Inexplicable e infundada resolución

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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo ni al menor de los Jueces de la República.
La medida dispuesta alcanza a muchos Oficiales que tenían grados Subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas y, al afectar el haber jubilatorio de retiro, deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados. La Resolución del Ministerio de Defensa -que receptó el requerimiento como si fuera una orden judicial- cita como fundamento determinados tratados internacionales que nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes, contrariando sí expresamente convenciones internacionales humanitarias de rango constitucional como son la Convención Americana de DDHH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre y muy especialmente la Convención Interamericana de Protección de los DDHH de las Personas Mayores.
Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos por ser considerados opositores políticos al proyecto totalitario instalado en Argentina desde 2004, a través del pacto celebrado entre Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky, mediante el cual no sólo se consagró la persecución que estamos presenciando, sino que también se le concedió a las organizaciones de izquierda el diseño y manejo de una nueva política de derechos humanos que cambiaría la matriz de nuestra cultura a través del Decreto PEN N°1086/2005, y se adoctrinaría a las nuevas generaciones ensalzando la actividad de las organizaciones terroristas guerrilleras.
Es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro Pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados a cabo, hasta el día de hoy, bajo su amparo.
El Presidente de la Nación debe impulsar el cierre definitivo de esta tragedia.

 

 

 

 

 

 

 

Envío Dra. Andrea Palomas Alarcón.

 


PrisioneroEnArgentina.com

Enero 29, 2025


 

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