Los recientes fallos de la Corte Suprema, ratificando que el beneficio del 2 x 1 no es aplicable para delitos de lesa humanidad https://www.cij.gov.ar/nota-35711-La-Corte-Suprema-ratific–que-el-beneficio-del-2-x-1-no-es-aplicable-para-delitos-de-lesa-humanidad.html demuestran que los jueces de la CSJN son ante todo militantes que negocian sus decisiones y reaccionan según la temperatura política, dictando resoluciones alejadas de la racionalidad jurídica para satisfacer sectores particulares y así asegurarse la continuidad en sus cargos (con los beneficios financieros correspondientes). Es de destacar el voto en disidencia del Dr. Carlos Rosenkrantz que” mantiene sus criterios precedentes admitiendo los recursos presentados y revocando las decisiones recurridas con el alcance allí indicados”
El tiempo de vida de una jurisprudencia en Argentina (en particular sobre las causas lesa humanidad) está limitada a la presión de asociaciones de derechos humanos, partidos políticos, medios y a los intereses de los magistrados de la CSJN que evalúan el coste-beneficio, de una eventual rectificación en sus dichos precedentes. El cambio radical de una decisión emanada de la Corte se puede realizar sin límites, poco importa el derecho, la justicia, la legalidad sobre el fondo del nuevo fallo y aún menos la víctima de esa resolución.
Como creer en la justicia y en la legitimidad de los jueces, si la misma CSJN utilizando el “principio ilegal de excepcionalidad, contexto, gravedad del delito” como aparente calificación jurídica y factores extrajudiciales, por decisión política y no jurídica priva impunemente de derechos fundamentales a personas privadas de libertad, ilegalmente acusadas de lesa humanidad, a quienes además se les violan los principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad.
En las causas ilegales de lesa humanidad, los ilegítimos jueces de la CSJN (y del fuero federal) no son más los garantes de administrar justicia o aplicar el derecho, sino actúan como militantes que constituyen un tribunal revolucionario, representan la justicia de venganza, legalizan las reivindicaciones de la lucha armada de los grupos terroristas de los 70, aplican el terrorismo judicial. Los ministros de la corte no pueden ignorar que las organizaciones armadas ilegales no luchaban por los derechos humanos, el Estado de derecho, la justicia o la democracia.
Estos fallos inoperantes de la CSJN discriminan, crean una particularidad de ciudadanos a quienes se les puede violar los derechos humanos en toda supuesta legalidad. Cada uno de los ilegítimos jueces de la CSJN (y justicia federal) que deciden según interese políticos y no jurídicos, tendrán que dar explicaciones ante la justicia imparcial, objetiva, o ante la justicia del pueblo. Sus fallos son las pruebas de sus delitos imprescriptibles. Todo es cuestión de tiempo. Paris, 26septiembre2019. CasppaFrance.
No se pide defenderlos, ni defender una política o un gobierno, sino mostrar una realidad oculta en el debate público actual donde los temas de justicia, política, corrupción, derechos humanos, son comentados en un contexto de campaña electoral.
Usted que dice defender, interesarse, proteger, los derechos humanos de todas las personas por igual, que no se calla de nada, por nada ni por nadie. Este llamado es también una acción de justicia, de honor, verdad e historia, en nombre del futuro de la Nación.
¿Porque no habla de los más de 3000 Prisioneros Políticos que tiene el gobierno argentino?
Magistrados, sacerdotes, abogados, médicos, ex-agentes del Estado, académicos, empresarios, y otros actores socio-profesionales que, en los años 70, protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques armados de grupos terroristas que intentaron tomar el poder por las armas, hoy por la corrupción y la impunidad de la justicia el mismo Estado los juzga y los condena a la pena de muerte civil y social, acusados ilegalmente de haber cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Porque los hombres políticos hipócritamente buscan en privado seducir ese grupo social, aceptan sus votos porque son numerosos y luego de las elecciones se olvidan de ellos?
Porque no hace saber que, a esos hombres y mujeres, mayores de 70 años, enfermos, en prisión o detenciones domiciliarios, la justicia argentina les viola los principios de legalidad, garantías constitucionales y convencionales, ante la pasividad de la sociedad y la complicidad del gobierno. Pero, además, los jueces federales aplican la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas, no reconocen la prescripción, la amnistía, el debido proceso, garantías procesales imperativas. Con argumentos de excepciones permanentes suspenden garantías individuales. Ningún país del Consejo de Europa y otras democracias utilizan similares procedimientos.
En sus domicilios son escrachados, amenazados junto a sus familias, por las asociaciones llamadas de derechos humanos y las municipalidades los declaran personas non-grata. El gobierno y la justicia observan pasivamente esos delitos. Son también víctimas de tratos crueles e inhumanos, de discriminación, de persecución, no pueden acceder a tratamientos médicos externos, no pueden estudiar, no tienen asistencia espiritual, el acceso a la justicia es imposible. ¿Ese es el modelo de justicia en nombre de los derechos humanos que usted defiende?
Esos hombres, mujeres y sus familias son víctimas de la violación de derechos fundamentales por la venganza jurídica -política que decidieron impunemente sectores radicalizados para quienes la lucha continua por otros medios. Evitar hablar de ellos, esconderlos, negar su existencia, es ser cómplice de la violación de los Derechos Humanos de esas personas. No hay que tener miedo de hablar de la historia del país de los años70, revisionistas son los que instalan un relato oficial.
El presidente de la CSJN, el ministro de Justicia y algunos fiscales, declararon, denunciaron, los problemas en el Poder Judicial de la influencia política en los fallos judiciales, la corrupción e impunidad de los jueces. Se instaló una cultura de inseguridad jurídica, una ausencia de legitimidad de la institución judicial, la politización de la justicia, el Estado de derecho está en peligro.
Porque no hablar de las víctimas nacionales y extranjeras que dejaron los grupos terroristas en los años 70, que a la fecha ni la justicia ni el gobierno las reconocen. Son más de 1500 personas, entre muertos, heridos, secuestrados, extorsionados. Los autores de esos hechos que no luchaban ni por los derechos humanos ni por la democracia están en libertad, benefician de la protección de la justicia, del gobierno, de la comunidad internacional. Transformados en militantes defensores de los derechos humanos.
No se le requiere defender una causa, sino hablar, hacer saber, alertar, exponer una verdad jurídica oculta, para que la sociedad y la comunidad internacional conozcan la grave situación que actualmente viven hombres y mujeres en la Argentina, cuando el gobierno dice ser modelo en la garantía y protección de los Derechos Humanos. ¿Es ese el ideal de una Argentina con inseguridad jurídica permanente que hay que mostrar al mundo? Paris, 06junio 2019. CasppaFrancehttps://www.casppafrance.org/ , Twitter: @CasppaF, casppa.france@gmail.com , facebookhttps://www.facebook.com/casppa01/
Un primer comunicado que debieron reemplazar por el correcto demostró la intranquilidad por responder en los tiempos políticos y no jurídicos.
Los valientes magistrados de la CSJN ceden una vez más a la cultura de la presión política, societal, mediática, modificando rápidamente sus propias decisiones, fallos y poco importa el derecho, la justicia, la constitución o las consecuencias de sus decisiones.
A nadie escapa que los miembros de la CSJN son en realidad militantes políticos travestidos en magistrados supuestamente objetivos que ceden (otra forma de negociación política) a las presiones externas por temas que en realidad le brindan más legitimidad.
Se observa que cuando las demandas (de negociación) o amenazas provienen de sectores políticos radicalizados, ONG llamadas de derechos humanos, medios de prensa, grupos de presión, grandes manifestaciones, llegan a un nivel de imposible control político, los miembros de la CSJN satisfacen los requerimientos:
Así, en numerosos fallos la CSJN validó la constitucionalidad de las leyes 23492 y 23 521 para que 17 años más tarde, ella misma por la presión (amenazas) de sectores políticos, sociales, parlamentarios, ONG radicalizadas, manifestaciones importantes, y por los beneficios que podría obtener, cedió y declaró esas leyes inconstitucionales como también algunos indultos del presidente Menem.
En esa misma línea, la CSJN falló con una errónea interpretación voluntaria de constitucionalidad y convencionalidad para legitimar la aplicación de la retroactividad penal en los ilegales juicios de lesa humanidad contra un grupo social especifico. Con sus fallos crearon una justicia de excepción, contraria a la Constitución Nacional, Convenciones y Tratados firmados por la Argentina. Pero eso les dio combustible para continuar con una cuota de poder más allá de lo jurídico y judicial.
Todo individuo se puede libremente interrogar si los miembros de la CSJN no sienten una carga de culpabilidad, vergüenza, deshonor personal, el sentimiento de violar principios éticos, por cambiar sus posiciones doctrinales, jurisprudenciales. Al parecer no, porque utilizando un simple comunicado, otro fallo o resolución como un camaleón salen del problema sin más explicaciones porque son los magistrados del supremo. Es una forma de enconderse y aprovechar los privilegios del poder judicial para luego dar una respuesta política y no jurídica a las demandas, así demostrar que escuchan al pueblo, están con él y seguir ocupando una función de privilegio. Se olvidan de que no son ni el poder ejecutivo ni el legislativo ¿Es esa la CSJN que protege y garantiza los principios constitucionales de todos los individuos?
La CSJN en 2 de sus 10 puntos de su comunicado de la vergüenza declara que:
Punto 9. Que de este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que porno haber ejercido un control oportuno los procesos llevados adelante culminaron nulificándose pordeficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad.
Punto 10. Que la Corte debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual,examinando el correcto cumplimiento del debido proceso conforme lo disponen la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia”.
Pero en realidad la CSJN, no solo miente, sino que viola esos mismos principios, porque jamás ejerció un control objetivo, jurídico, oportuno, como tampoco no atendió los recursos en tiempo y forma, a las demandas de los más de 3000 hombres y mujeres acusadas ilegalmente de lesa humanidad. Siempre fueron distantes con las obligaciones positivas y las garantias de los derechos fundamentales de esos individuos, brindando repuestas sin serla. ¿Nunca observaron en los ilegales juicios de lesa humanidad el incorrecto cumplimiento del debido proceso? Negarlo o aceptarlo es grave. Se debe modificar de manera urgente esa situación, no se puede esperar más por que la vida y la libertad de personas estan en juego.
La CSJN sabe que ex agentes del Estado, médicos, abogados, magistrados, sacerdotes, empresarios, son víctimas de decisiones políticas y no jurídicas por parte de la justicia: se les aplican la retroactividad penal, prisiones preventivas ilimitadas, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, se violan los principios de legalidad, constitucionalidad, convencionalidad, las reglas del debido proceso, se ignora la prescripción, las amnistías,…mayores de 70 años enfermos, en prisión o en detenciones domiciliarias amenazados, perseguidos, por hordas salvajes que dicen defender los derechos humanos… esos prisioneros políticos son víctimas de los ilegales fallos de esa corte, que los tribunales inferiores la toman como norma interna constitucional. Los miembros del supremo jamás utilizaron los puntos 9 y 10 de su último comunicado.
Los 5 magistrados del máximo tribunal de la nación, comprendieron que actualmente hay desconfianza de la CSJN en la sociedad (y de todos los jueces), que están deslegitimados por el abuso de la política en las decisiones de la justicia, la impunidad de los jueces… pero quieren seguir demostrando que tienen el poder y control judicial del país. Esa situación debe terminar y ellos mismos modificarla en nombre de la CN, la pacificación social, de la seguridad jurídica o nadie puede garantizar el futuro del país. Los magistrados gastaron toda la cuota de inmunidad y legalidad de sus funciones.
En Argentina la CSJN no es la solución a los problemas jurídicos y de justicia sino el problema que genera la inseguridad jurídica, la corrupción judicial, no garantiza los principios constitucionales ni convencionales, es un órgano político, los magistrados hacen política. Algún día los magistrados de la CSJN deberán asumir sus responsabilidad ejercidas, dar explicaciones ante la justicia nacional por haber violado los derechos humanos de numerosas personas. Sus crímenes y delitos no pueden simplemente borrarse otorgándoles una jubilación de privilegio. También se los puede denunciar en el extranjero que no disponen de las inmunidades nacionales.
En estos últimos 30 años se comprobó que los magistrados de la CSJN y de la justicia en general, solo comprenden la presión constante de grupos dinámicos, las manifestaciones, el ruido de la calle, la mediatización agresiva, para decidir en justicia según una demanda política. Pero los Prisioneros Políticos no pueden realizar esas mismas actividades ni disponer de ese poder o capacidad de acción, por eso se les violan sus Derechos Humanos ante la mirada de la CSJN que observa silenciosamente y deja de lado no solo los puntos 9 y 10 de su comunicado, sino su misión. Paris, 17 mayo 2019. CasppaFrance
Monseñor Héctor Aguer y su opinión sobre el beneficio del 2×1 en los casos de lesa humanidad y la obligación de mentir sobre los 30.000 desaparecidos en una provincia de Buenos Aires comandada por María Eugenia Vidal.
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Monseñor Aguer -quién se encuentra en la vereda opuesta al Papa Francisco- tuteló el beneficio del 2×1 a los condenados por supuestos delitos de lesa humanidad, desacreditando al gobierno nacional por las críticas al fallo de la Corte Suprema de Justicia y también a la reciente ley promulgada por el gobierno de María Eugenia Vidal -presente en el momento de estas declaraciones- que establece que las publicaciones oficiales deben consignar como “cívico militar” a la última dictadura y fija el número de desaparecidos en 30 mil.
Estas manifestaciones tuvieron lugar tras el Tedeum que se realizó en la Catedral, del que participó María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, parte de su gabinete y Julio Garro, intendente local.
Aguer afirmó que el hecho de que el jefe de gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña “haya salido a cuestionar el fallo de la Corte demuestra que nuestra República no está muy sana“. Destacando que se trataba de una invasión a otro poder. El arzobispo consideró que estaba fuera de lugar que el Congreso haya sancionado una ley retroactiva contra la decisión de la Corte Suprema.
El religioso se mostró contra la ley provincial que establece que las publicaciones oficiales deben consignar como “cívico militar” a la última dictadura y fija el número de desaparecidos en 30 mil personas. “Se impuso por Ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura. Me parece que no corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido”, explicó Aguer. “No me corresponde a mí poner un número, pero digo: ‘¿Por qué la ley va a prohibir que alguien diga que fueron 29.999 o que diga que fueron 30.001?’. No corresponde una ley para eso”.
Escribe Enrique Molina Pico en Cartas de Lectores del diario La Nación.
Fallo “dos por uno”
“Dos por uno”, igualdad ante la ley y demás garantías constitucionales o el camino hacia el pensamiento único obligatorio. Declamamos ser un país que vive en democracia, con separación de poderes y una total independencia del Poder Judicial, que se expresa por sus fallos. Falta agregar: eso sí, siempre y cuando la sentencia concuerde con mis ideas o intereses, en caso contrario, estigmatizaremos y amenazaremos a los jueces, los denunciaremos penalmente y solicitaremos su juicio político y finalmente sancionaremos una ley opuesta que se aplicará con retroactividad.
El fallo de la Corte que aplicó el cómputo del dos por uno en un caso de lesa humanidad muestra el sano funcionamiento de la independencia de los poderes.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el cómputo del dos por uno a condenados por delitos de lesa humanidad y que tanta polémica despierta nos mueve a reflexionar acerca de si como sociedad hemos asumido plenamente lo que significa aceptar el Estado de Derecho, esto es, la sujeción del hombre al imperio de la ley que debe regir la vida en comunidad.
Los delitos de lesa humanidad, en los que incurrieron ambos bandos en tiempos del enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y los terroristas revolucionarios, recogen desde siempre un merecido repudio. Hay también acuerdo respecto de la imprescriptibilidad de esos delitos, pero la unanimidad cede cuando se restringe ese carácter exclusivamente a los cometidos por la represión ilegal y se deja inexplicable e injustificadamente fuera a los cometidos por la guerrilla subversiva.
A propósito del fallo “Muiña” de nuestro máximo tribunal, que conocimos días atrás, merced al cual se le concede a un represor el beneficio del dos por uno en su condena por el delito de privación ilegal de la libertad y tormentos para con trabajadores del hospital Posadas, se ha afirmado en distintos ámbitos que los derechos humanos universalmente reconocidos están por encima de cualquier ley. Pero si realmente aspiramos a vivir en un Estado de Derecho no hay doctrina política, ni religiosa, ni filosófica, ni relato ni memoria que puedan justificar su elevación por sobre la ley.
A lo largo de la historia, el mundo occidental civilizado ha incorporado sabiamente principios inamovibles como la igualdad ante la ley, el derecho de defensa, el debido proceso y que nadie puede ser juzgado ni condenado por conductas no previstas en leyes anteriores al hecho, entre muchos otros. Las llamadas leyes humanitarias han suprimido la prisión por deudas y la tortura; han consagrado el principio de in dubio pro reo, o beneficio de la duda; el principio de la ley más benigna a favor del imputado siempre que ésta estuviese vigente al momento del hecho, y que las cárceles sean sanas y limpias “para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas”. En la misma línea están la reducción de la pena por buena conducta y la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. Se trata de conquistas que responden a piadosas tendencias humanitarias, precisamente a favor del hombre.
La sana división de poderes, con expresa prohibición de arrogarse otras funciones propias del Poder Judicial, y la obligación de los jueces de fallar según la ley, con independencia de toda doctrina o postura política por respetable que ella sea, constituyen garantías para el ciudadano. A la luz de estos principios fundamentales, la sociedad debe comprender que si se quiere vivir en un Estado de Derecho se deben respetar las leyes, nos gusten o no sus términos, pues no existe ninguna política capaz de situarse por encima de ese cuerpo legal. Si el fallo en cuestión se hubiese aplicado a un ex montonero, la situación sería exactamente la misma, pues nada tienen que ver en esto la militancia ni las argumentaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos.
Precisamente por este motivo se representa a la Justicia con una venda en los ojos para simbolizar su imparcialidad: la ley es igual para todos. La aplicación de este principio es justamente lo que nos distinguirá de los criminales de toda laya y de la barbarie, tanto como de quienes pretenderían ampararse en la deleznable consigna “al enemigo, ni justicia” para exigir venganza antes que el cumplimiento de las leyes.
No puede menos que repudiarse la afirmación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, al cuestionar el fallo de la Corte Suprema, sostuvo que algo así no hubiese ocurrido durante su gestión gubernamental: otro vergonzoso sincericidio que confirma cuán lejos estaba de respetar la autonomía de los tres poderes que debe primar en una república, al aceptar que ella controlaba o aspiraba a digitar incluso al máximo tribunal de la Nación.
Que la sentencia no sea políticamente favorable al gobierno de Mauricio Macri, por un lado, y que desagrade a organismos defensores de los derechos humanos, por el otro, son una clara muestra de la independencia de la que ha hecho gala la Corte, con su dinámica de mayorías y minorías, al fallar de acuerdo con lo que entiende es la debida aplicación de la ley y las garantías procesales. Técnicamente el fallo resulta inobjetable, aun para sus detractores. Recordemos, además, que el régimen del dos por uno fue muy criticado y desde esta columna se pidió su derogación en 2000.
Recientemente, la Corte avaló el arresto domiciliario para un represor de 85 años y enfermo. Un fallo de características similares fue el de la Corte chilena que habilitó a Augusto Pinochet, de la misma edad, a terminar sus días en su hogar y no en prisión. En una auténtica república el respeto a la ley puede derivar en actos éticamente humanitarios, incluso para con aquellos que tan ferozmente la combatieron, pues sólo así se confirma su fortaleza y sus auténticos valores.
Desgraciadamente, continuando con una inercia de enfrentamiento que sólo nos aleja del futuro para anclarnos en el pasado, una parte de la ciudadanía parece haber olvidado que venimos de más de una década de denunciar la falta de independencia del Poder Judicial. Ya comienzan a oírse voces que anticipan apelar a mecanismos constitucionales que pongan freno a nuevos fallos, incluso al absurdo pedido de juicio político a los magistrados que conformaron el voto mayoritario. En el juego democrático, todo lo que acontezca dentro del marco institucional debe celebrarse. Hasta aquí, respetamos un ejemplo del sano funcionamiento de la independencia de los poderes tan largamente reclamada.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia manifiesta que el fallo “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia constituye un regreso a la legalidad luego de un largo período en el cual el Derecho estuvo puesto al servicio de intereses políticos e ideológicos. El principio de la ley más benigna, reconocido legal, convencional y constitucionalmente, no establece distingo de delitos, por lo que su negativa a ser aplicada a personas acusadas de aquellos a los que se denomina de “lesa humanidad”, constituye una discriminación inaceptable. Por otra parte, consideramos necesario recordar una vez más, que lo que se juzga en el caso “Muiña” y tantos otros, por hechos ocurridos en la década del 70, no constituyen crímenes de lesa humanidad, ya que esa categoría delictual fue incorporada a la legislación argentina por la ley 25.390 del 9 de enero de 2007, siendo que el Art. 24 de dicho Estatuto, prohíbe a los Estados su aplicación retroactiva, respetando así el principio de legalidad, también conculcado por mas de una década. Se puede criticar el contenido de la ley 24.390 del “2×1”, pero nunca su aplicación irrestricta a todos los que ella beneficia. Quienes critican el fallo lo hacen desde posiciones ideologizadas, movidos por el rencor, por intereses políticos o especulaciones electorales. No podemos sino celebrar el volver a contar con fallos –y nada menos que de nuestro más alto Tribunal- inspirados en el interés de la ley y que honran además, en el caso, principios y valores que han de estar siempre por encima de las pasiones o intereses del momento.
Que la discusión en los medios sobre el reciente fallo de la Corte, que acepta el 2 x 1 para los condenados por crímenes de lesa humanidad parta del supuesto de que son genocidas, constituye un despropósito epistemológico y ético. Ello porque de ninguna manera son tal cosa y los que así lo afirman, o actúan de mala fe o son unos ignorantes redomados. Ya en democracia, la guerra comenzó con el ataque artero, homicida y generalizado de las bandas terroristas contra civiles, militares y el Estado de Derecho. El objetivo confeso era imponer por las armas la dictadura comunista. La lógica reacción de los gobiernos de Juan e Isabel Perón fue actuar en defensa propia, del orden constitucional y de la sociedad en su conjunto ¿Qué otra respuesta distinta a la represión merecía la horda subversiva de Firmenich, la hija de Carlotto y compañía? Acaso, ¡que los militares y policías se echen al suelo a esperar que los capen los Montoneros! De que el peronismo y el gobierno militar no reprimió con la ley en la mano es un hecho (La paternidad peronista de la Triple A está fuera de discusión.) Ahora bien, la guerra de los ‘70 no se caracterizó por dirimir los conflictos en los tribunales sino a balazo limpio. Ello quedó más que claro cuando, después de amnistiados por el presidente Cámpora, los jóvenes “idealistas” se largaron a asesinar a los jueces que los persiguieron con la ley en la mano. Y, aunque se cuidan muy bien de decirlo, fue Juan Perón que comenzó con la represión “genocida”. Y no lo dicen porque, aunque miserable, es negocio posar de víctimas y no de victimarios. Además, ahí están los “milicos” hijos de la pavota para que se coman el garrón del victimario universal; esa y no otra es la sustancia que oculta la cáscara conocida como “Memoria, Verdad y Justicia” y “política de derechos humanos”.
Ahora bien, cabe preguntarse por las causas que disparate semejante no haya despertado la saludable reacción cívica que pusiera las cosas en su lugar. Que sujetos de baja estofa y, también, de buena leche, no hayan recibido la condena social oportuna por tergiversar los hechos con el objeto de demonizar el fallo, revela el grado de decadencia en el que está sumida la sociedad argentina. Dicho de otro modo, en la incapacidad para reunir la masa crítica de ciudadanos necesaria que incline la balanza hacia un país medianamente decente. De qué manera se explica, por ejemplo, que los “sedientos” de justicia se rasguen las vestiduras ante el fallo del 2 x 1 y no se perturben y hasta aplaudan que no se juzgue a los “jóvenes idealistas” por los homicidios y demás crímenes que cometieron ¿Qué pasa? ¿Son tontos, infames o se les ha atrofiado el sentido de justicia? Tal vez sea el pánico que infunde la posibilidad de exponerse a ser escrachado por la lengua venenosa de la Carlotto. Es que rinde mucho más y no implica riesgo alguno la cobardía (políticamente correcta) de, por ejemplo, gritarle “genocida” a un héroe de guerra como el teniente coronel Guillermo Nani. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de las respectivas provincias y municipios, de hecho, se crearon para triturar a las Fuerzas Armadas. Los recursos públicos “invertidos” en esa política son fabulosos. Hay que reconocer que hicieron bien su trabajo. Las multitudinarias reacciones en contra y las escasas a favor del fallo así lo indican.
En los últimos doce años la Argentina se llevó puesta a sus Fuerzas Armadas . Soy escéptico en cuanto a que sea factible reconstituirlas. Es que los soldados saben bien que el único gesto que pueden esperar de aquellos a los que socorrieron es una fuerte y soberbia patada.
La Corte de la venganza, jueces ilegítimos, fallos políticos y no jurídicos
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Los recientes fallos de la Corte Suprema, ratificando que el beneficio del 2 x 1 no es aplicable para delitos de lesa humanidad https://www.cij.gov.ar/nota-35711-La-Corte-Suprema-ratific–que-el-beneficio-del-2-x-1-no-es-aplicable-para-delitos-de-lesa-humanidad.html demuestran que los jueces de la CSJN son ante todo militantes que negocian sus decisiones y reaccionan según la temperatura política, dictando resoluciones alejadas de la racionalidad jurídica para satisfacer sectores particulares y así asegurarse la continuidad en sus cargos (con los beneficios financieros correspondientes). Es de destacar el voto en disidencia del Dr. Carlos Rosenkrantz que” mantiene sus criterios precedentes admitiendo los recursos presentados y revocando las decisiones recurridas con el alcance allí indicados”
El tiempo de vida de una jurisprudencia en Argentina (en particular sobre las causas lesa humanidad) está limitada a la presión de asociaciones de derechos humanos, partidos políticos, medios y a los intereses de los magistrados de la CSJN que evalúan el coste-beneficio, de una eventual rectificación en sus dichos precedentes. El cambio radical de una decisión emanada de la Corte se puede realizar sin límites, poco importa el derecho, la justicia, la legalidad sobre el fondo del nuevo fallo y aún menos la víctima de esa resolución.
Como creer en la justicia y en la legitimidad de los jueces, si la misma CSJN utilizando el “principio ilegal de excepcionalidad, contexto, gravedad del delito” como aparente calificación jurídica y factores extrajudiciales, por decisión política y no jurídica priva impunemente de derechos fundamentales a personas privadas de libertad, ilegalmente acusadas de lesa humanidad, a quienes además se les violan los principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad.
En las causas ilegales de lesa humanidad, los ilegítimos jueces de la CSJN (y del fuero federal) no son más los garantes de administrar justicia o aplicar el derecho, sino actúan como militantes que constituyen un tribunal revolucionario, representan la justicia de venganza, legalizan las reivindicaciones de la lucha armada de los grupos terroristas de los 70, aplican el terrorismo judicial. Los ministros de la corte no pueden ignorar que las organizaciones armadas ilegales no luchaban por los derechos humanos, el Estado de derecho, la justicia o la democracia.
Estos fallos inoperantes de la CSJN discriminan, crean una particularidad de ciudadanos a quienes se les puede violar los derechos humanos en toda supuesta legalidad. Cada uno de los ilegítimos jueces de la CSJN (y justicia federal) que deciden según interese políticos y no jurídicos, tendrán que dar explicaciones ante la justicia imparcial, objetiva, o ante la justicia del pueblo. Sus fallos son las pruebas de sus delitos imprescriptibles. Todo es cuestión de tiempo. Paris, 26septiembre2019. CasppaFrance.
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 26, 2019
¿Por qué evitar hablar de ellos?
Usted que dice defender, interesarse, proteger, los derechos humanos de todas las personas por igual, que no se calla de nada, por nada ni por nadie. Este llamado es también una acción de justicia, de honor, verdad e historia, en nombre del futuro de la Nación.
¿Porque no habla de los más de 3000 Prisioneros Políticos que tiene el gobierno argentino?
Magistrados, sacerdotes, abogados, médicos, ex-agentes del Estado, académicos, empresarios, y otros actores socio-profesionales que, en los años 70, protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques armados de grupos terroristas que intentaron tomar el poder por las armas, hoy por la corrupción y la impunidad de la justicia el mismo Estado los juzga y los condena a la pena de muerte civil y social, acusados ilegalmente de haber cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Porque los hombres políticos hipócritamente buscan en privado seducir ese grupo social, aceptan sus votos porque son numerosos y luego de las elecciones se olvidan de ellos?
Porque no hace saber que, a esos hombres y mujeres, mayores de 70 años, enfermos, en prisión o detenciones domiciliarios, la justicia argentina les viola los principios de legalidad, garantías constitucionales y convencionales, ante la pasividad de la sociedad y la complicidad del gobierno. Pero, además, los jueces federales aplican la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas, no reconocen la prescripción, la amnistía, el debido proceso, garantías procesales imperativas. Con argumentos de excepciones permanentes suspenden garantías individuales. Ningún país del Consejo de Europa y otras democracias utilizan similares procedimientos.
En sus domicilios son escrachados, amenazados junto a sus familias, por las asociaciones llamadas de derechos humanos y las municipalidades los declaran personas non-grata. El gobierno y la justicia observan pasivamente esos delitos. Son también víctimas de tratos crueles e inhumanos, de discriminación, de persecución, no pueden acceder a tratamientos médicos externos, no pueden estudiar, no tienen asistencia espiritual, el acceso a la justicia es imposible. ¿Ese es el modelo de justicia en nombre de los derechos humanos que usted defiende?
Esos hombres, mujeres y sus familias son víctimas de la violación de derechos fundamentales por la venganza jurídica -política que decidieron impunemente sectores radicalizados para quienes la lucha continua por otros medios. Evitar hablar de ellos, esconderlos, negar su existencia, es ser cómplice de la violación de los Derechos Humanos de esas personas. No hay que tener miedo de hablar de la historia del país de los años70, revisionistas son los que instalan un relato oficial.
El presidente de la CSJN, el ministro de Justicia y algunos fiscales, declararon, denunciaron, los problemas en el Poder Judicial de la influencia política en los fallos judiciales, la corrupción e impunidad de los jueces. Se instaló una cultura de inseguridad jurídica, una ausencia de legitimidad de la institución judicial, la politización de la justicia, el Estado de derecho está en peligro.
Porque no hablar de las víctimas nacionales y extranjeras que dejaron los grupos terroristas en los años 70, que a la fecha ni la justicia ni el gobierno las reconocen. Son más de 1500 personas, entre muertos, heridos, secuestrados, extorsionados. Los autores de esos hechos que no luchaban ni por los derechos humanos ni por la democracia están en libertad, benefician de la protección de la justicia, del gobierno, de la comunidad internacional. Transformados en militantes defensores de los derechos humanos.
No se le requiere defender una causa, sino hablar, hacer saber, alertar, exponer una verdad jurídica oculta, para que la sociedad y la comunidad internacional conozcan la grave situación que actualmente viven hombres y mujeres en la Argentina, cuando el gobierno dice ser modelo en la garantía y protección de los Derechos Humanos. ¿Es ese el ideal de una Argentina con inseguridad jurídica permanente que hay que mostrar al mundo? Paris, 06junio 2019. CasppaFrancehttps://www.casppafrance.org/ , Twitter: @CasppaF, casppa.france@gmail.com , facebookhttps://www.facebook.com/casppa01/
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 7, 2019
El comunicado de la vergüenza de la CSJN en 10 puntos.
Un primer comunicado que debieron reemplazar por el correcto demostró la intranquilidad por responder en los tiempos políticos y no jurídicos.
Los valientes magistrados de la CSJN ceden una vez más a la cultura de la presión política, societal, mediática, modificando rápidamente sus propias decisiones, fallos y poco importa el derecho, la justicia, la constitución o las consecuencias de sus decisiones.
A nadie escapa que los miembros de la CSJN son en realidad militantes políticos travestidos en magistrados supuestamente objetivos que ceden (otra forma de negociación política) a las presiones externas por temas que en realidad le brindan más legitimidad.
Se observa que cuando las demandas (de negociación) o amenazas provienen de sectores políticos radicalizados, ONG llamadas de derechos humanos, medios de prensa, grupos de presión, grandes manifestaciones, llegan a un nivel de imposible control político, los miembros de la CSJN satisfacen los requerimientos:
Así, en numerosos fallos la CSJN validó la constitucionalidad de las leyes 23492 y 23 521 para que 17 años más tarde, ella misma por la presión (amenazas) de sectores políticos, sociales, parlamentarios, ONG radicalizadas, manifestaciones importantes, y por los beneficios que podría obtener, cedió y declaró esas leyes inconstitucionales como también algunos indultos del presidente Menem.
En esa misma línea, la CSJN falló con una errónea interpretación voluntaria de constitucionalidad y convencionalidad para legitimar la aplicación de la retroactividad penal en los ilegales juicios de lesa humanidad contra un grupo social especifico. Con sus fallos crearon una justicia de excepción, contraria a la Constitución Nacional, Convenciones y Tratados firmados por la Argentina. Pero eso les dio combustible para continuar con una cuota de poder más allá de lo jurídico y judicial.
Todo individuo se puede libremente interrogar si los miembros de la CSJN no sienten una carga de culpabilidad, vergüenza, deshonor personal, el sentimiento de violar principios éticos, por cambiar sus posiciones doctrinales, jurisprudenciales. Al parecer no, porque utilizando un simple comunicado, otro fallo o resolución como un camaleón salen del problema sin más explicaciones porque son los magistrados del supremo. Es una forma de enconderse y aprovechar los privilegios del poder judicial para luego dar una respuesta política y no jurídica a las demandas, así demostrar que escuchan al pueblo, están con él y seguir ocupando una función de privilegio. Se olvidan de que no son ni el poder ejecutivo ni el legislativo ¿Es esa la CSJN que protege y garantiza los principios constitucionales de todos los individuos?
La CSJN en 2 de sus 10 puntos de su comunicado de la vergüenza declara que:
https://www.cij.gov.ar/nota-34495-Comunicado-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia.html
Punto 9. Que de este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que porno haber ejercido un control oportuno los procesos llevados adelante culminaron nulificándose pordeficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad.
Punto 10. Que la Corte debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual, examinando el correcto cumplimiento del debido proceso conforme lo disponen la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia”.
Pero en realidad la CSJN, no solo miente, sino que viola esos mismos principios, porque jamás ejerció un control objetivo, jurídico, oportuno, como tampoco no atendió los recursos en tiempo y forma, a las demandas de los más de 3000 hombres y mujeres acusadas ilegalmente de lesa humanidad. Siempre fueron distantes con las obligaciones positivas y las garantias de los derechos fundamentales de esos individuos, brindando repuestas sin serla. ¿Nunca observaron en los ilegales juicios de lesa humanidad el incorrecto cumplimiento del debido proceso? Negarlo o aceptarlo es grave. Se debe modificar de manera urgente esa situación, no se puede esperar más por que la vida y la libertad de personas estan en juego.
La CSJN sabe que ex agentes del Estado, médicos, abogados, magistrados, sacerdotes, empresarios, son víctimas de decisiones políticas y no jurídicas por parte de la justicia: se les aplican la retroactividad penal, prisiones preventivas ilimitadas, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, se violan los principios de legalidad, constitucionalidad, convencionalidad, las reglas del debido proceso, se ignora la prescripción, las amnistías,…mayores de 70 años enfermos, en prisión o en detenciones domiciliarias amenazados, perseguidos, por hordas salvajes que dicen defender los derechos humanos… esos prisioneros políticos son víctimas de los ilegales fallos de esa corte, que los tribunales inferiores la toman como norma interna constitucional. Los miembros del supremo jamás utilizaron los puntos 9 y 10 de su último comunicado.
Los 5 magistrados del máximo tribunal de la nación, comprendieron que actualmente hay desconfianza de la CSJN en la sociedad (y de todos los jueces), que están deslegitimados por el abuso de la política en las decisiones de la justicia, la impunidad de los jueces… pero quieren seguir demostrando que tienen el poder y control judicial del país. Esa situación debe terminar y ellos mismos modificarla en nombre de la CN, la pacificación social, de la seguridad jurídica o nadie puede garantizar el futuro del país. Los magistrados gastaron toda la cuota de inmunidad y legalidad de sus funciones.
En Argentina la CSJN no es la solución a los problemas jurídicos y de justicia sino el problema que genera la inseguridad jurídica, la corrupción judicial, no garantiza los principios constitucionales ni convencionales, es un órgano político, los magistrados hacen política. Algún día los magistrados de la CSJN deberán asumir sus responsabilidad ejercidas, dar explicaciones ante la justicia nacional por haber violado los derechos humanos de numerosas personas. Sus crímenes y delitos no pueden simplemente borrarse otorgándoles una jubilación de privilegio. También se los puede denunciar en el extranjero que no disponen de las inmunidades nacionales.
En estos últimos 30 años se comprobó que los magistrados de la CSJN y de la justicia en general, solo comprenden la presión constante de grupos dinámicos, las manifestaciones, el ruido de la calle, la mediatización agresiva, para decidir en justicia según una demanda política. Pero los Prisioneros Políticos no pueden realizar esas mismas actividades ni disponer de ese poder o capacidad de acción, por eso se les violan sus Derechos Humanos ante la mirada de la CSJN que observa silenciosamente y deja de lado no solo los puntos 9 y 10 de su comunicado, sino su misión. Paris, 17 mayo 2019. CasppaFrance
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 17, 2019
LOS 477
Escribe LUIS BARDIN.
477
Señores legisladores, intangible juecería
de país republicano: demuestren ser verdaderos
y valientes defensores de los derechos humanos.
Apliquen la más benigna, señores jueces de TOF
y de la Corte Suprema. Que no les tiemble la mano.
¿Esperan que alguien les crea que son un real peligro
octogenarios ancianos si en vez de estar en presidio
pasan sus últimos años con prisión en domicilio?
Casi enfermos terminales, pareciera que los jueces,
aplicando cruel venganza, los quieren seguir matando.
Soy un poco mal pensado, yo los veo temerosos,
del peronismo zurdaka, de Hebe de Bonafini
y a perder las bendiciones del capo del Vaticano.
Luis Bardín
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 7, 2019
Monseñor Aguer, el 2×1 y los treinta mil
Monseñor Héctor Aguer y su opinión sobre el beneficio del 2×1 en los casos de lesa humanidad y la obligación de mentir sobre los 30.000 desaparecidos en una provincia de Buenos Aires comandada por María Eugenia Vidal.
[ezcol_1fifth]
[/ezcol_1fifth] [ezcol_3fifth]Monseñor Aguer -quién se encuentra en la vereda opuesta al Papa Francisco- tuteló el beneficio del 2×1 a los condenados por supuestos delitos de lesa humanidad, desacreditando al gobierno nacional por las críticas al fallo de la Corte Suprema de Justicia y también a la reciente ley promulgada por el gobierno de María Eugenia Vidal -presente en el momento de estas declaraciones- que establece que las publicaciones oficiales deben consignar como “cívico militar” a la última dictadura y fija el número de desaparecidos en 30 mil.
Estas manifestaciones tuvieron lugar tras el Tedeum que se realizó en la Catedral, del que participó María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, parte de su gabinete y Julio Garro, intendente local.
Aguer afirmó que el hecho de que el jefe de gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña “haya salido a cuestionar el fallo de la Corte demuestra que nuestra República no está muy sana“. Destacando que se trataba de una invasión a otro poder. El arzobispo consideró que estaba fuera de lugar que el Congreso haya sancionado una ley retroactiva contra la decisión de la Corte Suprema.
El religioso se mostró contra la ley provincial que establece que las publicaciones oficiales deben consignar como “cívico militar” a la última dictadura y fija el número de desaparecidos en 30 mil personas. “Se impuso por Ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura. Me parece que no corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido”, explicó Aguer. “No me corresponde a mí poner un número, pero digo: ‘¿Por qué la ley va a prohibir que alguien diga que fueron 29.999 o que diga que fueron 30.001?’. No corresponde una ley para eso”.
[/ezcol_3fifth] [ezcol_1fifth_end].[/ezcol_1fifth_end]Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 25, 2017
Fallo “dos por uno”
Escribe Enrique Molina Pico en Cartas de Lectores del diario La Nación.
Fallo “dos por uno”
“Dos por uno”, igualdad ante la ley y demás garantías constitucionales o el camino hacia el pensamiento único obligatorio. Declamamos ser un país que vive en democracia, con separación de poderes y una total independencia del Poder Judicial, que se expresa por sus fallos. Falta agregar: eso sí, siempre y cuando la sentencia concuerde con mis ideas o intereses, en caso contrario, estigmatizaremos y amenazaremos a los jueces, los denunciaremos penalmente y solicitaremos su juicio político y finalmente sancionaremos una ley opuesta que se aplicará con retroactividad.
Enrique Molina Pico
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 12, 2017
El Estado de Derecho. Editorial del periódico La Nación
El fallo de la Corte que aplicó el cómputo del dos por uno en un caso de lesa humanidad muestra el sano funcionamiento de la independencia de los poderes.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el cómputo del dos por uno a condenados por delitos de lesa humanidad y que tanta polémica despierta nos mueve a reflexionar acerca de si como sociedad hemos asumido plenamente lo que significa aceptar el Estado de Derecho, esto es, la sujeción del hombre al imperio de la ley que debe regir la vida en comunidad.
Los delitos de lesa humanidad, en los que incurrieron ambos bandos en tiempos del enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y los terroristas revolucionarios, recogen desde siempre un merecido repudio. Hay también acuerdo respecto de la imprescriptibilidad de esos delitos, pero la unanimidad cede cuando se restringe ese carácter exclusivamente a los cometidos por la represión ilegal y se deja inexplicable e injustificadamente fuera a los cometidos por la guerrilla subversiva.
A propósito del fallo “Muiña” de nuestro máximo tribunal, que conocimos días atrás, merced al cual se le concede a un represor el beneficio del dos por uno en su condena por el delito de privación ilegal de la libertad y tormentos para con trabajadores del hospital Posadas, se ha afirmado en distintos ámbitos que los derechos humanos universalmente reconocidos están por encima de cualquier ley. Pero si realmente aspiramos a vivir en un Estado de Derecho no hay doctrina política, ni religiosa, ni filosófica, ni relato ni memoria que puedan justificar su elevación por sobre la ley.
A lo largo de la historia, el mundo occidental civilizado ha incorporado sabiamente principios inamovibles como la igualdad ante la ley, el derecho de defensa, el debido proceso y que nadie puede ser juzgado ni condenado por conductas no previstas en leyes anteriores al hecho, entre muchos otros. Las llamadas leyes humanitarias han suprimido la prisión por deudas y la tortura; han consagrado el principio de in dubio pro reo, o beneficio de la duda; el principio de la ley más benigna a favor del imputado siempre que ésta estuviese vigente al momento del hecho, y que las cárceles sean sanas y limpias “para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas”. En la misma línea están la reducción de la pena por buena conducta y la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. Se trata de conquistas que responden a piadosas tendencias humanitarias, precisamente a favor del hombre.
La sana división de poderes, con expresa prohibición de arrogarse otras funciones propias del Poder Judicial, y la obligación de los jueces de fallar según la ley, con independencia de toda doctrina o postura política por respetable que ella sea, constituyen garantías para el ciudadano. A la luz de estos principios fundamentales, la sociedad debe comprender que si se quiere vivir en un Estado de Derecho se deben respetar las leyes, nos gusten o no sus términos, pues no existe ninguna política capaz de situarse por encima de ese cuerpo legal. Si el fallo en cuestión se hubiese aplicado a un ex montonero, la situación sería exactamente la misma, pues nada tienen que ver en esto la militancia ni las argumentaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos.
Precisamente por este motivo se representa a la Justicia con una venda en los ojos para simbolizar su imparcialidad: la ley es igual para todos. La aplicación de este principio es justamente lo que nos distinguirá de los criminales de toda laya y de la barbarie, tanto como de quienes pretenderían ampararse en la deleznable consigna “al enemigo, ni justicia” para exigir venganza antes que el cumplimiento de las leyes.
No puede menos que repudiarse la afirmación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, al cuestionar el fallo de la Corte Suprema, sostuvo que algo así no hubiese ocurrido durante su gestión gubernamental: otro vergonzoso sincericidio que confirma cuán lejos estaba de respetar la autonomía de los tres poderes que debe primar en una república, al aceptar que ella controlaba o aspiraba a digitar incluso al máximo tribunal de la Nación.
Que la sentencia no sea políticamente favorable al gobierno de Mauricio Macri, por un lado, y que desagrade a organismos defensores de los derechos humanos, por el otro, son una clara muestra de la independencia de la que ha hecho gala la Corte, con su dinámica de mayorías y minorías, al fallar de acuerdo con lo que entiende es la debida aplicación de la ley y las garantías procesales. Técnicamente el fallo resulta inobjetable, aun para sus detractores. Recordemos, además, que el régimen del dos por uno fue muy criticado y desde esta columna se pidió su derogación en 2000.
Recientemente, la Corte avaló el arresto domiciliario para un represor de 85 años y enfermo. Un fallo de características similares fue el de la Corte chilena que habilitó a Augusto Pinochet, de la misma edad, a terminar sus días en su hogar y no en prisión. En una auténtica república el respeto a la ley puede derivar en actos éticamente humanitarios, incluso para con aquellos que tan ferozmente la combatieron, pues sólo así se confirma su fortaleza y sus auténticos valores.
Desgraciadamente, continuando con una inercia de enfrentamiento que sólo nos aleja del futuro para anclarnos en el pasado, una parte de la ciudadanía parece haber olvidado que venimos de más de una década de denunciar la falta de independencia del Poder Judicial. Ya comienzan a oírse voces que anticipan apelar a mecanismos constitucionales que pongan freno a nuevos fallos, incluso al absurdo pedido de juicio político a los magistrados que conformaron el voto mayoritario. En el juego democrático, todo lo que acontezca dentro del marco institucional debe celebrarse. Hasta aquí, respetamos un ejemplo del sano funcionamiento de la independencia de los poderes tan largamente reclamada.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2021842-el-estado-de-derecho
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 9, 2017
REGRESO A LA LEGALIDAD
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia manifiesta que el fallo “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia constituye un regreso a la legalidad luego de un largo período en el cual el Derecho estuvo puesto al servicio de intereses políticos e ideológicos. El principio de la ley más benigna, reconocido legal, convencional y constitucionalmente, no establece distingo de delitos, por lo que su negativa a ser aplicada a personas acusadas de aquellos a los que se denomina de “lesa humanidad”, constituye una discriminación inaceptable. Por otra parte, consideramos necesario recordar una vez más, que lo que se juzga en el caso “Muiña” y tantos otros, por hechos ocurridos en la década del 70, no constituyen crímenes de lesa humanidad, ya que esa categoría delictual fue incorporada a la legislación argentina por la ley 25.390 del 9 de enero de 2007, siendo que el Art. 24 de dicho Estatuto, prohíbe a los Estados su aplicación retroactiva, respetando así el principio de legalidad, también conculcado por mas de una década. Se puede criticar el contenido de la ley 24.390 del “2×1”, pero nunca su aplicación irrestricta a todos los que ella beneficia. Quienes critican el fallo lo hacen desde posiciones ideologizadas, movidos por el rencor, por intereses políticos o especulaciones electorales. No podemos sino celebrar el volver a contar con fallos –y nada menos que de nuestro más alto Tribunal- inspirados en el interés de la ley y que honran además, en el caso, principios y valores que han de estar siempre por encima de las pasiones o intereses del momento.
Buenos Aires, mayo 5 de 2017
Carlos Bosch Alberto Solanet
Secretario Presidente
Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón
www.PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 8, 2017
2 X 1
Escribe Luis Bardín.
2×1
Medir quien mató más o quien primero
ya no importa ni a los vivos ni a los muertos
y aunque no es justo que se olviden tales hechos
tampoco es justo que unos sufran cruel venganza
y para otros haya honores y museos.
Una década de historia engañadora
no ha logrado que dejara de ser cierto,
que un general usando a sus soldados,
que a ideologías foráneas combatieron,
y un par de locos marxistas que lograron
transformar adolescentes soñadores
en traidores asesinos guerrilleros
produjeran la locura de una guerra
en la que miles de argentinos se mataron
en vigilias de odio a sangre y fuego.
La “legítima justicia” justiciera
sentenció que hay criminales que son malos
y asesinos que en el fondo han sido buenos.
“Los malos”, por la “lesa” son juzgados
y con ley retrospectiva los condenan.
Para ellos la venganza y el escarnio,
ni amnistía ni la más benigna pena
mientras “los buenos” que mataban por la espalda
por “ilesa humanidad” se los dispensa”.
Hoy procaces “patriotas asesinos”,
ya amnistiados cobrando recompensas
se rasgan vestiduras proclamando
que ¡si el dos por uno se cumpliera
nos cubriría a todos de vergüenza!
Luis Bardín.
FALLO DEL 2 X 1 E INDIGENCIA MORAL
Que la discusión en los medios sobre el reciente fallo de la Corte, que acepta el 2 x 1 para los condenados por crímenes de lesa humanidad parta del supuesto de que son genocidas, constituye un despropósito epistemológico y ético. Ello porque de ninguna manera son tal cosa y los que así lo afirman, o actúan de mala fe o son unos ignorantes redomados. Ya en democracia, la guerra comenzó con el ataque artero, homicida y generalizado de las bandas terroristas contra civiles, militares y el Estado de Derecho. El objetivo confeso era imponer por las armas la dictadura comunista. La lógica reacción de los gobiernos de Juan e Isabel Perón fue actuar en defensa propia, del orden constitucional y de la sociedad en su conjunto ¿Qué otra respuesta distinta a la represión merecía la horda subversiva de Firmenich, la hija de Carlotto y compañía? Acaso, ¡que los militares y policías se echen al suelo a esperar que los capen los Montoneros! De que el peronismo y el gobierno militar no reprimió con la ley en la mano es un hecho (La paternidad peronista de la Triple A está fuera de discusión.) Ahora bien, la guerra de los ‘70 no se caracterizó por dirimir los conflictos en los tribunales sino a balazo limpio. Ello quedó más que claro cuando, después de amnistiados por el presidente Cámpora, los jóvenes “idealistas” se largaron a asesinar a los jueces que los persiguieron con la ley en la mano. Y, aunque se cuidan muy bien de decirlo, fue Juan Perón que comenzó con la represión “genocida”. Y no lo dicen porque, aunque miserable, es negocio posar de víctimas y no de victimarios. Además, ahí están los “milicos” hijos de la pavota para que se coman el garrón del victimario universal; esa y no otra es la sustancia que oculta la cáscara conocida como “Memoria, Verdad y Justicia” y “política de derechos humanos”.
Ahora bien, cabe preguntarse por las causas que disparate semejante no haya despertado la saludable reacción cívica que pusiera las cosas en su lugar. Que sujetos de baja estofa y, también, de buena leche, no hayan recibido la condena social oportuna por tergiversar los hechos con el objeto de demonizar el fallo, revela el grado de decadencia en el que está sumida la sociedad argentina. Dicho de otro modo, en la incapacidad para reunir la masa crítica de ciudadanos necesaria que incline la balanza hacia un país medianamente decente. De qué manera se explica, por ejemplo, que los “sedientos” de justicia se rasguen las vestiduras ante el fallo del 2 x 1 y no se perturben y hasta aplaudan que no se juzgue a los “jóvenes idealistas” por los homicidios y demás crímenes que cometieron ¿Qué pasa? ¿Son tontos, infames o se les ha atrofiado el sentido de justicia? Tal vez sea el pánico que infunde la posibilidad de exponerse a ser escrachado por la lengua venenosa de la Carlotto. Es que rinde mucho más y no implica riesgo alguno la cobardía (políticamente correcta) de, por ejemplo, gritarle “genocida” a un héroe de guerra como el teniente coronel Guillermo Nani. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de las respectivas provincias y municipios, de hecho, se crearon para triturar a las Fuerzas Armadas. Los recursos públicos “invertidos” en esa política son fabulosos. Hay que reconocer que hicieron bien su trabajo. Las multitudinarias reacciones en contra y las escasas a favor del fallo así lo indican.
En los últimos doce años la Argentina se llevó puesta a sus Fuerzas Armadas . Soy escéptico en cuanto a que sea factible reconstituirlas. Es que los soldados saben bien que el único gesto que pueden esperar de aquellos a los que socorrieron es una fuerte y soberbia patada.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 5, 2017