No se entiende que la empresa Ppsico, que cerró su fábrica de Florida Oeste, partido de Vicente López, haya incumplido con los términos del “procedimiento preventivo de crisis” que invocó para cesantear únicamente a 10 despedidos, que presentaron una medida cautelar, según la Sala Sexta del Tribunal, integrada por los jueces Luis Aníbal Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo, que la obliga a reincorporar únicamente a esas diez personas. La empresa está en su derecho de “ejercer toda industria lícita” y cerrar esa fuente de trabajo por factores económicos y para ello cumpliendo con las disposiciones legales les ofreció a su personal -unos 600 trabajadores-, a unos aceptaron trasladarse a una nueva fábrica en Mar del Plata, a otros les pagó doble indemnización legal (entre 600 mil y 5 millones de pesos), a otros trabajo administrativo, que aceptaron, y del total del personal unos 90 rechazaron todo acuerdo y ocuparon ilegalmente el predio del establecimiento que fue desalojado por la orden de juez Andrea Rodríguez Mentaste, quienes, incitados por la izquierda política vernácula provocaron tumultos, desacataron y desobedecieron la manda judicial y la autoridad policial, como también resultaron heridos 15 trabajadores, 15 efectivos del orden, y a una agente le causaron una fractura expuesta de la tibia y peroné de una pierna, con cascotes arrojados desde el techo del edificio usurpado.
A la luz de los hechos sucintamente expuestos, no se entiende la lógica judicial del tribunal de marras que dispuso la medida contra Pepsico y la aplicación de “sanciones conminatorias a razón de cinco mil pesos por cada día de demora”.
Está en la empresa ejercer su defensa y derechos constitucionales, apelando a una instancia judicial superior.
Escribe Alfredo Nobre Leite.
Opinión
No se entiende que la empresa Ppsico, que cerró su fábrica de Florida Oeste, partido de Vicente López, haya incumplido con los términos del “procedimiento preventivo de crisis” que invocó para cesantear únicamente a 10 despedidos, que presentaron una medida cautelar, según la Sala Sexta del Tribunal, integrada por los jueces Luis Aníbal Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo, que la obliga a reincorporar únicamente a esas diez personas. La empresa está en su derecho de “ejercer toda industria lícita” y cerrar esa fuente de trabajo por factores económicos y para ello cumpliendo con las disposiciones legales les ofreció a su personal -unos 600 trabajadores-, a unos aceptaron trasladarse a una nueva fábrica en Mar del Plata, a otros les pagó doble indemnización legal (entre 600 mil y 5 millones de pesos), a otros trabajo administrativo, que aceptaron, y del total del personal unos 90 rechazaron todo acuerdo y ocuparon ilegalmente el predio del establecimiento que fue desalojado por la orden de juez Andrea Rodríguez Mentaste, quienes, incitados por la izquierda política vernácula provocaron tumultos, desacataron y desobedecieron la manda judicial y la autoridad policial, como también resultaron heridos 15 trabajadores, 15 efectivos del orden, y a una agente le causaron una fractura expuesta de la tibia y peroné de una pierna, con cascotes arrojados desde el techo del edificio usurpado.
A la luz de los hechos sucintamente expuestos, no se entiende la lógica judicial del tribunal de marras que dispuso la medida contra Pepsico y la aplicación de “sanciones conminatorias a razón de cinco mil pesos por cada día de demora”.
Está en la empresa ejercer su defensa y derechos constitucionales, apelando a una instancia judicial superior.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 15, 2017
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