber de divulgar a la defensa una prueba exculpatoria. Como mínimo, un fiscal puede minimizar o simplemente ignorar una prueba exculpatoria.
En el otro extremo, puede dar pasos para ocultar activamente tales pruebas a la mirada del abogado defensor del sospechoso, destruir las pruebas, y/o fabricar otras pruebas que apoyen su caso. Obviamente, tales acciones de los fiscales involucran un grave comportamiento profesional reprochable que puede dar lugar a que la persona equivocada resulte convicta del delito. Cuando la evidencia es manipulada de tal manera, el sistema judicial, elogiado por su capacidad para declarar convicto al culpable y exonerar al inocente, simplemente no puede funcionar normalmente, dando lugar así a convicciones equivocadas.
En la Mega Causa Zona 5 de Bahía Blanca, el Doctor Gonzalo Miño señalo caballerosa y puntualmente a ciertos testigos (Carlos Paschetta y Eduardo Quartucci), direccionados por los fiscales. En representación de estos últimos, el Doctor Pablo Fermento argumentó que el Doctor Miño (abogado defensor) pretendía amedrentar a los testigos y que estos, luego de cuatro décadas podían tener problemas para recordar algunos eventos. Es por ello por lo que se equivocan, es decir, un argumento para otorgar licencia para mentir y enviar ilegalmente al procesado a una cárcel federal hasta el día de su muerte.
Los fiscales desempeñan un papel fundamental en la administración de justicia, y que las normas que rigen el desempeño de sus importantes funciones deben fomentar el respeto y el cumplimiento de sus actos basados en los principios legales y contribuir de esa manera a un sistema penal justo y equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos.
Los fiscales, de conformidad con la ley, deben ejercen sus funciones con independencia y autonomía, bajo los principios de legalidad y objetividad, respetando y protegiendo la dignidad humana defendiendo los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal. Pero en Argentina 2022, esto se estrella contra los muros de las ideologías radicalizadas.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 22, 2022