Los números publicados por un grupo de funcionarios del exdiputado Juan Gerardo Guaidó Márquez arrojan que el denominado “gobierno interino” ha gastado en un año un total 121,9 millones de dólares del llamado Fondo para la Liberación de Venezuela, donde se encontrarían los recursos otorgados para atender la “crisis humanitaria” en el país. Estos montos están en la lista de los ‘Desembolsos realizados por préstamo a la República en el marco de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela’, publicada por la junta administradora Ad-Hoc (paralela) del Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, la atención se genera porque hay gastos no detallados y cuyo uso discrecional muestra opacidad.
La junta Ad-Hoc fue nombrada en julio de 2019 por la junta directiva de la Asamblea Nacional, —que presidía Guaidó ese año, cuando se autoproclamó “presidente encargado”— y realizó una serie de acciones para “salvaguardar” los recursos de Venezuela en el exterior, promover las sanciones en contra de ese país y desconocer la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro. Tras ese nombramiento sin validez parlamentaria, debido a que el Parlamento se encontraba en desacato desde 2016, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad de la junta paralela del BCV y advirtió que sus miembros incurrían en delitos de usurpación de funciones, corrupción, delincuencia organizada y terrorismo.
Del total de 121,9 millones de dólares del Fondo que tiene desembolsos hechos entre 2020 y 2021, 1,9 millones han sido para la “presidencia” que ejercería Guaidó desde 2019 hasta un tiempo indeterminado; 3,6 millones para la “cancillería” paralela y 4,6 millones más para la “Asamblea Nacional”, que oficialmente terminó su periodo en enero de este año. El desglose de estas cifras no se encuentra en el documento. Sobre estos recursos, el economista y profesor universitario Francisco Rodríguez escribió en un hilo publicado en su cuenta de Twitter que “entre los montos más relevantes destacan” 27,9 millones de dólares para la ‘Atención Humanitaria’; 20,7 millones para el ‘Programa de Héroes de la Salud’ y 16,7 millones de dólares para el ‘Fondo para la Defensa de la Democracia’.
La administración de los recursos para la atención humanitaria y los programas sociales también ha sido cuestionada con anterioridad. En julio pasado el propio Guaidó afirmó en una serie de trinos que la “dictadura” quería “con propaganda destruir la confianza de los venezolanos en todo”. Esta aseveración la hizo luego de que la jefa editora del medio The Freedom Post, nada afín al Gobierno venezolano, le preguntará dónde estaba el 98 % del dinero de la “ayuda humanitaria”. Rodríguez llama la atención sobre el llamado ‘Fondo para la Defensa de la Democracia’ debido a que “incluye el pago de bonos como parte de un ‘plan de incentivo temporal’ destinado a activistas de los partidos de oposición que respaldan al gobierno interino”.
El economista cita un texto publicado en Crónica Uno donde se afirma que el ‘Fondo para la Defensa de la Democracia’ transfirió montos de entre 50 y 300 dólares mensuales a 16.290 militantes de los partidos opositores que habrían sido utilizados para facilitar transporte y estadías y para su labor organizativa. Según denuncia, el uso de fondos públicos para financiar la actividad partidista es una violación a la ley, de la que la oposición también señala de cometer al Gobierno venezolano.
La llamada ‘Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela’, sin validez legal alguna, fue aprobada por la AN liderada por Guaidó para “ejecutar las partidas presupuestarias destinadas a atender la crisis humanitaria, social y política” de Venezuela en 2020. Cuando el exdiputado se refirió al supuesto instrumento legal dijo que marcaría un “antes y un después” y que aportaría la “herramientas” para “enfrentar” a quienes “habían gobernado sin transparencia”. Sin embargo, su entorno más cercano y él mismo se han visto salpicados por varias tramas de corrupción investigadas por Venezuela y Colombia sobre el manejo de los recursos y bienes del Estado venezolano que han sido confiscados.
Francisco RodríguezJorge RodríguezMaduro
La función exacta de ese fondo no quedó muy clara desde el principio porque, aunque estaba destinado a administrar el dinero otorgado para la “crisis humanitaria”, el exparlamentario opositor había dicho que también funcionaría para el “fortalecimiento del Parlamento”; “atención de casos vitales, de vida o muerte”; el “actuar internacional” y los gastos en “inteligencia y seguridad”. Según se explica en la página de la junta Ad-Hoc del BCV, estos recursos en moneda extranjera “recuperados” están depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y se utilizan “bajo estrictas medidas de control” por parte de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por si siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro. La OFAC es la que autoriza la liberación de los recursos que mantiene congelados y confiscados provenientes de las cuentas y activos del Estado venezolano en el exterior, como parte de las sanciones impuestas por EE.UU. como medida de presión para lograr la salida de Maduro.
El Gobierno de Venezuela sostiene que 116 millones de dólares han sido “robados” por Guaidó debido a que a ese monto ascienden los activos nacionales y depósitos del Estado en el exterior retenidos por EE.UU. Pero los recursos no solo provienen de los bienes confiscados. La Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en 2020 otorgó 528, 5 millones de dólares a la región “para la respuesta a la situación de Venezuela”, mientras que al país suramericano le asignó 94,2 millones de dólares. Sobre estas asignaciones monetarias, ya el actual presidente de la AN, Jorge Rodríguez, le había pedido a Guaidó, y a los dirigentes de la oposición venezolana que lo apoyan, rendir cuentas sobre los millones de dólares otorgados por la USAID desde 2017.
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Los números publicados por un grupo de funcionarios del exdiputado Juan Gerardo Guaidó Márquez arrojan que el denominado “gobierno interino” ha gastado en un año un total 121,9 millones de dólares del llamado Fondo para la Liberación de Venezuela, donde se encontrarían los recursos otorgados para atender la “crisis humanitaria” en el país. Estos montos están en la lista de los ‘Desembolsos realizados por préstamo a la República en el marco de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela’, publicada por la junta administradora Ad-Hoc (paralela) del Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, la atención se genera porque hay gastos no detallados y cuyo uso discrecional muestra opacidad.
La junta Ad-Hoc fue nombrada en julio de 2019 por la junta directiva de la Asamblea Nacional, —que presidía Guaidó ese año, cuando se autoproclamó “presidente encargado”— y realizó una serie de acciones para “salvaguardar” los recursos de Venezuela en el exterior, promover las sanciones en contra de ese país y desconocer la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro. Tras ese nombramiento sin validez parlamentaria, debido a que el Parlamento se encontraba en desacato desde 2016, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad de la junta paralela del BCV y advirtió que sus miembros incurrían en delitos de usurpación de funciones, corrupción, delincuencia organizada y terrorismo.
La administración de los recursos para la atención humanitaria y los programas sociales también ha sido cuestionada con anterioridad. En julio pasado el propio Guaidó afirmó en una serie de trinos que la “dictadura” quería “con propaganda destruir la confianza de los venezolanos en todo”. Esta aseveración la hizo luego de que la jefa editora del medio The Freedom Post, nada afín al Gobierno venezolano, le preguntará dónde estaba el 98 % del dinero de la “ayuda humanitaria”. Rodríguez llama la atención sobre el llamado ‘Fondo para la Defensa de la Democracia’ debido a que “incluye el pago de bonos como parte de un ‘plan de incentivo temporal’ destinado a activistas de los partidos de oposición que respaldan al gobierno interino”.
El economista cita un texto publicado en Crónica Uno donde se afirma que el ‘Fondo para la Defensa de la Democracia’ transfirió montos de entre 50 y 300 dólares mensuales a 16.290 militantes de los partidos opositores que habrían sido utilizados para facilitar transporte y estadías y para su labor organizativa. Según denuncia, el uso de fondos públicos para financiar la actividad partidista es una violación a la ley, de la que la oposición también señala de cometer al Gobierno venezolano.
La llamada ‘Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela’, sin validez legal alguna, fue aprobada por la AN liderada por Guaidó para “ejecutar las partidas presupuestarias destinadas a atender la crisis humanitaria, social y política” de Venezuela en 2020. Cuando el exdiputado se refirió al supuesto instrumento legal dijo que marcaría un “antes y un después” y que aportaría la “herramientas” para “enfrentar” a quienes “habían gobernado sin transparencia”. Sin embargo, su entorno más cercano y él mismo se han visto salpicados por varias tramas de corrupción investigadas por Venezuela y Colombia sobre el manejo de los recursos y bienes del Estado venezolano que han sido confiscados.
La función exacta de ese fondo no quedó muy clara desde el principio porque, aunque estaba destinado a administrar el dinero otorgado para la “crisis humanitaria”, el exparlamentario opositor había dicho que también funcionaría para el “fortalecimiento del Parlamento”; “atención de casos vitales, de vida o muerte”; el “actuar internacional” y los gastos en “inteligencia y seguridad”. Según se explica en la página de la junta Ad-Hoc del BCV, estos recursos en moneda extranjera “recuperados” están depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y se utilizan “bajo estrictas medidas de control” por parte de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por si siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro. La OFAC es la que autoriza la liberación de los recursos que mantiene congelados y confiscados provenientes de las cuentas y activos del Estado venezolano en el exterior, como parte de las sanciones impuestas por EE.UU. como medida de presión para lograr la salida de Maduro.
El Gobierno de Venezuela sostiene que 116 millones de dólares han sido “robados” por Guaidó debido a que a ese monto ascienden los activos nacionales y depósitos del Estado en el exterior retenidos por EE.UU. Pero los recursos no solo provienen de los bienes confiscados. La Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en 2020 otorgó 528, 5 millones de dólares a la región “para la respuesta a la situación de Venezuela”, mientras que al país suramericano le asignó 94,2 millones de dólares. Sobre estas asignaciones monetarias, ya el actual presidente de la AN, Jorge Rodríguez, le había pedido a Guaidó, y a los dirigentes de la oposición venezolana que lo apoyan, rendir cuentas sobre los millones de dólares otorgados por la USAID desde 2017.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 7, 2021