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Por Mauricio Ortín.

Centro de Estudios Salta

                  

Los hechos

1 – El 2 de julio de 1976, en el comedor de la Superintendencia de la Policía Federal, ubicada en la calle Moreno 1417 de la ciudad de Buenos Aires, la facción peronista autodenominada “Ejército montonero” detonó un artefacto explosivo (bomba “vietnamita”). Las consecuencias fueron pavorosas. Cuerpos desmembrados de policías esparcidos por el local y sangre regada por las paredes. De las 24 personas muertas, menos una señora, que casualmente se encontraba allí, todos eran policías. Horas más tarde, con el típico “parte de guerra” con el que rubricaba sus asesinatos, Montoneros se adjudicó el crimen. Uno más de esa larga lista que incluye, entre otros miles, a Paula Lambruschini, Arturo Moir Roig, José Ignacio Rucci, Juan Carlos Sánchez, José María Paz y al montonero Fernando Rubén Haymal (alias Valdez).

2 – Tres meses después de esa masacre, el 29 de septiembre de 1976, a partir de información acerca de que, en el domicilio de Canónigo Miguel Calixto del Corro 105, del barrio porteño de Villa Luro, se encontraban integrantes de la banda que había cometido el atentado terrorista en la Superintendencia, una fuerza de tareas del ejército argentino se dirigió al lugar a los efectos de aprehender a los subversivos. Ya en el lugar, los soldados exigieron a viva voz la rendición de los subversivos. Quienes respondieron abriendo fuego sobre los militares, dando lugar a breve pero intenso combate que dejó el saldo de cinco subversivos muertos (dos se suicidaron y tres abatidos). Otras cuatro personas, que estaban en la finca con los caídos, se rindieron y fueron apresadas. Estas recuperaron su libertad a tiempo. También se recuperó del lugar a la hija bebé de la montonera Victoria Walsh; luego fue entregada a sus abuelos paternos. Los militares no tuvieron bajas. Es necesario puntualizar que la intervención de las Fuerzas Armadas en el conflicto interno contra la subversión estaba legitimada. Tres decretos secretos del gobierno justicialista, firmados por el presidente y sus ministros, ordenaban a las Fuerzas Armadas proceder con el aniquilamiento de la subversión. El plan de represión contenido en los mismos recién se hizo público el 24 de septiembre de 1983.

3. Cincuenta años después de los hechos violentos consignados y en virtud de la elevación a juicio del juez federal Daniel Rafecas, el 18 de marzo de 2026 comienza el juicio por crímenes de lesa humanidad denominado “el Operativo de la calle Corro”. Seis exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101 que, supuestamente, participaron en ese enfrentamiento entre el ejército argentino y el ejército montonero son acusados de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y privación ilegal de la libertad agravada dentro del contexto del plan sistemático de represión ilegal desplegado entre 1976 y 1983 contra la población civil.

Conclusiones que apremian

En primer lugar, es falsa la premisa mayor de la acusación que dice: el “plan sistemático de represión ilegal” se desplegó entre 1976 y 1983. Así lo desmiente de manera rotunda los decretos presidenciales de septiembre de 1975 (pleno gobierno peronista). También, como es obvio, la acción paramilitar de la Triple A (comandada por el ministro de Bienestar Social, José López Rega).

En segundo lugar, hay que decir que la indiferencia generalizada ante casos como el que se examina, de miembros de los colegios de abogados, sacerdotes de la Conferencia Episcopal, legisladores de todos los partidos políticos, periodistas, economistas liberales y ciudadanos comunes, es indigna y reveladora de la miseria moral de este país.

En tercer lugar, la acusación a los seis oficiales por parte de Rafecas y el fiscal supone: a) que la conducta correcta de los seis oficiales acusados debió haber sido negarse a reprimir y, por lo tanto, insubordinarse; b) que el reprimir a los terroristas que asesinaron con una bomba a 23 policías, a un civil e hirieron a 70 personas más, constituye la comisión de un delito de lesa humanidad; c) que, por reducción al absurdo, lo acorde al derecho hubiera sido dejar impunes a los peronistas terroristas y, por ende, incitar a que sigan matando con bombas o como dé lugar. De hecho, ello sucedió el 15 de diciembre de 1976 en el microcine del Ministerio de Defensa, cuando Montoneros detonó la bomba que mató a quince personas y dejó un tendal de heridos; d) que, de lo citado, se desprende que para la justicia argentina la vida de un policía o un militar vale menos que la de un perro. Ello así, porque considera crimen de lesa humanidad cualquier acción estatal persecutoria sobre aquellos que los matan; e) que, por el contrario, la justicia estima que la vida de un terrorista está por encima de la de un policía; al punto de que matarlo en combate o darle un cachetazo constituye un acto de genocidio que no prescribe; f) que constituye un disparate obsceno el que la fiscalía y el juez en este caso, y toda la justicia federal en el resto, establezcan como premisa mayor de los juicios por crímenes de lesa humanidad el que el estado implementó un “Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil”.  Esto es, el absurdo de que los reprimieron por ser “civiles”. Pero es que no los reprimían por ser “civiles” o pertenecer a la clase de los “mamíferos”; los reprimían porque un decreto peronista lo ordenaba y, también, porque estos “civiles” eran tipos que identificaban política con asesinato. _: Por si no entienden la diferencia, señores jueces, vaya esta analogía con Jack. El cual se victimiza, exige indemnización y acusa a Scotland Yard de crimen de lesa humanidad por la persecución que sufrió por su condición de civil (la de “destripador” está prescrita).

 

PrisioneroEnArgentina.com

Abril 11, 2026