DECLARACIÓN DE LA ASOCIACION CIVIL ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA
Los votos de los cuatro jueces de la Corte[1] que cerraron toda posibilidad a la aplicación de la ley 24.390 a los enjuiciados y condenados por los llamados ‘delitos de lesa humanidad’ –conocida como ley del 2×1-, se pueden analizar (y repudiar) desde diversos puntos de vista.
Lo más obvio es hacerlo desde el ángulo del derecho, es decir, desde lo justo; y es dable esperar eso de nuestra Asociación, porque ella está constituida por abogados y, además, lleva diez años denunciando y combatiendo los engendros jurídicos producidos por los tribunales de este país, desde el más alto hasta los más inferiores del fuero federal.
Pero el caso es que esto ha sido hecho ya por calificados juristas e incluso por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, todos coincidentes en que esos votos no solamente se han pasado por lo bajo las leyes, el Código Penal y hasta la misma Constitución nacional, sino también los principios más básicos y universales del orden jurídico, puesto que sobre ellos asientan las leyes fundamentales del mundo civilizado.
El hecho entonces es –expuesto con crudeza- que los jueces de la Corte, menos uno, han enviado un mensaje que debiera hacer temblar a todos los argentinos: ellos creen que puede haber en la Argentina personas a las que, según su arbitrio, se las puede privar de todo derecho, incluidos los que la Constitución nacional y las mismas declaraciones universales reconocen a todos los seres humanos. En suma, basta que estos jueces se lo propongan, para que una o más personas sean reducidas a la condición de parias, excluidos, indignos, comparables a los esclavos de la antigüedad.
No exageramos. La decisión de estos jueces, despojada de las florituras jurídicas que a menudo se utilizan para disimular las injusticias y arbitrariedades, se puede expresar en muy claras y pocas palabras: la ley penal –han dicho- se puede aplicar retroactivamente a las personas que a nosotros nos parezca.
Esta monstruosidad conlleva pues el aniquilamiento del derecho. Cuando la Corte Kirchnerista, a partir entre otros de los casos Lariz Iriondo, Mazzeo y Simón, inició ese proceso de demolición, nuestra Asociación alzó su voz para decir con todas las letras que el Poder Judicial había perdido los dos pilares fundamentales para su recta actuación: autoridad e independencia; y que ante la violación del principio de legalidad, todos los argentinos habíamos quedado en libertad condicional.[2]
Es el momento de reiterar lo dicho entonces. El peligro en que nos encontramos los argentinos es manifiesto. Y en cuanto a la independencia y la falta de autoridad, perdidas por los jueces desde el golpe institucional con el que Kirchner se deshizo de la Corte establecida, fueron entregadas ahora a una plaza poblada de energúmenos vociferantes.
Por ende, desde el momento que ya no hay derecho en la Argentina, ¿para qué un análisis desde esa perspectiva?
Este fallo mayoritario de la Corte ha venido a confirmar que los llamados ‘juicios de lesa humanidad’, que Lorenzetti encuadró como ‘política de estado’, han sido y son una farsa, la máscara ajada y repelente con que jueces emblemáticos de la prevaricación cubrieron una acción político-ideológica de persecución y venganza.
También ha confirmado el designio de hacer morir en prisión a las verdaderas víctimas de esa trama, que no importa a nadie si son culpables o inocentes, ya que en rigor son los verdaderos perdedores de una guerra que ellos creyeron ganar con las armas y sus mandos de antes y ahora perdieron una vez lograda la paz.
Nuevamente, esta vez de manos de los jueces, la nación pierde la ocasión de dar los primeros pasos para cerrar sus heridas, recuperar la justicia y restablecer la concordia. Estos jueces se suman así a los políticos de todos los partidos que en 1973 abrieron las puertas de las cárceles, para liberar a los terroristas enjuiciados y encarcelados con todas las de la ley. De paso abrieron la puerta a la tragedia que se abatió sobre nosotros, de la que todavía no hemos salido y por la que nunca jamás aquellos políticos ni sus partidos pidieron perdón.
De esta ignominia también habrá consecuencias, salvo que Dios quisiera evitárnoslas, mostrándose especialmente piadoso a causa de unos pocos hombres justos.
Uno de ellos es el Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, el señor Presidente de la Corte Suprema, el único que votó en disidencia, sosteniendo los principios inconmovibles del recto orden jurídico y manteniéndose impertérrito frente al griterío y los bombos de la turba y los politicastros que viven de ella. En la soledad que lo dejaron sus colegas, artífices de piruetas hechas a bajísima altura y sin riesgo alguno, se destaca bien por encima de aquellos, en regiones límpidas, donde reina el aire no contaminado por los efluvios de quienes reptan más abajo muertos de miedo.
Hombres de la talla del Dr. Rosenkrantz permiten conservar la esperanza.
[1] La opinión sana de nuestro país – que todavía la hay y que no entiende mucho de términos y vericuetos jurídicos, además de tener pésima opinión de los jueces en general como lo indican todas las encuestas -, debe tomar nota y no olvidar jamás los nombres de esos cuatro jueces: Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Inés Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti. Deben hacerlo para que un día, cuando logremos poner fin a esta etapa de nuestra historia tan larga como siniestra, quede intacto el recuerdo de los que la hicieron posible.
[2] Carta Abierta de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 10 de julio de 2012.
DECLARACIÓN DE LA ASOCIACION CIVIL ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA
Los votos de los cuatro jueces de la Corte[1] que cerraron toda posibilidad a la aplicación de la ley 24.390 a los enjuiciados y condenados por los llamados ‘delitos de lesa humanidad’ –conocida como ley del 2×1-, se pueden analizar (y repudiar) desde diversos puntos de vista.
Lo más obvio es hacerlo desde el ángulo del derecho, es decir, desde lo justo; y es dable esperar eso de nuestra Asociación, porque ella está constituida por abogados y, además, lleva diez años denunciando y combatiendo los engendros jurídicos producidos por los tribunales de este país, desde el más alto hasta los más inferiores del fuero federal.
Pero el caso es que esto ha sido hecho ya por calificados juristas e incluso por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, todos coincidentes en que esos votos no solamente se han pasado por lo bajo las leyes, el Código Penal y hasta la misma Constitución nacional, sino también los principios más básicos y universales del orden jurídico, puesto que sobre ellos asientan las leyes fundamentales del mundo civilizado.
El hecho entonces es –expuesto con crudeza- que los jueces de la Corte, menos uno, han enviado un mensaje que debiera hacer temblar a todos los argentinos: ellos creen que puede haber en la Argentina personas a las que, según su arbitrio, se las puede privar de todo derecho, incluidos los que la Constitución nacional y las mismas declaraciones universales reconocen a todos los seres humanos. En suma, basta que estos jueces se lo propongan, para que una o más personas sean reducidas a la condición de parias, excluidos, indignos, comparables a los esclavos de la antigüedad.
No exageramos. La decisión de estos jueces, despojada de las florituras jurídicas que a menudo se utilizan para disimular las injusticias y arbitrariedades, se puede expresar en muy claras y pocas palabras: la ley penal –han dicho- se puede aplicar retroactivamente a las personas que a nosotros nos parezca.
Esta monstruosidad conlleva pues el aniquilamiento del derecho. Cuando la Corte Kirchnerista, a partir entre otros de los casos Lariz Iriondo, Mazzeo y Simón, inició ese proceso de demolición, nuestra Asociación alzó su voz para decir con todas las letras que el Poder Judicial había perdido los dos pilares fundamentales para su recta actuación: autoridad e independencia; y que ante la violación del principio de legalidad, todos los argentinos habíamos quedado en libertad condicional.[2]
Es el momento de reiterar lo dicho entonces. El peligro en que nos encontramos los argentinos es manifiesto. Y en cuanto a la independencia y la falta de autoridad, perdidas por los jueces desde el golpe institucional con el que Kirchner se deshizo de la Corte establecida, fueron entregadas ahora a una plaza poblada de energúmenos vociferantes.
Por ende, desde el momento que ya no hay derecho en la Argentina, ¿para qué un análisis desde esa perspectiva?
Este fallo mayoritario de la Corte ha venido a confirmar que los llamados ‘juicios de lesa humanidad’, que Lorenzetti encuadró como ‘política de estado’, han sido y son una farsa, la máscara ajada y repelente con que jueces emblemáticos de la prevaricación cubrieron una acción político-ideológica de persecución y venganza.
También ha confirmado el designio de hacer morir en prisión a las verdaderas víctimas de esa trama, que no importa a nadie si son culpables o inocentes, ya que en rigor son los verdaderos perdedores de una guerra que ellos creyeron ganar con las armas y sus mandos de antes y ahora perdieron una vez lograda la paz.
Nuevamente, esta vez de manos de los jueces, la nación pierde la ocasión de dar los primeros pasos para cerrar sus heridas, recuperar la justicia y restablecer la concordia. Estos jueces se suman así a los políticos de todos los partidos que en 1973 abrieron las puertas de las cárceles, para liberar a los terroristas enjuiciados y encarcelados con todas las de la ley. De paso abrieron la puerta a la tragedia que se abatió sobre nosotros, de la que todavía no hemos salido y por la que nunca jamás aquellos políticos ni sus partidos pidieron perdón.
De esta ignominia también habrá consecuencias, salvo que Dios quisiera evitárnoslas, mostrándose especialmente piadoso a causa de unos pocos hombres justos.
Uno de ellos es el Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, el señor Presidente de la Corte Suprema, el único que votó en disidencia, sosteniendo los principios inconmovibles del recto orden jurídico y manteniéndose impertérrito frente al griterío y los bombos de la turba y los politicastros que viven de ella. En la soledad que lo dejaron sus colegas, artífices de piruetas hechas a bajísima altura y sin riesgo alguno, se destaca bien por encima de aquellos, en regiones límpidas, donde reina el aire no contaminado por los efluvios de quienes reptan más abajo muertos de miedo.
Hombres de la talla del Dr. Rosenkrantz permiten conservar la esperanza.
[1] La opinión sana de nuestro país – que todavía la hay y que no entiende mucho de términos y vericuetos jurídicos, además de tener pésima opinión de los jueces en general como lo indican todas las encuestas -, debe tomar nota y no olvidar jamás los nombres de esos cuatro jueces: Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Inés Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti. Deben hacerlo para que un día, cuando logremos poner fin a esta etapa de nuestra historia tan larga como siniestra, quede intacto el recuerdo de los que la hicieron posible.
[2] Carta Abierta de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 10 de julio de 2012.
Alberto Solanet
Presidente
Carlos Bosch
Secretario
Envío y colaboración: DRA. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 11, 2018
Tags: Carlos Rosenkrantz, Justicia y ConcordiaRelated Posts
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