Según diversos medios de comunicación, algunos funcionarios del gobierno actual seguros de la victoria Fernández-Fernández estarían pensando en irse a vivir a otro país después del 10 diciembre próximo, con el argumento de evitar la persecución judicial, pero en realidad es beneficiar de la impunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funcioneshttps://www.clarin.com/politica/funcionarios-obligados-pensar-irse-vivir-pais_0_5r3oTlLz.html Al parecer la Sra. Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Sra. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y el Sr. Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) no creen en la justicia argentina ni en sus jueces que hasta la fecha están trabajando con ellos. Confirman así la politización de los miembros del poder judicial porque los jueces de hoy no serán los mismos cuando asuma otro gobierno (intereses personales obliga)
– Los tres funcionarios deben asumir las responsabilidades de sus decisiones administrativas, políticas, jurídicas, ante la justicia argentina si son denunciados, no cubrirse detrás de tesis inoperantes de venganza para huir del territorio nacional. En ningún país los ex ministros o altos funcionarios de gobierno, gozan de inmunidades al abandonar sus cargos, de lo contrario sería una recompensa a la impunidad.
La Sra. Alonso, la Sra. Bullrich y el Sr. Federici, por acción u omisión son responsables de la violación de los derechos humanos, principios constitucionales y convencionales de más de 3000 personas (ex agentes del Estado, sacerdotes, abogados, médicos, académicos, ex jueces, fiscales, académicos…) que en los años 70 protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques armados de los grupos terroristas que buscaban tomar el poder por las armas y no luchaban por los derechos humanos, el Estado de derecho, la democracia o la justicia.
– Hoy, esos hombres y mujeres, mayores de 70 años, en su mayoría enfermos, son acusados de lesa humanidad por el mismo Estado. La justicia federal les aplica ilegalmente la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la suspensión de garantías, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas. No reconoce la prescripción, la amnistía, el debido proceso. Suspende derechos previsionales, a la salud, estudios….
La Sra. Alonso pese a disponer de recursos humanos, financieros y poder político, no cumplió de manera concreta, objetiva, con las funciones asignadas en la lucha contra la corrupción. Esos delitos no disminuyeron, están en fuerte aumento como lo demuestran los informes de Transparencia Internacional, la OCDE y los procesos judiciales en curso. La percepción elevada por parte de la sociedad de la existencia de corrupción en la justicia, las instituciones del Estado, los altos funcionarios, no llegó a sensibilizar la atención de la Sra. Alonso. Así beneficiando de esa decisión política, los magistrados del fuero federal sin ser investigados por sus patrimonios personales pudieron violar los derechos humanos de los prisioneros políticos de los años 70.
AlonsoFedericiBullrich
En esa misma dirección actuó la UIF quien jamás consideró pertinente interesarse a las exorbitantes declaraciones juradas patrimoniales (bienes, inversiones, donaciones y ahorros) de los jueces federales y de otros funcionarios del Estado, y al contrario se mostró (se muestra) inflexible cuando se trata de denunciar por financiamiento del terrorismo a los ex agentes del Estado acusados ilegalmente de lesa humanidad. A la fecha, el Sr. Federici presidente de la UIF, no procedió a levantar las restricciones a nivel nacional, regional e internacional contra esas personas denunciadas, impidiéndoles realizar operaciones financieras, bancarias en el país o al extranjero.
La Sra. Bullrich, ministro de seguridad, mantiene resoluciones contrarias a disposiciones constitucionales y convencionales que violan los derechos humanos del personal de las FFSS federales ilegalmente acusado de lesa humanidad. Nunca se preocupó por ello, siempre aplicó su autoridad, ordenando que las instituciones bajo sus ordenes respeten sus disposiciones.
– Cada responsable de las instituciones federales de seguridad y de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (CRJPPF) si siguen la lógica de los miembros del gobierno, también tendrán que irse del país con la ministra de tutela o responder ante la justicia por sus complicidades en la violación de los derechos humanos del personal a cargo: actuaron sabiendo que las disposiciones del Ministerio de Seguridad eran y son ilegales, obedecieron a las mismas sin interesarles las consecuencias legales sobre los ex agentes de sus respectivas instituciones. No solo los abandonaron, sino que fueron y son los primeros que los persiguen administrativamente, los privan de derechos, los discriminan.
– El presidente de la CRJPPF, con argumentos falaces e inoperantes, se aferra a negar el derecho a los haberes de retiro a numerosas personas acusadas ilegalmente de lesa humanidad cubriéndose detrás de resoluciones y disposiciones ilegales del Ministerio de Seguridad. Nunca se interesó por los derechos humanos del personal afectado por esas resoluciones. Busca asumir roles judiciales, policiales, de investigación u otras alejadas de una caja previsional. Ante la CRJPPF el afiliado afectado por esas resoluciones está en la imposibilidad de obtener sus derechos porque siempre hay un argumento para negarlo y poco importa los principios legales, constitucionales o convencionales.
La Sra. Bullrich, su gabinete, la Sra. Alonso, el Sr. Federici, los responsables de las FFSS y el presidente de la CRJPPF, deben ser denunciados ante la justicia argentina, extranjera, los organismos internacionales. Un fiscal o juez honesto, puede intervenir de oficio, disponiendo preventivamente que esas personas no quiten el territorio nacional, secuestrar sus pasaportes, suspender sus derechos previsionales, embargar cuentas y bienes, ordenar iniciar sumarios administrativos, prohibir la portación de armas, uniformes y reconocimiento de jerarquías.
– La declaración de la Sra. Bullrich que no se irá del país, es solo una estrategia de comunicación para engañar la sociedad, la justicia y a los funcionarios subordinados que los abandonará a su suerte…la ministra sabe lo que es vivir en la clandestinidad, en otro país. Poco importa la camaradería circunstancial si hay que subsistir.
En Europa, esas personas, si la posibilidad se presenta, serán denunciadas por violación a los derechos humanos, principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de los prisioneros políticos. Paris, 24 septiembre 2019. CasppaFrance
Comentaré el artículo titulado: Funcionarios del gobierno Macri que piensan irse del país. ¿Búsqueda de impunidad? Empieza por la Sra. Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, exponiendo varios y diversos argumentos por los cuales podría ser imputada por acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones. Al respecto, sin querer defender ni atacar a la actividad desarrollada por la Sra. Alonso diré que, el error, si así puede llamársele es la ubicación de esa oficina (técnicamente Secretaría) es incorrecta. Como soy mal pensado, no creo que tal echo haya sido producto de un error (no digo involuntario porque los “errores” siempre son involuntarios, caso contrario, no son errores sino decisiones adrede). Esa dependencia del Estado, debió estar, o bien dependiendo de los Poderes Judicial o Legislativo o bien ser un órgano absolutamente descentralizado jurídica y económicamente de tres poderes del Estado Argentino. Es un principio básico de que QUIEN DEBE CONTROLAR, no debe depender del controlado (ello, según la Ciencia de la Administración que se imparte y estudia en TO DAS LAS FACULTADES ARGENTINAS DE DERECHO Y DE CIENCIAS ECONÓMICAS). En efecto, mal puede controlar quien depende de un Superior. Durante el gobierno de Alfonsín, existió la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, ejercida con decencia, valentía y profesionalidad por el Dr. Ricardo Molinas (santafesino). En un seminario sobre Corrupción, impartido en la CABA, al comienzo del gobierno de Menem, siendo funcionario Gustavo Béliz, Molinas, designado con acuerdo del Senado, conforme con la ley que creó dicha Fiscalía, expresó que, al comienzo del gobierno de Alfonsín, todo hacía parecer que se estaba en un periodo de bodas pues aún no habían causas para investigar de ese gobierno sino que la Fiscalía investigaba causas del gobierno anterior, es decir del autodenominado Revolución Argentina. Sin embargo, pasado cierto tiempo, hubieron denuncias contra funcionarios del gobierno radical (Vg. sobre las compras para la caja PAN -o Plan Alimentario Nacional- y, también, el caso que se dio en denominar “los pollos de Mazzorín” que fueron importados y, parece, no estaban en buen estado. A consecuencias de esas investigaciones, se cortaron todos los suministros a la Fiscalía -gas, agua, personal, etc.- Los papeles -expedientes empezaron a acumularse en la antigua casa que ocupaba la Fiscalía. No hacía falta ser demasiado perceptivo para darse cuenta que lo que intentaba el Poder Ejecutivo era restarle medios a la Fiscalía tal que no pudiera seguir investigando. Con Menem pasó otro tanto. Al principio, otra luna de miel, hasta que aparecieron denuncias contra funcionarios de ese gobierno. Molinas se sentía muy seguro pues su designación había sido efectuada con acuerdo del senado. Sin embargo, Menem, con su tradicional caradurez argumentó que para removerlo la ley nada decía y, entonces, declaró a Molinas cesante con un simple decreto. ¡Por favor, tengamos memoria, que ella nos puede ser muy útil para la futura administración del país.
El autor, Sr. Mario Sandoval, también incluye entre los funcionarios que estarían pensando irse del país al Sr. Sr. Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien jamás habría considerado pertinente interesarse a las exorbitantes declaraciones juradas patrimoniales (bienes, inversiones, donaciones y ahorros) de los jueces federales y de otros funcionarios del Estado y, al contrario, se mostró (y se muestra) inflexible cuando se trata de denunciar por financiamiento del terrorismo a los ex agentes del Estado acusados ¿ilegalmente? de lesa humanidad. Es decir, en opinión del autor de la nota, habría utilizado distinta vara (criterio/s) para unos (jueces federales y otros funcionarios estatales mientras fue inflexible, hasta la fecha en denunciar a personas acusadas de financiamiento del terrorismo, no levantando ninguna restricción. En mi opinión, si ello llegare a probarse pienso que puede ser considerada una conducta anómala muy grave por parte de Federici.
En el artículo también se incluye a la Sra. Patricia Bullrich, Ministro/a de Seguridad, por mantener resoluciones contrarias a disposiciones constitucionales y convencionales que violan los derechos humanos del personal de las Fuerzas de Seguridad federales ¿ilegalmente? acusado de lesa humanidad. También, porque nunca se preocupó por ello, aplicando siempre su autoridad, ordenando que las instituciones bajo sus ordenes respeten sus disposiciones. Pienso que un Ministro/a de Seguridad, si bien siempre respetando la ley, debe actuar con gran firmeza pues, caso contrario, NO CUMPLIRÍA CON SU IMPORTANTE FUNCIÓN: Guardar la seguridad interior de la República. Creo que es correcto defender el personal a cargo de la seguridad de la población. Con esto recuerdo el caso Chocobar, tan cuestionado por presuntas organizaciones de derechos humanos. Si Chocobar no hubiese actuado, como actuó, un turista norteamericano hubiese muerto. En los países serios la leyes se cumplen y el personal encargado de hacerlas cumplir, es premiado. Aquí, en gran parte de las veces los policías dudan en actuar pues , luego son cuestionadas sus acciones. Esa actitud corresponde a republiquetas que, seguramente, no queremos emular.
El artículo sigue con el presidente de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (CRJPPF) por sus presuntas complicidades con la Ministra de Seguridad en la violación de los derechos humanos del personal a cargo, actuando a sabiendas que las disposiciones del Ministerio de Seguridad ¿eran y son ilegales?, presuntamente obedecieron a las mismas sin interesarles las consecuencias legales sobre los ex agentes de sus respectivas instituciones. No solo los habrían abandonado, sino que, presuntamente, fueron y son los primeros que los persiguen administrativamente, los privan de derechos, los discriminan. Esto es una acusación que corresponde sea probada ante el Poder Judicial y los imputados podrán defenderse teniendo siempre en cuenta, el principio de inocencia resguardado celosamente por la Constitución Nacional. Además, cuando se refiere a disposiciones del Ministerio de Seguridad “ilegales”, ¿que órgano las declaró ilegales? ¿fuel el P. Judicial? Me parece que no.
Realmente me parece un artículo muy poco feliz, por no tacharlo de mal intencionado.
Atte. Ricardo Ruiz Vega – Mendoza
Jose
5 years ago
una ”oficina” o cualquier organismo estatal que quiera combatir contra la corrupcion no puede tener funcionarios partidarios, deben ser profesionales contratados con un solo cuerpo director de varios partidos politicos para que sean decisiones imparciales, y asi se investigue s todos.
Laura Alonso se excuso de investigar a Macri, segun ella para que no digan que lo va a cubrir…es decir que se mente piensa que alguien la descubrira??? ella misma se reconoce como incapaz para una tarea de su puesto¡ o ella es incapaz o ese organismo es incapaz….por eso Cambiemos fue un desastre!, hasta en estos detalles.
Buenas intenciones mal organizadas crean resultados catastroficos, por ejemplo que vuelvan los K.
.
Según diversos medios de comunicación, algunos funcionarios del gobierno actual seguros de la victoria Fernández-Fernández estarían pensando en irse a vivir a otro país después del 10 diciembre próximo, con el argumento de evitar la persecución judicial, pero en realidad es beneficiar de la impunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones https://www.clarin.com/politica/funcionarios-obligados-pensar-irse-vivir-pais_0_5r3oTlLz.html Al parecer la Sra. Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Sra. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y el Sr. Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) no creen en la justicia argentina ni en sus jueces que hasta la fecha están trabajando con ellos. Confirman así la politización de los miembros del poder judicial porque los jueces de hoy no serán los mismos cuando asuma otro gobierno (intereses personales obliga)
– Los tres funcionarios deben asumir las responsabilidades de sus decisiones administrativas, políticas, jurídicas, ante la justicia argentina si son denunciados, no cubrirse detrás de tesis inoperantes de venganza para huir del territorio nacional. En ningún país los ex ministros o altos funcionarios de gobierno, gozan de inmunidades al abandonar sus cargos, de lo contrario sería una recompensa a la impunidad.
La Sra. Alonso, la Sra. Bullrich y el Sr. Federici, por acción u omisión son responsables de la violación de los derechos humanos, principios constitucionales y convencionales de más de 3000 personas (ex agentes del Estado, sacerdotes, abogados, médicos, académicos, ex jueces, fiscales, académicos…) que en los años 70 protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques armados de los grupos terroristas que buscaban tomar el poder por las armas y no luchaban por los derechos humanos, el Estado de derecho, la democracia o la justicia.
– Hoy, esos hombres y mujeres, mayores de 70 años, en su mayoría enfermos, son acusados de lesa humanidad por el mismo Estado. La justicia federal les aplica ilegalmente la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la suspensión de garantías, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas. No reconoce la prescripción, la amnistía, el debido proceso. Suspende derechos previsionales, a la salud, estudios….
La Sra. Alonso pese a disponer de recursos humanos, financieros y poder político, no cumplió de manera concreta, objetiva, con las funciones asignadas en la lucha contra la corrupción. Esos delitos no disminuyeron, están en fuerte aumento como lo demuestran los informes de Transparencia Internacional, la OCDE y los procesos judiciales en curso. La percepción elevada por parte de la sociedad de la existencia de corrupción en la justicia, las instituciones del Estado, los altos funcionarios, no llegó a sensibilizar la atención de la Sra. Alonso. Así beneficiando de esa decisión política, los magistrados del fuero federal sin ser investigados por sus patrimonios personales pudieron violar los derechos humanos de los prisioneros políticos de los años 70.
En esa misma dirección actuó la UIF quien jamás consideró pertinente interesarse a las exorbitantes declaraciones juradas patrimoniales (bienes, inversiones, donaciones y ahorros) de los jueces federales y de otros funcionarios del Estado, y al contrario se mostró (se muestra) inflexible cuando se trata de denunciar por financiamiento del terrorismo a los ex agentes del Estado acusados ilegalmente de lesa humanidad. A la fecha, el Sr. Federici presidente de la UIF, no procedió a levantar las restricciones a nivel nacional, regional e internacional contra esas personas denunciadas, impidiéndoles realizar operaciones financieras, bancarias en el país o al extranjero.
La Sra. Bullrich, ministro de seguridad, mantiene resoluciones contrarias a disposiciones constitucionales y convencionales que violan los derechos humanos del personal de las FFSS federales ilegalmente acusado de lesa humanidad. Nunca se preocupó por ello, siempre aplicó su autoridad, ordenando que las instituciones bajo sus ordenes respeten sus disposiciones.
– Cada responsable de las instituciones federales de seguridad y de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (CRJPPF) si siguen la lógica de los miembros del gobierno, también tendrán que irse del país con la ministra de tutela o responder ante la justicia por sus complicidades en la violación de los derechos humanos del personal a cargo: actuaron sabiendo que las disposiciones del Ministerio de Seguridad eran y son ilegales, obedecieron a las mismas sin interesarles las consecuencias legales sobre los ex agentes de sus respectivas instituciones. No solo los abandonaron, sino que fueron y son los primeros que los persiguen administrativamente, los privan de derechos, los discriminan.
– El presidente de la CRJPPF, con argumentos falaces e inoperantes, se aferra a negar el derecho a los haberes de retiro a numerosas personas acusadas ilegalmente de lesa humanidad cubriéndose detrás de resoluciones y disposiciones ilegales del Ministerio de Seguridad. Nunca se interesó por los derechos humanos del personal afectado por esas resoluciones. Busca asumir roles judiciales, policiales, de investigación u otras alejadas de una caja previsional. Ante la CRJPPF el afiliado afectado por esas resoluciones está en la imposibilidad de obtener sus derechos porque siempre hay un argumento para negarlo y poco importa los principios legales, constitucionales o convencionales.
La Sra. Bullrich, su gabinete, la Sra. Alonso, el Sr. Federici, los responsables de las FFSS y el presidente de la CRJPPF, deben ser denunciados ante la justicia argentina, extranjera, los organismos internacionales. Un fiscal o juez honesto, puede intervenir de oficio, disponiendo preventivamente que esas personas no quiten el territorio nacional, secuestrar sus pasaportes, suspender sus derechos previsionales, embargar cuentas y bienes, ordenar iniciar sumarios administrativos, prohibir la portación de armas, uniformes y reconocimiento de jerarquías.
– La declaración de la Sra. Bullrich que no se irá del país, es solo una estrategia de comunicación para engañar la sociedad, la justicia y a los funcionarios subordinados que los abandonará a su suerte…la ministra sabe lo que es vivir en la clandestinidad, en otro país. Poco importa la camaradería circunstancial si hay que subsistir.
En Europa, esas personas, si la posibilidad se presenta, serán denunciadas por violación a los derechos humanos, principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de los prisioneros políticos. Paris, 24 septiembre 2019. CasppaFrance
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Septiembre 24, 2019
Tags: Laura Alonso, Mariano Federici, Patricia BullrichRelated Posts
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El autor, Sr. Mario Sandoval, también incluye entre los funcionarios que estarían pensando irse del país al Sr. Sr. Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien jamás habría considerado pertinente interesarse a las exorbitantes declaraciones juradas patrimoniales (bienes, inversiones, donaciones y ahorros) de los jueces federales y de otros funcionarios del Estado y, al contrario, se mostró (y se muestra) inflexible cuando se trata de denunciar por financiamiento del terrorismo a los ex agentes del Estado acusados ¿ilegalmente? de lesa humanidad. Es decir, en opinión del autor de la nota, habría utilizado distinta vara (criterio/s) para unos (jueces federales y otros funcionarios estatales mientras fue inflexible, hasta la fecha en denunciar a personas acusadas de financiamiento del terrorismo, no levantando ninguna restricción. En mi opinión, si ello llegare a probarse pienso que puede ser considerada una conducta anómala muy grave por parte de Federici.
En el artículo también se incluye a la Sra. Patricia Bullrich, Ministro/a de Seguridad, por mantener resoluciones contrarias a disposiciones constitucionales y convencionales que violan los derechos humanos del personal de las Fuerzas de Seguridad federales ¿ilegalmente? acusado de lesa humanidad. También, porque nunca se preocupó por ello, aplicando siempre su autoridad, ordenando que las instituciones bajo sus ordenes respeten sus disposiciones. Pienso que un Ministro/a de Seguridad, si bien siempre respetando la ley, debe actuar con gran firmeza pues, caso contrario, NO CUMPLIRÍA CON SU IMPORTANTE FUNCIÓN: Guardar la seguridad interior de la República. Creo que es correcto defender el personal a cargo de la seguridad de la población. Con esto recuerdo el caso Chocobar, tan cuestionado por presuntas organizaciones de derechos humanos. Si Chocobar no hubiese actuado, como actuó, un turista norteamericano hubiese muerto. En los países serios la leyes se cumplen y el personal encargado de hacerlas cumplir, es premiado. Aquí, en gran parte de las veces los policías dudan en actuar pues , luego son cuestionadas sus acciones. Esa actitud corresponde a republiquetas que, seguramente, no queremos emular.
El artículo sigue con el presidente de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (CRJPPF) por sus presuntas complicidades con la Ministra de Seguridad en la violación de los derechos humanos del personal a cargo, actuando a sabiendas que las disposiciones del Ministerio de Seguridad ¿eran y son ilegales?, presuntamente obedecieron a las mismas sin interesarles las consecuencias legales sobre los ex agentes de sus respectivas instituciones. No solo los habrían abandonado, sino que, presuntamente, fueron y son los primeros que los persiguen administrativamente, los privan de derechos, los discriminan. Esto es una acusación que corresponde sea probada ante el Poder Judicial y los imputados podrán defenderse teniendo siempre en cuenta, el principio de inocencia resguardado celosamente por la Constitución Nacional. Además, cuando se refiere a disposiciones del Ministerio de Seguridad “ilegales”, ¿que órgano las declaró ilegales? ¿fuel el P. Judicial? Me parece que no.
Realmente me parece un artículo muy poco feliz, por no tacharlo de mal intencionado.
Atte. Ricardo Ruiz Vega – Mendoza
una ”oficina” o cualquier organismo estatal que quiera combatir contra la corrupcion no puede tener funcionarios partidarios, deben ser profesionales contratados con un solo cuerpo director de varios partidos politicos para que sean decisiones imparciales, y asi se investigue s todos.
Laura Alonso se excuso de investigar a Macri, segun ella para que no digan que lo va a cubrir…es decir que se mente piensa que alguien la descubrira??? ella misma se reconoce como incapaz para una tarea de su puesto¡ o ella es incapaz o ese organismo es incapaz….por eso Cambiemos fue un desastre!, hasta en estos detalles.
Buenas intenciones mal organizadas crean resultados catastroficos, por ejemplo que vuelvan los K.
Bullrich ya desmintió esos rumores…..
Que lastima…