Según diversos medios de comunicación, algunos funcionarios del gobierno actual seguros de la victoria Fernández-Fernández estarían pensando en irse a vivir a otro país después del 10 diciembre próximo, con el argumento de evitar la persecución judicial, pero en realidad es beneficiar de la impunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funcioneshttps://www.clarin.com/politica/funcionarios-obligados-pensar-irse-vivir-pais_0_5r3oTlLz.html Al parecer la Sra. Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Sra. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y el Sr. Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) no creen en la justicia argentina ni en sus jueces que hasta la fecha están trabajando con ellos. Confirman así la politización de los miembros del poder judicial porque los jueces de hoy no serán los mismos cuando asuma otro gobierno (intereses personales obliga)
– Los tres funcionarios deben asumir las responsabilidades de sus decisiones administrativas, políticas, jurídicas, ante la justicia argentina si son denunciados, no cubrirse detrás de tesis inoperantes de venganza para huir del territorio nacional. En ningún país los ex ministros o altos funcionarios de gobierno, gozan de inmunidades al abandonar sus cargos, de lo contrario sería una recompensa a la impunidad.
La Sra. Alonso, la Sra. Bullrich y el Sr. Federici, por acción u omisión son responsables de la violación de los derechos humanos, principios constitucionales y convencionales de más de 3000 personas (ex agentes del Estado, sacerdotes, abogados, médicos, académicos, ex jueces, fiscales, académicos…) que en los años 70 protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques armados de los grupos terroristas que buscaban tomar el poder por las armas y no luchaban por los derechos humanos, el Estado de derecho, la democracia o la justicia.
– Hoy, esos hombres y mujeres, mayores de 70 años, en su mayoría enfermos, son acusados de lesa humanidad por el mismo Estado. La justicia federal les aplica ilegalmente la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la suspensión de garantías, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas. No reconoce la prescripción, la amnistía, el debido proceso. Suspende derechos previsionales, a la salud, estudios….
La Sra. Alonso pese a disponer de recursos humanos, financieros y poder político, no cumplió de manera concreta, objetiva, con las funciones asignadas en la lucha contra la corrupción. Esos delitos no disminuyeron, están en fuerte aumento como lo demuestran los informes de Transparencia Internacional, la OCDE y los procesos judiciales en curso. La percepción elevada por parte de la sociedad de la existencia de corrupción en la justicia, las instituciones del Estado, los altos funcionarios, no llegó a sensibilizar la atención de la Sra. Alonso. Así beneficiando de esa decisión política, los magistrados del fuero federal sin ser investigados por sus patrimonios personales pudieron violar los derechos humanos de los prisioneros políticos de los años 70.
AlonsoFedericiBullrich
En esa misma dirección actuó la UIF quien jamás consideró pertinente interesarse a las exorbitantes declaraciones juradas patrimoniales (bienes, inversiones, donaciones y ahorros) de los jueces federales y de otros funcionarios del Estado, y al contrario se mostró (se muestra) inflexible cuando se trata de denunciar por financiamiento del terrorismo a los ex agentes del Estado acusados ilegalmente de lesa humanidad. A la fecha, el Sr. Federici presidente de la UIF, no procedió a levantar las restricciones a nivel nacional, regional e internacional contra esas personas denunciadas, impidiéndoles realizar operaciones financieras, bancarias en el país o al extranjero.
La Sra. Bullrich, ministro de seguridad, mantiene resoluciones contrarias a disposiciones constitucionales y convencionales que violan los derechos humanos del personal de las FFSS federales ilegalmente acusado de lesa humanidad. Nunca se preocupó por ello, siempre aplicó su autoridad, ordenando que las instituciones bajo sus ordenes respeten sus disposiciones.
– Cada responsable de las instituciones federales de seguridad y de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (CRJPPF) si siguen la lógica de los miembros del gobierno, también tendrán que irse del país con la ministra de tutela o responder ante la justicia por sus complicidades en la violación de los derechos humanos del personal a cargo: actuaron sabiendo que las disposiciones del Ministerio de Seguridad eran y son ilegales, obedecieron a las mismas sin interesarles las consecuencias legales sobre los ex agentes de sus respectivas instituciones. No solo los abandonaron, sino que fueron y son los primeros que los persiguen administrativamente, los privan de derechos, los discriminan.
– El presidente de la CRJPPF, con argumentos falaces e inoperantes, se aferra a negar el derecho a los haberes de retiro a numerosas personas acusadas ilegalmente de lesa humanidad cubriéndose detrás de resoluciones y disposiciones ilegales del Ministerio de Seguridad. Nunca se interesó por los derechos humanos del personal afectado por esas resoluciones. Busca asumir roles judiciales, policiales, de investigación u otras alejadas de una caja previsional. Ante la CRJPPF el afiliado afectado por esas resoluciones está en la imposibilidad de obtener sus derechos porque siempre hay un argumento para negarlo y poco importa los principios legales, constitucionales o convencionales.
La Sra. Bullrich, su gabinete, la Sra. Alonso, el Sr. Federici, los responsables de las FFSS y el presidente de la CRJPPF, deben ser denunciados ante la justicia argentina, extranjera, los organismos internacionales. Un fiscal o juez honesto, puede intervenir de oficio, disponiendo preventivamente que esas personas no quiten el territorio nacional, secuestrar sus pasaportes, suspender sus derechos previsionales, embargar cuentas y bienes, ordenar iniciar sumarios administrativos, prohibir la portación de armas, uniformes y reconocimiento de jerarquías.
– La declaración de la Sra. Bullrich que no se irá del país, es solo una estrategia de comunicación para engañar la sociedad, la justicia y a los funcionarios subordinados que los abandonará a su suerte…la ministra sabe lo que es vivir en la clandestinidad, en otro país. Poco importa la camaradería circunstancial si hay que subsistir.
En Europa, esas personas, si la posibilidad se presenta, serán denunciadas por violación a los derechos humanos, principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de los prisioneros políticos. Paris, 24 septiembre 2019. CasppaFrance
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Según diversos medios de comunicación, algunos funcionarios del gobierno actual seguros de la victoria Fernández-Fernández estarían pensando en irse a vivir a otro país después del 10 diciembre próximo, con el argumento de evitar la persecución judicial, pero en realidad es beneficiar de la impunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones https://www.clarin.com/politica/funcionarios-obligados-pensar-irse-vivir-pais_0_5r3oTlLz.html Al parecer la Sra. Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Sra. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y el Sr. Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) no creen en la justicia argentina ni en sus jueces que hasta la fecha están trabajando con ellos. Confirman así la politización de los miembros del poder judicial porque los jueces de hoy no serán los mismos cuando asuma otro gobierno (intereses personales obliga)
– Los tres funcionarios deben asumir las responsabilidades de sus decisiones administrativas, políticas, jurídicas, ante la justicia argentina si son denunciados, no cubrirse detrás de tesis inoperantes de venganza para huir del territorio nacional. En ningún país los ex ministros o altos funcionarios de gobierno, gozan de inmunidades al abandonar sus cargos, de lo contrario sería una recompensa a la impunidad.
La Sra. Alonso, la Sra. Bullrich y el Sr. Federici, por acción u omisión son responsables de la violación de los derechos humanos, principios constitucionales y convencionales de más de 3000 personas (ex agentes del Estado, sacerdotes, abogados, médicos, académicos, ex jueces, fiscales, académicos…) que en los años 70 protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques armados de los grupos terroristas que buscaban tomar el poder por las armas y no luchaban por los derechos humanos, el Estado de derecho, la democracia o la justicia.
– Hoy, esos hombres y mujeres, mayores de 70 años, en su mayoría enfermos, son acusados de lesa humanidad por el mismo Estado. La justicia federal les aplica ilegalmente la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la suspensión de garantías, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas. No reconoce la prescripción, la amnistía, el debido proceso. Suspende derechos previsionales, a la salud, estudios….
La Sra. Alonso pese a disponer de recursos humanos, financieros y poder político, no cumplió de manera concreta, objetiva, con las funciones asignadas en la lucha contra la corrupción. Esos delitos no disminuyeron, están en fuerte aumento como lo demuestran los informes de Transparencia Internacional, la OCDE y los procesos judiciales en curso. La percepción elevada por parte de la sociedad de la existencia de corrupción en la justicia, las instituciones del Estado, los altos funcionarios, no llegó a sensibilizar la atención de la Sra. Alonso. Así beneficiando de esa decisión política, los magistrados del fuero federal sin ser investigados por sus patrimonios personales pudieron violar los derechos humanos de los prisioneros políticos de los años 70.
En esa misma dirección actuó la UIF quien jamás consideró pertinente interesarse a las exorbitantes declaraciones juradas patrimoniales (bienes, inversiones, donaciones y ahorros) de los jueces federales y de otros funcionarios del Estado, y al contrario se mostró (se muestra) inflexible cuando se trata de denunciar por financiamiento del terrorismo a los ex agentes del Estado acusados ilegalmente de lesa humanidad. A la fecha, el Sr. Federici presidente de la UIF, no procedió a levantar las restricciones a nivel nacional, regional e internacional contra esas personas denunciadas, impidiéndoles realizar operaciones financieras, bancarias en el país o al extranjero.
La Sra. Bullrich, ministro de seguridad, mantiene resoluciones contrarias a disposiciones constitucionales y convencionales que violan los derechos humanos del personal de las FFSS federales ilegalmente acusado de lesa humanidad. Nunca se preocupó por ello, siempre aplicó su autoridad, ordenando que las instituciones bajo sus ordenes respeten sus disposiciones.
– Cada responsable de las instituciones federales de seguridad y de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (CRJPPF) si siguen la lógica de los miembros del gobierno, también tendrán que irse del país con la ministra de tutela o responder ante la justicia por sus complicidades en la violación de los derechos humanos del personal a cargo: actuaron sabiendo que las disposiciones del Ministerio de Seguridad eran y son ilegales, obedecieron a las mismas sin interesarles las consecuencias legales sobre los ex agentes de sus respectivas instituciones. No solo los abandonaron, sino que fueron y son los primeros que los persiguen administrativamente, los privan de derechos, los discriminan.
– El presidente de la CRJPPF, con argumentos falaces e inoperantes, se aferra a negar el derecho a los haberes de retiro a numerosas personas acusadas ilegalmente de lesa humanidad cubriéndose detrás de resoluciones y disposiciones ilegales del Ministerio de Seguridad. Nunca se interesó por los derechos humanos del personal afectado por esas resoluciones. Busca asumir roles judiciales, policiales, de investigación u otras alejadas de una caja previsional. Ante la CRJPPF el afiliado afectado por esas resoluciones está en la imposibilidad de obtener sus derechos porque siempre hay un argumento para negarlo y poco importa los principios legales, constitucionales o convencionales.
La Sra. Bullrich, su gabinete, la Sra. Alonso, el Sr. Federici, los responsables de las FFSS y el presidente de la CRJPPF, deben ser denunciados ante la justicia argentina, extranjera, los organismos internacionales. Un fiscal o juez honesto, puede intervenir de oficio, disponiendo preventivamente que esas personas no quiten el territorio nacional, secuestrar sus pasaportes, suspender sus derechos previsionales, embargar cuentas y bienes, ordenar iniciar sumarios administrativos, prohibir la portación de armas, uniformes y reconocimiento de jerarquías.
– La declaración de la Sra. Bullrich que no se irá del país, es solo una estrategia de comunicación para engañar la sociedad, la justicia y a los funcionarios subordinados que los abandonará a su suerte…la ministra sabe lo que es vivir en la clandestinidad, en otro país. Poco importa la camaradería circunstancial si hay que subsistir.
En Europa, esas personas, si la posibilidad se presenta, serán denunciadas por violación a los derechos humanos, principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de los prisioneros políticos. Paris, 24 septiembre 2019. CasppaFrance
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 24, 2019
Tags: Laura Alonso, Mariano Federici, Patricia BullrichRelated Posts
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