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El fantasma de la supuesta incapacidad de un presidente para gobernar vuelve a América Latina. En esta oportunidad, la sombra de la duda se ha posado sobre el mandato del colombiano Gustavo Petro, que le salió al paso a las insinuaciones de la oposición y dijo que no tiene impedimentos para seguir en el cargo. 

La incapacidad física o mental de un jefe de Estado para ejercer sus funciones, real o supuesta, ha sido uno de los recursos utilizados por quienes buscan una salida rápida e indolora para poner fin a un mandato a través de una vía no electoral –y aparentemente constitucional– sin el paso previo de las elecciones.

Los eventos de este tipo más cercanos, en tiempo y relevancia, ocurrieron en Venezuela y en Perú. En el primero, los intentos de la oposición, conformada por los grupos políticos tradicionales, no cuajaron a pesar de la insistencia; mientras que en el segundo, la derecha parlamentaria logró finalmente su cometido de sacar al presidente, en un país donde esa práctica se ha convertido en habitual. 

Los partidos opositores Cambio Radical y Centro Democrático introdujeron ante el Senado colombiano una petición para que se examine médicamente al líder del gobernante Pacto Histórico, “a fin de que se determine la existencia o no de incapacidad física o mental permanente del primer mandatario”.

Las razones que esbozaron están relacionadas con un detallado conteo de las ausencias del mandatario a por lo menos 85 eventos a los que debía acudir.

Carolina Arbeláez, integrante de la bancada de Cambio Radical en la Cámara de Representantes, dijo a Blu Radio que es “urgente” conocer el estado de salud de Petro porque, en su opinión, “no es normal que en más de 80 oportunidades haya cancelado la agenda nacional e internacional”.

Por su parte, Christian Garcés, miembro de la Cámara baja por el uribista Centro Democrático, planteó en una entrevista que si el presidente tiene un enfermedad, “es bueno que se le informe a Colombia, y si tiene un problema de adicción, entonces debe tener un tratamiento para dar tranquilidad; esto es un caso de transparencia”.

Petro, aunque no se ha referido directamente a su salud, dijo el pasado jueves que constantemente recibía insultos y que diariamente lo llamaban loco. Ante esos señalamientos, afirmó que su única locura es “la democracia, la libertad y la justicia”.

La Constitución de Colombia establece en su artículo 194 lo siguiente:

Son faltas absolutas del presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados estos dos últimos por el Senado.

Al respecto, en un artículo de El Tiempo se afirma que “no hay mayor sustento legal frente a este tipo de requerimientos” y que no está definido normativamente el “camino por seguir para que el Congreso pudiese decretar una falta temporal o absoluta”. Asimismo, no existe una “obligación” por parte de Petro para que acceda a someterse a la evaluación médica requerida por sus opositores. 

El presidente ha denunciado en varias oportunidades que está en marcha un plan de “golpe blando” en su contra, impulsado desde la Fiscalía, que ha tenido eco en los medios de comunicación y en sectores políticos conservadores. Petro considera que estos señalamientos buscan evitar que culmine su mandato y que la Corte Suprema pueda elegir al nuevo titular del Ministerio Público.

En el caso del expresidente peruano Pedro Castillo, la declaratoria de “incapacidad moral” fue la carta que estuvo sobre la mesa desde un principio, y que finalmente resultó triunfadora. 

En diciembre de 2021, con menos de cinco meses en el cargo, el Congreso rechazó esa petición hecha por sus adversarios políticos. Sin embargo, la oposición volvió a enfilar sus baterías para lograr la vacancia y utilizó el mismo recurso en marzo de 2022, cuando tampoco prosperó.

La estocada final fue en diciembre de 2022, cuando el Parlamento oficializó la vacancia del presidente y lo declaró en “permanente incapacidad moral” por la “grave situación” que generó al “pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional”.

En Venezuela, la petición de declarar la incapacidad del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, no llegó a ser admitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que desestimó los recursos presentados por los opositores.

El fenómeno político que constituyó el mandatario venezolano, y el amplio apoyo popular con el que contó, fueron los principales obstáculos para la oposición nacional e internacional, que se valió de todo tipo de estrategias y atajos irregulares para intentar sacarlo de la Presidencia.

En 2002, tres meses antes de que esas fuerzas dieran un golpe de Estado, el máximo tribunal rechazó dar curso a la solicitud de declaratoria de incapacidad. En los medios de comunicación constantemente se presentaban “pruebas” de la supuesta “insania mental” de Chávez, basadas en sus declaraciones.

Frustrada la acción golpista, nuevamente en 2005 el abogado Gustavo Guzmán pidió a la máxima instancia de Justicia que se nombrara una junta médica para examinar a Chávez. ¿Las razones? Sus “cambios de humor”, “discursos belicistas” y propuestas gubernamentales, entre otras. Esta acción no prosperó y el TSJ la declaró “inadmisible”.

Ese no fue el último intento. En 2008, el dirigente político opositor Henry Ramos Allup dijo que iban a solicitar la declaración de incapacidad, sustentada en que el líder revolucionario no estaba “en sus cabales” y tenía “severos desequilibrios mentales”.

Pero estos intentos fueron más allá de Chávez y también se enfilaron contra su sucesor, Nicolás Maduro, al que igualmente intentaron sacar por esa vía, sin recurrir esta vez al Supremo.

La actual precandidata opositora María Corina Machado afirmó en 2016 que era evidente la “incapacidad mental permanente” del jefe de Estado, lo que fue cimentando el piso para la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como “presidente encargado” ante el supuesto “abandono del cargo” por parte del mandatario, que supuestamente había ocurrido desde 2017.